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Modo: Corpus Pro

TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO. POR REGLA GENERAL, PROCEDE LA INTENTADA EN JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, POR EL ADJUDICATARIO DEL INMUEBLE HIPOTECADO. VENTA JUDICIAL. EL INMUEBLE PASA AL ADJUDICATARIO LIBRE DE TODO GRAVAMEN Y ELLO NO VIOLENTA DERECHOS DE TERCEROS.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 273/2012. · Registro digital (IUS): 24209
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Pág. 2243.

AMPARO DIRECTO 273/2012. 4 DE OCTUBRE DE 2012. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ADALBERTO EDUARDO HERRERA GONZÁLEZ. PONENTE: JULIO CÉSAR VÁZQUEZ-MELLADO GARCÍA. SECRETARIA: ALICIA RAMÍREZ RICÁRDEZ.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Problema. De conformidad con los artículos 77 y 79 de la Ley de Amparo, las cuestiones esencialmente controvertidas en este juicio de amparo, se ciñen a determinar lo siguiente:

I. Violaciones al procedimiento.

1.1. Indebida admisión de la demanda de tercería.

1.1.1. Si al confirmar el auto que admitió a trámite la tercería, se transgredieron en perjuicio de la quejosa los artículos 95, fracción II, 255 y 661 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, porque como el tercerista no acompañó a su demanda el título de propiedad de fecha cierta, en original o copia certificada en que fundó su pretensión, aquélla debió desecharse.

1.1.2. Si la Sala motivó adecuadamente la consideración de que el tercerista exhibió copia certificada de diversas actuaciones ante el Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil del Distrito Federal que constituyeron su título de fecha cierta, pues no precisó a qué copias se refería.

1.1.3. Si es apto para analizarse en este juicio constitucional el argumento relativo a que la copia de la diligencia de doce de septiembre de dos mil ocho, adolece de defectos que hacen nula su certificación y, por tanto, no tiene valor alguno, ya que de la certificación de dicha constancia se aprecia irregularidad entre la verdadera fecha de la actuación certificada, la fecha referida en la certificación y aquella que mencionó el tercerista al solicitar la copia respectiva.

1.1.4. Si es incorrecto que al resolver el toca 129/2011/5, la Sala haya estimado como un argumento de fondo de la tercería lo relativo a que existió por parte del tercerista consentimiento sobre la existencia de la hipoteca que pesa sobre el inmueble que adquirió en remate, por lo que la tercería no debía admitirse, pues de la recta interpretación del artículo 659 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal se colige que tal consentimiento constituye un presupuesto para la admisión de la tercería que debió analizarse en la apelación interpuesta contra el auto de dos de marzo de dos mil once. Máxime que al resolver en definitiva, la Sala tampoco abordó dicho tema y que de autos se aprecia que desde que el tercerista adquirió por venta judicial el inmueble, ya existía la hipoteca que da origen al juicio natural, por lo que el adjudicatario estaba consciente de su existencia.

1.2. Incorrecta recepción de las copias certificadas del juicio 2768/95, del índice del Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil del Distrito Federal.

1.2.1. Si la Sala responsable indebidamente confirmó el auto que admite como prueba del tercerista la copia certificada del juicio apuntado, sin tomar en cuenta que al ser adjudicatario en aquel procedimiento, el promovente de la tercería sí tenía a su disposición dichas copias certificadas, pues el Juez Décimo Cuarto de lo Civil tenía obligación de expedírselas, por lo que no se actualiza el supuesto previsto en la fracción II del artículo 95 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, sobre todo porque el tercerista no acreditó que aquella autoridad le hubiera negado la expedición de las copias.

1.2.2. Si la Sala actuó con extrema ligereza, al considerar válida la aseveración del promovente de la tercería de que no le habían expedido las copias del expediente 2768/95, pues no declaró bajo protesta de decir verdad, la causa por la que no podía presentarlas.

1.2.3. Si como las copias certificadas del juicio antes referido no eran admisibles, de acuerdo a los puntos antes expuestos, tampoco lo debió ser la demanda de tercería.

