CAUSAHABIENCIA. NO EXISTE ENTRE QUIEN ADQUIERE UN DERECHO DE PROPIEDAD DEL TITULAR REGISTRAL Y LOS TITULARES REGISTRALES ANTERIORES AL VENDEDOR, SI SE TRATA DE COMPRAVENTAS DE EJECUCIÓN INSTANTÁNEA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE EL ADQUIRENTE SEA EN AUTOMÁTICO TERCERO DE BUENA FE REGISTRAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 160/2013. SUSCITADA ENTRE EL PRIMER Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. 19 DE JUNIO DE 2013. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS EN CUANTO A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: ROSA MARÍA ROJAS VÉRTIZ CONTRERAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Carta Magna; 226, fracción II, de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en vigor a partir del día tres de abril de dos mil trece; en relación con los puntos primero, segundo y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito y el tema de fondo corresponde a la materia civil, en la que se encuentra especializada esta Sala.
No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de ese año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los tribunales de un mismo circuito con diferente especialización, no así, respecto de los criterios sustentados entre dos Tribunales Colegiados de un mismo circuito, lo cual se reitera en el artículo 226, fracciones II y III, de la Ley de Amparo en vigor.
En esa distribución de competencias, esta Primera Sala advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra reconocida constitucionalmente como órgano terminal en la solución de este tipo de conflictos; de ahí que dicha competencia constitucional para conocer de contradicciones de tesis, deba estimarse extendida a los criterios contradictorios suscitados entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, como sucede en el presente caso.
Tal extensión de competencia encuentra justificación jurídica en un criterio de mayoría de razón, dado que si bien en la Constitución y en la nueva Ley de Amparo, esa competencia se otorga de manera específica a los Plenos de Circuito, mientras éstos no queden debidamente habilitados y en funcionamiento, este Alto Tribunal debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados contendientes; de lo contrario, se generaría indefinición en la solución de asuntos como el que ahora se analiza, en claro perjuicio del orden público y el interés social.
Lo anterior, se corrobora en virtud de que en sesión pública de trece de febrero de dos mil doce, por mayoría de diez votos el Pleno de este Alto Tribunal determinó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer las contradicciones de tesis suscitadas incluso entre Tribunales Colegiados del mismo circuito.
SEGUNDO. Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, pues fue realizada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo León, uno de los órganos colegiados entre los que se suscita la posible contradicción, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Criterios de los tribunales contendientes. Las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:
I. Tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo León, quien conoció del amparo directo 309/2012, con los antecedentes siguientes:
• En escritura pública fechada el trece de diciembre de mil novecientos noventa y uno, GMS celebró en carácter de "trabajador-deudor", con el consentimiento de su cónyuge -JLB-, un contrato de compraventa con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, fungiendo éste como acreedor, en relación al inmueble objeto del negocio.
• En escritura pública fechada el tres de septiembre de dos mil ocho, se documentó un préstamo que una sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, otorgó a GMS, mediante la celebración de un convenio de reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria y poder especial irrevocable para actos de dominio, respecto del inmueble referido en el punto anterior. En el poder otorgado se plasmó que la sociedad financiera(1) sólo podría hacer uso de él, en caso de que los deudores incumplieran con las amortizaciones a su cargo.
• En escritura pública de fecha veintiséis de mayo de dos mil nueve, la sociedad financiera(2) hizo constar la extinción de la hipoteca en primer lugar, que fue constituida a su favor por GMS, así como el contrato de compraventa celebrado entre el representante legal de la sociedad financiera, quien compareció en representación de GMS y JLB, como parte vendedora, y MMN, como parte compradora, respecto del mismo inmueble, en ejercicio del poder irrevocable para actos de dominio que le fue otorgado. Transmisión que cumplió con las formalidades legales y fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad. En la cláusula tercera(3) del contrato de compraventa se asentó la entrega de la propiedad y posesión jurídica del inmueble objeto de operación.
• MMN instauró en contra de GMS y JLB, un juicio oral de arrendamiento a fin de desalojarlos del inmueble en pugna; el cual resultó infundado al justificarse la falsedad del contrato de arrendamiento.
