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Modo: Corpus Pro

COMPRAVENTA. SI NO ESTÁ INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EL DOCUMENTO DE FECHA CIERTA EN QUE CONSTE ESTE CONTRATO, ES INEFICAZ PARA OBTENER LA PROTECCIÓN FEDERAL CONTRA ACTOS DE AUTORIDAD CUYO ORIGEN SEA UN DERECHO REAL QUE SÍ LO ESTÉ (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 161/2011. · Registro digital (IUS): 23215
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5, Pág. 3499.

AMPARO EN REVISIÓN 161/2011. **********. 11 DE AGOSTO DE 2011. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GUSTAVO CALVILLO RANGEL. SECRETARIO: HUMBERTO SCHETTINO REYNA.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Son infundados e inoperantes en parte, aunque parcialmente fundados en lo demás, los agravios antes transcritos.

En primer lugar, conviene destacar que el Juez de Distrito a quo en la sentencia materia de esta revisión precisó los actos reclamados, en términos, de los artículos 76 y 77 de la Ley de Amparo.

En efecto, en los resultandos primero al décimo octavo de su fallo el Juez de amparo, luego de declarar vistos los autos para resolver el juicio de amparo número **********, promovido por **********, y acumulados **********, **********, ********** y **********, promovidos por ********** y **********, ********** y **********, estableció que el tres de septiembre de dos mil nueve ********** presentó demanda contra actos del Juez Vigésimo Octavo de lo Civil con residencia en la Ciudad de México, Distrito Federal, actuario encargado de los expedientes números nones del Juzgado Vigésimo Octavo de lo Civil de México, Distrito Federal y Registradora Pública de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, y que fue admitida por auto de veintidós de septiembre de ese año; que el veintitrés de noviembre de esa anualidad ********** y **********, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de esas mismas autoridades, y cuya promoción se admitió por auto de veintiséis de esos mes y año; que en los mismos términos ********** impetró el amparo contra actos de las mismas autoridades, y su demanda fue admitida el veintisiete de los propios mes y año; que de modo igual ********** solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión respecto de las mismas autoridades, siendo admitida su demanda por acuerdo de dos de diciembre del año en cita; y finalmente que, el diecinueve de enero de dos mil diez ********** nuevamente solicitó la protección constitucional respecto de esas autoridades, cuya demanda se admitió el veinte de enero de esta última anualidad. Que al advertir que los juicios de amparo mencionados guardaban identidad respecto de autoridades responsables y de actos reclamados, por resoluciones de veintitrés de diciembre de dos mil nueve, y dieciséis de marzo de dos mil diez se decretó la acumulación de los juicios de amparo **********, **********, ********** y ********** al mencionado **********.

Enseguida el Juez federal indicó que las autoridades responsables en los mencionados juicios de amparo acumulados, fueron el Juez Vigésimo Octavo de lo Civil con residencia en México, Distrito Federal, en calidad de ordenadora; quien aceptó la certeza de los actos imputados; el actuario encargado de los expedientes nones del Juzgado Vigésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México, Distrito Federal, en calidad de ejecutora, quien al rendir informe también expresó ser ciertos los actos atribuidos; la directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Cholula, Puebla en calidad de ejecutora quien en los informes negó y aceptó parcialmente los actos que se le reclamaron; asimismo, el Juez de Distrito señaló que por proveído de veinticinco de enero y diez de febrero de dos mil diez tuvo a ********** ampliando su demanda de garantías y requirió a la directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de San Pedro Cholula, Puebla, para que rindiera su respectivo informe justificado.

