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Modo: Corpus Pro

TERCERO EXTRAÑO. TIENE ESE CARÁCTER EL DEMANDADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, A QUIEN SE LE EMBARGA UN BIEN DE SU PROPIEDAD, EMPLAZADO DESPUÉS DE LA DILIGENCIA TRIPARTITA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 107/2017. · Registro digital (IUS): 27982
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2018-08-10
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Pág. 3087.

AMPARO EN REVISIÓN 107/2017. 14 DE DICIEMBRE DE 2017. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JUAN CARLOS RAMÍREZ GÓMORA. PONENTE: ALFREDO SÁNCHEZ CASTELÁN. SECRETARIA: MARÍA ESTHER ALCALÁ CRUZ.

CONSIDERANDO:

QUINTO.—Son fundados los agravios que se hacen valer, dadas las razones que enseguida se expresan.

En efecto, en ellos la parte inconforme señala que la sentencia recurrida le perjudica, en virtud de que el Juez de Distrito determinó sobreseer en el juicio de amparo de que se trata, estimando actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, bajo el criterio de que la quejosa carece de interés jurídico para reclamar el embargo trabado en el juicio ejecutivo mercantil **********, del índice del Juzgado ********** de Primera Instancia de **********, respecto del predio rústico ubicado en la congregación de **********, del Municipio de **********, Veracruz, con una superficie aproximada de ********** hectáreas; lo que a decir de la agraviada, es ilegal, porque dicha causa de improcedencia no se actualiza en el caso, ya que si bien es cierto que al momento de interponer la demanda de amparo, la quejosa aún no estaba emplazada, también lo es que ya se encontraba afectada en su esfera jurídica, al haberse realizado un embargo sobre un bien inmueble de su propiedad, como se desprende del certificado de gravámenes que exhibió, del que se aprecia que quien aparece como legítima propietaria del bien embargado es **********; de ahí que tampoco existe duda en cuanto a la identidad del predio ya que, en dicho certificado aparece la inscripción de embargo proveniente del juzgado responsable, dentro del citado expediente por lo que, con ello, se demuestra su aseveración en ese sentido y, por tanto, se acredita su interés jurídico; lo cual se encuentra concatenado con las documentales públicas consistentes en los informes justificados de las autoridades responsables, quienes aceptaron la certeza de los actos reclamados, incluso, el registrador público de la Propiedad de la Décima Zona Registral, con sede en **********, Veracruz, anexó a su informe, copia certificada de la inscripción **********, de la sección **********, de **********, relativa a la compraventa del predio rústico materia de la litis, realizada por la impetrante de amparo; y en virtud de que la única institución de reglamentación, vigilancia y registro de las propiedades por cuanto a su inscripción y matriculación es el Registro Público de la Propiedad, quien auxiliado de los institutos catastrales, funge como el organismo público de consulta y de certeza jurídica para la propiedad de los inmuebles, se puede acreditar fehacientemente que **********, es la legítima propietaria del referido inmueble objeto del acto de molestia que origina el juicio de garantías, por lo que su afectación es cierta, real y actual.

Los planteamientos que anteceden, como se apuntó, resultan fundados y suficientes para revocar la resolución recurrida, ya que del análisis a esta última, en confrontación con las constancias de autos, se colige que el Juez de Distrito ciertamente erró al sobreseer en el juicio constitucional de que se trata, estimando actualizada la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo.

Lo anterior es así, toda vez que el a quo federal determinó que la quejosa carece de interés jurídico para acudir al amparo contra los actos que reclama, consistentes en el embargo trabado en el juicio ejecutivo mercantil **********, del índice del Juzgado ********** de Primera Instancia de este Distrito Judicial, respecto del predio rústico, ubicado en la congregación de **********, del Municipio de **********, Veracruz, con una superficie aproximada de ********** hectáreas; y su ejecución.

Ello, porque después de citar el contenido de los artículos 107, fracción VI, 5o., fracción I y 6o. de la Ley de Amparo, y de señalar que sobre el particular la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que para determinar la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso debe acreditar el interés jurídico o legítimo que le asiste cuando promueve la acción, de la manera en que explicó, cuya interpretación dijo, se encuentra contenida en la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.", consideró que la quejosa **********, se encontraba obligada a justificar que tenía interés jurídico, ya que reclamaba actos provenientes de un tribunal, en el caso, del Juzgado ********** de Primera Instancia de este Distrito Judicial, descartándose por tanto, el análisis del interés legítimo (individual o colectivo).