• MMN posteriormente vendió, mediante escritura pública de diecinueve de marzo de dos mil diez, el inmueble a favor de ARR. Transmisión que también cumplió con las formalidades legales y fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad. En lo que interesa, en la escritura de compraventa se estableció lo siguiente:
• En la declaración V, se asentó: "V. Declara LA PARTE COMPRADORA que sabe y le consta que el inmueble se encuentra invadido por terceras personas, misma ocupación que ha sido contra la voluntad de LA PARTE VENDEDORA, sin embargo, y no obstante dicha situación, es su deseo adquirir la propiedad de dicho inmueble en las condiciones en que se encuentra, quedando bajo su más estricta responsabilidad cualquier contingencia que pudiera presentarse con motivo de la celebración del presente contrato, deslindando desde este momento a la PARTE VENDEDORA de cualquier reclamación presente o futura que llegare a presentarse, respecto a la posesión física del inmueble."
• En las cláusulas primera y sexta de la escritura pública en comento, se convino lo siguiente:
"Primera: ‘LA PARTE VENDEDORA’, por medio del presente instrumento VENDE, CEDE y TRASPASA definitiva e irrevocablemente, libre de todo gravamen, haciendo entrega jurídica de la propiedad, mas no así de la posesión, en favor de ‘LA PARTE COMPRADORA’ señor ARR ..."
"Sexta: Manifiestan los comparecientes que aceptan esta escritura en todas sus partes por estar redactada en los términos convenidos; ‘LA PARTE COMPRADORA’ acepta de conformidad y asume las consecuencias de que el inmueble objeto de esta compraventa se encuentra ocupado por terceras personas, misma ocupación que ha sido contra la voluntad de ‘LA PARTE VENDEDORA’, por lo que ‘LA PARTE COMPRADORA’ libera en este acto a ‘LA PARTE VENDEDORA’ de la obligación de efectuarle la entrega de la posesión material del inmueble, en consecuencia de la presente compraventa. ‘LA PARTE COMPRADORA’ se obliga a realizar por su cuenta y costo las acciones judiciales y extrajudiciales necesarias para la obtención de la posesión del inmueble, deslindando de cualquier responsabilidad y dejando a salvo y en paz desde este momento a la ‘LA PARTE VENDEDORA’, a sus representantes legales, apoderados, funcionarios, empleados o comisionistas, de cualquier reclamación presente o futura por lograr o no la obtención de dicha posesión"
• Mediante escrito de veintitrés de noviembre de dos mil diez, ARR -quejoso-, demandó en la vía ordinaria civil a GMS y JLB, la reivindicación, desocupación, entrega material y jurídica del bien inmueble, y el pago de los daños, perjuicios, gastos y costas, exhibiendo como documento base de su acción su título de compraventa.
• GMS, al contestar la demanda relató los antecedentes referidos y manifestó esencialmente que sin existir declaración judicial de incumplimiento, se hizo uso indebido del poder conferido, y que no procedía el ejercicio de la acción real en su contra porque el actor era causahabiente de MMN y ésta a su vez, de la financiera, de ahí que previamente tenía que haber ejercido en su contra la acción personal derivada del reconocimiento de adeudo.
• El Juez Quinto de lo Civil del Primer Distrito Judicial de Monterrey, Nuevo León, que conoció del juicio, una vez concluido el procedimiento respectivo, el trece de febrero de dos mil doce, dictó sentencia en la cual determinó que la parte actora acreditó los elementos de la acción, y condenó a los demandados a la entrega material y jurídica del inmueble objeto de litigio, así como al pago de los gastos y costas, esencialmente, bajo la consideración de que el actor no tuvo participación en el contrato de reconocimiento de adeudo y garantía hipotecaria, ni tampoco en el de compraventa en donde la citada persona moral transmitió el inmueble a favor de MMN, de ahí que no era posible exigir al accionante intentar previamente una acción personal para el cumplimiento de obligaciones contractuales contenidas en dichos actos jurídicos por no figurar como parte en los mismos; y que no se actualizaba la causahabiencia alegada, debido a que no existía vínculo jurídico entre los demandados y el actor, en razón de que este último adquirió un derecho de propiedad y no los derechos del acreedor, derivado del contrato de reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria y poder especial para actos de dominio.