En los considerandos segundo y tercero el Juez federal, con apoyo en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo y de acuerdo con la tesis titulada: "ACTO RECLAMADO, FIJACIÓN DEL, POR LOS JUECES DE DISTRITO.", manifestó que del estudio integral de la demanda de garantías se advierte que: "Los quejosos **********, ********** y **********, *********** y **********, dentro de los juicios de amparo ********** y acumulados **********, **********, ********** y **********, respectivamente, reclaman: La falta de emplazamiento al juicio especial hipotecario **********, del índice del Juzgado Vigésimo Octavo de lo Civil del Distrito Federal y todo lo actuado, incluyendo la inscripción del embargo trabado respecto de los bienes inmuebles de su propiedad, así como el inminente remate de los mismos. Los actos materia de la litis constitucional se desprenden, como se dijo, del estudio integral de la demanda de garantías y de los conceptos de violación que expresó el quejoso, ello, en acatamiento de la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: ‘DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.’."

Por cuanto a la existencia de tales actos, se estableció que el Juez y el actuario responsables, en sus informes justificados, aceptaron la existencia de los actos a ellos imputados, lo que se corrobora con las constancias que remitieron con los mismos, respecto de las copias certificadas del expediente número ********** antes citado; y que respecto de la directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, mencionado al rendir su informe, por un lado negó la existencia del acto reclamado y, por otro, dijo ser parcialmente cierto, pero que tal negativa se desvirtuaba por haber sido señalada como autoridad ejecutora de un acto inminente aceptado por la ordenadora.

De esa manera concluyó el Juez de amparo sobre la certeza de los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables y, enseguida, en el cuarto considerando, estableció los antecedentes del caso a fin de una mejor comprensión de la litis constitucional planteada, que sintetizó señalando que por escrito de catorce de agosto de dos mil siete, **********, en la vía especial hipotecaria, demandó a **********, en su carácter de acreditada, y a **********, como obligado solidario, el pago de diversas prestaciones derivadas del contrato de crédito simple con interés y garantía hipotecaria, escrito que fue admitido por auto del día quince de esos mes y año, por el Juez Vigésimo Octavo de lo Civil del Distrito Federal, bajo el número **********; que los demandados dieron contestación y, previos los trámites legales oportunos, el Juez del conocimiento dictó sentencia el ocho de noviembre de dos mil siete, declarando procedente la vía especial hipotecaria intentada y tuvo por acreditada parcialmente la acción, y no justificadas las excepciones por lo que, en consecuencia, condenó a los demandados a pagar dos millones novecientos sesenta y cinco mil seiscientos ocho pesos con setenta centavos, por concepto de suerte principal, intereses ordinarios y moratorios, así como gastos y costas; que en la fase procesal subsecuente el apoderado de la institución actora y los demandados exhibieron ante la autoridad judicial el convenio judicial de transacción, por medio del cual se daría cabal cumplimiento a la resolución emitida en el juicio de origen aunque, posteriormente, mediante escrito de cuatro de agosto de ese año, el apoderado del actor expresó que dado el incumplimiento de dicho convenio, elevado a la categoría de cosa juzgada, debía requerirse a los demandados su cabal cumplimiento y su demostración, pero ante la rebeldía de los demandados, por ocurso de seis de enero de dos mil nueve, la parte actora solicitó al Juez natural que elevara a categoría de cosa juzgada el convenio judicial y, a "efecto de iniciar la ejecución de la garantía hipotecaria vengo a exhibir certificado de libertad de gravamen de las viviendas ubicadas en el conjunto habitacional **********, que son materia de la garantía hipotecaria otorgada a favor de mi representada, en términos del contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria, así como sus convenios modificatorios ...". Que previa la presentación de los avalúos -asentó el Juez de amparo- por escrito de dieciocho de marzo de dos mil nueve, el apoderado de la institución financiera actora describió los inmuebles que habrían de salir a remate, precisándolos en diecisiete incisos, el número igual de bienes, que se localizan en el conjunto habitacional **********.