Precisado lo anterior, sostuvo que se advertía que el acto reclamado derivaba del juicio ejecutivo mercantil **********, del índice del Juzgado ********** de Primera Instancia de este Distrito Judicial, promovido por **********, en su carácter de endosataria en procuración de **********, en contra de **********, ********** y **********.

Sin embargo, a su criterio, a la fecha en que se practicó la diligencia de embargo del bien inmueble que defendía la quejosa, ésta no figuraba como parte en sentido material, puesto que aún no había sido emplazada a juicio; de ahí que le revestía el carácter de tercero extraña al mismo.

Ello, indicó, porque la diligencia de embargo del citado predio rústico, se entendió el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, con el codemandado **********, y la quejosa **********, fue emplazada el ocho de septiembre del año en cita (fojas 117, 118, 205 y 206). Citando al efecto la jurisprudencia 331 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE."

Asimismo, apuntó el Juez de amparo, que de las constancias de autos se obtenía que la parte quejosa, para acreditar su interés, había exhibido el certificado de libertad o existencia de gravámenes, expedido por el Registro Público de la Propiedad de la Décima Zona Registral, con sede en **********, Veracruz, de donde únicamente se advertía que el predio rústico ubicado en la congregación de **********, del Municipio de **********, Veracruz, con una superficie aproximada de ********** hectáreas, reportaba un gravamen; sin embargo, dijo, resultaba insuficiente para acreditar su interés jurídico pretendido para la procedencia del juicio de amparo, porque con el mismo no acreditaba la propiedad del inmueble que en él se describía.

También señaló el juzgador de Distrito, que no inadvertía que la autoridad responsable, encargada del Registro Público de la Propiedad de la Décima Zona Registral, con sede en **********, Veracruz, había anexado a su informe justificado, copia certificada de la inscripción **********, de la sección ********** de **********, relativa a la compraventa del predio rústico materia de la litis.

Empero, indicó, tal documental resultaba insuficiente para tener por acreditado el interés jurídico, pues las inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad sólo tenían efectos declarativos y no constitutivos, a fin de que los actos registrados surtieran efectos contra terceros, de manera que los derechos que se tuvieran sobre los bienes, como el derecho de propiedad, provenían del acto jurídico celebrado entre las partes y no de su inscripción en dicho registro.

Con base en ello, dicho Juez Federal determinó que la parte quejosa no estaba legitimada para promover el juicio de amparo por su propio derecho, pues no exhibía prueba fehaciente alguna con la cual acreditara su interés jurídico respecto de la propiedad que decía ostentar del predio rústico ubicado en la congregación de **********, del Municipio de **********, Veracruz, con una superficie aproximada de ********** hectáreas, lo que era presupuesto para la procedencia del juicio de amparo.

Ello, porque, en su opinión, no había demostrado con prueba apta tener la propiedad del inmueble reclamado y, menos aún, la identidad del mismo, es decir, que el inmueble que defendía y el embargado fuera el mismo, pues la promovente tenía la obligación de demostrar a través de los medios de prueba que propusiera, la superficie, medidas y linderos del predio reclamado, a fin de que no existiera duda en el ánimo del juzgador respecto de cuál era el inmueble reclamado.

Por lo que, a su juicio, debía concluirse que carecía de interés jurídico para promover el juicio de amparo, ya que no demostraba afectación alguna a sus derechos sustantivos y, por ende, que el acto que reclamaba le causara perjuicio en su esfera jurídica; máxime que el interés jurídico no debía inferirse ni tenerse por cierto con base en presunciones, por el contrario, debía acreditarse plenamente, cuando el promovente del amparo se ostentara como tercero extraño a juicio.

Sin embargo, a criterio de este tribunal, tales consideraciones devienen incorrectas, ya que el Juez de Distrito realizó una indebida apreciación de las constancias de autos, pues no advirtió que el inmueble que defiende la quejosa en la vía constitucional, es de su propiedad y es el mismo que fue embargado en el juicio de origen, sin que siquiera hubiere sido emplazada al mismo.