• Inconformes con dicha resolución, los demandados interpusieron recursos de apelación, de los cuales correspondió conocer a la Primera Sala Colegiada Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con el número de toca **********, quien por resolución de diecinueve de abril de dos mil doce, calificó de parcial y esencialmente fundados los agravios propuestos por el codemandado GMS, revocó el fallo apelado, declaró inoperante la acción reivindicatoria y dejó a salvo los derechos personales de la parte actora para que los hiciera valer en la vía y forma procedente.
• Inconforme con dicha resolución, el actor promovió un juicio de amparo directo, en el que esencialmente manifestó que la figura de la causahabiencia era inaplicable al caso, dado que el derecho de la financiera derivaba de un contrato de reconocimiento de adeudo, en que fungió como acreedor, y por su parte, adquirió un derecho real de propiedad, por lo que no puede haber causahabiencia entre derechos distintos, sin que además, tenga vínculo jurídico alguno con los demandados.
• De la demanda de amparo conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, quien determinó negarle el amparo solicitado, con base en las consideraciones siguientes:
"Lo infundado de las disidencias sintetizadas, se actualiza con relación a aquellas en las que se afirma que la Sala responsable incurrió en ilegalidad al sostener -de manera toral- que el impetrante era causahabiente de los demandados y que, por ende, para obtener la exigencia o devolución del inmueble poseído por éstos, debía promover la acción personal correspondiente y no la acción real de reivindicación.
"Para comprender las motivos por los cuales se califican de esa manera las inconformidades del quejoso, es necesario abundar un poco con relación a la institución jurídica de la ‘causahabiencia’, de la naturaleza de las acciones reales y personales, de los antecedentes del caso en concreto y del porqué se considera que la responsable actuó ajustada a derecho.
"En concomitancia con lo señalado por la sala responsable, cabe precisar que el Diccionario Jurídico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, define al ‘causahabiente’ como: ‘Persona que ha sucedido o se ha subrogado por cualquier otro título en el derecho de otra u otras. Junto a las partes, en determinados actos jurídicos están aquellas personas que por un acontecimiento posterior a la realización del mismo, adquieren en forma derivada los derechos y obligaciones de quienes fueron sus autores. A aquéllos se les conoce con el nombre de causahabientes, a éstos con el de causantes ...’.
"Existen dos clases de causahabientes:
"a) a título universal, y;
"b) a título particular.
"La primera se presenta cuando el causahabiente sustituye al causante en todo su patrimonio o en una parte alícuota de él, por ejemplo, en la sucesión testamentaria o intestamentaria existe una causahabiencia por efecto de la ley, en virtud de que en sí misma tiene carácter universal por comprender la masa del patrimonio de su autor. La segunda, puede serlo por cesión de derechos y obligaciones o por subrogación.
"También, con relación a dicha institución, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 83/2006-PS, que dio origen a la jurisprudencia 63/2007,(4) de rubro: ‘TERCERO EXTRAÑO. EN UN JUICIO ORDINARIO MERCANTIL SEGUIDO EN CONTRA DEL DEUDOR QUE GARANTIZÓ EL ADEUDO CON UNA HIPOTECA. TIENE ESE CARÁCTER EL ADQUIRENTE DEL BIEN HIPOTECADO QUE SE LE TRANSMITIÓ CON ANTERIORIDAD AL INICIO DEL MISMO.’, estableció que la figura de la causahabiencia, lato sensu, se da en todas las transmisiones de derechos o de bienes. En este aspecto, la causahabiencia es una relación jurídica integrada por dos personas, a saber: a) El causante, que es la persona que transmite el bien, y b) El causahabiente, que es la persona a quien se le transmite el bien.
"Así, con el término ‘causahabiente’ se considera a la persona que después de celebrado un acto jurídico adquiere en forma derivada del autor de él, por transmisión, los derechos y obligaciones que nacieron originalmente dentro de la misma relación jurídica; es decir, quien con posterioridad al nacimiento de la relación jurídica entre partes distintas a él, entra en el propio acto jurídico celebrado en calidad de sujeto de la relación, colocándose en la posición de uno de los autores del acto, sustituyendo a éste, a quien se le denomina causante.
"Por otro lado, como dijo, por estar vinculado el tema, es necesario distinguir qué es una acción personal y qué es una acción real.
