Corpus
Modo: Corpus Pro

ACTUACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO CARECEN DE VALIDEZ NI CONTRAVIENEN LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO O EL DERECHO DE DEFENSA, POR ESTAR ASENTADAS EN PAPEL TAMAÑO CARTA Y NO EN OFICIO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 109/2014. · Registro digital (IUS): 25359
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2014-11-28
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV, Pág. 2547.

AMPARO DIRECTO 109/2014. 29 DE MAYO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GUADALUPE OLGA MEJÍA SÁNCHEZ. SECRETARIO: LUIS MANUEL FIESCO DÍAZ.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. Bajo esa estructura, previamente al análisis de los conceptos de violación expresados por la solicitante del amparo, atento a lo dispuesto por el normativo 189, párrafo último, de la ley de la materia, no se aprecia algún vicio de fondo del que pudiera derivar la extinción de la acción persecutoria o la inocencia de aquélla, que sea de estudio preferente.

Precisado lo anterior, los conceptos de violación que hace valer la quejosa, son infundados.

En principio, debe decirse a la disconforme que no está justificada y, por tanto, es infundada la solicitud de interpretación directa de las normas convencionales que pide en el concepto de violación destacado con el inciso a).

Ello es así, porque si bien es cierto que el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con ésta y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, principio en materia convencional, que está previsto en el preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual reconoce que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como sustento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional, coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos.

También lo es que como se ha referido en líneas precedentes y se itera, la aplicación del control ex officio en materia de derechos humanos, es una herramienta de interpretación subsidiaria o complementaria del sistema jurídico mexicano, cuyo uso está condicionado a mejorar la norma que la integra, para maximizar la defensa de los ciudadanos, pero únicamente cuando el derecho interno no alcanza para ese fin.

Lo que significa que la aplicación del mencionado control se realiza en suplencia de la deficiencia de la normativa interna; por lo que, evidentemente el juzgador no debe acudir directamente a la norma internacional para buscar respuesta al asunto, en virtud de que, antes, por elemental lógica y preferencia del derecho interno, tiene que analizar cómo está regulado el derecho humano cuestionado en los contenidos que existen en las reglas y principios constitucionales, así como en la legislación doméstica, para que, una vez que se determine mediante los razonamientos respectivos que el derecho fundamental no está protegido o, si lo está, no es suficiente en favor de la persona, se justifique que proceda a realizar el control de convencionalidad ex officio.

De no concebirse así el método, aquél podría aplicarse sin restricción alguna y entonces, acudir de manera directa a la normativa internacional para resolver el caso, sin antes ponderar y justificar la insuficiencia o imperfección del derecho interno, esto es, sin considerar siquiera el sistema jurídico de cada Estado y, por ende, dar una connotación absurda a la figura jurídica del control de convencionalidad ex officio, con una alta probabilidad de excluir la optimización de los derechos humanos a que se refiere el propio artículo 1o. constitucional, ante el abuso en el empleo de esa institución.

Inclusive, porque generalmente los sistemas jurídicos nacionales prevén una serie de formalidades e instancias para que el gobernado haga valer sus derechos y se reparen sus posibles violaciones; de modo que de acudirse directamente al control directo de convencionalidad, tácitamente se estaría desconociendo el sistema de derecho existente.

En este orden de ideas, debe decirse a la quejosa que el derecho fundamental al debido proceso encuentra tutela en nuestro marco jurídico nacional, precisamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo 14 indica que: "Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho."

Y resulta que el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, norma materialmente aplicable al caso, data de mil novecientos treinta y uno (antes de que ocurrieran los hechos imputados a la aquí quejosa), establece una serie de formalidades esenciales que habrán de tener lugar en la integración de una averiguación previa.

Por lo tanto, al estar preservado el referido derecho humano en nuestra legislación, es innecesario acudir directamente a la interpretación que al respecto ofrece el derecho internacional, porque primeramente debe ponderarse la transgresión o no al derecho fundamental que la quejosa considera quebrantado, bajo el tamiz de la legislación nacional.

