CATEO. ANTE LA AUSENCIA DEL OCUPANTE DEL LUGAR OBJETO DE LA ORDEN, CORRESPONDE A LA AUTORIDAD DESIGNAR A LOS TESTIGOS, SIN QUE AQUÉL PUEDA HACERLO DESPUÉS DE INICIADA LA DILIGENCIA, AL SER ENCONTRADO ESCONDIDO EN EL INTERIOR DEL DOMICILIO CATEADO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 276/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos que son de naturaleza penal de la exclusiva competencia de esta Sala.
SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en virtud de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, que es uno de los órganos colegiados entre los que se suscitó la probable contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:
A) El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver el veintinueve de junio de dos mil cinco, el amparo directo penal 584/2004, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"QUINTO. Uno de los conceptos de violación que anteceden resulta suficiente y fundado para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Para una mejor comprensión del presente asunto, es pertinente precisar que al emitir el acto reclamado, el tribunal responsable estimó plenamente acreditados tanto los elementos objetivos o externos que configuran el delito contra la salud en la modalidad de posesión de cocaína y marihuana, previsto y sancionado por el artículo 195, primer párrafo, en relación con el 194, fracción I, del Código Penal Federal en vigor, así como la plena responsabilidad imputada a la quejosa; con las pruebas aportadas en la causa penal 111/2003, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, ubicado en Tapachula de Córdova y Ordóñez, instruida en contra de ********** mismas que obran debidamente extractadas en el acto reclamado, por lo que resulta ocioso transcribirlas nuevamente, sin que ello impida destacarlas en la medida que así lo imponga este estudio. Los preceptos mencionados con antelación, establecen lo siguiente: (transcribe). Los elementos materiales que constituyen el cuerpo del delito contra la salud en su modalidad de posesión de cocaína, son: a) La existencia de uno o alguno de los narcóticos a que se refiere el artículo 193 del Código Penal Federal; b) Que el sujeto activo posea el narcótico sin tener la autorización que se prevé en la Ley General de Salud; y, c) Que la posesión del narcótico sea con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194 del Código Penal Federal. Ahora bien, la quejosa esgrime, en esencia, que los medios de prueba que obran en el sumario no demuestran de manera fehaciente que ejerciera un poder de disposición sobre los estupefacientes que supuestamente encontraron en su domicilio, porque la autoridad responsable valoró de forma incorrecta la diligencia de cateo que obra en la causa penal, pues, según la inconforme, dicha actuación constituye un simple indicio no corroborado que carece de valor probatorio, ya que no se llevó a cabo en los términos que autorizó la Jueza de Distrito ni se cumplió con las formalidades que establece el ordenamiento procesal punitivo; que no les manifestaron el derecho que tenían para nombrar testigos o firmar el acta circunstanciada, ni les pusieron a la vista los objetos encontrados; y, que dicho documento fue elaborado en las oficinas de la Procuraduría General de la República. En efecto, este órgano de control de legalidad estima que el tribunal responsable no analizó de forma pormenorizada la diligencia de cateo referida, para verificar si ésta reunía o no los requisitos que al efecto prevén la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Procedimientos Penales; circunstancia que se traduce en una falta de motivación en la emisión del acto reclamado. Con el propósito de sostener la afirmación de mérito, es pertinente definir claramente los siguientes tópicos: a) En qué consiste el cateo; b) Cuál es el objeto de una orden de cateo; c) Cuáles son los requisitos que se deben advertir a efecto de librar una orden de tal naturaleza; d) Cuál es la autoridad facultada para ejecutarla; e) Cuáles son las consideraciones que deben advertirse al momento de diligenciar una orden de cateo; f) Cuál es el valor probatorio que se le debe de otorgar al acta levantada con motivo de un cateo; y, g) De qué manera acontecieron los hechos en el caso concreto. En primer término, resulta oportuno señalar que los actos de comprobación y averiguación ministerial, que deban realizarse en lugares cerrados, requieren previa autorización judicial en aquellos supuestos en los que el lugar en donde se vaya a efectuar la aludida diligencia tenga la consideración de domicilio. A dicha autorización se le ha denominado ‘orden de cateo’. Lo anterior se desprende de la lectura del contenido del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es del tenor siguiente: (transcribe). Del precepto transcrito, particularmente