Lo que se corrobora, atendiendo a que en la demanda constitucional, la hoy inconforme precisó, dentro del capítulo de "actos reclamados":

"De cada una de las autoridades reclamo: 1. De la autoridad ordenadora, el C. Juez ********** de Primera Instancia de **********, Veracruz, con domicilio bien conocido en esa localidad, reclamo la orden de embargo por la cantidad de $2,800.00 M.N. (sic) (dos millones ochocientos mil pesos en moneda nacional), trabado dentro del expediente número **********, juicio (sic) que desconozco la presunción legal que haya en mi contra, así como el desconocimiento de qué clase de juicio se trata.—Gravamen hecho al parecer por la inscripción ********** y/o **********, sección **********, de fecha **********, sobre el inmueble que es de mi propiedad, el conocido como predio rústico ubicado en la congregación de **********, del Municipio de **********, Veracruz, con una superficie de más o menos de ********** hectáreas, inscrito con el número ********** (**********), de la sección **********, de fecha **********, del Registro Público (sic) y del Comercio de **********, Veracruz.—2. De la autoridad ejecutora, el C. Diligenciario y/o actuario del Juzgado ********** de Primera Instancia de **********, Veracruz, la posible ejecución material del embargo sobre el inmueble descrito en el párrafo anterior.—3. De la autoridad ejecutora, el director y/o registrador del Departamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de ***********, Veracruz, y/o también conocido como Registro Público de la Propiedad de la Décima Zona Registral de **********, Veracruz, con domicilio conocido en esa localidad, reclamo la ejecución material de la inscripción de embargo por la cantidad de $2,800.00 M.N. (sic) (dos millones ochocientos mil pesos en moneda nacional), trabado dentro del expediente número **********, juicio (sic) que desconozco la presunción legal que haya en mi contra, así como el desconocimiento de qué clase de juicio se trata.—Gravamen hecho al parecer por la inscripción ********** y/o **********, sección **********, de fecha **********, sobre el inmueble que es de mi propiedad, el conocido como predio rústico ubicado en la congregación de **********, del Municipio de **********, Veracruz, con una superficie de más o menos de ********** hectáreas, inscrito con el número ********** (**********), de la sección **********, de fecha **********, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de **********, Veracruz."

Ahora bien, atendiendo a que el interés jurídico se configura por la existencia o actualización de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado que puede afectarse en virtud de un acto de autoridad, lo que implica que sólo el titular de ese derecho legítimamente protegible es quien puede acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo en demanda de que cese su transgresión; siendo ello un requisito de procedibilidad establecido en los artículos 107, fracción I, de la Carta Magna y 5o., fracción I, de la ley de la materia, en los que claramente se establece, en esencia, que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona a quien perjudique la norma o el acto de autoridad y, en ese contexto, la parte quejosa está obligada a demostrar que el acto reclamado le ocasiona un verdadero agravio actual, inmediato y directo, lo que supone la existencia de dos requisitos, a saber, que el promovente sea el directamente agraviado con el acto que impugna y que es titular del derecho fundamental que alega como transgredido.

Sirve de apoyo a lo antes expuesto, por su sentido, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 225, Tomo XXVII, del mes de enero de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.—El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados."

De ahí que la quejosa, para justificar su interés jurídico, sólo debía demostrar tres aspectos torales, como son: a) Que tiene constituido a su favor el derecho de propiedad que pretende defender, respecto del inmueble materia de la litis; b) Que tal derecho se afecta con los actos de autoridad que se reclaman; y, c) Que es tercero extraña por equiparación al juicio de origen.