Máxime que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 138/2011,(1) pronunciada por la Primera Sala de ese Alto Tribunal, definió que en la etapa de averiguación previa, las transgresiones cometidas durante esta fase constituyen violaciones procesales; por lo tanto, bajo la perspectiva anotada, corresponde su análisis a la luz del juicio de amparo, en términos del vigente artículo 173, en relación con el diverso 77, de la ley de la materia, considerando que los indicados numerales tienen como finalidad reparar, en el amparo directo, la transgresión a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución General de la República.

Sentado lo anterior, por cuestión de método, en virtud de que la solicitante del amparo se duele de violaciones procesales que aduce se cometieron en la averiguación previa, su estudio es preferente porque de acuerdo con el principio de mayor beneficio que tutela el juicio de amparo, de resultar ello fundado, haría innecesario el análisis de sus demás argumentaciones.

Así, en acatamiento a lo que establece el criterio emitido por la Primera Sala de Nuestro Máximo Tribunal, citado con antelación, en primer término se analiza el concepto de violación, en donde la peticionaria de garantías expone que las actuaciones del Ministerio Público están viciadas porque se extendieron en papel carta y no en oficio, como dice, lo dispone el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, por lo que afirma, son nulas de pleno derecho.

Pues acorde a tal criterio, las violaciones que se lleguen a producir en la fase de averiguación previa se encuentran contenidas dentro de la categoría de "violaciones procesales", en términos del vigente artículo 173, antes 160 de la Ley de Amparo, de acuerdo a la interpretación que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha dado a tal disposición, a la luz de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el tres de septiembre de mil novecientos noventa y tres, y el tres de julio de mil novecientos noventa y seis; para lo que dijo atender a que la intención del Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue precisamente que dentro de la indicada categoría se comprendieran las violaciones cometidas durante la fase de averiguación previa, al haber hecho alusión a un concepto amplio de juicio de orden penal para efectos de los derechos contenidos en el artículo 20 constitucional.

Ello en tanto fue una intención meramente garantista lo que movió al legislador federal a establecer como violaciones procesales en la fracción XVII del anterior artículo 160, hoy XXII del dispositivo 173, los casos análogos a juicio del órgano jurisdiccional de amparo, y que en dicho supuesto pueden ubicarse las violaciones a derechos fundamentales observables en la averiguación previa, consistentes, según enuncia, en la obtención de pruebas ilícitas, la negativa para facilitar al inculpado los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso, así como la transgresión al derecho de defensa adecuada.

Se transcribe al efecto el invocado criterio, con el rubro y texto:

"AVERIGUACIÓN PREVIA. LAS TRANSGRESIONES COMETIDAS DURANTE ESTA FASE CONSTITUYEN VIOLACIONES PROCESALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE AMPARO. Para determinar si la categoría de ‘violaciones procesales’ contenida en el artículo 160 de la Ley de Amparo es aplicable a las cometidas durante la averiguación previa, es necesario interpretar tal disposición a la luz de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1993 y el 3 de julio de 1996; de las que se colige que la intención del Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue que dentro de la indicada categoría se comprendieran las violaciones cometidas durante la fase de averiguación previa. Ello es así, toda vez que dicho órgano hizo alusión a un concepto amplio de juicio de orden penal para efectos de las garantías contenidas en el artículo 20 constitucional, señalando que éste prevé tanto la fase jurisdiccional (ante el Juez) como la previa (ante el Ministerio Público). Por lo anterior algunas de las garantías antes reservadas para la etapa jurisdiccional ahora deben observarse en la averiguación previa, criterio que se refuerza si se toma en cuenta que el indicado artículo 160 tiene como finalidad reparar, en el amparo directo, la violación a las garantías individuales contenidas en los artículos 14 y 20 constitucionales, pues todo el listado de violaciones se traduce en la vulneración de aquéllas. Además, no debe pasarse por alto la intención garantista del legislador federal, al establecer como violaciones procesales en la fracción XVII del citado artículo 160, los casos análogos precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los Tribunales Colegiados de Circuito, supuesto en el que pueden ubicarse las violaciones a las garantías individuales observables en la averiguación previa, consistentes en la obtención de pruebas ilícitas, la negativa para facilitar al inculpado los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso, así como la transgresión a la garantía de defensa adecuada, violaciones que no ameritarían la reposición del procedimiento, sino la invalidez de la declaración obtenida en su perjuicio o la de la prueba recabada ilegalmente, en tanto que su estudio necesariamente implicaría la interpretación directa de preceptos constitucionales."

