AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO SE LE RECLAMA LA NEGATIVA A AUTORIZAR EL AUMENTO DE UNA PENSIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y SEXTO, TODOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 26 DE NOVIEMBRE DE 2019. MAYORÍA DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS RAÚL MARTÍNEZ MARTÍNEZ, GRACIELA M. LANDA DURÁN, GERARDO MANUEL VILLAR CASTILLO, ADÁN GILBERTO VILLAREAL CASTRO, ALEJANDRO GRACIA GÓMEZ Y ROSA EUGENIA GÓMEZ TELLO FOSADO. DISIDENTES: ISAÍAS CORONA CORONADO Y MARÍA ELIZABETH ACEVEDO GAXIOLA. PONENTE: GRACIELA M. LANDA DURÁN. SECRETARIO: ÓSCAR JAIME CARRILLO MACIEL.
Mexicali, Baja California. Acuerdo del Pleno del Decimoquinto Circuito, correspondiente al día veintiséis de noviembre dos mil diecinueve.
VISTA, para resolver la denuncia de contradicción de tesis 9/2019; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante escrito recibido el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, el Juez Miguel León Bio, titular del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Sexto de este Decimo Quinto Circuito.
SEGUNDO.—Trámite del asunto. Por acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la denuncia de que se trata, se solicitó a los Magistrados presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que remitieran los archivos electrónicos de las sentencias respectivas e informaran si los criterios sustentados continuaban vigentes, también se ordenó comunicarlo a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que informara si existía en trámite ante el Alto Tribunal, alguna contradicción de tesis relacionada con el tema de la presente.
TERCERO.—Turno a ponencia. Previo desahogo de los requerimientos formulados en el auto inicial, en acuerdo de catorce de octubre de dos mil diecinueve, se turnó el expediente a la Magistrada Graciela M. Landa Durán, representante del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, para la elaboración del proyecto de sentencia correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Decimoquinto Circuito tiene competencia legal para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo establecido en los artículos 3, 44, 45, 50 y demás relativos del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de una contradicción de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Sexto de este Décimo Quinto Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que se formuló por el Juez Miguel León Bio, titular del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California.
TERCERO.—Criterios contendientes. A efecto de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de criterios, se precisa que el tema de la contradicción expresado en la denuncia no vincula a este Pleno de Circuito a constreñirse a los términos como se plantea ni al punto jurídico específico, puesto que por disposición expresa del diverso numeral 226, párrafo penúltimo, de la Ley de Amparo, al resolverla se puede acoger uno de los criterios discrepantes, sustentar uno diverso, o declarar inexistente o sin materia la contradicción de tesis; con la única limitante de que la decisión se tomará por la mayoría de sus integrantes.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. V/2016 (10a.),(1) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA PROBABLE DIVERGENCIA DE CRITERIOS PRECISADA EN LA DENUNCIA RELATIVA, NO VINCULA AL PLENO O A LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A CONSTREÑIRSE A LOS TÉRMINOS COMO SE PLANTEA NI AL PUNTO JURÍDICO ESPECÍFICO. La denuncia formulada por el legitimado para ello, en términos del artículo 227, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, constituye un mero requisito de procedibilidad necesario para que el órgano competente examine los criterios contendientes y determine si existe o no disconformidad en las consideraciones relativas y, en su caso, emita la jurisprudencia que deba prevalecer, sin que el tema probablemente divergente señalado por el denunciante vincule al Pleno o a las Salas del Alto Tribunal a constreñirse a los términos como se plantea ni al punto jurídico específico, dado que el propósito formal de la denuncia queda satisfecho en la medida en que origina el trámite de la contradicción de tesis y justifica la legitimación correspondiente; además, por disposición expresa del diverso numeral 226, párrafo penúltimo, de la legislación citada, en los asuntos de esta naturaleza se faculta al órgano correspondiente para acoger uno de los criterios discrepantes; sustentar uno diverso; o declarar inexistente o sin materia la contradicción de tesis; con la única limitante de que la decisión se tomará por la mayoría de los Ministros integrantes."
