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Modo: Corpus Pro

PENSIÓN POR VIUDEZ OTORGADA POR EL ISSSTE. SUS INCREMENTOS DEBEN REALIZARSE CON BASE EN LA LEY VIGENTE A LA FECHA EN QUE FUE OTORGADA AL PENSIONADO (FALLECIDO), YA SEA POR JUBILACIÓN, RETIRO POR EDAD Y TIEMPO DE SERVICIOS, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA O INVALIDEZ.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 24/2015. · Registro digital (IUS): 26007
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2015-11-27
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y TERCERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CH
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III , Pág. 2223.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 24/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y TERCERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. 13 DE OCTUBRE DE 2015. MAYORÍA DE DIECIOCHO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOEL CARRANCO ZÚÑIGA, HUMBERTO SUÁREZ CAMACHO, MIGUEL DE JESÚS ALVARADO ESQUIVEL, GUILLERMINA COUTIÑO MATA, ALFREDO ENRIQUE BÁEZ LÓPEZ, MARÍA GUADALUPE SAUCEDO ZAVALA, JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS, JORGE ARTURO CAMERO OCAMPO, URBANO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, ARTURO CÉSAR MORALES RAMÍREZ, ROLANDO GONZÁLEZ LICONA, GASPAR PAULÍN CARMONA, DAVID DELGADILLO GUERRERO, MARÍA GUADALUPE MOLINA COVARRUBIAS, ARMANDO CRUZ ESPINOSA, IRMA LETICIA FLORES DÍAZ, GUADALUPE RAMÍREZ CHÁVEZ Y PABLO DOMÍNGUEZ PEREGRINA. DISIDENTES: FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL Y GERMÁN EDUARDO BALTAZAR ROBLES. PONENTE: ARTURO CÉSAR MORALES RAMÍREZ. SECRETARIO: ÁNGEL MANUEL SANTOS CALVA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. El Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 227, fracción III, en relación con el diverso 226, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 13, fracción VI, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que se trata de una posible contradicción de criterios sustentados entre el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región (en apoyo a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito).

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 3/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Tomo II, febrero de 2015, página 1656, de la Décima Época, cuyo título, subtítulo y texto es el siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AUXILIAR, EN APOYO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE AQUÉLLA EL PLENO DE ESE CIRCUITO Y, SI NO EXISTE, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Los Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares tienen jurisdicción en todo el territorio de la República Mexicana y, sin modificar su sede territorial, brindan apoyo a los Tribunales Colegiados de Circuito durante un determinado periodo, concluido el cual pueden auxiliar a otros, por lo que su competencia se modifica en razón del órgano jurisdiccional al que auxilie, así como de los expedientes y el lapso en el que brinden su apoyo. Ahora, aun cuando los Tribunales Auxiliares apoyan a órganos de distintos circuitos y cuentan con una competencia restringida, limitada al dictado de la sentencia, al prestar su ayuda a determinado Tribunal Colegiado de Circuito asumen la jurisdicción de éste, lo que implica que el Auxiliar tenga que interpretar la normatividad estatal aplicable en dicho circuito. En ese sentido, ya que el Constituyente, el legislador ordinario y el Consejo de la Judicatura Federal establecieron una regla de competencia para decidir las contradicciones de tesis en las que participen Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, se considera que éstos pertenecen al Circuito del Tribunal Colegiado auxiliado; por tanto, si los Tribunales Colegiados contendientes corresponden a un mismo circuito y a una misma especialidad, el competente para conocer de las contradicciones de tesis que sustenten será el Pleno de Circuito de los tribunales correspondientes, en el entendido de que si en el circuito de que se trate no existe integrado Pleno, en términos del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, abrogado por el diverso Acuerdo General 11/2014 del propio órgano, quien debe conocer de la contradicción es esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues debe asumir la competencia para conocer de las contradicciones de tesis en que se actualice el supuesto de referencia, a fin de resolver la cuestión planteada, porque así se otorga certeza jurídica para resolver los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados únicos en un circuito que fueron apoyados en el dictado de resoluciones por un Tribunal Colegiado Auxiliar que asumió su jurisdicción."

SEGUNDO.-Legitimación. En principio, es necesario determinar si la denuncia de contradicción de tesis fue formulada por parte legítima.

Al respecto, es conveniente tomar en consideración que los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, disponen, respectivamente lo siguiente:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."

"Artículo 227. La legitimación para denunciar las contradicciones de tesis se ajustará a las siguientes reglas:

"...

"III. Las contradicciones a las que se refiere la fracción III del artículo anterior podrán ser denunciadas ante los Plenos de Circuito por el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron."

