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Modo: Corpus Pro

AMPARO DIRECTO. PROCEDE QUE EN ÉL SE ANALICEN COMO VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LAS COMETIDAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, CUANDO AFECTEN LAS GARANTÍAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 20 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 68/2009. · Registro digital (IUS): 22162
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, , Pág. 37.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 68/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos que son de naturaleza penal de la exclusiva competencia de esta Sala.

SEGUNDO. Legitimación. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en virtud de que en sesión privada del cuatro de marzo de dos mil nueve, ante la falta de legitimación del promovente, el presidente de esta Primera Sala denunció la posible contradicción de tesis; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo.

TERCERO. Diferendo de criterios y fijación del tema a dilucidar. De conformidad con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis no necesita pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(1) puesto que dicho criterio fue ya interrumpido.

Una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos, debe pasar por una serie de reflexiones que abarquen desde la finalidad de la resolución del conflicto hasta la justificación mínima que en cada caso concreto debe acreditarse.

¿Qué finalidad persigue la resolución de una contradicción de tesis denunciada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Para responder a esta pregunta se impone una interpretación del contenido de los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, cuyos textos son los siguientes:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.

"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

En ambos artículos se contiene una norma que confiere poderes de ejercicio obligatorio para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando ya sea en Salas o en Pleno. Mediante el ejercicio de ese poder conferido, se busca esencialmente unificar los criterios interpretativos que dos o más Tribunales Colegiados -o las Salas de la Corte, en su caso- llegaren a adoptar a la hora de resolver algún conflicto.

Las normas citadas expresan, como condición para la procedencia de la contradicción de tesis, que los criterios enfrentados sean contradictorios. El sentido del concepto "contradictorio", sin embargo, ha de entenderse cuidadosamente en función no tanto del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad antes apuntada: la unificación de criterios. Es decir, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio.

La esencia de la contradicción, entonces, radica más en la necesidad de unificar criterios que en la de constatar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una contradicción de tesis, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales.

Lo anterior, no es más que el reflejo natural de los procesos interpretativos. Como se sabe, los sistemas jurídicos no contienen "respuestas correctas únicas" esencialmente porque las fuentes del derecho son sólo la materia prima del ejercicio jurisdiccional mediante el que se va creando el llamado derecho en acción. La legalidad, como dice Alejandro Nieto, se complementa con el arbitrio judicial: "el sistema de arbitrio judicial y el sistema de legalidad forman una unidad imprescindible: tan falso e incompleto es un principio de arbitrio que prescinde de la legalidad como un principio de legalidad que prescinde del arbitrio. La razón de lo anterior es que la legalidad necesita del arbitrio para ser efectiva como el arbitrio necesita de la legalidad para ser lícito." (cita requerida). La discrecionalidad o arbitrio judicial puede definirse como aquella facultad que tienen los órganos jurisdiccionales para aplicar el derecho a las circunstancias concretas del caso que han de resolver. Más precisamente, se trata de una facultad que la ley concede a los juzgadores para que dentro de límites más o menos amplios, la interpreten en relación con el supuesto concreto que ha de solventar, o completen algún extremo que la misma ley deja a su propio juicio.

Así, es normal que a la hora de ejercer este arbitrio existan diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver deben avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.

Resumiendo: si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios, y si el problema radica en los procesos de interpretación -que no en los resultados- adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

2. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

3. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Con este pequeño test lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto.

Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala los tribunales contendientes al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis:

I. Las consideraciones del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el quince de junio de dos mil seis, el amparo directo penal **********, en lo que interesa, son las siguientes:

Amparo directo penal **********.