de los párrafos octavo y onceavo, se deriva la facultad constitucional con que cuentan las autoridades judiciales a efecto de obsequiar órdenes de cateo, así como que el órgano bajo cuya exclusividad se encuentra la solicitud de otorgamiento de la referida orden, lo es el Ministerio Público. Corolario de lo anterior, el artículo 61 del Código Federal de Procedimientos Penales, señala: (transcribe). De esta manera, la orden de cateo constituye esencialmente el imperativo otorgado a la autoridad para que ésta registre y allane una morada, con el propósito de buscar personas u objetos que estén relacionados con la investigación de un delito. Por su parte, el artículo 63 del mismo ordenamiento procesal que se invoca, prevé: (transcribe). De una interpretación armónica y sistemática de los numerales 61 y 63 del referido código, se vislumbran los requisitos que debe contener la reseñada orden de cateo, esto es: a) Debe de otorgarse en forma escrita; b) Expresar el objeto y la necesidad de la práctica del cateo; c) Especificar la ubicación del lugar a inspeccionar; y, d) Precisar cuál es, en su caso, la persona o personas que han de localizarse o de aprehenderse, y los objetos que se buscan o han de asegurarse. Realizadas las precisiones de mérito, corresponde ahora determinar cuál es la autoridad facultada para ejecutar una orden de cateo. Al respecto, el artículo 62 del código adjetivo de la materia y fuero, establece lo siguiente: (transcribe). Precepto legal de cuya lectura se desprenden los siguientes puntos medulares: a) La persona o personas facultadas para llevar avante la diligencia, deberán estar expresamente aludidas en la orden correspondiente; b) Sólo la autoridad judicial que expida la referida orden, será la que determine quienes pueden llevar a cabo la diligencia de mérito; y, c) Las personas que pueden facultarse por la autoridad judicial obsequiante (el tribunal que la decrete, el secretario o actuario adscrito al tribunal correspondiente o los funcionarios o agentes de la Policía Ministerial). Precisado lo anterior, corresponde ahora establecer cuáles son las circunstancias especiales que se deben advertir al momento de tener verificativo la diligencia de cateo. En ese sentido, el artículo 16, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla que: (transcribe). Por su parte, los numerales 61 y 64 del Código Federal de Procedimientos Penales, estatuyen lo siguiente: (transcribe). De los anteriores dispositivos, se desprenden las condiciones especiales que deben cumplirse al momento de efectuar la diligencia de cateo, que son las siguientes: a) Se debe llevar a cabo por el órgano y personal autorizado en la orden correspondiente; b) En el horario comprendido entre las seis y las dieciocho horas, salvo las excepciones previstas por la ley; c) Circunscribirse al lugar, objeto y personas buscadas; y, d) Verificarse ante la presencia de dos testigos. Es aquí, y dado el sentido de la presente ejecutoria, en donde cobra relevancia el aspecto referido en el inciso d) de la relación que antecede, motivo por el cual se procede a establecer: 1. Cuál fue la voluntad del Constituyente y del legislador ordinario, al implementar la necesidad de nombrar testigos durante la diligencia de cateo, lo anterior en el contenido del artículo 16 de la Constitución Federal y 61 del vigente Código Federal de Procedimientos Penales; 2. Cuál es el objeto que se persigue con el nombramiento de los referidos testigos, y la función de éstos durante la diligencia correspondiente; y, 3. En qué momento se debe de realizar el aludido nombramiento. En ese orden de ideas, en el proyecto propuesto por la comisión creada especialmente para la redacción de la Constitución de 1917, el numeral 16, en la parte conducente, era del tenor siguiente: (transcribe). Dicha propuesta causó polémica en el Constituyente respecto a dos aspectos: qué se debía entender por ‘personas honorables’, en las cuales debía de recaer el nombramiento de testigos; y, quién estaba en aptitud de nombrar o señalar a los referidos testigos. Dada la trascendencia de dicho requisito, el mismo fue materia de un sinnúmero de intervenciones durante las discusiones previas a la expedición de la Constitución de 1917, y respecto al nombramiento de los testigos que actuarían durante la diligencia de cateo, se realizó el siguiente comentario: (transcribe). Para evitar la referida problemática, finalmente se retiró la palabra de ‘honorables’ y se estimó correcto el establecer que fuera el propietario de la casa cateada, la persona que designara a los testigos de mérito. Ahora bien, para poder vislumbrar cuál fue la voluntad del legislador a efecto de que al momento de llevarse a cabo la diligencia de cateo, se nombrara a dos testigos, cabe hacer referencia a la afirmación realizada durante la discusión del proyecto propuesto