COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO DIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SONORA, EN UN ASUNTO RELACIONADO CON LA ACCIÓN DE RECTIFICACIÓN O NIVELACIÓN DE PENSIÓN, EN EL QUE SE DEMANDA AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE ESE ESTADO. CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESPECIALIZADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO, ASÍ COMO PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA, TODOS DEL QUINTO CIRCUITO. 30 DE AGOSTO DE 2017. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ÓSCAR JAVIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ, JUAN CARLOS MORENO LÓPEZ Y GABRIEL ALEJANDRO PALOMARES ACOSTA. DISIDENTES: JOSÉ MANUEL BLANCO QUIHUIS Y DAVID SOLÍS PÉREZ, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. IMPEDIDA: ARMIDA ELENA RODRÍGUEZ CELAYA. PONENTE: ÓSCAR JAVIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ. SECRETARIO: JESÚS GUILLERMO BAYLISS VERDUGO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno del Quinto Circuito es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, y décimo primero transitorio, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece; 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 28, 29 y 30 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en dicho medio oficial el veintisiete de febrero de dos mil quince, reformado por el diverso 52/2015 emitido por el propio órgano colegiado, publicado el quince de diciembre del citado año en el Diario Oficial de la Federación.
Debe precisarse, que como se expondrá más adelante, la controversia de la presente contradicción de tesis implica definir qué Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer por razón de la materia, de la demanda de amparo directo promovida contra el laudo dictado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora, en un asunto relacionado con la acción de rectificación o nivelación de pensión, en la cual se demanda al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora, controversia que debiera dirimirse en su caso, por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de lo dispuesto en el artículo 21, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(1)
Sin embargo, de acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se advierte que la instauración de los Plenos de Circuito obedeció, entre otros motivos, a la necesidad de dotar a los Circuitos Judiciales de una autonomía relativa, que permitiera darles mayor homogeneidad, precisión y especificidad a los criterios y precedentes del Circuito, a fin de contribuir a una mayor seguridad jurídica.
Lo anterior se advierte de la iniciativa mencionada, en los términos siguientes:
"Plenos de Circuito.
"Una más de las adiciones que innovarán y perfeccionarán el esquema de aprobación de criterios jurisprudenciales propiciando su homologación y depuración, es la creación de los Plenos de Circuito. La iniciativa de reforma a los artículos 103, 104, 107 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecía lo siguiente:
"‘En este sentido, se propone la reforma a los artículos 94 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por virtud de la cual, se crea un nuevo órgano para la decisión de posibles contradicciones de tesis entre los tribunales pertenecientes a un mismo Circuito: los Plenos de Circuito. Estos órganos estarán integrados por los miembros de los mismo Tribunales Colegiados, que son los que de primera mano y de manera más cercana conocen la problemática que se presenta en sus propios ámbitos de decisión. Esto permite generar una homogeneización de los criterios hacia adentro del Circuito previniendo así que tribunales diversos pero pertenecientes a la misma jurisdicción decidan cuestiones distintas para casos iguales.’
"Por su parte, el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, explicó las adiciones y modificaciones en los términos siguientes:
"‘Las reformas a los artículos 94, 100 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se inscriben en la lógica de fortalecer y perfeccionar la estructura del Poder Judicial de la Federación y consolidar a su órgano superior: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como un tribunal garante de nuestra Constitución que pueda concentrarse en la resolución de los asunto de importancia y trascendencia para la totalidad del ordenamiento jurídico nacional y del Estado Mexicano en su conjunto.
"‘Lo anterior claramente debe pasar por el fortalecimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito y el reconocimiento de sus integrantes como conformadores efectivos de los criterios de interpretación de la legalidad.
"‘Este fortalecimiento debe ser, además, consistente con las anteriores reformas y con las ideas que las sustentan para lograr una consolidación adecuada del sistema en su totalidad y no como soluciones parciales y aisladas que no son consistentes con la evolución del sistema judicial mexicano.
"‘En este sentido, se propone la reforma a los artículos 94, 100 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de la cual se les otorga a las actuales Circuitos Judiciales una autonomía relativa que permitirá darles mayor homogeneidad, precisión y especificidad a los criterios y precedentes que se generen en ese Circuito, sin necesariamente extenderse al resto de los mismos. Ello contribuirá a generar una mayor seguridad jurídica, valor que esta reforma busca promover y asegurar.’
"...