Requisitos que, en la especie, se encuentran debidamente colmados, pues por cuanto hace al que se precisa bajo el inciso a), éste se demuestra con la prueba documental que la autoridad responsable, registrador público de la propiedad de la Décima Zona Registral, con sede en **********, Veracruz, anexó a su informe, consistente en la copia certificada de la inscripción **********, de la sección **********, relativa al acta número **********, de veintidós de agosto del citado año, levantada ante la fe del notario público número **********, de dicha localidad, que contiene la compraventa que celebraron ********** y **********, como vendedores y la hoy inconforme **********, como compradora, respecto del predio rústico ubicado en la congregación de **********, del Municipio de **********, Veracruz "con superficie más o menos de ********** hectáreas, cuyas medidas, colindancias y demás características se han relatado en las declaraciones primera y segunda de este instrumento, las cuales se tienen por literalmente reproducidas aquí". (foja 171 del juicio de amparo indirecto)

Advirtiéndose de dicha copia certificada, que los datos de inscripción ante dicha oficina registral, son los mismos que constan respecto del inmueble gravado en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento practicada con diverso demandado, es decir: "...el inmueble inscrito bajo el número **********, a fojas ********** a **********, del tomo **********, de la sección **********, de **********, del Registro Público (sic) de **********, Veracruz..." (fojas 117 y 118)

Lo anterior, se corrobora con el certificado de libertad de gravámenes exhibido por la quejosa, respecto del mismo bien inmueble (foja 33); del que también exhibió una copia dicho registrador (foja 167); y cuyo embargo quedó inscrito en la citada oficina registral bajo el número **********, de la sección **********, de **********. (foja 182)

De igual modo, en lo que atañe a los requisitos anteriormente precisados bajo los incisos b) y c), éstos se acreditan a la luz de las constancias que en copia certificada remitió la autoridad responsable ordenadora, en justificación de su informe, deducidas del juicio de origen; de las que se desprende, que si bien la parte quejosa es parte formal en aquel procedimiento, porque tiene la calidad de demandada, sin embargo, al momento en que se trabó el embargo respecto del bien inmueble de su exclusiva propiedad, no había sido emplazada al juicio de origen y, por ello, tiene el carácter de tercero extraña.

Se sostiene lo anterior, porque del juicio ejecutivo mercantil número **********, del índice del Juzgado ********** de Primera Instancia de este Distrito Judicial, promovido por **********, en su carácter de endosataria en procuración de **********, en contra de **********, ********** y **********, sobre el pago de la cantidad de $2,800,000.00 (dos millones ochocientos mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, derivada de la suscripción de un pagaré, más los intereses moratorios, así como el pago de gastos y costas, se advierte, para lo que al caso interesa, que el día doce de abril de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda y, a su vez, se ordenó requerir de pago a los demandados y, en su caso, trabar embargo sobre sus bienes, y girar exhorto al Juez civil competente de **********, **********, a efecto de que realice la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, respecto de la quejosa, la cual tuvo verificativo por lo que respecta al codemandado **********, en fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciséis y en la que se aprecia que se embargó el inmueble propiedad de la quejosa; ya que en el acta levantada al efecto, se precisó: "...enseguida solicitado y concedido el uso de la voz a la parte actora, en este acto manifiesta: ‘...que en este acto y toda vez que el trabajador del demandado con quien se entiende la presente diligencia, no indica bienes para trabar formal y legal embargo, señala como bienes los siguientes: ...Finalmente el inmueble inscrito bajo el número **********, a fojas ********** a **********, del tomo **********, de la sección **********, de **********, del Registro Público (sic) de **********, Veracruz. Esto dijo. Enseguida el suscrito comisionado trabó formal y legal embargo sobre los bienes inmuebles señalados por la parte actora hasta donde sean suficientes y tendientes para garantizar las prestaciones reclamadas...’." (fojas 117 y 118)

Asimismo, de las constancias que se consultan, se advierte que el Juez responsable, mediante oficio **********, de dieciséis de enero de dos mil diecisiete, remitió al Juez de Distrito, copia certificada de las diligencias practicadas por el órgano jurisdiccional exhortado, entre las que destaca la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, practicada a la quejosa el ocho de septiembre de dos mil dieciséis, en que no hizo pago de la citada cantidad, pero señaló un diverso bien inmueble para trabar embargo, así como la nuda propiedad respecto del inmueble señalado. (fojas 305 y 306)

En esas condiciones, es inconcuso que la amparista, hoy recurrente, sí tiene interés jurídico para acudir al juicio constitucional de que se trata, contra los actos reclamados consistentes en el embargo trabado en el juicio ejecutivo mercantil de origen y la inscripción del mismo en la oficina registral de referencia; ya que con las pruebas y constancias anteriormente relacionadas, se acredita que es titular del derecho de propiedad respecto de uno de los bienes embargados en la controversia natural, que ese derecho se constituyó por acta notarial en fecha anterior a los actos reclamados, así como que dicho predio rústico fue embargado en la diligencia practicada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, con diverso codemandado, cuando aún no había sido emplazada al juicio, pues esto ocurrió hasta el ocho de septiembre del citado año, por lo que en esa fecha, se reitera, resultaba ser tercero extraña.