por la comisión encargada de relatar la Constitución de 1917, misma que es del tenor siguiente: (transcribe). En ese sentido, es dable afirmar que el nombramiento de los testigos durante una diligencia de cateo, se constituyó como una garantía a favor del gobernado con un doble propósito: que no se cometieran atropellos respecto al lugar y a las personas encontradas en éste, y que existiera una certeza respecto a la forma en la cual se llevara a cabo la diligencia. Sin embargo, se suscitó un diverso problema, como lo es de qué manera se debía proceder al momento en que no se encontrara a persona alguna en el domicilio cateado o la que se encontrare se negara a designar testigos. La propuesta más viable la otorgó el diputado **********, quien ante el Constituyente señaló: (transcribe). La serie de argumentos anteriormente relacionados desembocó en la redacción que finalmente tomaría el artículo 16 de la Constitución Federal, mismo que, en la parte que interesa, quedaría como sigue: (transcribe). Redacción que, respecto al cateo, aun en diverso orden sigue vigente, pues subsiste la intención inicial del Constituyente, al estatuirse la obligación de nombrar testigos en las diligencias de cateo, para evitar arbitrariedades y crear certidumbre jurídica en el resultado que la diligencia arroje. Lo anterior se corrobora con la evolución histórica que privó en el contenido del artículo 61 del Código Federal de Procedimientos Penales, mismo cuya primera redacción, en la parte conducente, establecía lo siguiente: (transcribe). Por otra parte, si bien es cierto que el veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, se hicieron públicas las reformas, entre otros, al numeral 61 de mérito, su redacción prácticamente continuó siendo la misma: (transcribe). No obstante, en la reforma realizada a dicho precepto legal y publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de mil novecientos noventa y uno, se advirtió una verdadera innovación que resultaría coherente con el texto del artículo 16 de la Constitución Federal, pues la redacción del dispositivo de mérito, quedaría de la siguiente manera: (transcribe). En efecto, de dicha redacción se distingue un aspecto de suma importancia, que el Constituyente ya había vislumbrado: El nombramiento de testigos que acudieran y estuvieran presentes durante la diligenciación de una orden de cateo, mismos que tendrían que firmar en el acta que se levan
ara con tal motivo. Hecho que se apoyó en los argumentos que serían retomados de aquellos exteriorizados por el Constituyente, aproximadamente setenta y cuatro años atrás. Lo anterior es cierto, pues de la lectura de la discusión de las reformas al artículo, entre otros, 61 del Código Federal de Procedimientos Penales, se destaca la efectuada en la Cámara de Origen, en la cual se enfatizó: (transcribe). En ese sentido, es fácil concluir que el desideratum del Constituyente y del legislador ordinario, al implementar las formalidades relativas a las diligencias de cateo, entre las que se encuentra el nombramiento de testigos, fue evitar abusos, arbitrariedades y crear certeza jurídica en las diligencias de mérito, caso contrario se vulneran las garantías individuales del gobernado. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XLIV, página 3453, cuyo rubro y texto dicen: ‘CATEOS, PROCEDIMIENTO LEGAL EN LOS.’ (transcribe). En ese orden de ideas, para hacer factible el cumplimiento de la referida voluntad, el nombramiento de los testigos a los que se refieren los artículos 16 de la Constitución Federal y 61 del Código Federal de Procedimientos Penales, debe realizarse bajo las siguientes premisas: a) Se debe otorgar la oportunidad a la persona que se encuentre en el lugar objeto de la orden, de designar a los testigos y sólo en caso de que ésta no acceda a ello o de no encontrarse ocupante alguno en el inmueble, entonces dicha facultad corresponderá a la autoridad que lleve la diligencia; y, b) Dicha designación, en caso de que las circunstancias así lo permitan, deberá realizarse al momento de iniciar la diligencia de cateo (pues existen hipótesis en las que materialmente resultaría imposible hacer esa designación como se verá más adelante), levantando al concluirla un acta circunstanciada de lo que aconteció, precisamente con la intervención de los testigos designados. Como se advierte, el fin que se persigue con el nombramiento o la designación de los testigos en la diligencia de cateo, es que éstos estén en aptitud de apreciar la forma cómo se lleva a cabo la diligencia, las incidencias que surjan durante la misma, motivo por el cual si éstos no son designados o son nombrados después de concluida el acta circunstanciada en el domicilio objeto del cateo, ello crea incertidumbre jurídica al respecto y contraría el ánimo del legislador. En efecto, retomando al Constituyente