1.2.4. Si es apto para combatir la resolución dictada en el toca 129/2011/6, lo relativo a que el promovente de la tercería no podía aducir que el Juez Décimo Cuarto de lo Civil se hubiera negado a expedirle las copias certificadas del juicio 2768/95 de su índice, porque entre la fecha y hora de presentación de la demanda de tercería y de la solicitud de copias al mencionado Juez sólo mediaron diecisiete minutos, lo que hacía imposible atender tal petición antes de la presentación de la tercería.

De resultar infundadas las violaciones procesales aducidas, entonces deben resolverse las siguientes:

II. Violaciones de fondo.

2.1. Improcedencia de la tercería por la prevalencia del derecho real de hipoteca de la quejosa sobre el derecho personal que tiene el tercerista, respecto del bien controvertido.

2.1.1. Si al dictar el acto reclamado, la Sala responsable hace una incorrecta interpretación de los artículos 2941, fracción V y 2325 del Código Civil para el Distrito Federal y, por ello, equívocamente considera que el tercero perjudicado probó su derecho de propiedad sobre el inmueble materia del juicio, pues a juicio de la quejosa, ambos preceptos sólo son observables cuando se trata de acreedores hipotecarios, pero no cuando concurren un derecho real y uno personal.

2.1.2. Si al determinar la responsable que el inmueble hipotecado se transmitiría a su adjudicatario libre de gravamen, vulneró la garantía de legalidad en perjuicio de la quejosa, porque pasó por alto el contenido del artículo 2894 del Código Civil para esta ciudad, que prevé que la hipoteca subsiste, aunque los bienes hipotecados pasen a poder de un tercero. Máxime que, en el caso, en el contrato de hipoteca se estableció que el bien hipotecado quedaba sujeto al gravamen impuesto, aun cuando pasara a poder de un tercero, lo que implica que en la especie sí se contempló la salvedad a que se refiere la última parte del artículo 2325 del ordenamiento en cita.

2.1.3. Si es incorrecta la decisión de la Sala responsable, porque la hipoteca tiene preferencia y prelación sobre cualquier derecho personal, independientemente de la fecha de su registro.

2.1.4. Si las consideraciones del acto reclamado son una copia íntegra del texto de la tesis de rubro: "HIPOTECA, REMATE DE BIENES INMUEBLES GRAVADOS CON. LA TRANSMISIÓN DE DICHOS BIENES EN VENTA JUDICIAL DEBE HACERSE LIBRE DE TODO GRAVAMEN.", que la quejosa estima inaplicable al caso, porque interpreta de manera errónea el citado artículo 2941, fracción V, del Código Civil.

2.1.5. Si de acuerdo con el control de la convencionalidad a que se refiere el artículo 133 de la Constitución Federal, la Sala responsable no debió aplicar la tesis indicada en el subproblema anterior, en razón de que vulnera el derecho humano de legalidad, pues atenta contra todo el sistema jurídico mexicano vinculado con los derechos reales y personales.

2.2. Indebida condena en costas.

Si es violatoria de las garantías de seguridad jurídica, legalidad y debido proceso la condena en costas en ambas instancias que decretó la autoridad responsable en contra de la quejosa, porque:

2.2.1. El tercer párrafo del artículo 667 del Código de Procedimientos Civiles establece que la condena en costas sólo será para el opositor que no obtenga sentencia favorable y en favor de las partes que se hubieran opuesto a la tercería y no a la inversa.

2.2.2. Se hace una incorrecta interpretación del artículo 140 del código procesal, ya que en las tercerías no existe sentencia condenatoria, sino sólo declarativa para excluir de la ejecución en el principal el bien raíz, por lo que no se puede considerar que la quejosa haya sido condenada por dos sentencias conformes de toda conformidad.

SÉPTIMA. Argumentación.

I. Violaciones al procedimiento.

Las violaciones procesales esgrimidas fueron preparadas para su estudio en este juicio de amparo, de conformidad con el inciso a), fracción III, del artículo 107 constitucional y 158 de la Ley de Amparo, toda vez que contra los autos de dos de marzo y nueve de mayo, ambos de dos mil once, que admitieron la tercería y la prueba documental ofrecida por el tercero perjudicado, consistente en la copia certificada de todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 2768/95, del índice del Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, respectivamente; la hoy quejosa promovió sendos recursos de apelación,(1) los que confirmaron los autos apelados, por resoluciones de nueve de febrero de dos mil doce. Además, pese a que los recursos de apelación se resolvieron después de que se decidió en primera instancia la tercería excluyente de dominio,(2) dichas violaciones fueron reiteradas en el recurso de apelación que se promovió contra la sentencia definitiva de primer grado, por lo que resulta procedente abordar su estudio.