En esa virtud, se impone señalar que los argumentos que al respecto se hacen en la primera parte del concepto de violación que se atiende, destacado con el inciso a), resultan infundados por lo siguiente:

Exigir la nulidad de la prueba ilícita es una garantía que le asiste al inculpado durante todo el proceso y cuya protección puede hacer valer frente a los tribunales alegando como fundamento el artículo 14 constitucional, al establecer como condición de validez de una sentencia penal, el respeto al debido proceso que en el caso se traduce a observar las formalidades esenciales del procedimiento; el derecho de que los Jueces se conduzcan con imparcialidad, en términos del artículo 17 constitucional; el derecho a una defensa adecuada que asiste a todo inculpado de acuerdo con el artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, se tiene en cuenta que la regla de exclusión de la prueba ilícita se encuentra implícitamente prevista en nuestro orden constitucional, en tanto que el artículo 135 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en su interpretación a contrario sensu, prevé que ninguna prueba que vaya contra el derecho debe ser admitida.

Sin embargo, de la interpretación armónica del artículo 277 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal -dispositivo en el que la quejosa pretende fundar su derecho y demostrar que las actuaciones del Ministerio Público son nulas de pleno derecho porque no se plasmaron en papel oficio, sino en carta y que por esto no se les puede otorgar valor probatorio-, con el resto de los artículos que se encuentran en el capítulo segundo, denominado "Reglas especiales para la práctica de diligencias y levantamiento de actas de policía", se puede advertir de manera natural que éste se refiere propiamente a las formalidades de las actas que en auxilio del Ministerio Público lleva a cabo la Policía Judicial al recibir, en los casos que ahí se contemplan, las denuncias correspondientes cuando tengan conocimiento de la comisión de un delito que se persiga de oficio; por ello, la interpretación que hace la quejosa no tiene el alcance que pretende.

En efecto, el título segundo denominado "Diligencias de averiguación previa e instrucción", Sección segunda "Diligencias de averiguación previa", Capítulo II "Reglas especiales para la práctica de diligencias y levantamiento de actas de policía", contiene los artículos del 274 al 286 bis; ordenamientos que respecto del tema que interesa, establecen lo siguiente:

"Artículo 274. Cuando la Policía Judicial tenga conocimiento de la comisión de un delito que se persiga de oficio, sólo cuando por las circunstancias del caso, la denuncia no puede ser formulada directamente ante el Ministerio Público, levantará una (sic) acta, de la cual informará inmediatamente al Ministerio Público, en la que consignará:

"I. El parte de la policía, o en su caso, la denuncia que ante ella se haga, asentando minuciosamente todos los datos proporcionados por uno u otra;

"II. Las pruebas que suministren las personas que rindan el parte o hagan la denuncia, así como las que se recojan en el lugar de los hechos, ya sea que se refieran al cuerpo del delito o a la probable responsabilidad de sus autores; cómplices o encubridores, y

"III. Las medidas que dictaren para completar la investigación."

"Artículo 275. Cuando el delito que se ponga en conocimiento de la Policía Judicial sea de aquellos que menciona el artículo 263, aquella orientará al querellante para que acuda a presentar la querella ante el agente del Ministerio Público que corresponda."

"Artículo 277. Las actas se extenderán en papel de oficio, autorizándose cada hoja con el sello de la oficina e insertándose en ellas las constancias enumeradas en el artículo 274, las diligencias de ratificación o de reconocimiento de firma y de todas las determinaciones o certificaciones relativas. Además, se agregarán los documentos y papeles que se presenten."