"Así las cosas, es claro que los fines de la reforma a las leyes secundarias que concreten tales enmiendas constitucionales deben ser: (i) fortalecer y perfeccionar la estructura del Poder Judicial de la Federación y consolidar a su órgano superior; (ii) fortalecer a los Tribunales Colegiados de Circuito y el reconocimiento de sus integrantes como conformadores efectivos de los criterios de interpretación de la legalidad; y, (iii) otorgar a los circuitos judiciales una autonomía relativa que permitirá darles mayor homogeneidad, precisión y especificidad a los criterios y precedentes que se generen en ese Circuito.
"Ahora bien, como puede observarse, las modificaciones a nuestra Carta Magna, respecto de estos nuevos órganos denominados Plenos de Circuito, se desarrollan en dos ámbitos: (i) la estructural u orgánica; y, (ii) la competencial. ..."
En esa tesitura, si uno de los fines perseguidos por la instauración de los Plenos de Circuito es precisamente dotar de mayor homogeneidad, precisión y especificidad a los criterios y precedentes que se generen en el Circuito, en aras de salvaguardar la seguridad jurídica, este Pleno del Quinto Circuito estima que dadas las condiciones imperantes en este Circuito respecto de los criterios contendientes, los cuales se destacarán con posterioridad, resultaría nugatoria la posibilidad de que llegara a actualizarse una controversia competencial que pudiera llegar para su resolución a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tanto que, el tribunal denunciante, a partir del nueve de marzo de dos mil diecisiete, en que emitió la ejecutoria en el juicio de amparo directo 862/2016, se encuentra asumiendo competencia para conocer de los asuntos que versan sobre la materia de la contradicción de tesis, mientras que el resto de los tribunales integrantes del Circuito se encuentran haciendo lo propio, es decir, ninguno de los Tribunales Colegiados de Circuito que conforman el Quinto Circuito, ha rechazado la competencia para el conocimiento de los asuntos que les han sido sometidos a su conocimiento.
Por tanto, en aras de salvaguardar los fines perseguidos por el legislador relacionados con la instauración de los Plenos de Circuito y colaborar a la seguridad jurídica en la resolución de los asuntos en los que se plantean los aspectos relacionados con esta contradicción de tesis, este Pleno de Circuito estima que es factible dirimir, a través de la presente contradicción de tesis, qué Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer por razón de la materia, de la demanda de amparo directo promovida contra el laudo dictado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora, en un asunto relacionado con la acción de rectificación o nivelación de pensión, en la cual se demanda al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora, sin que ello implique invadir competencia de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que fue planteada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito.
TERCERO.-Criterios contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, es conveniente transcribir las consideraciones en las que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes basaron sus respectivas resoluciones.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, en sesión de nueve de marzo de dos mil diecisiete, al resolver el juicio de amparo directo 862/2016, en la parte que interesa, determinó lo siguiente:
"RESULTANDO:
"PRIMERO.-Por escrito presentado ante la autoridad responsable el ********** de dos mil dieciséis, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio limitado **********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora y de su presidente, ambos con residencia en esta ciudad, consistentes en la resolución de ********** de dos mil dieciséis, dictada en el expediente ********** y su ejecución, cuyos puntos resolutivos dicen:
"‘PRIMERO.-Ha procedido la acción intentada por ********** en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), C. Titular del Ejecutivo del Estado de Sonora y ********** del Estado de Sonora.
"‘SEGUNDO.-Se condena al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora a nivelar la pensión por jubilación otorgada a **********, a la cantidad de $********** (son ********** /100) mensuales, con efectos retroactivos a partir del ********** de 2008, y a pagarle las diferencias entre la pensión por jubilación que le fue asignada y la que se determina en este laudo, con los aumentos de ley; y a pagarle la cantidad de $********** (**********/100 00/100), por concepto de diferencias entre la pensión que percibe y la que debe recibir conforme al sueldo regulador antes mencionado, en el entendido de que estas diferencias seguirán cayendo hasta que se dé cumplimiento a esta resolución.
"‘TERCERO.-Se condena al ********** del Estado de Sonora, a cubrir al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), las cuotas y aportaciones omitidas por concepto de pensiones, requiriéndosele para que en un término de setenta y dos horas, contadas a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de esta resolución, cumplan con esta obligación, en los términos precisados en el último considerando.