Como puede verse, la legitimación para denunciar ante los Plenos de Circuito las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, recaen en: a) el procurador general de la República; b) los Tribunales Colegiados de Circuito; c) los integrantes de tales tribunales; d) los Jueces de Distrito; y, e) las partes en los asuntos que originaron los criterios discrepantes.

En el caso particular, la contradicción fue denunciada por Edwin Noé García Baeza, María Simona Ramos Ruvalcaba y José Alejandro Luna Ramos, quienes ostentan el carácter de Magistrados integrantes del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por ende, es indudable que tienen legitimación para denunciar la presente contradicción de tesis, en razón de que es uno de los sujetos facultados para ello, en términos de los preceptos citados.

TERCERO.-Posturas contendientes. Se estima conveniente analizar las consideraciones y argumentos en que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes basaron sus resoluciones.

Así se tiene que el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo DA. 861/2014, en sesión de ocho de enero de dos mil quince, por unanimidad de votos, determinó lo siguiente:

"SEXTO.-Previo al análisis de los conceptos de violación hechos valer, es necesario narrar de manera sucinta los antecedentes más importantes del caso, según se advierten de las constancias que integran el juicio de nulidad **********.

"1. Mediante oficio **********, de veinte de octubre de mil novecientos ochenta y seis, se otorgó pensión por edad y tiempo de servicios a **********, a partir del dieciséis de diciembre de ese año (foja 33 del expediente de nulidad).

"2. A su deceso, mediante oficio sin número (foja 34 del expediente de nulidad), se otorgó a su cónyuge **********, pensión por viudez a partir del veintinueve de mayo de dos mil cuatro, con una cuota diaria en cantidad de $60.08 (sesenta pesos 08/100 M.N.).

"3. Por escrito dirigido al subdelegado de prestaciones de la Delegación Regional Zona Oriente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, **********, solicitó el cuatro de septiembre de dos mil trece, se incrementara su pensión por viudez en términos del párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres y como consecuencia de ello, el pago de las diferencias generadas (foja 32 del expediente de nulidad).

"4. Ante el silencio de la autoridad, la pensionista promovió juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, donde impugnó la negativa ficta recaída a su escrito de solicitud de incremento de pensión (fojas 1 a 31 del expediente de nulidad).

"5. Del juicio conoció la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, donde se admitió el veinticinco de febrero de dos mil catorce, bajo el número ********** y al efecto se requirió al subdelegado de prestaciones de la Delegación Regional Zona Oriente del Distrito Federal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que en su carácter de autoridad demandada diera contestación a la demanda (fojas 55 y 56 del expediente de nulidad).

"6. El doce de mayo de dos mil catorce, la autoridad demandada contestó la demanda de nulidad (fojas 69 a 77 del expediente de nulidad).

"7. Por auto de dieciséis de mayo de dos mil catorce, el Magistrado instructor tuvo por contestada la demanda; y ordenó correr traslado a la actora, para que formulara su ampliación (foja 79 del expediente de nulidad).

"8. El nueve de junio de dos mil catorce, la actora amplió su demanda (fojas 87 a 103 del expediente de nulidad).

"9. La ampliación fue admitida por el Magistrado instructor, el doce de junio de dos mil catorce, por lo que con copia de ésta corrió traslado a la demandada para que le diera contestación (foja 104 del expediente de nulidad).

"10. El tres de septiembre de dos mil catorce, se tuvo por precluido el derecho de la autoridad demandada para formular su contestación a la ampliación de demanda, asimismo se informó a las partes la oportunidad para formular alegatos (foja 122 del expediente de nulidad).

"11. En proveído de treinta de septiembre de dos mil catorce, se declaró cerrada la instrucción (foja 135 del expediente de nulidad) y en esa propia fecha, la Sala del conocimiento dictó sentencia, en la que se declaró la nulidad de la resolución impugnada al tenor de las consideraciones siguientes:

"- Que se configuró la negativa ficta impugnada.

"- Que no se actualizaba la causa de improcedencia invocada por la demandada, ya que la resolución impugnada sí constituía un acto de carácter definitivo, en términos de los artículos 14, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

"- Que la quejosa pretendía que se incrementara su pensión conforme aumentan los salarios de los trabajadores en activo (párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres) y como consecuencia de ello, el pago de las diferencias generadas.

"- Que la actora no contaba con el derecho a que se incrementara su pensión en esos términos, ya que ésta se le otorgó en el año dos mil cuatro, por lo que debía hacerse conforme aumente el salario mínimo general para el Distrito Federal.