Posteriormente, el Juez de Distrito se avocó al estudio de la litis y estableció la improcedencia del juicio de amparo respecto de los actos reclamados por el quejoso **********, por surtirse la causal prevista por la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el diverso 114, fracción V, de la Ley de Amparo, al estimar que no tiene el carácter de tercero extraño, al haber tenido conocimiento pleno de la existencia del juicio de origen, porque en su calidad de demandado dio contestación en tiempo y forma legal al escrito inicial.

Hecho lo anterior, el Juez federal a quo procedió al estudio de la inconstitucionalidad de los actos reclamados por ********** y **********, ********** y **********, por considerar fundados sustancialmente sus conceptos de violación, suplidos en su deficiencia, en términos de la jurisprudencia titulada: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL.". Para lo cual estableció que dichos quejosos se ostentan como terceros extraños al juicio de origen y acusan violaciones a las garantías previstas por los artículos 14 y 16 constitucionales, por privárseles de su derecho de propiedad y posesión de los inmuebles siguientes: 1. El ubicado en **********, que en el avalúo se describe como **********, **********, **********; 2. El localizado en **********, **********, que en el avalúo se describe como **********, o **********, **********, **********; 3. **********, descrito en el avalúo como **********, o **********, **********; y, 4. **********; todos de la colonia **********.

El Juez de amparo tuvo por demostradas la propiedad y posesión de tales inmuebles y, por ende, la afectación del interés jurídico respecto de esos inmuebles, en relación con los quejosos de la forma siguiente: Por cuanto hace a ********** y **********, en el juicio de amparo acumulado **********, con el instrumento número **********, volumen **********, de la Notaría Pública Número **********, que contiene el testimonio de la escritura de cancelación total de hipoteca y anexos, de **********, que formalizaron **********, a favor de los referidos quejosos, por cuanto a la casa en condominio marcada con el número oficial **********, localizada en esa población; así como con la certificación de la inscripción del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en que se hizo constar que bajo la partida número **********, a fojas **********, libro **********, tomo **********, a nombre de ********** y **********, se encuentra inscrito el lote **********, hoy casa **********.

Del quejoso **********, en los juicios de amparo acumulados ********** y **********: 1. Con la copia certificada de un recibo de la Comisión Federal de Electricidad, a nombre de **********, respecto de la casa **********; 2. Copia certificada del acta de matrimonio celebrado entre ********** con ********** en mil novecientos sesenta y tres, bajo el régimen de sociedad conyugal; 3. Copia certificada del acta de defunción de esta última; 4. Copia certificada del contrato de promesa de compraventa, celebrado entre grupo **********, con **********; 5. Copia certificada de diversos recibos de pago realizados a la referida persona moral, por parte de ********** y **********, por concepto de apartado de una vivienda y pago de diferencia por la casa **********, y de la casa **********, de fechas veintiocho de octubre de dos mil dos, cinco y veintidós de julio de dos mil tres, seis de noviembre y diecinueve de diciembre de dos mil dos, así como de tres de octubre de dos mil tres; 6. Copias certificadas del instrumento **********, volumen ********** de la Notaría Pública Número **********, relativo al contrato de compraventa celebrado por **********, en favor de ********** y **********, respecto de la vivienda marcada con el número **********, de ese fraccionamiento y localidad; y el contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria que celebraron **********, con **********; 7. Copia certificada de la constancia de libertad de gravamen número **********, expedido por la directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Cholula, Puebla; 8. La testimonial a cargo de las personas presentadas por el quejoso en comento, a fin de acreditar la posesión de los bienes objeto de remate, a la cual le otorgó pleno valor probatorio; 9. Así como con la prueba de inspección judicial, practicada el veinticuatro de mayo de dos mil diez, respecto de los inmuebles ********** y **********, del lote ********** de la manzana ********** de la calle **********, en que el personal judicial dio fe de que ambos inmuebles se encontraban fusionados y comunicados entre sí y, que son habitados por **********, porque fueron adaptados y unidos como si se tratara de una sola casa, a la cual también se otorgó plena eficacia.