"‘CUARTO.-Se condena al titular del Ejecutivo del Estado a sancionar el nuevo dictamen que emita el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON) por conducto de la junta directiva, en términos del artículo 108 de la Ley 38 de dicho instituto.
"‘QUINTO.-A petición de parte, ábrase incidente de liquidación, para el efecto de calcular los incrementos que haya tenido la pensión por jubilación otorgada a **********, las cuotas y aportaciones omitidas y las diferencias a pagar entre los aguinaldos percibidos y los que debió recibir, conforme a la pensión por jubilación decretada en esta sentencia, por las razones expuestas en el último considerando.
"‘SEXTO.-Notifíquese personalmente ...’
"CONSIDERANDO:
"PRIMERO.-Competencia. Este Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito es competente para conocer del presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracciones V, inciso d), y VI, de la Constitución Federal; 170, fracción I, de la Ley de Amparo;(2) y, 37, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que se trata de un juicio de amparo directo en el que se reclama un laudo dictado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora, con domicilio en esta ciudad, esto es, dentro del Circuito en el que este órgano judicial ejerce jurisdicción.
"Es pertinente señalar que este Tribunal Colegiado se aparta del criterio sostenido, entre otros, en el juicio de amparo directo 823/2016, resuelto el veinticinco de enero del presente año, toda vez que de una nueva reflexión sobre el tema, se considera que este órgano sí tiene competencia para analizar la controversia constitucional planteada.
"En efecto, la decisión contenida en dicha ejecutoria se apoyó en las jurisprudencias números 2a./J. 153/2009, 2a./J. 3/2000 y 2a./J. 67/2014, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomos XXX, XXXI y II, octubre de 2009, enero de 2010 y agosto de 2014, páginas 94, 282 y 786, respectivamente, de rubros: ‘PENSIONES DEL ISSSTE. ES COMPETENTE EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA CONOCER DEL JUICIO DE GARANTÍAS EN QUE SE RECLAMA SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN.’, ‘PENSIONES DEL ISSSTELEÓN. EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN.’ y ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMÓ EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. CORRESPONDE A UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.’
"Asimismo, en las consideraciones que emitió la referida Sala del Alto Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 176/2009, que dio origen a la primera de las jurisprudencias citadas, en la que se determinó que cuando se reclama la indebida cuantificación en las pensiones otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, corresponde a un Juez de Distrito en Materia Administrativa conocer de la demanda de amparo, toda vez que no se cuestiona el derecho a obtenerla, ni está en juego su revocación, sino que esa prestación económica está otorgada a favor del trabajador o de su derechohabiente, y sólo se impugna la determinación líquida, por no contener la cantidad correspondiente a los incrementos que le corresponden de acuerdo con la norma aplicable; las consideraciones emitidas en la referida contradicción fueron las siguientes:
"‘DÉCIMO TERCERO.-A continuación, se procede al análisis y definición del punto de contradicción relativo al segundo tema jurídico, consistente en determinar qué Juez de Distrito es el competente por razón de la materia para conocer del juicio de amparo instaurado en contra de la indebida cuantificación de la pensión de los quejosos, esto es, si la competencia se surte a favor del Juez de Distrito en Materia de (sic), o del Juez de Distrito en Materia Administrativa.
"‘En relación con la competencia por materia, debe precisarse que es aquella que determina que en el juzgado o tribunal especializado se radiquen asuntos de una misma rama del derecho, lo que permite que los juzgadores que lo integran tengan un mayor conocimiento sobre la materia correspondiente y, en consecuencia, puedan resolver mejor y con mayor prontitud los asuntos que son sometidos a su conocimiento, a efecto de cumplir con la garantía de justicia pronta, completa e imparcial establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"‘Por regla general, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos juzgados y tribunales, lo que da origen a la existencia de órganos jurisdiccionales administrativos, civiles, penales y de trabajo, entre otros, y a cada uno de ellos le corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad.
"‘En el orden federal, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación precisa la competencia por materia de los Juzgados de Distrito en los artículos 51, 52, 54 y 55 de ese ordenamiento, de donde se advierten los lineamientos que el legislador tomó en consideración para determinar este tipo de competencia.
"‘Los artículos 52 y 55 de la mencionada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen la competencia por materia administrativa y de trabajo, respectivamente, de la siguiente manera:
"‘...
"‘De los citados artículos se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, en los juicios de amparo, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto.
"‘Por identidad de razones, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 24/2009 de esta Sala, del siguiente tenor:
"‘«COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. ...»