"- Que en la demandada recaía la carga de probar que se incrementó la pensión de la actora en los términos apuntados, empero, no colmó ese extremo.

"- Que en esa virtud, procedía declarar la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que la autoridad demandada la dejara sin efectos y emitiera otra en la que incrementara la pensión de la actora conforme a aumentado el salario mínimo general para el Distrito Federal y, como consecuencia, se le paguen las diferencias resultantes.

"12. Inconforme con la anterior resolución, la actora promovió el juicio de amparo que nos ocupa.

"...

"OCTAVO.-En su primer concepto de violación, la quejosa sostiene que la pensión por viudez de la que goza, tiene su génesis en la diversa por edad y tiempo de servicios, que se otorgó a su extinto cónyuge en mil novecientos ochenta y seis, por lo que contrario a lo resuelto por la Sala responsable, aquélla sí debe incrementarse conforme aumentan los salarios de los trabajadores en activo (párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres).

"Afirma lo anterior, porque estima aplica la figura de la causahabiencia en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 76 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

"El motivo de disenso sintetizado es fundado.

"En principio, se destaca lo dispuesto en la jurisprudencia PC.I.A. J/5 A (10a.), aprobada por el Pleno de Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 2320, Libro 2, Tomo III, enero de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, cuya sinopsis reza:

"‘PENSIÓN JUBILATORIA OTORGADA POR EL ISSSTE. SUS INCREMENTOS CONSTITUYEN DERECHOS ADQUIRIDOS DERIVADOS DE AQUÉLLA, POR LO QUE SU CÁLCULO DEBE HACERSE EN LA MISMA PROPORCIÓN EN QUE AUMENTEN LOS SUELDOS BÁSICOS DE LOS TRABAJADORES EN ACTIVO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 57, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY QUE RIGE ESE INSTITUTO VIGENTE HASTA EL 4 DE ENERO DE 1993) ...’ (se transcribe)

"Conforme al criterio jurisprudencial reproducido en líneas arriba, el incremento de las pensiones es un derecho adquirido junto con el derecho principal del que deriva (pensión), de manera tal, que su cálculo debe hacerse de acuerdo a lo que establece la legislación vigente en el momento de la concesión de pensión, por ende, no queda al arbitrio de la autoridad el aplicar la legislación que estime conveniente, sino que se encontraba constreñida a emplear la vigente al momento de la jubilación.

"Bajo ese contexto, se tiene que si bien es cierto que como lo adujo la Sala responsable, la pensión de la actora se otorgó en el dos mil cuatro, en específico el veintinueve de mayo de ese año, también lo es que ésta deriva de la pensión que en vida se otorgó el veinte de octubre de mil novecientos ochenta y seis, a su cónyuge **********, por edad y tiempo de servicios.

"Así, se acude al contenido del segundo párrafo del artículo 76 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, el cual hasta esa abrogación conservó su redacción original que data del veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y tres y que a la letra reza:

"‘Artículo 76. ...’ (se transcribe)

"Conforme al numeral copiado, los familiares del pensionista fallecido tienen derecho al 100% (cien por ciento), de la pensión que disfrutaba éste, por tanto, si esa pensión se otorgó el veinte de octubre de mil novecientos ochenta y seis, de acuerdo con el criterio jurisprudencial antes citado, debe ser incrementada en términos de la legislación vigente en la referida fecha, esto es, como aumentan los salarios de los trabajadores en activo (párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres) y, como consecuencia, también la pensión por viudez de la ahora quejosa, pues deriva de aquélla, de ahí que le asista razón.

"En las relatadas condiciones, ante lo fundado del concepto de violación aducido, debe concederse el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, emita otra en la reiterando lo relativo a la carga de la prueba, considere que la pensión por viudez de la actora debe incrementarse como aumentan los salarios de los trabajadores en activo, en términos del párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres y con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda.

"Similar criterio sostuvo por unanimidad de votos, este Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en sesión de treinta de abril de dos mil catorce, al resolver el diverso amparo directo **********, siendo ponente la Magistrada María Simona Ramos Ruvalcaba.

"Por último, los criterios citados en la presente ejecutoria emitidos conforme la Ley de Amparo abrogada, son aplicables dado que no se oponen a lo dispuesto en la ley de la materia vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece; en términos de lo dispuesto en su artículo sexto transitorio.

"Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

"ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra el acto reclamado a la autoridad precisada en el resultando primero y en términos del último considerando de esta resolución. ..."