1.1. Indebida admisión de la demanda de tercería.

Carecen de sustento los argumentos que dan lugar al subproblema 1.1. [h. 17 (r. 15)],(3) porque contrario a lo que sostiene la quejosa, el tercerista sí acompañó a su escrito inicial el título en que se fundó, por lo que no tenía por qué desecharse la demanda.

En efecto, los artículos 95, fracción II, 255, fracción V y 661, todos del código procesal civil para esta entidad, prevén en esencia que al escrito inicial de demanda debe acompañarse el o los documentos fundatorios de la acción, que en tratándose de tercerías excluyentes de dominio lo será el título de fecha cierta en original o copia certificada del bien que se pretende excluir de la contienda, so pena de desechar de plano la petición si no se cumple, entre otros, con ese requisito.

En el caso, al promover la tercería excluyente de dominio, el hoy tercero perjudicado exhibió copia certificada tanto de la audiencia de remate en primera almoneda de dos de septiembre de dos mil ocho, llevada a cabo en los autos del juicio ejecutivo mercantil 2768/95, del índice del Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, como del auto doce de ese mismo mes y año que lo aprobó, en los que consta que con motivo del procedimiento de ejecución en aquel juicio, se le adjudicó al tercerista ********** el inmueble cuya hipoteca defiende la quejosa.

Asimismo, exhibió copia certificada de la diligencia de dieciocho de agosto de dos mil diez, por virtud de la cual se le puso en posesión material del bien adjudicado.

Las resoluciones aludidas son documentos públicos, de conformidad con la fracción VIII del artículo 327 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, por lo que son de fecha cierta, tal como lo señaló la Sala responsable al resolver el toca 129/2011/5, lo que los hace suficientes para justificar el título de propiedad en que se fundó la tercería, pues la adjudicación es una resolución judicial con efecto traslativo de propiedad, que surte efectos con independencia del otorgamiento de la escritura correspondiente, ya que una vez aprobado el remate, la venta es irrevocable, según lo dispone el artículo 571 del ordenamiento en cita. Sirve de apoyo la tesis de rubro: "REMATE. EL AUTO DE APROBACIÓN SÓLO TIENE EFECTOS DECLARATIVOS Y OTORGA DEFINITIVIDAD AL ACTO, POR SER LA ADJUDICACIÓN EL ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE LA PROPIEDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO)." (IUS 194445).

Luego, si el tercerista exhibió en copia certificada los autos de dos y doce de septiembre de dos mil ocho, por los que se le adjudicó el inmueble que defiende y se aprobó el remate, es inconcuso que cumplió con las exigencias de los artículos que invoca la quejosa, particularmente lo previsto en el artículo 661 del código procesal, en cuanto a la presentación del título de fecha cierta en copia certificada en que se fundó la tercería, por lo que es acertado que la responsable haya confirmado el auto que admitió la demanda.

Ahora bien, por lo que hace al subproblema 1.1.2. [h. 18 (r. 3)] relativo a que la responsable no indicó qué actuaciones exhibió el tercerista en copia certificada, debe decirse que si bien es cierto que la responsable no detalló tales constancias y sólo indicó que "el tercerista exhibió diversas copias certificadas referentes a actuaciones judiciales tramitadas ante el Juez Décimo Cuarto de lo Civil del Distrito Federal",(4) también lo es que ello ningún agravio le causa a la inconforme porque aun con el señalamiento genérico que hizo la responsable, los documentos exhibidos por el tercerista son perfectamente identificables, ya que los autos de dos y doce de septiembre de dos mil ocho, así como la diligencia de dieciocho de agosto de dos mil diez, a los que hemos hecho referencia previamente, fueron exhibidos con el escrito inicial en copia certificada y corresponden a diversas actuaciones del juzgado que indicó la Sala; por lo que en todo caso, la falta de especificación de las constancias en la sentencia dictada en el toca 129/2011/5 no viola en perjuicio de la inconforme sus garantías individuales.