"OCTAVO. Ahora bien, atendiendo a la técnica que rige para la elaboración de las sentencias de amparo, este Tribunal Constitucional considera pertinente abordar, primeramente, el concepto de violación que se identifica con el inciso 15) en el considerando sexto de la presente ejecutoria, pues de su texto se aprecia que el amparista propone la actualización de violaciones a las reglas que rigen el procedimiento penal. De acuerdo con el artículo 158 de la Ley de Amparo, en el juicio de garantías uniinstancial pueden plantearse fundamentalmente dos tipos de violaciones: las de índole procesal, siendo éstas las que se cometen durante la sustanciación del procedimiento, o en su caso, en la resolución reclamada al llevarse a cabo el examen de uno o varios presupuestos procesales, y por otra parte, las perpetradas en el propio acto combatido, por estar indebidamente fundado o motivado, o incluso, por ser incongruente y carente de exhaustividad. Por las razones expuestas en líneas precedentes, inicialmente se atenderá el concepto de violación en el que se encuentran inmersos los motivos de inconformidad que se dicen relacionados con las normas que rigen el procedimiento penal, y una vez agotado su estudio, de ser procedente, se analizarán aquellos en los que se hace referencia a las violaciones cometidas al pronunciarse la sentencia que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo en que se actúa. Al respecto, es aplicable la tesis de jurisprudencia XXI.3o. J/5, sustentada por este Tribunal Colegiado en su anterior denominación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, septiembre 2003, página 1309, bajo el rubro y texto siguientes: ‘VIOLACIONES PROCESALES EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. ORDEN QUE PUEDE EMPLEARSE PARA SU ESTUDIO.’ (se transcribe). En esa línea de pensamiento, el peticionario de garantías sostiene que en la especie, se transgreden en su perjuicio las normas que rigen el procedimiento penal, toda vez que la orden de aprehensión y el auto de formal prisión decretados en su contra -ambos actos emitidos en el proceso penal natural- por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Aldama, fueron pronunciados por una autoridad incompetente. Con el objeto de examinar dicho concepto de violación, este Tribunal Colegiado estima oportuno, primeramente, establecer en qué momento del procedimiento inicia propiamente el juicio o el proceso penal, si con el auto de radicación que dicta el Juez ante quien se consigna una averiguación previa, en la etapa de preinstrucción; o bien, hasta que se ha resuelto la situación jurídica del inculpado, en la diversa etapa de instrucción. La importancia de efectuar un pronunciamiento en cuanto al punto precedente, radica en la circunstancia de que el artículo 160 de la Ley de Amparo, que establece cuándo se considerarán violadas las leyes del procedimiento penal, permite vislumbrar que éstas sólo pueden actualizarse dentro del juicio penal, de manera que, en la hipótesis de que el juicio iniciara desde el momento mismo en que el Juez de primer grado radica la consignación efectuada por el Ministerio Público, es decir, en la etapa de preinstrucción, por cuestión de técnica jurídica, sería procedente analizar las violaciones procesales tomando en cuenta todas aquellas diligencias que se desahogaron durante dicho periodo, y de resultar fundadas, obligarían a dejar insubsistente todo el procedimiento penal desde la preinstrucción hasta la sentencia definitiva reclamada, incluyendo la orden de aprehensión emitida por el Juez de la causa, el auto de formal prisión y el desahogo de la totalidad de las pruebas practicadas durante la instrucción. Empero, en el supuesto de que el juicio penal iniciare con el dictado del auto de formal prisión, es decir, una vez iniciada la etapa de la instrucción, entonces sólo sería procedente analizar las violaciones procesales a que se refiere el artículo 160 de la Ley de Amparo, respecto de las diligencias desahogadas dentro de dicha etapa, y no de la diversa de preinstrucción, en torno a la cual no podrían actualizarse violaciones procesales, por no suscitarse dentro del juicio penal. Al respecto, conviene tener presente que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el veintidós de noviembre de dos mil, la contradicción de tesis número 63/98, de la que derivó el criterio de jurisprudencia número 40/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, febrero de 2001, página 9, bajo el rubro: ‘MINISTERIO PÚBLICO. DEJA DE TENER EL CARÁCTER DE AUTORIDAD UNA VEZ DICTADO EL AUTO DE RADICACIÓN DE LA CAUSA, POR LO QUE LAS PRUEBAS QUE APORTE POSTERIORMENTE SON PROVENIENTES DE PARTE Y SI SON RECIBIDAS CON CONOCIMIENTO DEL INCULPADO Y DE SU DEFENSOR, PROCEDE CONSIDERARLAS EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN O EN EL DE SUJECIÓN A PROCESO.’, cuyo texto no es necesario transcribir, entre otras cuestiones, dilucidó que el juicio o proceso penal inicia propiamente con el dictado del auto de radicación del juicio por parte del Juez del proceso. Lo anterior se desprende de la ejecutoria respectiva, de la que se aprecia lo siguiente: (se transcribe). Fijado el punto de debate, en torno al tema que aquí interesa, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa a la jurisprudencia número 40/2000, se pronunció en los términos siguientes: (se transcribe). En las relatadas condiciones, este Tribunal Colegiado sostiene que cuando en el artículo 160 de la Ley de Amparo, se establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento en los juicios del orden penal, en los casos que enunciativamente señala el legislador en el propio precepto, se refiere a aquellas transgresiones que son susceptibles de actualizarse a partir de que el Juez del conocimiento radica la averiguación previa consignada por la institución del Ministerio Público, ya que con esta determinación le confiere a las actuaciones la calidad de causa o proceso penal, con integración de la relación procesal y las formalidades que la jurisdicción de un tribunal determinado brinda para las partes, lo que lleva a concluir que cualquier violación procesal denunciada por el reo desde el dictado de la radicación de la causa hasta el pronunciamiento de la sentencia definitiva, son tópicos cuyo examen deberá ser efectuado por los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, en el ámbito de su respectiva competencia, encargados de proteger la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en beneficio de los gobernados."