de 1917, éste estimó oportuno el nombramiento de los testigos, al precisar que: (transcribe). Apreciaciones que también deben de privar para aquellos testigos que sean designados por la autoridad que desahogue la diligencia, en los supuestos ya referidos. Puntualizado lo anterior, se procede a estudiar el hecho relativo a qué sucederá en caso de que el cateo que se lleve a cabo no cumpla con las formalidades que han sido referidas. Al respecto, el artículo 284 del Código Federal de Procedimientos Penales, estatuye que: (transcribe). En efecto, una diligencia de tal naturaleza que no contenga los requisitos que constitucional y legalmente le son exigidos, mismos que han sido relacionados en la presente determinación, ningún valor probatorio debe otorgársele. Consideración que se ve confirmada por el contenido del artículo 61 del Código Federal de Procedimientos Penales, el cual señala: (transcribe). No obstante, es precisamente el rigor del texto constitucional el que conlleva a concluir que si una orden de cateo y su subsiguiente práctica, no respetan las formalidades que al efecto se establecen, serán contrarios al espíritu del Constituyente, el que se apoya, como se dijo, en la salvaguarda de la inviolabilidad del domicilio de los particulares. En ese sentido, ningún valor probatorio se le debe otorgar a la diligencia realizada en contravención a los multirreferidos artículos constitucional y legales, haciendo la aclaración de que con ello no se trata de proteger la impunidad o de impedir que la autoridad persiga los delitos o castigue a los delincuentes, sino de asegurar que las autoridades actúen siempre con apego a las leyes y a la propia Constitución, para que éstas sean instrumentos efectivos de paz y seguridad social, y no de opresores omnímodos de los individuos. Ahora bien, en el caso concreto, son de advertirse los siguientes antecedentes del caso: 1. Mediante escrito de veinticuatro de mayo de dos mil tres, el agente del Ministerio Público acudió ante la autoridad judicial competente, para solicitar la autorización de cateo al domicilio ubicado en la ********** calle ********** sin número, entre las casas marcadas con los ordinales ********** y **********, entre las avenidas ********** y **********, en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas (fojas 67 a 79); 2. Correspondió conocer de dicha petición a la Jueza Cuarto de Distrito en el Estado, quien en oficio 1531 de esa misma data, concedió la orden de cateo solicitada (fojas 81 a 84); y 3. El veinticinco de mayo de dos mil tres, se desahogó la orden de cateo y se elaboró el acta circunstanciada correspondiente, en los siguientes términos: (transcribe). Diligencia de la cual se advierte que, al principio del acta, se señaló que la representación social actuó con testigos de asistencia, pero no mencionó el nombre de éstos y, posteriormente, expresó el derecho para que los habitantes del domicilio cateado designaran a los testigos, requisito a que alude el artículo 16 de la Constitución Federal y el 61 del Código Federal de Procedimientos Penales, sin embargo, aconteció en la parte final del acta, e incluso una vez terminada la diligencia. Dadas las circunstancias de mérito, resulta oportuno destacar los aspectos siguientes: a) En qué consisten y cómo actúan los denominados testigos de asistencia; y, b) Cuál es el momento oportuno a efecto de designar a los testigos a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Federal, durante la diligencia de cateo. Respecto al primero de los tópicos señalados, el numeral 16, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Penales, contempla lo siguiente: (transcribe). Precepto legal de cuya lectura se infiere que, en primer término, los agentes del Ministerio Público, en el desahogo de las diligencias correspondientes, se auxiliarán de su secretario, sin embargo, y sólo a falta de éste, lo harán a través de testigos de asistencia. Bajo ese contexto, si bien es verdad que en la diligencia de fecha veinticinco de mayo de dos mil tres (cateo), la representación social señala que actuó con testigos de asistencia, mismos a los que se refiere en el inicio del acta de mérito y cuyos nombres no fueron relacionados en esa parte; también lo es que dichos testigos resultan de diversa naturaleza a los que se refiere el artículo 16 de la Constitución Federal, pues aquéllos sólo fueron designados como auxiliares del Ministerio Público y su única función era firmar el acta circunstanciada para dar fe de la actuación del agente correspondiente y no de los hechos que se asientan en la misma. Ello es así, pues como se ha destacado en párrafos precedentes, la designación de los testigos que por mandato constitucional y legal, deben nombrarse en una diligencia de cateo, ha de realizarse bajo las siguientes condiciones: a) Si al comenzar la diligencia