"‘En este orden de ideas, el acto reclamado en los juicios de garantías se hace consistir en la aplicación retroactiva de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que entraron, unas, en vigor a partir del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres, y otras, a partir del uno de enero de dos mil dos, lo que se traduce en la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos a los que el quejoso tiene derecho de conformidad con el precepto invocado, en su texto vigente antes de la reforma efectuada del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres.
"‘Asimismo, el acto de autoridad se le reclama al subdirector general de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, quien es la encargada de conceder, negar, suspender, modificar o revocar las jubilaciones y pensiones, de aplicar los aumentos correspondientes y de aprobar las nóminas de pago de éstas.
"‘...
"‘De la ejecutoria transcrita se aprecian los siguientes posicionamientos jurídicos que interesan para el presente estudio:
"‘1. Si se atribuye al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, facultades para conceder, negar, suspender, revocar o modificar las pensiones en general, dicho organismo descentralizado y sus dependencias autorizadas, sí son autoridades para efectos del juicio de amparo, en virtud de que afectan la esfera jurídica de los pensionados en forma unilateral, pues no se trata de una relación de coordinación, sino de supra a subordinación, al imponer tal organismo y sus dependencias, su voluntad de manera unilateral sin necesidad de acudir a los tribunales, ni con el consenso de la voluntad del afectado.
"‘2. La orden de suspensión, reducción o descuento de la pensión por viudez constituye un acto susceptible de combatirse a través del juicio de amparo, al constituir un acto unilateral, a través del cual se extingue o modifica la situación derivada del acto de otorgamiento de tal pensión, el cual constituye el derecho a disfrutar la misma, sin necesidad de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y los órganos competentes y subordinados jerárquicamente a él deban acudir ante los tribunales o alguna otra autoridad para afectar de tal manera la esfera jurídica del pensionado, o necesiten del consentimiento del interesado, dado que se trata del ejercicio de una facultad irrenunciable.
"‘3. El instituto citado y sus órganos competentes, cuando emiten la orden de suspensión, descuento o reducción de la pensión por viudez, ejercen facultades de decisión que les están atribuidas en la ley; luego, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo cual revela que tal institución y sus dependencias respectivas son autoridades para los efectos del juicio de amparo.
"‘4. Las órdenes o acuerdos de mérito previamente a la promoción del juicio de garantías deben ser impugnados por medio del recurso de revisión o del juicio contencioso administrativo citados, salvo que se actualice alguna de las causas de excepción al principio de definitividad previstas el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo.
"‘5. Después de una nueva reflexión la Segunda Sala abandona parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001 consistente en que para determinar qué órgano jurisdiccional es el competente para conocer de las demandas instauradas por un derechohabiente o beneficiario de éste en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por medio de las cuales se reclama una prestación de seguridad social, como puede ser la pensión, debe atenderse al régimen constitucional que rige la relación laboral de la cual deriva el diverso vínculo en el cual se sustentan las prestaciones reclamadas al citado instituto de un derechohabiente, que no es su trabajador.
"‘6. Si bien es cierto que las pensiones tienen como fuente la relación de trabajo establecida entre el derechohabiente y la dependencia u organismo en la cual haya laborado, también lo es que la surgida entre aquél y el instituto citado es una nueva relación de naturaleza administrativa, la cual es de supra a subordinación, en la que el interesado como gobernado se somete al imperio del instituto de referencia, quien ante él adquiere el carácter de autoridad, pues como ya se vio con antelación puede crear, modificar o extinguir ante sí o por sí la situación jurídica del pensionado; luego, es obvio que la relación laboral respectiva no se extiende después de concedida la pensión solicitada, pues no hay que soslayar en que en ocasiones la pensión se otorga cuando la relación de trabajo ha culminado, como pueden ser las pensiones por causa de muerte o por cesantía en edad avanzada.
"‘De los pronunciamientos expuestos se advierte que esta Segunda Sala ha considerado que si bien es cierto que las pensiones tienen como fuente la relación de trabajo establecida entre el derechohabiente y la dependencia u organismo en la cual haya laborado, también lo es que la surgida entre aquél y el instituto citado es una nueva relación de naturaleza administrativa, que es de supra a subordinación, en la que el interesado como gobernado se somete al imperio del instituto de referencia, quien ante él adquiere el carácter de autoridad, pues puede crear, modificar o extinguir ante sí o por sí la situación jurídica del pensionado; por ende, resulta obvio que la relación laboral respectiva no se extiende después de concedida la pensión solicitada; por tal motivo, esta Sala abandonó el criterio anterior relativo a que cuando se reclamaba una pensión, debía atenderse al régimen constitucional que rige la relación laboral de la cual deriva el diverso vínculo en el cual se sustentan las prestaciones reclamadas al citado instituto de un derechohabiente, que no es su trabajador.