Bajo tal marco de referencia, es necesario reseñar brevemente las posturas sustentadas por los Tribunales Colegiados contendientes.
El Primer Tribunal Colegiado del Decimo Quinto Circuito, al resolver los recursos de queja 89/2019 y 93/2019 (fojas 19 a 62 y 63 a 98), en lo conducente:
• Destacó que se recurrió un auto dictado en un juicio de amparo indirecto en el cual el Juez de Distrito desechó de plano la demanda, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1o., fracción I, y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo, por estimar que no era autoridad para efectos del juicio de amparo la que niega el aumento de la pensión que percibe el quejoso, al no actuar con esa calidad sino como parte integrante del ente asegurador, que únicamente resolvió sobre la procedencia del aumento de la pensión, lo cual debió controvertirse en la vía laboral.
• Consideró fundado el agravio expuesto en la parte que se alegó que el problema jurídico que se planteó, no era factible abordarlo en la etapa procedimental en que se encontraba el juicio de amparo, porque el Instituto Mexicano del Seguro Social no es autoridad para efectos del juicio de amparo.
• Enfatizó que el desechamiento impugnado se apoyó en la jurisprudencia 2a./J. 66/2016, derivada de la contradicción de tesis 341/2015, en cuya ejecutoria, si bien se indicó que en los casos en que se atribuyera al Instituto Mexicano del Seguro Social como acto reclamado, la respuesta que otorgara una solicitud en materia de pensión, formulada en ejercicio de petición, el asegurado o beneficiario debía acudir a la vía ordinaria laboral; pero, también se indicó que de manera excepcional, el juicio de amparo indirecto sería procedente para conocer de los actos que emite el instituto como ente asegurador y en los que sea necesario acudir directamente al juicio de amparo indirecto, sin que medie la jurisdicción ordinaria, a fin de obtener la protección efectiva de los derechos humanos involucrados; como el caso de la resolución que niega una pensión, con base en un artículo de la Ley del Seguro Social, cuya constitucionalidad es cuestionada.
• De tal manera que, si se reclamó la negativa de autorizar el aumento de pensión que percibe el quejoso y la inconvencionalidad de diversos preceptos de la Ley del Seguro Social y el Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, y la posible constitucionalidad de la norma, resultaba menester llevar a cabo un análisis más exhaustivo que no es propio del auto inicial, para determinar si el supuesto de excepción establecido en esa ejecutoria cobraba aplicación o no.
• Agregó que el motivo para desechar la demanda no era evidente, claro y fehaciente, al requerirse un análisis más profundo, cuyo estudio es propio de la sentencia de amparo, ya que no derivó únicamente de lo manifestado en la demanda de amparo o de las pruebas adjuntadas a ella, sino del análisis sobre la naturaleza del acto reclamado y la posibilidad de reclamar la inconvencionalidad de normas generales.
• Concluyó declarando fundado el recurso de queja para el efecto de que se dejara insubsistente el proveído recurrido y el Juez de Distrito proveyera nuevamente sobre la admisión de la demanda de amparo, y se abstuviera de reiterar las consideraciones que se estimaron inexactas.
En consonancia con lo anterior, el Segundo Tribunal Colegiado del Decimo Quinto Circuito, al resolver los recursos de queja 112/2019 y 139/2019 (fojas 99 a 160 y 161 a 188), en lo conducente:
• Destacó que se recurrió un auto dictado en un juicio de amparo indirecto en el cual el Juez de Distrito desechó de plano la demanda, al actualizase la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1o., fracción I, y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo, por estimar que no era autoridad para efectos del juicio de amparo la que niega el aumento de la pensión que percibe el quejoso, al no actuar con esa calidad sino como parte integrante del ente asegurador, que únicamente resolvió sobre la procedencia del aumento de la pensión, lo cual debió controvertirse en la vía laboral.