El argumento que da lugar al subproblema 1.1.3 [ h. 18 (r. 9)] tampoco tiene razón porque de la lectura que los suscritos hacemos de los agravios que la inconforme expresó contra el auto de dos de marzo de dos mil once (h. 13 a 15, toca 129/2011/5), que admitió a trámite la tercería de la que emana el acto reclamado no se advierte que la hoy inconforme haya hecho valer lo relativo a la irregularidad en cuanto a las fechas de la diligencia que dice existe en la certificación del auto de doce de septiembre de dos mil ocho, por el que se adjudicó al tercerista el inmueble materia del juicio natural.

Luego, si la inconforme no hizo valer oportunamente el argumento que hoy aduce vía conceptos de violación, es inconcuso que este órgano constitucional no puede abordar su estudio porque se trata de un aspecto novedoso a la litis que como no se planteó ante la responsable, no pudo pronunciarse sobre él; de manera que si se analizara, estaríamos considerando la violación aludida bajo una perspectiva distinta a la que se le planteó a la Sala, lo cual resultaría violatorio de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo; de ahí que el argumento en trato no sea apto para ser materia de estudio en este amparo.

Tampoco tiene razón la solicitante de garantías cuando plantea el argumento que da lugar al subproblema 1.1.4. [h. 18 (r. 18)], toda vez que es correcto que la Sala responsable haya estimado que el consentimiento o no del tercerista en la constitución de la hipoteca que alega la inconforme era una cuestión de fondo de la tercería que no podía abordarse, toda vez que la decisión de ese aspecto estaba sujeta a prueba por parte de quien la alegó.

Además, al resolver sobre la admisión o desechamiento de una demanda, el juzgador sólo tiene a la mano los elementos que el accionante le propone y de la lectura de los hechos de la demanda de tercería no se advierte el supuesto consentimiento a que se refiere la quejosa, pues lo único que manifestó el promovente en el hecho diez de su escrito inicial fue que en el certificado de libertad de gravámenes del inmueble embargado constaba la existencia de dos acreedoras hipotecarias a quienes se les notificó el estado de ejecución.

Igualmente en los hechos subsecuentes, el tercerista refirió que la hoy quejosa impugnó la adjudicación del inmueble a su favor, pero que no logró sentencia favorable.

De lo expuesto se tiene que en ningún momento se evidenció siquiera el hecho de que el tercerista hubiera consentido en la constitución de un gravamen sobre el inmueble que pretendía excluir, por lo que con base en los hechos narrados y a las pruebas aportadas por el actor, ni el Juez al admitir la demanda, ni la Sala al confirmar dicho proveído, estaban en aptitud de analizar tal aspecto.

Máxime que el tema hoy planteado fue argumentado por la inconforme hasta que planteó sus agravios contra el auto admisorio de la tercería,(5) lo que hace aún más evidente la circunstancia de que al resolver sobre la admisión de la demanda no podía abordarse tal aspecto, pues ni siquiera se había propuesto.

Ahora, por cuanto a que en la sentencia definitiva tampoco se abordó el tema, debemos señalar que ello atendió a que lo expuesto por la quejosa no formó parte de la litis primaria, porque reiteramos el supuesto consentimiento en la existencia de la hipoteca, se introdujo hasta el escrito de expresión de agravios contra el auto admisorio. Además, como se verá en la siguiente consideración, al analizar las violaciones de fondo, implícitamente la Sala resolvió tal aspecto; de ahí que los razonamientos que expone la quejosa no tengan razón.

1.2. Incorrecta recepción de las copias certificadas del juicio 2768/95, del índice del Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil del Distrito Federal.

Las manifestaciones que formula la quejosa en relación con la violación procesal indicada en el subproblema 1.2. [h. 19 (r. 12)], también carecen de sustento, porque contrario a lo que se aduce en los conceptos de violación, dicha prueba fue adecuadamente admitida y desahoga.