de cateo, se encuentra a un habitante en el domicilio objeto de la orden, será con éste con el que se entienda la actuación correspondiente y se le otorgará la oportunidad de designar a dos testigos, ello al iniciar la diligencia; b) Si al comenzar la diligencia no se encuentra a ninguna persona en el domicilio objeto de la orden, pero durante el desahogo de la misma se localiza a determinada persona en el domicilio de mérito (verbigracia: si está escondido el habitante), en ese momento se le otorgará la oportunidad de designar a los mencionados testigos; y, c) Sólo en el caso de que no se encuentre a ninguna persona en el domicilio correspondiente, o la que se encuentre se niegue a realizar la designación, entonces será la autoridad que verifique el cateo, la que procederá al nombramiento de aquéllos, ello al iniciarse la diligencia correspondiente. Así las cosas, es de apuntarse que bajo ninguna circunstancia se deberá nombrar a los testigos de referencia una vez terminada la diligencia, pues ello contravendrá el contenido del artículo 16 de la Constitución Federal y 61 del Código Federal de Procedimientos Penales, como aconteció en el presente caso, toda vez que la autoridad ministerial que desahogó el multicitado cateo, expresó: (transcribe). De donde se colige que la oportunidad para designar a los testigos, se les hizo saber a los habitantes del domicilio cateado en forma posterior a la conclusión de la diligencia. Sin que sea óbice a lo anterior, la circunstancia especial relativa al hecho de que al final del acta firmen diversas personas, pues como se ha establecido, ninguna de éstas fue designada en calidad de testigo de la diligencia, sino como ‘de asistencia’ del Ministerio Público, como se corrobora en la parte inicial del acta, lo que conlleva al demérito del valor probatorio de dicha actuación ministerial. Además, del interrogatorio que formuló la defensa a **********, **********, **********, **********, ********** y **********, se advierte que éstos aseveraron haber firmado la aludida acta en las oficinas de la Agencia Federal de Investigación (fojas 277, 280, 282, 297, 299, 300 y 312). Datos con los cuales se desprende que el acta circunstanciada de fecha veinticinco de mayo de dos mil tres, que se elaboró con motivo del cateo efectuado en el domicilio de la ahora quejosa, no colma los requisitos previstos por el artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 61 del Código Federal de Procedimientos Penales; por tanto, es evidente que el tribunal responsable, al otorgarle valor probatorio pleno a dicha probanza, vulneró el contenido del artículo 16 de la Constitución Federal, pues no motivó las circunstancias especiales por las cuales estimó que debe conferírsele esa validez, aun cuando ésta no reúne los requisitos legales que le son inherentes. Así también, de la sola lectura de la multicitada acta circunstanciada se advierte que ésta carece de los requisitos que contempla el numeral 70 de la ley adjetiva penal federal, que a la letra dice: (transcribe). Lo anterior es así, en virtud de que el fiscal investigador se abstuvo de mostrar los objetos encontrados a los habitantes del inmueble cateado, para que éstos los reconocieran y pusieran su firma, rúbrica o huellas digitales; tampoco se advierte que el representante social haya colocado en aquéllos una tira de papel sellada en ambos extremos, y menos que formulara invitación a la inculpada para que pusiera su firma o huellas digitales en los referidos objetos. En las relatadas condiciones, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, dicte otra, en la que tome en consideración lo establecido en esta ejecutoria y valore adecuadamente la diligencia de veinticinco de mayo de dos mil tres, realizada por el representante social y, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda. Concesión que se hace extensiva al acto de ejecución que se reclama del director del Centro de Readaptación Social Número Cuatro, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, en virtud de que no se atacó por vicios propios, sino que se hizo depender de la sentencia reclamada. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 88, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 70, cuyos rubro y texto dicen: ‘AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.’ (transcribe). Toda vez que resultó suficiente el concepto de violación analizado para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, es innecesario el estudio de los restantes, en virtud de que la inconformidad contenida en ellos quedará sin efecto con el cumplimiento que la responsable dé a esta ejecutoria. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 107, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 85, cuyo rubro y texto dicen: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.’ (transcribe)".