• Consideró fundado el agravio expuesto en la parte que se alegó que el problema jurídico que se planteó, no era factible abordarlo en la etapa procedimental en que se encontraba el juicio de amparo, porque el Instituto Mexicano del Seguro Social no es autoridad para efectos del juicio de amparo.
• Enfatizó que el desechamiento impugnado se apoyó en la resolución de la contradicción de tesis 341/2015 (de la que surgió la jurisprudencia 2a./J. 66/2016), en la cual, si bien se indicó que en los casos en que se atribuyera al Instituto Mexicano del Seguro Social como acto reclamado, la respuesta que otorgara una solicitud en materia de pensión, formulada en ejercicio de petición, el asegurado o beneficiario debía acudir a la vía ordinaria laboral; pero, recalcó, que de manera excepcional, el juicio de amparo indirecto sería procedente para conocer de los actos que emite el instituto como ente asegurador y en los que sea necesario acudir directamente al juicio de amparo indirecto, sin que medie la jurisdicción ordinaria, a fin de obtener la protección efectiva de los derechos humanos involucrados; como el caso de la resolución que niega una pensión, con base en un artículo de la Ley del Seguro Social, cuya constitucionalidad es cuestionada.
• De tal manera que, si se reclamó la negativa de autorizar el aumento de pensión que percibe el quejoso y la inconvencionalidad de diversos preceptos de la Ley del Seguro Social y el Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, y la posible constitucionalidad de la norma, resultaba menester llevar a cabo un análisis más exhaustivo que no es propio del auto inicial, para determinar si el supuesto de excepción establecido en esa ejecutoria cobraba aplicación o no.
• Agregó que la causa para desechar la demanda no era manifiesta ni indudable, al requerirse un análisis más profundo, cuyo estudio es propio de la sentencia de amparo, ya que no derivó únicamente de lo manifestado en la demanda de amparo o de las pruebas adjuntadas a ella, sino del análisis sobre la naturaleza del acto reclamado y la posibilidad de reclamar la inconvencionalidad de normas generales.
• Concluyó declarando fundado el recurso de queja para el efecto de que se dejara insubsistente el proveído recurrido y el Juez de Distrito proveyera nuevamente sobre la admisión de la demanda de amparo, absteniéndose de reiterar las consideraciones que se estimaron inexactas.
El Tercer Tribunal Colegiado del Decimo Quinto Circuito, al fallar el recurso de queja 126/2019 (fojas 189 a 200), en la parte que interesa:
• Anticipó que eran ineficaces los agravios hechos valer, para luego destacar los antecedentes del acuerdo recurrido e indicar que el Juez de Distrito desechó de plano la demanda, al estimar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1o., fracción I, y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo, por considerar que el Instituto Mexicano del Seguro Social no era autoridad para efectos del juicio de amparo al decidir sobre prestaciones de seguridad social otorgadas por la ley, al actuar desprovisto de imperio, y debía acudirse a la vía ordinaria para dirimir cualquier controversia.
• Acotó que en el auto de desechamiento también se destacó que contra el primer acto de aplicación de las normas impugnadas (el oficio en el que se dio respuesta a la solicitud de aumento de pensión), debió agotarse la vía ordinaria laboral como lo establece el numeral 295 de la Ley del Seguro Social y, por tanto, no tenía la calidad de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, al emitirlo el Instituto Mexicano del Seguro Social en su carácter de ente asegurador en sustitución del patrón. Desechamiento que se hizo extensivo a las normas reclamadas, por no poder desvincularse su estudio del de su acto de aplicación.
• Decisión que calificó de acertada, con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 12/2012 (10a.), respecto de la cual enfatizó que de la ejecutoria que le dio origen se advierte que se precisó que el Instituto Mexicano del Seguro Social cuando dicta una resolución para el otorgamiento de una pensión, por conducto del jefe del departamento de Pensiones subdelegacional, no actúa con el carácter de autoridad, porque únicamente está determinando la procedencia del beneficio de una pensión, conforme a los requisitos exigidos por la Ley del Seguro Social.