"Artículo 278. En las oficinas de Policía Judicial, se llevarán los libros necesarios para dar entrada a los asuntos que se tramiten y se formará expediente con copia de cada acta y con los demás documentos que se reciban, dejando copia de éstos últimos cuando fuere necesaria la remisión de los originales."

"Artículo 281. Las diligencias que se practiquen deberán ser breves y concisas, evitándose vacíos y narraciones superfluas que alarguen los procedimientos."

"Artículo 282. Cerrada el acta, se tomará razón de ella y el agente del Ministerio Público procederá con arreglo a sus atribuciones."

"Artículo 284. El Ministerio Público o sus auxiliares asentarán, en el acta que levanten, todas las observaciones que puedan recoger acerca de las modalidades empleadas al cometer el delito."

"Artículo 285. Los mismos servidores asentarán también en dicha acta todas las observaciones que acerca del carácter del probable responsable hubieren recogido, ya sea en el momento de cometer el delito, ya durante la detención, o bien durante la práctica de las diligencias en que hubieren intervenido, incluyendo el grupo étnico indígena al que pertenecen, en su caso."

"Artículo 286. Las diligencias practicadas por el Ministerio Público y por la Policía Judicial, tendrán valor probatorio pleno, siempre que se ajusten a las reglas relativas de este código."

Del artículo 277 del ordenamiento legal en cita, no se advierte una formalidad relativa al tipo de papel (oficio) en que se realizarán las actas ante el Ministerio Público como lo pretende hacer valer la quejosa, sino al proceder de la Policía Judicial al levantar actas, cuando en determinadas condiciones ello le incumbe.

En efecto, la transcripción anterior muestra que cuando la Policía Judicial tenga conocimiento de la comisión de un delito que se persiga de oficio, y sólo cuando por las circunstancias del caso, la denuncia no puede ser formulada directamente ante el Ministerio Público, esa autoridad de seguridad está facultada para levantar una acta con los requisitos que precisa el numeral 274 del código adjetivo de la materia, de la cual debe informar inmediatamente al Ministerio Público.

En cambio, si se trata de un delito perseguible por querella de parte ofendida, el numeral 275 del propio código procesal, prevé que la Policía Judicial debe orientar al querellante para que acuda a presentar el aludido requisito de procedibilidad, ante el agente del Ministerio Público que corresponda.

Ahora bien, en secuencia lógica de procedimiento, el dispositivo 277 del código adjetivo de la materia y fuero dispone el modo en que las actas que levante la Policía Judicial en los supuestos legales respectivos (en tratándose delitos que se persiguen de oficio) deben llevarse a cabo, esto es, extenderse en papel "de oficio", lo que en armonía con lo previsto por el dispositivo 274, quiere decir que se trata de un trámite que debe realizar la autoridad (Policía Judicial), sin que medie actividad de parte interesada.

Mas no como señala la quejosa, que tal frase significa que las actuaciones se tienen que inscribir sólo en papel tamaño oficio.

Lo cual se corrobora con lo que se establece en el capítulo segundo, denominado "Reglas especiales para la práctica de diligencias y levantamiento de actas de policía", y el numeral 278 de la citada ley, que expresa que en las oficinas de la Policía Judicial se llevarán los libros necesarios para dar entrada a los asuntos que se tramiten y se formará expediente con "copia de cada acta" y con los demás documentos que se reciban, dejando copia de estos últimos cuando fuere necesaria la remisión de los originales.

Además, la interpretación que da la quejosa al dispositivo citado tampoco tiene el alcance que aduce, porque las actuaciones a que se refiere como "las actas", como se dijo, son aquellas que levante la Policía Judicial cuando reciba las denuncias correspondientes, no el Ministerio Público.