Ciertamente, los conceptos de violación que conforman los subproblemas 1.2.1. [h. 19 (r. 15)] y 1.2.2. [h. 20 (r. 4)] no tienen sustento y se estudian en su conjunto, de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo, dada la estrecha relación que existe entre ellos.

Lo anterior es así, porque la quejosa parte de una premisa errónea al considerar que las copias certificadas del juicio 2768/95, son documentos fundatorios de la tercería de origen y, por tanto, para su presentación debían observarse los requisitos que prevé la fracción II del artículo 95 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

En efecto, ya hemos dicho que conforme al artículo 661 del cuerpo legal citado, con la demanda de tercería excluyente debe presentarse el título de fecha cierta en original o copia certificada en que se funde.

También hemos dicho, al analizar la violación procesal anterior que el título en que se funda el derecho del tercerista se constituye por los autos de dos y doce de septiembre de dos mil ocho, a virtud de los cuales se le adjudicó por venta judicial el inmueble controvertido y se aprobó el remate, documentos que fueron exhibidos en copia certificada desde el escrito inicial de demanda.

Luego, los documentos fundatorios de la tercería lo fueron justamente las copias certificadas de las diligencias que hemos precisado.

Así las cosas, es irrefutable que el tercerista sí cumplió con la primera parte de la fracción II del referido artículo 95, así como con lo previsto en el diverso 661, porque acompañó a su demanda los documentos de fecha cierta en copia certificada en que fundó su acción; de ahí que se sostenga que la inconforme se equivoca al considerar que a las copias certificadas del juicio 2768/95 deba dárseles el tratamiento de documentos fundatorios.

En esa medida, resulta intrascendente determinar si el tercerista tenía a su disposición o no las copias de dicho juicio, así como lo relativo a que no se acreditó la negativa de su expedición y que en el escrito inicial no se declaró bajo protesta de decir verdad la razón por la que el tercerista no podía exhibirlas, pues todos esos requisitos se prevén para aquellos documentos que siendo fundatorios de la acción no pueden ser exhibidos por el actor, pero no para aquellos que en todo caso sirven como pruebas de su parte, en cuyo caso es aplicable la fracción III del citado artículo 95, que no prevé esas exigencias.

Ahora, a los documentos que son solicitados a un archivo público y que se demuestra haber hecho tal solicitud, como en el caso sucede, pues a la demanda de tercería el promovente acompañó copia del acuse de recibo de la petición de copias que hizo ante el Juez Décimo Cuarto de lo Civil de esta ciudad, les es aplicable lo previsto en el artículo 96 del código procesal, en el sentido de que acreditada la petición y no expedido el documento sin causa justificada, en este caso la copia, el Juez que conozca del asunto deberá ordenar su emisión utilizando cualquiera de los medios de apremio.

En atención a ello, fue que por auto de nueve de mayo de dos mil once, el Juez natural admitió la prueba documental en cuestión y, posteriormente, por auto de veintitrés de mayo de dos mil once, ordenó se girara oficio al Juez Décimo Cuarto de lo Civil para que remitiera las copias certificadas en trato.

Así, es correcto que la Sala responsable haya confirmado el auto de nueve de mayo de dos mil once, que admitió como pruebas del tercerista las copias certificadas del juicio aludido, sobre todo porque su oferente cumplió con la exigencia que le impone el artículo 96 de acreditar su solicitud ante la autoridad que debía expedirlas y como su falta de expedición sin causa justificada es un hecho negativo imposible de probar para el oferente de la prueba, de conformidad con el artículo 282 del código procesal, basta con que el interesado alegue tal negativa, para que sea procedente su requerimiento por parte del Juez del conocimiento, en los términos previstos por el artículo 96 citado; de ahí que no tenga razón la inconforme.

En concordancia con lo antes resuelto, también carece de sustento el argumento que da lugar al subproblema 1.2.3. [h. 20 (r. 10)], toda vez que como las copias certificadas cuya admisión impugna la quejosa no constituyen el sustento de la acción y además, fueron correctamente admitidas, entonces, el motivo de improcedencia de la tercería que se hace valer cae por su propio peso.