• Argumentó que en el caso se reclamó del jefe del Departamento de Pensiones Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social de Ensenada, Baja California, la inconvencionalidad de diversas normas de la Ley del Seguro Social, así como del reglamento interior de ese instituto, entre otras, con motivo de su primer acto de aplicación que se hizo consistir en el oficio en el que se negó la solicitud de aumento de pensión; circunstancia que consideró que no se trataba de un acto de autoridad.
• Agregó que era así, puesto que el acto de aplicación reclamado constituía una resolución en materia de pensiones que la responsable emitió en su carácter de ente asegurador, caso en el que no se encontraba investida de las facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación que surge con el asegurado es de igualdad (coordinación), y al resolver solamente verificó el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de una pensión.
• Consideraciones bajo las cuales expresó que fue legal que se haya desechado de plano la demanda de amparo, conforme lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, ante la existencia de un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, al advertirse de manera clara y patente del escrito de demanda, al grado de tener la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren y al estar sustentado en criterios obligatorios del Máximo Tribunal, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo.
• Enseguida, igualmente calificó de correcto que el desechamiento se haya hecho extensivo a las normas impugnadas, ya que no podía desvincularse su estudio del de su acto de aplicación, y si el juicio de amparo resulta improcedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, se debe sobreseer en el juicio respecto de éste y de la norma impugnada, como lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, intitulada: "LEYES. AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.", segmento de la decisión que respaldó de la siguiente manera:
"Por tanto, el que en la demanda de amparo se haya citado también como acto reclamado la inconvencionalidad de los preceptos normativos en que se apoyó el oficio de respuesta que decretó la negativa de aumento de pensión del quejoso; no obsta para que se desechara la demanda de amparo, pues aun ante esta circunstancia debía superarse prima facie que el acto reclamado emanara de una autoridad para efectos del juicio de amparo.
"Aunado a lo anterior, el tema de inconvencionalidad que introduce el recurrente, válidamente puede ser analizado por las autoridades jurisdiccionales del orden común, ello, pues –de la forma en que fue planteado–, se trata de un tema de convencionalidad y no de constitucionalidad de normas, por lo que no se está en presencia de control concentrado de constitucionalidad que sea exclusivo de los órganos del Poder Judicial de la Federación.
"Sólo a mayor abundamiento, se precisa que aun en la hipótesis no concedida de que se tratara de un juicio de amparo contra leyes, para que se analizará la constitucionalidad de éstas, primeramente debía ser procedente el medio de control constitucional en contra del acto de aplicación, lo que como ya se vio no acontece en la especie ..."
• Concluyó declarando infundado el recurso de queja.
Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el recurso de queja 121/2019 (fojas 201 a 223), en lo que interesa:
• Anticipó que era infundado el recurso de queja, para enseguida citar los antecedentes del acuerdo recurrido e indicar que el Juez de Distrito desechó de plano la demanda, al estimar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1o., fracción I, y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo, por considerar que el Instituto Mexicano del Seguro Social no actuaba con carácter de imperio, al negar la solicitud de aumento de pensión, al tratarse de una relación entre trabajador y ente asegurador en sustitución del patrón, decisión que no podía considerarse emanada de una autoridad para efectos del juicio de amparo.
• Seguidamente resumió los agravios expresados y los calificó de inoperantes e ineficaces y, en lo conducente, arguyó:
"Sin embargo, para impugnar una norma de carácter general la misma tiene que causar perjuicio al quejoso por sí misma o cuando se reclama con motivo de un acto de aplicación, no puede desvincularse el acto reclamado de su acto de aplicación, de tal manera que, si en el presente caso se reclama el oficio en el que se declaró improcedente la petición del quejoso, relativa al aumento de su pensión, pero no se acredita que dicho acto provenga de autoridad, al resultar ineficaces los agravios para desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia aplicada por el a quo, ello hace improcedente el amparo, por constituir normas que el quejoso controvirtió con motivo de su aplicación, en virtud de que el estudio de constitucionalidad de tales disposiciones no puede desvincularse del acto de aplicación que dieron origen a la promoción de esta instancia.
"Sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte del Máximo Tribunal del País, consultable en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo 181-186, Primera Parte, página doscientos cincuenta y uno, que dice:
"‘LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.’ (trascribe texto) ..."
"Finalmente, si bien es cierto que, por regla general, el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, no es el momento procesal oportuno para estimar si los actos reclamados son o no actos de autoridad para efectos del juicio de amparo biinstancial, en el presente caso, el motivo de improcedencia en que se sustenta el Juez para desechar la demanda, es notorio e indudable, precisamente, porque, en la especie de la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 –aplicada en el acuerdo recurrido–, se desprende que cuando se atribuye al Instituto Mexicano del Seguro Social, la emisión de una respuesta a una solicitud en materia de pensiones que no satisface el interés del solicitante, éste debe acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, de conformidad con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo."
• Concluyó declarando infundado el recurso de queja.
Por su parte, el Sexto Tribunal Colegiado del Decimo Quinto Circuito, al resolver el recurso de queja 108/2019 (fojas 224 a 236), en lo que interesa:
• Luego de expresar que era infundado el recurso de queja y citar los antecedentes del acuerdo recurrido, indicó que el Juez de Distrito desechó de plano la demanda, al estimar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1o., fracción I, y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo, por considerar que el acto reclamado no tenía el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, al actuar el Instituto Mexicano del Seguro Social en una relación de coordinación y no de suprasubordinación, al resolver la solicitud de aumento de pensión.
• Seguidamente resumió los agravios expresados y los calificó de inoperantes e infundados y, en lo conducente, arguyó:
"Sin embargo, para impugnar una norma de carácter general, la misma tiene que causar perjuicio al quejoso por sí misma o cuando se reclama con motivo de un acto de aplicación, no puede desvincularse el acto reclamado de su acto de aplicación de tal manera que, si en el presente caso se reclama el oficio en el que se declaró improcedente la petición del quejoso, relativa al aumento de su pensión, pero no se acredita que dicho acto provenga de autoridad, al resultar ineficaces los agravios para desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia aplicada por el a quo, ello hace improcedente el amparo, por constituir normas que el quejoso controvirtió con motivo de su aplicación, en virtud de que el estudio de constitucionalidad de tales disposiciones no puede desvincularse del acto de aplicación que dieron (sic) origen a la promoción de esta instancia.
"Finalmente, tampoco pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado el que en la demanda de amparo se haya citado también como acto reclamado la inconvencionalidad de los preceptos normativos en que se apoyó el oficio de respuesta que decretó la negativa de aumento de pensión del quejoso, pues aun ante esta circunstancia debía superarse prima facie que el acto reclamado emanara de una autoridad para efectos del juicio de amparo.
"Aunado a lo anterior, el tema de inconvencionalidad que introduce el recurrente, válidamente puede ser analizado por las autoridades jurisdiccionales del orden común, ello, pues –de la forma en que fue planteado–, se trata de un tema de convencionalidad y no de constitucionalidad de normas, por lo que no se está en presencia de control concentrado (sic) de constitucionalidad que sea exclusivo de los órganos del Poder Judicial de la Federación.
"Sólo a mayor abundamiento, se precisa, que aun en la hipótesis no concedida de que se tratara de un juicio de amparo contra leyes, para que se analizara la constitucionalidad de éstas, primeramente debía ser procedente el medio de control constitucional en contra del acto de aplicación, lo que, como ya se vio, no acontece en la especie.
"A fin de dar sustento a lo anterior, sirve de apoyo también, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 12/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"‘SEGURO SOCIAL. EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE PENSIONES SUBDELEGACIONAL, NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMAS A LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.’ (trascribe texto) ..."
• Concluyó declarando infundado el recurso de queja.