Del mismo modo, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo DA. 223/2015, en sesión de veintiuno de mayo de dos mil quince, por unanimidad de votos, determinó lo siguiente:

"10. SÉPTIMO.-Previo al análisis de los conceptos de violación hechos valer, resulta necesario narrar de manera sucinta los antecedentes más importantes del caso, según se desprenden de las constancias que integran el juicio de nulidad **********.

"11. Con efectos a partir del veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995), el delegado en el Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, concedió pensión por viudez a la quejosa **********, con una cuota diaria de $22.49 (veintidós pesos 49/100 moneda nacional), del uno de abril de ese año en adelante; lo anterior derivado de la muerte del pensionista **********.

"12. Por escrito presentado el veintidós de enero de dos mil catorce, ante la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del citado instituto, **********, solicitó el ajuste a su cuota diaria de pensión, para que en términos del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres (1993); esto es, en el mismo tiempo y en la misma proporción en que se han incrementado los sueldos de los trabajadores en activo, así como el pago de diferencias generadas con motivo del incremento efectuado.

"13. Ante la omisión de la autoridad de responder la solicitud anterior, **********, por su propio derecho, promovió demanda de nulidad, de la que conoció correspondió (sic) conocer a la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la cual por auto de dos de junio de dos mil catorce, la admitió y registró con el número de expediente **********, asimismo, ordenó correr traslado a la autoridad demandada a efecto de que produjera su contestación.

"14. Por auto de veintinueve de agosto de dos mil catorce, se tuvo por contestada la demanda de nulidad y se le otorgó plazo a la actora para que ampliara su demanda, lo cual aconteció mediante escrito presentado el dieciocho de septiembre de dos mil catorce y en auto de veintitrés de septiembre siguiente, se tuvo por ampliada la demanda.

"15. En proveídos de dos de enero y tres de febrero, ambos de dos mil quince, se tuvo por contestada la ampliación a la demanda de nulidad y se concedió plazo a las partes para formular alegatos, derecho que fue ejercido únicamente por la parte actora, mediante escrito presentado el trece de febrero del año en curso.

"16. El diecinueve de febrero de dos mil quince, la Segunda Sala Regional Metropolitana del tribunal citado, dictó sentencia en la que declaró la nulidad de la resolución impugnada, al tenor de las consideraciones torales siguientes:

"17. En los considerandos primero y segundo, la Sala referida estableció su competencia para conocer del asunto y precisó la existencia de la resolución impugnada.

"18. En el considerando tercero, la Sala responsable declaró fundados los argumentos de la actora, en los que alegó sustancialmente que el instituto demandado no ha incrementado su cuota diaria de pensión en términos del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

"19. Lo anterior, pues la carga de la prueba de los incrementos correspondía a la autoridad demandada, sin que hubiera aportado prueba alguna para acreditar que efectivamente realizó los incrementos a la cuota diaria pensionaria.

"20. En tal virtud, la Sala declaró la nulidad de la resolución negativa ficta impugnada para el efecto de que el instituto demandado emita una resolución expresa fundada y motivada en la que se otorguen a la actora los incrementos a su pensión en términos del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres (1993), desde la fecha en que fue concedida la pensión por viudez y hasta que se cumpla la sentencia.

"21. En este sentido, la Sala precisó que el derecho de la actora a su pensión por viudez nació el veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y cinco, por lo que las disposiciones aplicables son las vigentes en esa época; es decir, el citado artículo 57 vigente en mil novecientos noventa y tres (1993), el cual establecía que la cuantía de las pensiones se aumentaría conforme a los aumentos del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

"22. Esto es, que los incrementos a la cuota diaria de pensión no debían realizarse conforme a la pretensión de la actora, en la misma forma en que se han aumentado los salarios de los trabajadores en activo, sino conforme al aumento al salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

"23. Las consideraciones anteriores sustentan la sentencia reclamada en el presente juicio.

"24. OCTAVO.-Precisados los antecedentes del caso, se procede al estudio del único concepto de violación propuesto por la quejosa, en el que alega, en esencia, que la sentencia reclamada viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, toda vez que la Sala responsable no tomó en cuenta que en materia de pensiones se actualiza la figura jurídica de la causahabiencia.

"25. Al respecto, alega que contrario a lo resuelto por la Sala, la quejosa sustituyó al primer pensionado titular de la pensión por jubilación número ********** al fallecimiento de éste y si bien la pensión de la que goza es ‘por causa de muerte’, es la continuación de la primera pensión otorgada al finado **********.

"26. Añade que, en tal virtud, los incrementos a su cuota diaria de pensión deben realizarse de conformidad con el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente en la fecha en que se concedió la primer pensión; esto es, el uno de septiembre de mil novecientos noventa (1990), por lo que su cuota diaria se debe incrementar al mismo tiempo y en la misma proporción en que se incrementaron los sueldo básicos de los trabajadores en activo.