No obstante lo anterior, aun en el hipotético caso en que asistiera razón a la peticionaria de garantías, es decir, que por "las actas" a que se refiere el artículo 277 del código adjetivo de la materia y fuero, también se quiera aludir a las actuaciones que realice el Ministerio Público en la averiguación previa, y si en el caso, el resultado de ellas se estampó en hojas tamaño carta, tal formalidad, por sí misma, no tiene el alcance para determinar que lo ahí asentado es nulo de pleno derecho ni que las actuaciones así efectuadas se trate de prueba ilícita, porque el valor probatorio de las diligencias realizadas por el Ministerio Público no depende del tipo o tamaño del papel en que éste las deje plasmadas, sino que aquéllas no sean contrarias a las reglas establecidas en la ley para llevar a cabo su desahogo; máxime que en las actuaciones que realizó el representante social, consta el sello de la dependencia, la fecha en que se desarrollaron las diligencias y la firma de las personas que las autorizan.

De ahí que, por el hecho de que tales actuaciones ministeriales se encuentren asentadas en papel tamaño carta, carezcan de validez legal o contravengan las formalidades esenciales del procedimiento, en términos del párrafo segundo del artículo 14 constitucional, pues además de no estar consideradas así por los artículos 173 de la Ley de Amparo, y 12 a 17 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, tampoco transgrede la garantía de defensa contemplada en el artículo 20, fracción X, de la Constitución General de la República.

En cambio, ese hecho puede entenderse lógicamente como una cuestión meramente administrativa y no legal que pueda llegar al extremo de declarar inválida una actuación ministerial en atención al tamaño del papel en que fue plasmada.

Por tanto, resultan inaplicables las tesis que cita para apoyar sus razonamientos.

Es aplicable a lo anterior la tesis I.9o.P.80 P, pronunciada por este Tribunal Colegiado, publicada en la página 2243, Tomo XXXIII, febrero de dos mil once del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto:

"ACTUACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO. NO CARECEN DE VALIDEZ NI CONTRAVIENEN LAS GARANTÍAS DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY O DEFENSA ADECUADA PREVISTAS, RESPECTIVAMENTE, EN LOS ARTÍCULOS 14, PÁRRAFO TERCERO Y 20, APARTADO A, FRACCIÓN IX, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, POR EL HECHO DE QUE SEAN ASENTADAS EN PAPEL TAMAÑO CARTA Y NO OFICIO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Las actuaciones del Ministerio Público anotadas en papel tamaño carta no pueden constituir violaciones procesales en términos del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues además de no estar consideradas así por los preceptos 160 de la Ley de Amparo y 12 a 17 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, el hecho de que estén asentadas en hojas tamaño carta y no oficio como lo establece el numeral 277 de dicho código, que dispone que las actas deben extenderse en ese tamaño, lo cual se refiere a las actas de Policía Judicial por así preverlo los numerales 274 al 277 del citado código, de ninguna manera les resta valor probatorio a dichas actuaciones, si además de su contenido que es jurídicamente trascendente, cumplen con las demás formalidades establecidas en ese ordenamiento procesal, como son, entre otras, la firma y rúbrica del funcionario que las practique, así como el sello de la autoridad correspondiente. Por tanto, el hecho de que tales actuaciones se encuentren asentadas en el formato anotado no quiere decir que carezcan de validez o contravengan las garantías de exacta aplicación de la ley o defensa adecuada establecidas, respectivamente, en los artículos 14, párrafo tercero y 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Federal, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, pues no puede llegarse al extremo de declarar inválida una actuación ministerial en atención al tamaño del papel."

En diverso orden de ideas, este tribunal estima que contrario a lo señalado en el concepto de violación destacado en el inciso b), del análisis de los autos no se advierte violación a los derechos humanos y sus garantías consagrados en el primero de los arábigos en comento, en armonía con lo dispuesto en el ordinal 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; numerales 7, punto 2, 8, punto 1 y 9, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José); y los diversos 9, punto 1, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque en el caso se cumplieron las formalidades del procedimiento, ya que con motivo de la comisión de los hechos imputados se integró una averiguación previa, se puso a disposición del Ministerio Público a la inculpada; la representación social dictó acuerdo de retención (fojas 35 a 37 de la causa penal); después de hacerle saber sus derechos a la ahora quejosa, asistida del defensor de oficio que nombró **********, rindió su declaración ministerial (foja 62 a 66 de la causa penal); dentro del plazo constitucional se ejerció acción penal (fojas 1 a 8 y 85 a 87 de la causa penal).