Por otro lado, lo relativo a que no se justificó la negativa del Juez Décimo Cuarto de lo Civil del Distrito Federal a expedir las copias del juicio aludido porque entre la fecha de presentación de la solicitud de tales copias y la de presentación de la demanda de tercería mediaron sólo algunos minutos, esgrimido en el subproblema 1.2.4. [h. 20 (r. 14)], no es idóneo para tomarse en cuenta en este amparo, porque es un tema novedoso a la litis del recurso de apelación que se promovió contra el auto de nueve de mayo de dos mil once y, por tanto, respecto de él no se pudo pronunciar la autoridad responsable.

Pero con independencia de ello, cabe reiterar que como la expedición de tales copias se sujetó a lo dispuesto en el artículo 96 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y no a lo previsto en la fracción II del artículo 95 del mismo ordenamiento, bastaba con que el actor acreditara, como lo hizo, que solicitó la expedición de las copias y manifestara que no se las habían entregado, para que procediera el requerimiento de su emisión al Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil, tal como sucedió en el caso; de ahí que ninguna trascendencia tenga en el caso, el razonamiento que expone la inconforme.

Al haber resultado infundadas las violaciones procesales que esgrimió la quejosa, lo procedente es analizar las cuestiones de fondo planteadas.

OCTAVA. Argumentación.

II. Violaciones de fondo.

2.1. Improcedencia de la tercería por la prevalencia del derecho real de hipoteca de la quejosa sobre el derecho personal que tiene el tercerista, respecto del bien controvertido.

Los argumentos que dan lugar al subproblema 2.1. [h. 21 (r. 5)] carecen de sustento y atendiendo al tema que plantean, se estudian en conjunto los puntos 2.1.1. [h. 21 (r. 9)] a 2.1.3. [h. 22 (r. 8)].

Para fundar la determinación anterior, debemos tomar en cuenta que el tema a dilucidar incide en los efectos que tiene la venta judicial de un inmueble frente a otros gravámenes que presente el bien.

La venta judicial o también conocida como venta forzada es una transmisión de la propiedad que se efectúa en ejercicio del poder jurisdiccional dentro de un proceso judicial con el objeto de satisfacer una obligación reconocida en una sentencia.

Al conjunto de actos jurídicos que permiten a la autoridad realizar la venta forzada se le denomina procedimiento de remate, cuya regulación se prevé en la sección III, capítulo V, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

Muchas son las actividades que se siguen para llevar a cabo una venta forzada, dependiendo esas actividades de la naturaleza de los bienes objeto de la misma; sin embargo, en tratándose de inmuebles, el procedimiento inicia pidiéndose al Registro Público de la Propiedad un certificado para saber qué gravámenes reportan con el fin de que, si aparecieren gravámenes, se haga saber el estado de ejecución a los acreedores para que intervengan en el avalúo y subasta de los bienes.

Se realiza un avalúo del bien por medio de la prueba pericial, pudiendo los acreedores que aparezcan en el certificado nombrar perito.

Hecho el avalúo, se anuncia la venta de los bienes en pública subasta, mediante edictos que se fijan en edificios públicos y se insertan en periódicos de información.

El día señalado para la subasta pueden acudir a ésta las partes, ejecutante y ejecutada, los acreedores que hayan aparecido en los certificados de gravámenes y los posibles postores.

El ejecutante y los acreedores deben también hacer postura.

El día del remate, el Juez pasa lista de postores y concede un plazo para admitir a los que en ese momento se presenten, revisa las posturas presentadas, desechando las que no alcanzan la postura legal y las que no se acompañaron del certificado de depósito. Las posturas se leen para que los postores presentes puedan mejorarlas y si hay varias legales, el Juez decidirá cuál será la preferente. Si la postura no se mejora, se declarará fincado el remate en favor de quien la hubiera hecho.

Una vez aprobado el remate, el Juez manda que se otorgue la escritura de adjudicación a favor del comprador y se le entregará el bien subastado.

Cabe destacar que el ejecutado tiene derecho a tomar parte en el remate sin necesidad de hacer depósito, mejorar las posturas, pedir la adjudicación de los bienes cuando no haya postores y optativamente, pedir que se saquen a nueva subasta los bienes con rebaja en el monto de la postura legal.