El citado Tribunal Colegiado, mismo criterio sostuvo al resolver los amparos directos 895/2004, 872/2006 y 745/2007.
El criterio anterior originó la emisión de la tesis que es del tenor siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXVII, febrero de 2008
"Tesis: XX.2o.79 P
"Página: 2243
"CATEO. EL NOMBRAMIENTO DE LOS TESTIGOS REALIZADO UNA VEZ TERMINADA DICHA DILIGENCIA, CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 16, PÁRRAFO OCTAVO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 61 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y, POR TANTO, EL ACTA CIRCUNSTANCIADA LEVANTADA AL EFECTO, COMO LAS PRUEBAS OBTENIDAS COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE AQUÉL, CARECEN DE EFICACIA PROBATORIA. De una interpretación sistemática del artículo 16, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del numeral 61 del Código Federal de Procedimientos Penales se advierten las condiciones especiales que deben cumplirse al momento de efectuar un cateo, a saber: 1. Llevarse a cabo por el órgano y personal autorizado en la orden correspondiente; 2. En el horario comprendido entre las seis y las dieciocho horas, salvo las excepciones previstas por la ley; 3. Circunscribirse al lugar, objeto y personas buscadas; y 4. Verificarse ante la presencia de dos testigos. Ahora bien, del proceso legislativo que han tenido dichos dispositivos desde su inclusión en la Carta Magna de 1917 hasta su actual redacción, se colige que el desiderátum el Constituyente y del legislador ordinario al implementar como una garantía a favor del gobernado el nombramiento de los testigos durante una diligencia de cateo, fue con un doble propósito: que no se cometieran atropellos respecto al lugar y a las personas encontradas en éste, y que existiera certeza respecto a la forma en la cual se llevará a cabo; por consiguiente, para hacer factible el cumplimiento de la referida voluntad, la designación de los testigos debe realizarse bajo las siguientes premisas: a) Si al dar principio la diligencia de cateo se encuentra a un habitante en el domicilio objeto de la orden, será con éste con el que se entienda y se le otorgará la oportunidad de designar a dos testigos; b) Si al comenzar esta actuación no se encuentra a persona alguna en el domicilio objeto de la orden, pero durante su desahogo se localiza a determinada persona en él (verbigracia: si está escondido el habitante), en ese momento se le otorgará la oportunidad de designar a los mencionados testigos; o, c) Sólo en el caso de que no se encuentre persona alguna en el domicilio correspondiente, o la que se localice se niegue a realizar la designación, entonces será la autoridad que verifique el cateo la que procederá al nombramiento de aquéllos, ello al iniciarse la diligencia correspondiente. En esas condiciones, si se nombra a los testigos de referencia una vez terminada dicha actuación, ello contraviene los normativos mencionados y, por tanto, el acta circunstanciada levantada al efecto, como las pruebas obtenidas como consecuencia directa de aquélla, carecen de eficacia probatoria.
"Amparo directo 584/2004. 29 de junio de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez.
"Amparo directo 895/2004. 10 de agosto de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: Juan Manuel Morán Rodríguez.
"Amparo directo 872/2006. 20 de diciembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez.
"Amparo directo 745/2007. 20 de diciembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez."
B) El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo 65/2009, el día veintiocho de mayo de dos mil nueve, consideró lo siguiente:
"SEXTO. Los conceptos de violación expuestos por la quejosa son infundados. En la sentencia reclamada se consideró a la quejosa ********** responsable en la comisión del delito contra la salud en la modalidad de posesión de cocaína con fines de comercio en su varia
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22091-042946ff/cateo-ante-la-ausencia-del-ocupante-del-lugar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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