"Con relación a tal distingo, el ‘Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia’, establece que todas las acciones reales competen o se dan contra cualquier poseedor, sea conocido o desconocido, se haya o no tratado con él. Lo que no sucede en las acciones personales, las cuales se dan contra las personas con quien se ha contratado y no contra terceros.(5)
"Así, las acciones en comento pueden definirse de la siguiente manera:
"Acción personal: La que faculta para exigir de otro el cumplimiento de cualquier obligación que contrajo, ya sea que dimane del contrato, cuasi contrato o nudo pacto, ya sea delito o cuasidelito. Se dice personal porque nace de una obligación puramente personal; por tanto, sólo surge contra la persona obligada o su heredero que lo representa, mas no contra un tercer poseedor. El que la entabla pide que se condene al demandado a dar o hacer aquello a que se obligó o a pagar los perjuicios sino (sic) pudiere darlo o hacerlo; y en consecuencia ha de acreditar la obligación en cuya virtud demanda y que ésta no se cumplió por el demandado.(6)
"Acción real: La que nace de alguno de los derechos llamados reales, esto es, del dominio pleno o menos pleno de la sucesión hereditaria de la servidumbre, o de la prenda e hipoteca. Llámese reales a estos derechos, porque no afectan a la persona, sino a la misma cosa, fijándose y encargándose, por decirlo así, en ella.(7)
"... Partiendo de tal relatoría de antecedentes, como bien lo destacó la responsable, los derechos relativos al inmueble en controversia, sin lugar a duda, derivaron originalmente de los demandados GMS y JLB, quienes a través de su apoderada **********, sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, los transmitió -mediante compraventa- a favor de MMN y ésta a su vez a favor del actor ARR, aquí quejoso.
"Entonces, si ‘causahabiente’ -como se dijo- se considera a la persona que después de celebrado un acto jurídico adquiere en forma derivada del autor de él, por transmisión, los derechos y obligaciones que nacieron originalmente dentro de la misma relación jurídica; es decir, quien con posterioridad al nacimiento de la relación jurídica entre partes distintas a él, entra en el propio acto jurídico celebrado en calidad de sujeto de la relación, colocándose en la posición de uno de los autores del acto, sustituyendo a éste, a quien se le denomina causante.
"Por consecuencia, es claro que, como bien lo sostuvo la responsable, el actor ARR, es causahabiente de los demandados GMS y JLB, por ser aquél el sucesor de los derechos transmitidos originalmente por estos últimos.
"Una vez acotado lo anterior, se debe mencionar que la acción reivindicatoria intentada por el citado actor en contra de los demandados, constituye una acción real que tiene por objeto exigir de estos últimos la entrega de la cosa (inmueble) que indebidamente poseen; sin embargo, si en la especie el bien cuya restitución se demanda corresponde precisamente al que se transmitió originalmente por estos últimos; por tanto, como bien lo justipreció la responsable, la vía idónea para demandar su entrega no era a través de la citada acción real, sino de la personal derivada de los actos jurídicos de transmisión, pues dicha acción no es la viable para reclamar del vendedor original la entrega de la cosa vendida.
"Es decir, si la posesión del inmueble que se demanda deriva de la transmisión sucesiva a través de sendos contratos de compraventa; entonces, la existencia de esas relaciones jurídicas obliga a las partes a promover en primer término la acción personal correspondiente, pues no es posible desconocer el acto o actos jurídicos por los que se transmitió la posesión de ese bien; en la inteligencia de que la legislación y la doctrina definen al derecho personal como aquel que otorga a la persona la facultad de exigir de un sujeto pasivo, el cumplimiento de una obligación de dar, hacer o no hacer.
"En efecto, los indicados deberes (de dar, hacer o no hacer), más que representar una modalidad, reflejan las tres categorías en las que son divididas las obligaciones propiamente dichas, de acuerdo al objeto directo de la obligación de que se trate, las cuales se encuentran previstas en el Código Civil del Estado, particularmente en los artículos 1721, 1722, 1724, 1905, 1921 y 1922 del mencionado Código Civil del Estado;(8) por ello, si la propia legislación sustantiva permite que mediante el ejercicio de un derecho personal pueda exigirse el cumplimiento de una obligación de dar o hacer que puede consistir, para el obligado, en la restitución de cosa ajena; entonces, es posible afirmar que la restitución de la posesión de la cosa a su dueño, no es exclusiva de la acción real reivindicatoria, pues dicho fin también puede seguirse mediante una acción personal, como es la conocida doctrinariamente como ‘ACTIO EMPTI’, que se define como la acción derivada del contrato consensual de compraventa, a favor del comprador y que se ejerce en contra del vendedor, para reclamar, entre otras cosas, la entrega de la cosa vendida.(9)
"En ese orden de ideas, es claro que al ser el demandante el sucesor jurídico de sus demandados con relación al inmueble objeto de controversia, entonces aquél es causahabiente de éstos y, por ende, para poder reclamar la entrega de la cosa vendida, necesariamente debió hacerse a través de la acción personal que derivó de los contratos de compraventa en cuestión y no mediante la acción (real) reivindicatoria.