Dicho Tribunal Colegiado, en el diverso amparo directo penal **********, resuelto el trece de septiembre de dos mil siete, aplicando el mismo criterio descrito con antelación, concluyó lo siguiente:

"Las citadas inconformidades son inatendibles, en la medida que se refieren a la tramitación de la averiguación previa, por cuyo motivo tales aspectos no es posible abordarlos como violaciones procesales, en el juicio de amparo directo; toda vez que de conformidad con el artículo 160 de la Ley de Amparo, las violaciones al procedimiento en el juicio penal, susceptibles de reclamarse en esta vía, son aquellas actuaciones surgidas dentro del proceso penal, específicamente desde el auto de radicación hasta la actuación que antecede a la sentencia definitiva, dentro de las cuales no se encuentra ninguna que se refiera a la etapa de averiguación previa, cuya integración corresponde al Ministerio Público."

El citado Tribunal Colegiado sostuvo el mismo criterio, al resolver los amparos directos penales **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********.

Los mencionados asuntos originaron la emisión de la jurisprudencia siguiente:

"VIOLACIONES PROCESALES EN AMPARO DIRECTO PENAL. SON MATERIA DE ESTUDIO LAS QUE SE ADVIERTAN OFICIOSAMENTE Y LAS PLANTEADAS POR EL INDICIADO, COMETIDAS DESDE EL AUTO DE RADICACIÓN DE LA CAUSA HASTA LA ACTUACIÓN QUE ANTECEDE A LA SENTENCIA DEFINITIVA(2). Cuando el legislador dispuso en el artículo 160, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que en los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento, en las hipótesis que detalla enunciativamente, sin lugar a dudas quedan comprendidas las que se cometan desde el auto de radicación de la causa hasta la actuación que antecede a la sentencia definitiva. Ello es así, porque acorde con la doctrina del proceso penal, el proveído que admite a trámite la consignación del Ministerio Público es la primera resolución que dicta el órgano jurisdiccional, mediante la cual se integra en forma efectiva la relación procesal entre el Juez, el indiciado y la representación social. Lo anterior significa que las violaciones procesales que se adviertan oficiosamente y las planteadas por el indiciado deberán ser materia de estudio en el juicio de amparo directo si se cometieron en el periodo antes indicado, ya que ello es acorde con la obligación que deriva de los artículos 76, 76 Bis, fracción II y 158 de la propia legislación, en cuanto imponen a los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, en el ámbito de sus respectivas competencias, la protección de las garantías de los gobernados tuteladas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Como se advierte, este Tribunal Colegiado considera que existen inconformidades referentes a la averiguación previa, que no es posible abordarlas como violaciones procesales en el juicio de amparo directo, en razón de que, en términos del artículo 160 de la Ley de Amparo, las violaciones al procedimiento en el juicio penal, susceptibles de reclamarse en esta vía son aquellas actuaciones surgidas dentro del proceso penal, específicamente desde el auto de radicación hasta la actuación que antecede a la sentencia definitiva, dentro de las cuales no se encuentra ninguna que se refiera a la etapa de averiguación previa, cuya integración corresponde al Ministerio Público.