Por último, por cuanto hace al quejoso ********** en el juicio de garantías acumulado **********, tuvo por acreditados esos extremos: 1. Con el contrato de promesa de compraventa celebrado entre grupo **********, respecto de la vivienda identificada como **********, que según sus cláusulas se encuentra libre de gravámenes y limitaciones de dominio; 2. Copias certificadas de diversos recibos como del impuesto predial por los ejercicios dos mil cuatro y dos mil nueve, a nombre del referido grupo inmobiliario, y recibos de agua y luz a nombre de **********.

Igualmente el Juez federal consideró la validez de los contratos de promesa de compraventa, por contener elementos característicos de un contrato definitivo, al cumplir con todas sus formalidades e invocó en su apoyo el criterio contenido en la tesis de rubro: "COMPRAVENTA BAJO ASPECTO DE PROMESA DE VENTA."; y agregó que el hecho de que tales contratos no hayan sido inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio antes de la fecha de iniciación del juicio de origen, no es un dato significativo para restarle validez, por no constituir un elemento esencial del mismo, en virtud de que tal inscripción sólo produce efectos declarativos y no constitutivos de derecho y, por tanto, su falta de registro únicamente produce como sanción el que el derecho respectivo no pueda ser oponible frente a terceros con derechos reales, ya que la preferencia en materia registral se refiere a derechos de la misma naturaleza, y fundó su consideración en la jurisprudencia titulada: "COMPRAVENTA, LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO NO CONSTITUYE UN ELEMENTO ESENCIAL DE VALIDEZ EN LOS CONTRATOS DE."

En tal virtud, se consideró en la sentencia que se revisa, que los documentos respectivos demostraban la titularidad de los derechos de propiedad de los referidos bienes inmuebles, que se vieron afectados en perjuicio de los quejosos con los actos reclamados porque en el procedimiento de origen se determinó sacar a remate aquellos inmuebles sujetos a hipoteca para que con su producto se hiciera pago al acreedor, e incluso se publicaron los edictos a efecto de convocar a los postores respectivos y que tuviera verificativo el remate en primera almoneda; "y que si bien es cierto que en la fecha de la constitución del contrato por el cual se instauró el juicio hipotecario ********** del índice de la responsable se desprende, que ********** autorizó a la ahí demandada **********, un crédito hasta por la cantidad de $8'073,000.00 (ocho millones setenta y tres mil pesos 00/100 moneda nacional), cuyo importe fue destinado para la construcción de cuarenta y cinco viviendas tipo **********, en el conjunto habitacional denominado **********, ubicado en **********; no menos cierto y eficaz resulta ser, que a la fecha de la presentación de ese controvertido (catorce de agosto de dos mil siete), los aludidos bienes inmuebles materia de remate, ya habían salido del patrimonio de la parte deudora, tal y como se desprende de los citados medios de prueba que los quejosos ofrecieron para acreditar su propiedad, pues éstos fueron pactados por los peticionarios ********** y **********, ********** y ********** y la constructora deudora, en los años dos mil dos, dos mil tres y dos mil cuatro, respectivamente, razón por la cual el remate registrado sobre sus bienes con posterioridad al acto traslativo de la propiedad, es ilegal". Como fundamento de su consideración el Juez de amparo transcribió la jurisprudencia y la tesis respectivamente de rubros siguientes: "EMBARGO, ES ILEGAL EL TRABADO EN BIENES SALIDOS DEL DOMINIO DEL DEUDOR, AUN CUANDO NO SE ENCUENTREN INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL NUEVO ADQUIRENTE. (LEGISLACIÓN DE DURANGO SIMILAR A LA DEL DISTRITO FEDERAL)."; y, "ACCIÓN REAL HIPOTECARIA. DEBE LLAMARSE A JUICIO A QUIEN ADQUIRIÓ LA LEGÍTIMA PROPIEDAD DEL INMUEBLE DADO EN GARANTÍA, CON ANTERIORIDAD A SU INSTAURACIÓN, AUN CUANDO NO SEA EL DEUDOR DEL CRÉDITO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN)."