Por lo que hace a los acreedores, sus derechos se consignan en el artículo 568 del código procesal y esencialmente consisten en intervenir en el remate y hacer en él las observaciones que estimen oportunas, recurrir el auto de aprobación del remate, y nombrar a su costa, un perito valuador del inmueble, pero este último derecho no lo tienen "después de practicado el avalúo por los peritos de las partes o el tercero en discordia, en su caso, y cuando la valorización se haga por otros medios".

Ahora, para poder determinar los efectos que una venta judicial tiene sobre el inmueble subastado, sobre todo cuando éste presenta otro gravamen, es conveniente tener presente el contenido de los siguientes preceptos:

"Artículo 565. Todo remate de bienes raíces será público y deberá celebrarse en el juzgado en que actúe el Juez que fuere competente para la ejecución."

"Artículo 567. Si del certificado aparecieren gravámenes, se hará saber a los acreedores el estado de ejecución para que intervengan en el avalúo y subasta de los bienes, si les conviniere."

"Artículo 568. Los acreedores citados conforme al artículo anterior, tendrán derecho:

"I. Para intervenir en el acto del remate, pudiendo hacer al Juez las observaciones que estimen oportunas para garantizar sus derechos;

"II. Para recurrir el auto de aprobación del remate, en su caso, y

"III. Para nombrar a su costa un perito que con los nombrados por el ejecutante y el ejecutado practique el avalúo de la cosa. Nunca disfrutarán de este derecho después de practicado el avalúo por los peritos de las partes o el tercero en discordia, en su caso, ni cuando la valorización se haga por otros medios."

"Artículo 571. Antes de aprobarse el remate, podrá el deudor librar sus bienes pagando principal e intereses y exhibiendo certificado de depósito por la cantidad que prudentemente califique el Juez, para garantizar el pago de las costas. Después de aprobado quedará la venta irrevocable."

"Artículo 589. Consignado el precio el Juez firmará la escritura en que se formalice la adjudicación fincada en favor del adquirente ante el notario que éste designe."

"Artículo 590. Otorgada la escritura se darán al comprador los títulos de propiedad apremiando en su caso al deudor para que los entregue y se pondrán los bienes a disposición del mismo comprador dándose para ello las órdenes necesarias aun las de desocupación de fincas habitadas por el deudor o por terceros que no tuvieren contrato para acreditar el uso en los términos que fija el Código Civil. Se le dará a conocer como dueño a las personas que él mismo designe."

"Artículo 591. Con el precio se pagará al acreedor hasta donde alcance y si hubiere costas pendientes que liquidar se mantendrá en depósito la cantidad que se estime bastante para cubrirlas hasta que sean aprobadas las que faltaren que pagarse; pero si el ejecutante no formula su liquidación dentro de los ocho días de hecho el depósito perderá el derecho de reclamarlas. ..."

"Artículo 592. Si la ejecución se hubiere despachado a instancia de un segundo acreedor hipotecario o de otro hipotecario de ulterior grado, el importe de los créditos hipotecarios preferentes de que responda la finca rematada, se consignará ante el juzgado correspondiente y el resto se entregará sin dilación al ejecutante si notoriamente fuera inferior a su crédito o lo cubriere.

"Si excediere se le entregarán capital e intereses y las costas líquidas. El remanente quedará a disposición del deudor a no ser que se hallare retenido judicialmente para el pago de otras deudas."

"Artículo 593. El acreedor que se adjudique la cosa reconocerá a los demás hipotecarios sus créditos para pagarlos al vencimiento de sus escrituras y entregará al deudor al contado lo que resulte libre del precio después de hecho el pago.

"Artículo 594. Cuando se hubiere seguido la vía de apremio en virtud de títulos al portador con hipoteca inscrita sobre la finca vendida, si existieren otros títulos con igual derecho, se prorrateará entre todos el valor líquido de la venta, entregando al ejecutante lo que le corresponda y depositándose la parte correspondiente a los demás títulos hasta su cancelación."

"Artículo 595. En los casos a que se refieren los artículos 592 y 594 se cancelarán las inscripciones de las hipotecas a que estuvier

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24209-097282c8/terceria-excluyente-de-dominio-por-regla-general-procede · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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