II. Las consideraciones del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el veintidós de octubre de dos mil cuatro, el amparo directo **********, en la parte que interesa, son las siguientes:

"OCTAVO. Son en parte infundados y en parte inatendibles los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso. Aduce el impetrante de garantías, en esencia, que durante la tramitación de la averiguación previa, el Ministerio Público desahogó diversas diligencias sin cumplir con las formalidades que se establecen en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, las que hace consistir en lo siguiente: No le notificó sobre la recepción del dictamen pericial en materia de valuación, para estar en posibilidad de objetarlo y desvirtuarlo con prueba de similar naturaleza. Únicamente ordenó la intervención del perito oficial en materia de valuación e identificación vehicular, giró el oficio respectivo y posteriormente recibió y agregó a los autos los dictámenes, sin llevar a cabo las formalidades que para el caso señalan los artículos 12, 16, 193, 217, 220 y 222 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México. Omitió recibir la comparecencia de los peritos en materia de valuación, en la que se les hiciera saber el cargo conferido para que lo aceptaran y protestaran, además no se les tomó protesta de decir verdad; de igual modo, no se acreditó que los peritos hayan tenido nombramiento oficial, y el artículo 222 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, impone la obligación de hacer saber el nombramiento a los peritos para que sean protestados. Los dictámenes periciales a que hizo mención, no cumplen con los requisitos que para su desahogo señala el artículo 254 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México. En la fe ministerial del vehículo, también se advierte que a bordo se encontraba un diablo metálico grande, el que no fue valuado. Le causa agravio que el Ministerio Público no hubiera desahogado correctamente la diligencia de fe ministerial de la mercancía, ya que el citado fiscal refirió en la diligencia de que se habla, que el contenido de las cajas le fue manifestado por el propio denunciante, y no se percató de la existencia del contenido de las mismas; todo ello es trascendente, dado que al confrontar la fe ministerial de la mercancía, con las notas de remisión con las que se acreditó la propiedad de la mercancía, no corresponden en cantidad. Las violaciones a las leyes procesales cometidas durante la fase de averiguación previa, no pueden dar lugar a una concesión de la protección constitucional para efectos de reposición del procedimiento, en virtud de que durante esa etapa, si bien el Ministerio Público actúa como autoridad, al promover el ejercicio de la acción penal se convierte en parte, carácter que conserva hasta el dictado de la sentencia o resolución que pone fin al procedimiento; debiendo el órgano jurisdiccional al resolver en definitiva, examinar y valorar las pruebas recabadas tanto por dicha representación social en aquella fase como las diversas allegadas a la causa durante la instrucción. En consecuencia, malamente la concesión de la protección constitucional podría tener el alcance de ordenar a la Sala responsable, que a la vez el a quo ordenara a una de las partes del proceso (órgano de acusación que ni siquiera puede figurar como autoridad responsable en el juicio de amparo directo) reponer sus actuaciones. No obstante, de lo anterior no se sigue necesariamente que todos los conceptos de violación referidos a infracciones a las leyes adjetivas cometidas durante la averiguación previa deban considerarse inatendibles o inoperantes, puesto que existen supuestos en los que dada la magnitud de la violación, ésta anule el valor de alguna o algunas de las pruebas recabadas durante esa fase, mismas a las que la responsable pudo erróneamente conferir valor pleno, para condenar en la forma en que lo hizo. Lo anterior, se corrobora con el contenido de las fracciones XIV y XV del artículo 160 de la Ley de Amparo, que a la letra disponen: ‘Artículo 160. En los juicios del orden penal, se considerarán violadas las leyes del procedimiento, de manera que su infracción afecte a las defensas del quejoso: ... XIV. Cuando la sentencia se funde en la confesión del reo, si estuvo incomunicado antes de otorgarla, o si se obtuvo su declaración por medio de amenazas o de cualquiera otra coacción; XV. Cuando la sentencia se funde en alguna diligencia cuya nulidad establezca la ley expresamente.’; confesión y diligencia, respectivamente, que desde luego, pueden haberse recabado o realizado durante la fase indagatoria. No es óbice para proceder de esta manera el que el concepto de violación de referencia se limite a destacar la infracción procesal cometida durante la averiguación previa, sin vincularla con el valor conferido por la responsable a la prueba o pruebas con los que se relaciona, pues en observancia del artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, el Tribunal Colegiado se encuentra obligado a darle contestación ante la mera posibilidad que de declararse fundado el concepto de violación de mérito incida en el valor otorgado al acervo probatorio que la responsable ha estimado para condenar. Por ello, las violaciones cometidas durante esa etapa que el ahora quejoso aduce serán estudiadas al examinarse el tópico de la correcta valoración de las pruebas."