"Estimar lo contrario, implicaría permitir que prevalezca la acción real antes que la personal (dado el carácter de causahabiente que une al actor respecto a sus demandados), lo que sería tanto como desconocer la validez y obligatoriedad que reviste la concertación de la relación personal existente (por causahabiencia) entre los antagonistas de la referida acción real; más aún, que sólo a través de la acción personal la parte demandada estaría en aptitud de ejercer las excepciones conducentes para justificar los motivos por los cuales no ha hecho entrega del inmueble objeto de transmisión de compraventa; cuestión que por estar directamente vinculada a las obligaciones pactadas en los contratos de compraventa involucrados, no podría proponerse dentro de la acción reivindicatoria, lo cual dejaría en completo estado de indefensión a la parte requerida, en claro perjuicio a la garantía de seguridad jurídica tutelada por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos numerales aludidos del Código Civil del Estado.
"Por otro lado, atendiendo a las manifestaciones que expone el autorizado del quejoso en el escrito de dieciséis de enero del presente año (foja 35 del cuaderno en que se actúa), al cual anexa copia certificada de la resolución dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, en el amparo directo 361/2012, se hace necesario exponer las siguientes consideraciones:
"No se inadvierte, que en el contrato base de la acción que se aportó en el juicio de origen (escritura **********), donde consta el contrato de compraventa celebrado entre el aquí quejoso ARR, como comprador y MMN, como vendedora, con relación al inmueble en controversia, se dio fe por parte de la notario público que dicho bien se encontraba libre de todo gravamen al momento de la concertación del pacto de voluntades y que la mencionada vendedora era quien aparecía como propietaria del bien en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
"Sin embargo, no obstante ello, esa circunstancia no desvirtúa el carácter de causahabiente que le surge al actor con relación a los demandados, pues, contrario a lo que estima, no es posible considerarlo como ‘tercero adquiriente de buena fe’.
"Para explicar lo anterior y la naturaleza jurídica de un ‘tercero adquiriente de buena fe’ para los efectos del registro, primero es necesario mencionar que el Registro Público de la Propiedad es una institución administrativa encargada de dar publicidad oficial del estado jurídico de la propiedad y posesión de los bienes inmuebles, referente a la constitución, declaración, transmisión, modificación, extinción y gravámenes de los derechos reales, dándole una apariencia jurídica a lo asentado en sus archivos, esto último en atención a que las anotaciones en el registro engendran la presunción de certeza del derecho inscrito, presunción que admite prueba en contrario y, por ende, da seguridad jurídica entre tanto no sea destruida legalmente.
"En relación con los efectos que produce la inscripción en el Registro Público de la Propiedad de los documentos registrables, se conocen tres sistemas, a saber:
"a) El sustantivo, en el cual la inscripción en el Registro Público de la Propiedad es un elemento de existencia para adquirir el dominio de los bienes inmuebles.
"b) El constitutivo, en el que el derecho nace con el contrato o acto jurídico, pero para su perfección es necesaria su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, en este sistema, la inscripción no es potestativa sino obligatoria; y,
"c) El declarativo, en el cual la transmisión de la propiedad se verifica por mero efecto del contrato sin necesidad de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, y sólo se inscribe si se desea que el contrato o acto jurídico surta efectos frente a terceros.
"Este último sistema es adoptado por el Código Civil del Estado de Nuevo León, ya que en el artículo 2895 establece lo siguiente:
"‘Artículo 2895. Los documentos que conforme a esta ley deben registrarse y no se registren, sólo producirán efectos entre quienes los otorguen; pero no podrán producir perjuicios a tercero, el cual sí podrá aprovecharlos en cuanto le fueren favorables.’