CUARTO.—Existencia de la contradicción. En principio, debe considerarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado qué se requiere para determinar si existe una contradicción de tesis, para lo cual deben advertirse los elementos siguientes:
a) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten, expresa o implícitamente, criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales; y,
b) Que sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia.
Cobra aplicación, la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(2)
Y la diversa P./J. 93/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO."(3)
Bajo ese contexto, existe la contradicción de tesis puesto que los Tribunales Colegiados sostuvieron criterios discrepantes sobre el mismo punto de derecho, consistente en determinar si se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, que deviene de relacionar lo previsto en los artículos 61, fracción XXIII, 1o., fracción I, y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo, por considerar que el Instituto Mexicano del Seguro Social no es autoridad responsable cuando se le reclama el acuerdo o resolución que niega el aumento de una pensión, conjuntamente con la inconvencionalidad de normas de carácter general de la Ley del Seguro Social y del Reglamento Interior del citado instituto.
Lo anterior en la medida que en los siete recursos de queja en los que se dictaron las resoluciones que contienen los criterios denunciados como contradictorios, se impugnó un acuerdo en el que el Juez de Distrito desechó de plano una demanda de amparo indirecto en la que se reclamó la decisión del Instituto Mexicano del Seguro Social de negar el aumento de la pensión que percibía el quejoso.
En todos los casos, el Juez de Distrito desechó de plano la demanda, al estimar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1o., fracción I, y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo, por considerar que el Instituto Mexicano del Seguro Social no era autoridad para efectos del juicio de amparo, al decidir sobre prestaciones de seguridad social otorgadas por la ley, al actuar desprovisto de imperio, y debía acudirse a la vía ordinaria para dirimir cualquier controversia.
Los cinco Tribunales Colegiados se pronunciaron en torno a si la citada hipótesis de improcedencia se actualizaba de modo manifiesto e indudable y llegaron a conclusiones disímiles.
En efecto, mientras el Primer y Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Quinto Circuito, al resolver los recursos de queja 89/2019 y 93/2019, así como 112/2019 y 139/2019, respectivamente, coincidieron en que no se actualizaba de modo manifiesto e indudable la indicada causa de improcedencia, puesto que el problema jurídico que se planteó inherente a si el Instituto Mexicano del Seguro Social es autoridad para efectos del juicio de amparo no era factible abordarlo en esa etapa procedimental del juicio de amparo.
Ambos concordaron en enfatizar que en la resolución de la contradicción de tesis 341/2015 (de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 66/2016, en que se apoyó el Juez de Distrito para desechar la demanda), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que, de manera excepcional, el juicio de amparo indirecto sería procedente para conocer de los actos que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social como ente asegurador, y en los que sea necesario acudir directamente al juicio de amparo indirecto, sin que medie la jurisdicción ordinaria, como el caso de la resolución que niega una pensión, con base en un artículo de la Ley del Seguro Social, cuya constitucionalidad es cuestionada.
Premisa bajo la cual argumentaron que, si se reclamó la negativa de autorizar el aumento de pensión que percibe el quejoso y la inconvencionalidad de diversas normas de carácter general, resultaba menester llevar a cabo un análisis más exhaustivo que no es propio del auto inicial, para determinar si el supuesto de excepción establecido en esa ejecutoria cobraba aplicación o no en el asunto.
En contraposición a lo anterior, los Tribunales Colegiados Tercero, Cuarto y Sexto de este Décimo Quinto Circuito (al resolver los recursos de queja 126/2019, 121/2019 y 108/2019, respectivamente), coincidieron en calificar de acertada la decisión del Juez de Distrito de desechar de plano la demanda de amparo indirecto, bajo el argumento de que al haberse reclamado del jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ensenada, Baja California, la inconvencionalidad de diversas normas de la Ley del Seguro Social, así como del Reglamento Interior de ese instituto, c
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29291-2d138eca/auto-inicial-de-tramite-de-la-demanda-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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