El citado Tribunal Colegiado, al resolver los amparos directos **********, **********, ********** y **********, sostuvo el mismo criterio.

Dichos asuntos originaron la emisión de la jurisprudencia siguiente:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN REFERIDOS A INFRACCIONES A LEYES ADJETIVAS COMETIDAS DURANTE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO TODOS DEBEN ESTIMARSE INATENDIBLES O INOPERANTES(3). No todos los conceptos de violación referidos a infracciones a las leyes adjetivas cometidas durante la averiguación previa necesariamente deben considerarse inatendibles o inoperantes, ya que existen supuestos en los que dada la magnitud de la violación, puede anularse el valor de alguna o algunas de las pruebas recabadas durante esa fase, a las que la responsable pudo erróneamente conferir valor pleno para condenar en la forma en que lo hizo; lo anterior, aun cuando los conceptos de violación se limiten a destacar la infracción procesal cometida durante la averiguación previa, sin vincularla con el valor conferido por la responsable a la prueba o pruebas con las que se relaciona, ello en observancia del artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, esto es, el Tribunal Colegiado se encuentra obligado a darles contestación ante la mera posibilidad de que, de declararse fundados los conceptos de violación de mérito, incidan en el valor otorgado al acervo probatorio que la responsable ha estimado para condenar. Por ello, las violaciones cometidas durante esa etapa, que pudieren tener ese alcance, deben estudiarse al examinar el tópico de la correcta valoración de las pruebas."

Como puede advertirse, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito sostiene que cuando en la demanda de amparo directo se formulan conceptos de violación en los que se alegan violaciones procedimentales acaecidas en la averiguación previa, y éstas estuvieran referidas al material probatorio aportado a juicio, deben ser analizadas, en suplencia de la queja, en cuanto a si dicho material fue debidamente valorado en el juicio por el Juez de la causa.

En otros términos, este Tribunal Colegiado precisa que si tales conceptos están referidos a la forma en que en la etapa de averiguación previa se obtuvieron las pruebas que después fueron aportadas a juicio por el Ministerio Público, debe entenderse, conforme a las reglas de la suplencia de la queja deficiente, que lo argumentado en los conceptos se refiere a la valoración judicial de ese material probatorio.

Como puede verse, el primer requisito se surte perfectamente en el caso concreto, ya que cada uno de los tribunales, ante la falta de una norma que de manera expresa regulara el supuesto presentado, a través del arbitrio judicial realizaron una interpretación jurídica del artículo 160 de la Ley de Amparo, que establece los supuestos en que podrán considerarse violadas las leyes del procedimiento que afecte las defensas del quejoso en los juicios de orden penal, para determinar si existe o no obligación de analizar las violaciones acontecidas durante la averiguación previa.

De este modo, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito interpretó que el legislador, en las hipótesis para considerar violadas las leyes del procedimiento en un juicio de orden penal, que detalla enunciativamente en el mencionado artículo 160, sin lugar a dudas, quedan comprendidas las que se cometan desde el auto de radicación de la causa hasta la actuación que antecede a la sentencia definitiva; que dichas violaciones, si se advierten oficiosamente o se plantean por el indiciado, deberán ser materia de estudio en el juicio de amparo directo si se cometieron en el periodo antes referido.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito interpretó que las infracciones a las leyes adjetivas cometidas durante la averiguación previa, deben estudiarse cuando tengan el alcance de anular el valor de alguna o algunas de las pruebas recabadas durante la citada fase. Por tanto, las violaciones cometidas durante esa etapa deben estudiarse al examinar el tópico de la correcta valoración de las pruebas.

Segundo requisito: Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados contendientes existió un punto de toque con respecto a la resolución de un mismo tipo de problema jurídico a resolver, para el cual se necesitó del

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22162-3140368e/amparo-directo-procede-que-en-el-se-analicen · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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