"27. En síntesis, la promovente pretende demostrar que la norma aplicable para calcular los incrementos a su pensión por viudez es el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres (1993).

"28. Son sustancialmente fundados los argumentos expuestos por la quejosa en su único concepto de violación, en atención a las consideraciones que se expondrán a continuación:

"29. Los artículos 5, fracción V, 8, 73, 74, 75 y 76 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, establecen que la muerte del pensionado por jubilación genera el derecho al pago de la pensión de viudez, que iniciará a partir del día siguiente a ese hecho y que el monto de dicha pensión será equivalente al cien por ciento de la que disfrutaba el pensionista.

"30. En el caso, como se advierte de la copia certificada de la concesión de pensión emitida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en favor de **********, documental a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 120 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia, el beneficio otorgado a su extinto cónyuge y que fue transferido a la quejosa **********, con motivo de la concesión de pensión referida, a partir del veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995), comenzó a surtir efectos desde el uno de septiembre de mil novecientos noventa (1990), esto es, antes de que entraran en vigor las reformas a la ley del citado instituto de cinco de enero de mil novecientos noventa y tres (1993).

"31. En este sentido, para resolver el planteamiento de la quejosa respecto a la aplicación retroactiva en su perjuicio de las reformas al artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de cinco de enero de mil novecientos noventa y tres (1993), conviene tener presente que el artículo 14, primer párrafo, de la Constitución Federal, prevé la prohibición de aplicar la ley en forma retroactiva en perjuicio de los gobernados, lo que, a su vez, equivale a que las autoridades deben abstenerse de infringir los derechos adquiridos conforme al marco legal vigente en un momento determinado.

"32. Lo anterior queda de manifiesto en la jurisprudencia P./J. 123/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA.’

"33. Ahora bien, conforme a la teoría de los derechos adquiridos y las expectativas de derecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha expuesto que un derecho adquirido se puede definir como el acto realizado que introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, el cual no puede afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto ni por disposición legal en contrario, a diferencia de la expectativa de derecho que se traduce en una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, conforme a la legislación vigente en un momento determinado.

"34. Estas consideraciones fueron sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 2a. LXXXVIII/2001, de rubro: ‘IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN SÓLO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS.’

"35. Expuesto lo anterior, debe decirse que, con motivo de la concesión de pensión por jubilación, el extrabajador del Estado adquiere el derecho a que ésta se incremente en los términos establecidos en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente en la época de su retiro, por lo que resulta claro que no puede aplicarse en su perjuicio -ni de su cónyuge- el referido precepto vigente a partir del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres (1993).

"36. En efecto, si un trabajador obtuvo la calidad de pensionado antes de la reforma al artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres (1993), resulta incuestionable que adquirió el derecho para que, en lo futuro, su pensión se incremente en los términos que ahí se indicaban, esto es, en el mismo tiempo y proporción en que aumente el sueldo básico de los trabajadores en activo, porque ninguna disposición posterior podrá variar, suprimir o modificar la situación jurídica en que se colocó, de acuerdo con lo establecido en el primer párrafo del artículo 14 constitucional.

"37. Esta consideración aparece reflejada en la jurisprudencia PC.I.A. J/5 A, de rubro: ‘PENSIÓN JUBILATORIA OTORGADA POR EL ISSSTE. SUS INCREMENTOS CONSTITUYEN DERECHOS ADQUIRIDOS DERIVADOS DE AQUÉLLA, POR LO QUE SU CÁLCULO DEBE HACERSE EN LA MISMA PROPORCIÓN EN QUE AUMENTEN LOS SUELDOS BÁSICOS DE LOS TRABAJADORES EN ACTIVO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 57, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY QUE RIGE ESE INSTITUTO, VIGENTE HASTA EL 4 DE ENERO DE 1993).’

"38. Precisado lo anterior, conviene tener presente que de las constancias que obran en el juicio de nulidad se advierte que el cónyuge difunto, de nombre **********, obtuvo su pensión de retiro por edad y tiempo de servicios con efectos a partir del uno de septiembre de mil novecientos noventa (1990), por ende, adquirió el derecho de que su pensión fuera calculada e incrementada en función del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres (1993), que precisamente establecía en lo que interesa, que las cuantías de las pensiones aumentarían al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumentaran los sueldos básicos de los trabajadores en activo.

"39. Por tanto, si el cónyuge difunto obtu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26007-95406923/pension-por-viudez-otorgada-por-el-issste-sus · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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