En ese orden de ideas, cabe concluir que el Juez de amparo, contrario a lo aseverado por el recurrente, sí realizó la fijación clara y precisa de los actos reclamados respecto de todos y cada uno de los quejosos, y que procedió a su estudio conforme a la litis planteada de acuerdo a las pruebas que exhibieron para acreditar tanto su interés jurídico, como la inconstitucionalidad de los actos combatidos, ya que según se dejó establecido, en la sentencia reclamada se indicó con exactitud además de tales actos, los elementos que aportaron los peticionarios de garantías tendentes a acreditar la propiedad de los inmuebles, cuya propiedad y posesión expresaron encontrarse en inminente riesgo de ser conculcada con motivo de remate para lograr su adjudicación y, por ende, el pago de la actora en el juicio de origen con la parte acreedora, respecto de la empresa inmobiliaria de la cual adquirieron el dominio de los respectivos bienes.

Ahora bien, el recurrente sólo combate las consideraciones y puntos resolutivos de la sentencia recurrida relativos al otorgamiento de la protección constitucional a los quejosos ********** y **********; y para nada controvierte aquellos razonamientos con base en los cuales se otorgó la protección constitucional a los quejosos ********** y **********.

En efecto, **********, asegura que conforme a la tesis invocada por el Juez de amparo titulada: "ACCIÓN REAL HIPOTECARIA. DEBE LLAMARSE A JUICIO A QUIEN ADQUIRIÓ LA LEGÍTIMA PROPIEDAD DEL INMUEBLE DADO EN GARANTÍA, AUN CUANDO NO SEA EL DEUDOR DEL CRÉDITO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).", los quejosos ********** y **********, debieron demostrar que los actos jurídicos por los cuales dijeron haber adquirido los inmuebles en cuestión, fueron inscritos debidamente en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y que, por tanto, los actos que invocan "no son oponibles a **********, quien como tercero contratante de buena fe, otorgó créditos y aceptó la constitución de garantías respecto de inmuebles que en registro no tenían como titular a los mencionados quejosos", puesto que conforme a lo dispuesto por el artículo 2322 del Código Civil para el Estado de Puebla, la venta de bienes raíces no produce efectos contra terceros sino después de que se haya registrado y, en términos del diverso 3007 del propio ordenamiento legal, los documentos que deben inscribirse y no se registren no producirán efectos contra terceros, por lo cual, al no tener conocimiento de que esos quejosos eran dueños de los inmuebles que señalaron en su demanda de garantías, no habría fundamento legal alguno para que la actora en el juicio de origen los mandara a emplazar y, por consecuencia, los actos de ejecución y remate de inmuebles contra dichos promoventes del juicio de garantías no son violatorios de sus garantías de audiencia, de legalidad y de seguridad jurídica; que de esa forma los actos traslativos de dominio contenidos en los documentos exhibidos por ********** y ********** para acreditar su propiedad no son eficaces para considerar que debían ser emplazados al procedimiento de origen, ya que carecían de inscripción en la oficina registral correspondiente y, por ende, de publicidad para el reconocimiento de terceros; que además, ********** únicamente hizo referencia en su demanda de que fue afectada la propiedad que tiene, inmueble ubicado en **********, pero de ninguna manera justifica afectación alguna a su propiedad en relación con el inmueble ubicado en **********, el cual no se encuentra gravado y, por tanto, no está en peligro de ser objeto de algún remate; y concluyó el recurrente que "por todo lo anterior, es de revocarse la sentencia que concede el amparo a ********** y **********, para los efectos de que sean llamados a un juicio en el que no son parte y en el cual no tienen interés jurídico, por prevalecer un gravamen hipotecario, debidamente inscrito y eficaz, frente a sus aducidos derechos de propietarios ..."