"‘No es óbice a lo anterior, que en la citada tesis de jurisprudencia número 111/2005 de esta Sala, se haya definido la procedencia del juicio contencioso administrativo en contra de las resoluciones administrativas dictadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que concedan, nieguen, revoquen, suspendan, modifiquen o reduzcan esas pensiones, previamente al juicio de amparo, y no propiamente la procedencia de éste. Lo anterior es así porque en la ejecutoria respectiva también se indicó que las facultades para conceder, negar, suspender, revocar o modificar las pensiones de ese instituto en general, constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, en virtud de que afectan la esfera jurídica de los pensionados en forma unilateral, pues no se trata de una relación de coordinación, sino de supra a subordinación, al imponer tal organismo y sus dependencias, su voluntad de manera unilateral sin necesidad de acudir a los tribunales, ni con el consenso de la voluntad del afectado, por lo que tales facultades constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad.
"‘Tampoco es óbice que los pronunciamientos de la jurisprudencia y ejecutoria señalados, estén referidos a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado anterior a la vigente, publicada el treinta y uno de marzo de dos mil siete, en razón de que no se advierten motivos para considerar que los actos relativos a la concesión, negativa, revocación, suspensión, modificación o reducción de las pensiones del instituto multimencionado, no tengan en la nueva ley la naturaleza de actos de autoridad, ni tampoco que haya variado la esencia de las pensiones para considerarlas de naturaleza distinta a la administrativa.
"‘A mayor abundamiento, la naturaleza material de las pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se encuentra conformada por las siguientes características que se desprenden de la regulación legal correspondiente:
"‘1. Se trata de prestaciones en dinero que pertenecen a la categoría de la seguridad social.
"‘2. Las otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a los trabajadores al servicio de las dependencias públicas.
"‘3. Se proporcionan a los trabajadores (jubilación, invalidez, etcétera) o a sus derechohabientes (muerte o vida, viudez, orfandad).
"‘4. Pueden ser de diversos tipos: jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios, invalidez, muerte o vida, etcétera.
"‘5. Para su otorgamiento, deben cumplirse los requisitos que la ley establece.
"‘Atendiendo a las características mencionadas también se puede arribar a la conclusión de que las pensiones pertenecen a la materia administrativa, porque si bien es cierto que se enmarcan dentro de las prestaciones de seguridad social y que derivan de la antigüedad en una relación de trabajo, también lo es que por regla general, la relación laboral respectiva no se extiende después de concedida la pensión solicitada, porque precisamente la pensión tiene su justificación en el otorgamiento de prestaciones en dinero otorgadas por el cumplimiento de determinados requisitos de antigüedad, edad y otros diversos, para permitir la subsistencia del trabajador o de sus derechohabientes, después de concluida la relación de trabajo.
"‘Asimismo, la pensión no constituye una prestación de tipo laboral como el salario, las vacaciones, el aguinaldo, los vales de despensa, la habitación, los bonos de productividad, los premios por puntualidad, por asistencia, el pago de becas, etcétera, que se otorgan durante la vigencia de la relación de trabajo, sino que se proporcionan después de ella, por los motivos especificados en la ley, y bajo el cumplimiento estricto de los requisitos legales. Asimismo, el obligado al pago de las pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado derivado del pago de las cuotas de seguridad social realizadas por las dependencias públicas a favor de sus trabajadores, por lo cual surge una nueva relación de naturaleza administrativa entre dicho instituto y los trabajadores o sus derechohabientes, que se constituye como una relación de autoridad a gobernado, pues este organismo público puede crear, modificar o extinguir ante sí o por sí la situación jurídica del pensionado.
"‘De lo expuesto se colige que el acto reclamado consistente en la indebida cuantificación de una pensión a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, derivada de la falta de aplicación de los incrementos correspondientes, por la aplicación retroactiva de los preceptos legales relativos, sin luga
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27499-52147481/competencia-para-conocer-del-amparo-directo-promovido-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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