La autoridad judicial ratificó la detención al actualizarse la figura de flagrancia (foja 88 de la causa penal), le recabó su declaración preparatoria, en la que le hizo saber el inicio del procedimiento instaurado en su contra y de sus consecuencias, además de las garantías que le otorga la Constitución y designó como su defensor al de oficio adscrito al órgano jurisdiccional; dentro del término constitucional se le decretó auto de formal prisión por el delito de robo calificado, previsto y sancionado en el artículo 220, párrafo primero (hipótesis de al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena), 15 (supuesto de acción), 17, fracción I (instantáneo), 18 (hipótesis de dolo), y 22, fracción I (quienes lo realicen por sí), todos del Código Penal para el Distrito Federal, así como la agravante señalada en el numeral 224, fracción III (supuesto de encontrándose el objeto del apoderamiento en un vehículo particular) y la diversa a que se refiere el ordinal 225, fracción I (premisa de cuando se ejerza violencia para defender lo robado), todos del Código Penal para el Distrito Federal este último aspecto modificado por la Sala responsable en la sentencia que se impugna, determinando no tener por acreditada la referida calificativa, lo cual beneficia al aquí quejoso; se ordenó la apertura del procedimiento sumario (foja 118 vuelta de la causa penal) de la que fue notificada, y de conformidad con lo solicitado por su defensa particular, con la anuencia del aquí quejosa, se ordenó la revocación de la apertura del procedimiento sumario para continuarse en la vía ordinaria (fojas 142 a 148 de la causa).

Durante la instrucción se desahogaron las pruebas pertinentes ofrecidas por las partes; cerrada la instrucción y hecha la acusación del Ministerio Público se dictó sentencia en la que se condenó a ********** por la comisión del delito en cita. Previa apelación de la sentenciada, su defensor particular y del Ministerio Público, se tramitó la segunda instancia y mediante sentencia emitida por ese tribunal el dieciséis de enero de dos mil trece, se modificó la resolución en comento, en los términos previamente destacados.

Por lo que, se concluye, no fueron vulneradas en perjuicio del inconforme las garantías previstas en el artículo 14 de la Carta Magna, puesto que fueron cumplidas las formalidades sustanciales del procedimiento.

Al respecto, es de citarse la jurisprudencia P./J. 47/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 133, Tomo II, diciembre de 1995 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y textos siguientes:

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento’. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."

Por otra parte, este órgano colegiado observa que, contrariamente a lo manifestado en el concepto de violación que se atiende, se dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 de la Carta Magna, pues la autoridad responsable cumplió con la garantía establecida en el numeral mencionado, en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación, ya que en la sentencia reclamada se citaron los preceptos legales que sirvieron de apoyo y se expresaron los razonamientos que llevaron a dicha autoridad a concluir como lo hizo, que el asunto que nos ocupa encuadra exactamente en los preceptos de las normas que se invocan respecto al delito, por lo que el fallo que se combate se encuentra fundado y motivado.

Lo anterior es así, en atención a que la Sala penal señaló los motivos que influyeron para concederles valor convictivo a los diversos elementos probatorios que tomó en cuenta, con la expresión a través de razones particulares de su contenido, así como la valoración probatoria que les corresponde, apoyada en los dispositivos legales aplicables en cada caso, invocó los artículos relativos a la individualización de la sanción, y expuso de manera razonada los motivos por los que estimó acreditadas todas y cada una de las hipótesis normativas de referencia; como en adelante se detalla.

Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 143, Volúmenes 97-102, enero-junio de 1977, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro y texto:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."

En efecto, la autoridad responsable, sin vulnerar los principios reguladores del valor d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25359-da28c1c6/actuaciones-del-ministerio-publico-en-la-averiguacion-previa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.