Según se observa de lo antes citado, el recurrente en momento alguno cuestiona, en vía de agravios, las consideraciones por las cuales el Juez de Distrito a quo tuvo por acreditada la propiedad y, por ende, el interés jurídico de los quejosos ********** y **********, y que finalmente determinaron el otorgamiento de la protección constitucional solicitada, pues como se obtiene de los argumentos expuestos en la presente revisión y que, de manera breve, se indicaron anteriormente, sólo se combaten aquellos razonamientos por los cuales se tuvo por demostrada la propiedad de los inmuebles en cuestión, por parte de los quejosos ********** y ********** y se concedió el amparo a efecto de que fueran llamados al juicio de origen.

En tal virtud, al no haber sido materia de cuestionamiento las consideraciones que sustenta la sentencia recurrida y que, determinaron la inconstitucionalidad de los actos reclamados por los quejosos ********** y **********, deben quedar firmes para continuar rigiendo el fallo que se revisa y, por lo mismo, no serán objeto de análisis en esta instancia.

Esto de conformidad con la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 1a./J. 62/2006, en la página ciento ochenta y cinco, Tomo XXIV, septiembre de dos mil seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "REVISIÓN EN AMPARO. LAS CONSIDERACIONES NO IMPUGNADAS DE LA SENTENCIA DEBEN DECLARARSE FIRMES. Cuando la sentencia recurrida se apoya en dos o más consideraciones desvinculadas entre sí y cada una de ellas sustenta la declaratoria de inconstitucionalidad de distintos preceptos o actos, no deben estimarse inoperantes los agravios expresados por la parte recurrente que controvierten sólo una de esas consideraciones, pues al tratarse de razonamientos que revisten autonomía, el recurrente se encuentra en posibilidad legal de combatir únicamente la parte de la sentencia que estime contraria a sus intereses. En ese orden de ideas, cuando alguna consideración de la sentencia impugnada afecte a la recurrente y ésta no expresa agravio en su contra, tal consideración debe declararse firme."

Precisado lo anterior, cabe recordar que el Juez de amparo tuvo por demostrada la propiedad y posesión de la vivienda identificada como tipo contado, **********, dentro del desarrollo habitacional conocido como **********, en favor de **********, con el contrato privado de promesa de compraventa, ratificado en su contenido y firmas ante notario público, celebrado por la empresa denominada grupo **********, con **********, y que obra a fojas trescientos ochenta a trescientos ochenta y cinco, del tomo I de autos del juicio de amparo; y del cual transcribió parcialmente su contenido en la sentencia que se revisa, en los términos siguientes: "III. Declaran las partes: a) Que se reconocen mutuamente el carácter con que comparecen a la celebración del presente acto. b) Que tienen un recíproco interés en la celebración del presente contrato, sujetando su voluntad, de conformidad a lo dispuesto y al tenor de las siguientes: Cláusulas. Primera. El promitente vendedor, promete vender al promitente comprador, quien a su vez promete comprar, la vivienda identificada como tipo contado, **********, dentro del desarrollo habitacional conocido como **********, libre de gravámenes y limitaciones de dominio, aun cuando a la firma del presente instrumento pudiera existir alguno, con todo lo que de hecho y por derecho le llegue a corresponder, incluido el porcentaje de indiviso de los bienes comunes del condominio existente o que, en su caso, llegue a constituirse, cuando este último cumpla con la totalidad de las obligaciones que a su cargo derivan del presente contrato. Segunda. Las partes convienen que el precio de venta de la vivienda asciende a la suma de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), misma que queda sujeto a la actualización que se haga de acuerdo a los valores vigentes a la fecha de la formalización que se haga mediante escritura pública del presente acuerdo de voluntades, que deberá ser cubierto de la siguiente manera: a) La suma de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), cantidad que es equivalente al 60% por ciento del costo de la operación, que deberá ser cubierta precisamente el día de firma del presente instrumento. b) La suma de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.), cantidad que es equivalente al 40% por ciento del costo total de la operación, que deberá ser cubierta de la siguiente manera ... Tercera. Para garantizar el cumplimiento del pago descrito en el inciso b) de la cláusula anterior, el promitente comprador suscribe y entrega al promitente vendedor, uno o varios pagarés que forma parte del presente contrato, a favor del promitente vendedor, por la cantidad y vencimiento que en el mencionado pagaré se señalan, mismo que será devuelto, toda vez que se haya cumplido con lo estipulado en la cláusula segunda inciso c), del presente contrato. Cuarta. El promitente vendedor se obliga a realizar la entrega de la vivienda materia del presente contrato, totalmente terminada y libre de todo gravamen, en un término que no deberá de exceder de 2 meses, contados a partir de la firma del presente contrato." (fojas 380 a 384).