"Ahora bien, tercero para los efectos del registro, es aquella persona que mediante un acto o contrato puede ejercer un derecho real sobre determinado inmueble, siempre y cuando se haya adquirido de quien aparecía como su titular en el Registro Público de la Propiedad, el que una vez inscrito es oponible a cualquier otro supuesto titular con derecho real anterior pero no inscrito.
"Partiendo de las consideraciones y criterios reseñados, es posible advertir que, es cierto que la tendencia general de la ley es la de proteger al tercero de buena fe registral, a quien no es posible considerar como causahabiente de quien transmite un inmueble, siempre que este último sea quien aparezca como titular en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
"No obstante que en el asunto que se analiza, es verdad que, como se indicó, en la escritura base de la acción donde consta la compraventa celebrada entre el actor y MMN, se dio fe por parte del notario público que el inmueble objeto de compraventa no presentaba ningún gravamen; lo cierto es que aun así, se insiste, no es posible considerar al citado accionante como tercero adquiriente de buena fe, sino que su calidad es la de causahabiente con relación a los vendedores originales.
"Esto se afirma, ya que, con independencia de que en el contrato basal se diera fe de que el inmueble objeto de operación se encontraba libre de todo gravamen y que el mismo estaba registrado a nombre de la vendedora, lo cierto es que -se reitera- no es posible desconocer el vínculo jurídico que une al actor con los demandados, a razón de una serie de actos jurídicos por los cuales se transmitieron los derechos del bien en controversia, hasta llegar a manos del accionante aquí quejoso, lo que impide poner por encima de la acción personal derivada de esos actos jurídicos, a la ‘real’ que la ley confiere al tercero adquiriente de buena fe para la recuperación del bien transmitido más aún que en la escritura basal consta la manifestación expresa del ahora quejoso, como comprador, en el sentido de tener conocimiento que el inmueble en cuestión se encontraba ocupado por terceros (los demandados), y que no obstante esa situación era su deseo adquirir el bien en sus condiciones, lo cual es suficiente para desvirtuar la calidad que pretende ostentar (tercero adquiriente de buena fe).
"Entonces, si el actor ARR, por un lado, se sustituyó en los derechos de propiedad del inmueble, con relación a su causante MMN y, por otro, declaró expresamente tener conocimiento de que el inmueble se encontraba ocupado por ‘terceras personas’ (que en realidad se trataba de los vendedores originales) en contra de la voluntad de la enajenante y aun así externó su voluntad de aceptarlo en esas condiciones; por tanto, el derecho personal que tenía su causante para recuperar la posesión por parte de los vendedores originales (GMS y JLB), por supuesto, a través de la acción personal respectiva (actio empti), le fue transmitido a su vez a través de la operación concertada.
"Partiendo de lo anterior, se insiste que no es posible considerar al actor-quejoso como ‘tercero adquiriente de buena fe’, que lo faculte para ejercer la acción (real) reivindicatoria para recuperar la posesión por parte de los vendedores originales, ya que, precisamente al adquirir el bien con conocimiento pleno y conforme de que el inmueble se encontraba ocupado (precisamente por dichos vendedores primigenios), por tanto, como bien lo justipreció la Sala responsable, es necesario que ejerza la acción personal respectiva a efecto de obtener la misma, pues de lo contrario, no sólo implicaría permitir que prevalezca la acción real antes que la personal que, como se dijo, sería tanto como desconocer la validez y obligatoriedad que reviste la concertación de la relación personal existente entre los antagonistas de la referida acción real, sino que también se dejaría en completo estado de indefensión a los demandados para ejercer las excepciones, personas respectivas derivadas de los actos jurídicos por los cuales se transmitió sucesivamente el inmueble (los cuales consideran viciados por el uso indebido de un poder), en claro perjuicio a la garantía de seguridad jurídica tutelada por el artículo 14 de la Constitución Federal.
"No se soslaya el hecho de que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo 361/2012, en donde se ventiló una situación jurídica, al parecer, de similar naturaleza (según se advierte de la copia certificada allegada por el autorizado de la parte quejosa y que obra glosada al sumario -foja 35-), sostuv
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24637-592658ab/causahabiencia-no-existe-entre-quien-adquiere-un-derecho · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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