Por ende, al ser erróneos los pronunciamientos que sostuvo el Juez de Distrito al concluir que la impetrante carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo de que se trata, y toda vez que dicho presupuesto procesal sí se encuentra colmado en la especie, al tenor de las razones que anteceden; es inconcuso que la causa de improcedencia invocada en la sentencia recurrida, en específico, la prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, no se surte en el caso particular; y esto, por identidad de razón, conlleva sostener la ilegalidad del sobreseimiento decretado.

En consecuencia, al no advertirse de oficio, por parte de este Tribunal Colegiado, ninguna otra causal de improcedencia, con apoyo en el artículo 93, fracción I, párrafo primero y fracción V, de la Ley de Amparo, debe revocarse la resolución recurrida, dejarse sin efecto el sobreseimiento decretado por el juzgador federal y entrar al estudio de los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo por la hoy recurrente.

SEXTO.—Previamente, cabe precisar que los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa (visibles a fojas 20 a 31 del expediente de amparo), únicamente se tienen por aquí reproducidos como si se insertaran a la letra, pues su transcripción no es obligatoria y resulta innecesaria en tanto se estudien los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente aducidos; máxime que se ha entregado a los Magistrados integrantes de este tribunal, copia certificada de los mismos, la que deberá integrarse a este expediente para que obre como corresponda; en apoyo se cita la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invocada en párrafos anteriores, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN."

SÉPTIMO.—De igual modo, cabe establecer que resulta innecesaria la transcripción de los actos reclamados, en virtud de constar en el tomo de pruebas que se formó con motivo del juicio de amparo de que se trata y que se tiene a la vista al momento de resolver. No obstante, para los efectos legales conducentes, agréguese copia certificada de los mismos al presente expediente.

OCTAVO.—Son fundados los conceptos de violación que se hacen valer, dadas las razones que enseguida se expresan.

En efecto, este tribunal estima que asiste razón a la quejosa, cuando refiere que los actos reclamados son transgresores de sus derechos, porque en la controversia de origen le fue embargado un bien inmueble de su propiedad, sin que hubiere sido llamada a juicio.

Para estimarlo así, debe partirse de la base que de acuerdo a la exégesis de los artículos 1392, 1393, 1394, 1395 y 1396 del Código de Comercio, se colige que el embargo en los juicios ejecutivos mercantiles, con sus consecuencias legales, entre las que se encuentra la inscripción del gravamen en el Registro Público de la Propiedad, deben recaer exclusivamente en bienes del deudor, sin que puedan afectarse derechos de otros demandados que todavía no han sido llamados a la controversia pues, al no haber sido emplazados aún, no forman parte de la relación jurídica procesal y, por tanto, no tienen conocimiento del adeudo cuyo cobro se demanda, ni están en condiciones de señalar bienes para garantizar las prestaciones reclamadas y, por ende, no es jurídicamente posible que se graven bienes de su exclusiva propiedad, sin ser requeridos de pago.

Ello, atendiendo a que el embargo no constituye un derecho real para el acreedor, sino que se trata de uno personal que sólo puede enderezarse contra el demandado, pero sin llegar al extremo de alcanzar bienes que son del dominio exclusivo de otro codemandado que aún no ha sido emplazado; por lo que, bajo esa óptica, resulta ilegal todo embargo trabado sobre un inmueble que se encuentre en esas condiciones (fuera del dominio del deudor).

Ahora bien, en el caso concreto, del análisis de las constancias que conforman el juicio constitucional de que se trata, se desprende que el embargo en cuestión fue trabado en fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, sobre el predio rústico ubicado en la congregación de **********, del Municipio de **********, Veracruz, con motivo del juicio ejecutivo mercantil número **********, del índice del Juzgado ********** de Primera Instancia de este Distrito Judicial, promovido por **********, en su carácter de endosataria en procuración de **********, en contra de **********, ********** y **********, de quienes reclama el pago de la cantidad de $2,800,000.00 (dos millones ochocientos mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, derivada de la suscripción de un pagaré, más los intereses moratorios, así como el pago de gastos y costas.