Con la copia certificada del instrumento público número **********, volumen ********** de la Notaría Pública Número **********, que contiene el contrato de compraventa celebrado entre la referida sociedad mercantil (parte vendedora), con ********** y ********** (parte compradora), respecto de la vivienda marcada con el número **********; y el contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria que formalizaron **********, como acreditante, con ********** como deudor, y con el consentimiento de su cónyuge ********** (que obra de fojas novecientos nueve a novecientos diecinueve del tomo II de autos del juicio de amparo).

Con las copias certificadas: de la constancia de gravamen número ********** expedido por la directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Cholula, Puebla (que obra a foja novecientos setenta y dos del tomo II citado); del acta de matrimonio celebrado entre este último con **********, en mil novecientos sesenta y tres bajo el régimen de sociedad conyugal (foja trescientos setenta y ocho tomo I); del acta de defunción de ella (foja trescientos setenta y nueve del tomo I); de diversos recibos de pago realizados a grupo **********, por parte de ********** y **********, por concepto de apartado de las casas ubicadas en la **********, de fechas veintiocho de octubre de dos mil dos, cinco y veintidós de julio de dos mil tres, seis de noviembre y diecinueve de diciembre de dos mil dos y tres de octubre de dos mil tres (fojas trescientos ochenta y seis a trescientos ochenta y nueve del tomo I); de un recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad a nombre de **********, en relación con la casa ********** (foja trescientos setenta y siete del tomo I).

Así también con el resultado del desahogo de la prueba testimonial, a la cual le otorgó pleno valor probatorio, con la que se acreditó la posesión por parte del referido quejoso, respecto de la casa **********; y, por último, con la prueba de inspección judicial practicada el veinticuatro de mayo de dos mil diez, por la secretaria adscrita al Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en auxilio de las labores del juzgado de amparo, practicada sobre los inmuebles ********** y **********, en la que dio fe que en el interior de los citados inmuebles se encuentran fusionadas y se comunican entre sí y que, ********** habita dichos inmuebles porque están adaptados los espacios como si se tratara de una sola casa, misma a la cual el Juez de amparo le otorgó plena eficacia probatoria en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo porque, además, se robustece con el resultado de la prueba testimonial.

Respecto de dichas consideraciones, por las que el Juez de Distrito a quo otorgó plena eficacia probatoria a los referidos medios de convicción y, por los cuales tuvo por acreditada la propiedad y posesión de los inmuebles en cuestión, en favor de **********, los recurrentes no vierten agravio alguno tendente a controvertir tales razonamientos; motivo por el cual se mantienen firmes para continuar rigiendo el fallo que se revisa, ante la insuficiencia de los argumentos propuestos. Esto de conformidad con la jurisprudencia que sostuvo el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito que, ya especializado en Materia Civil, ahora resuelve, publicada con el número 599, página trescientos noventa y ocho, Tomo VI, Materia Común, del Apénd

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23215-d4a88e48/compraventa-si-no-esta-inscrito-en-el-registro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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