Controversia mercantil, en la que la hoy quejosa, si bien figuraba como demandada en el escrito inicial de demanda, lo cierto es que al momento en que se practicó el embargo sobre el citado predio rústico, aún no había sido emplazada a juicio, por tanto, todavía no formaba parte de la relación jurídica procesal; lo que permite concluir que la quejosa tiene el carácter de tercero extraña.

Es de verse que la quejosa allegó a la demanda de amparo, un certificado de libertad de gravámenes respecto del predio rústico embargado.

Asimismo, se advierte que la quejosa es propietaria de dicho inmueble, como se desprende de la prueba documental que la autoridad responsable registrador público de la propiedad de la Décima Zona Registral , con sede en **********, Veracruz, anexó a su informe justificado, consistente en la copia certificada de la inscripción **********, de la sección ********** de **********, relativa al acta número **********, de veintidós de agosto del citado año, levantada ante la fe del notario público número **********, de dicha localidad, que contiene la compraventa que celebraron ********** y **********, como vendedores y la hoy inconforme **********, como compradora, respecto del predio rústico ubicado en la congregación de **********, del Municipio de **********, Veracruz.

Advirtiéndose de dicha copia certificada, que los datos de inscripción ante esa oficina registral, son los mismos que constan respecto del inmueble gravado en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento practicada con el diverso demandado **********, es decir: "...el inmueble inscrito bajo el número **********, a fojas ********** a **********, del tomo **********, de la sección **********, de fecha **********, del Registro Público (sic) de **********; Veracruz..." (fojas 117 y 118)

En ese contexto, del análisis de las constancias que anteceden, es posible sostener que el derecho de propiedad que adquirió la quejosa respecto del bien inmueble embargado, resulta jurídicamente apto y suficiente para determinar la ilegalidad tanto del gravamen recaído en la referida diligencia de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, como de la inscripción del embargo correspondiente.

Lo anterior, si se toma en cuenta que, por un lado, se trata de un derecho constituido a través de un contrato de compraventa que adquirió fecha cierta desde que se celebró ante notario público; lo que según se advierte, se dio antes de que existiera el embargo de mérito, pues éste se trabó sobre el inmueble litigioso el día veinticinco de mayo de dos mil dieciséis; mientras que el acta número **********, donde consta la operación de compraventa, fue levantada el veintidós de agosto de dos mil dos.

Y, por otro lado, el que tiene la propiedad de una cosa puede gozar y disponer de ella, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 867 del Código Civil del Estado.

De lo que se sigue, que respecto del inmueble materia de la litis en el presente, se encuentra constituido a favor de la quejosa el derecho real de propiedad.

Por tanto, al haberse trabado el embargo que se impugna sobre dicho inmueble, sin que hubiere sido aún emplazada la impetrante, ello implica que los actos reclamados sí afectan ese derecho de propiedad que le asiste respecto del predio rústico de que se trata y, en esa medida, tanto el embargo como la inscripción de ese gravamen, carecen de legalidad, en virtud de que inciden sobre la esfera jurídica de la hoy inconforme, quien al ser tercero extraña a la controversia de origen, no podía afectársele en sus derechos reales con motivo del requerimiento de pago efectuado a su codemandado, pues el embargo sólo es legal cuando recae en bienes del deudor, por ser el único obligado a cumplir con las prestaciones que se demandan y, por ende, a quien se le deben secuestrar sus bienes o derechos para garantizar el pago de lo reclamado, con el producto de su eventual venta por remate, y en la fecha en que se practicó la diligencia respectiva, aún no había sido requerida de pago y emplazada la quejosa.

Es aplicable al caso, por su sentido, la tesis 1a./J. 62/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(2) que dispone:

"EMBARGO. ES ILEGAL EL TRABADO SOBRE UN INMUEBLE QUE ESTÁ FUERA DEL DOMINIO DEL DEUDOR, AUN CUANDO EL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA C

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27982-dc20804e/tercero-extrano-tiene-ese-caracter-el-demandado-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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