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Modo: Corpus Pro

DERECHOS A LA PROPIEDAD PRIVADA Y DE SEGURIDAD JURÍDICA DE LOS PROPIETARIOS ORIGINARIOS. DEBEN PREVALECER FRENTE A LA PROTECCIÓN REGISTRAL DE LOS TERCEROS ADQUIRENTES CUANDO EL ACTO TRASLATIVO DERIVE DE LA CONTRAVENCIÓN A NORMAS DE INTERÉS PÚBLICO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2060/2021. · Registro digital (IUS): 33549
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-08-29
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Agosto de 2025, Tomo V, Volumen 1, Pág.616.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2060/2021. 23 DE OCTUBRE DE 2024. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS.

ÍNDICE TEMÁTICO

Antecedentes. En 1982, un padre y sus dos hijos adquirieron tres lotes en un fraccionamiento, el primero con el carácter de usufructuario y los segundos como nudo propietarios, quienes lo inscribieron oportunamente en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Michoacán. Más de treinta años después tuvieron conocimiento de que un tercero había enajenado dichos inmuebles a otras personas, por lo que acudieron al Registro Público a comprobar su estado.

Del folio real se desprendía que el padre y sus dos hijos, a través de un supuesto representante, vendieron dichos inmuebles en diciembre de 2012 a un tercero, quien a su vez los enajenó siete meses más tarde a otra persona. Por último, otras dos personas adquirieron los inmuebles apenas unos días después de la segunda venta.

Los propietarios originarios promovieron un juicio ordinario civil en el que demandaron la inexistencia y nulidad del supuesto poder con base en el cual un tercero vendió los inmuebles, así como de dicha compraventa y de las ulteriores. El juez de primera instancia determinó la nulidad del poder notarial, pero no de las compraventas, bajo el razonamiento de que los terceros adquirieron los inmuebles de buena fe; es decir, con el convencimiento de que el apoderado sí tenía facultad para enajenarlos y las ulteriores ventas se celebraron con quienes aparecían como propietarios en el Registro Público.

El padre y los dos hijos interpusieron recurso de apelación, y la Sala Civil les concedió parcialmente la razón, pues consideró que la primera compraventa (celebrada por los propietarios originarios y un tercero a través de un representante) era nula, pero no así las posteriores, pues mantuvo que la legislación protegía a los terceros adquirentes de buena fe.

Los dos hijos, por sí mismos y uno como albacea de la sucesión del padre, promovieron juicio de amparo directo en contra de esa determinación, en la que, entre otras cuestiones, reclamaron la inconstitucionalidad del artículo 50 de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Michoacán de Ocampo, en el cual se sustentaron las resoluciones previas.

El Tribunal Colegiado de conocimiento desestimó los planteamientos de los quejosos y negó el amparo, por lo que interpusieron el presente recurso, en el que insisten en su planteamiento de inconstitucionalidad, al considerar que el principio de buena fe registral que protege a los terceros adquirentes no es absoluto, sino que tiene como excepción la adquisición que emana de actos ilícitos, pues con ello se afectan injustificadamente los derechos a la propiedad privada, de seguridad jurídica y legalidad.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al veintitrés de octubre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 2060/2021, interpuesto por los propietarios de origen, todos por conducto de su autorizado representante legal de los propietarios de origen, en contra de la sentencia de ocho de abril de dos mil veintiuno dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en el juicio de amparo directo primer número de expediente(1) en la que se negó el amparo a los recurrentes.

El problema jurídico que esta Primera Sala debe resolver gira en torno a la constitucionalidad del artículo 50 de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Michoacán de Ocampo(2) (en adelante “Ley del Registro Público”). En específico, se debe determinar si es válido que la legislación de una entidad federativa establezca la protección registral de la propiedad de las personas terceras adquirentes de buena fe con un carácter absoluto, o bien, si se debe exceptuar cuando el derecho se origina en un acto ilícito, para proteger los derechos a la propiedad y seguridad jurídica de quien lo sufre.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Origen del asunto. El veinticuatro de junio de mil novecientos ochenta y dos, los propietarios de origen, adquirieron los lotes (datos de identificación de los inmuebles) en Morelia, Michoacán(3). En su momento, hicieron la inscripción respectiva de la escritura pública en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Michoacán.

2. El cuatro de noviembre de dos mil trece, dos de los propietarios de origen(4) tuvieron conocimiento (supuestamente por conducto de su vecina, actual propietaria(5)), de la disposición que se hizo de esos inmuebles a favor de un tercero (primer adquirente).

3. Por lo anterior, acudieron al Registro Público de la Propiedad y constataron la existencia de una escritura pública de diciembre de dos mil doce,(6) en la que constaba una compraventa realizada entre los propietarios originarios y el adquirente, destacando que los primeros estuvieron representados por un supuesto apoderado.(7) El poder con el que compareció el representante presuntamente fue otorgado en dos mil siete.(8)

4. Aproximadamente siete meses después, en julio de dos mil trece, se celebró un segundo contrato de compraventa, entre el primer adquirente y un segundo adquirente.(9)

5. El siete de agosto de dos mil trece, once días después de la compraventa anterior, el segundo adquirente trasladó el dominio de los inmuebles mediante un tercer contrato de compraventa, celebrado con los últimos adquirentes. En suma, en un periodo de casi ocho meses, la propiedad de los inmuebles se trasladó en tres ocasiones.

6. Juicio ordinario civil tercer número de expediente. El cinco de septiembre de dos mil catorce, los propietarios originarios demandaron en la vía ordinaria civil lo siguiente:

• La inexistencia y nulidad absoluta, por falta de consentimiento, de la primera compraventa;(10)

• La inexistencia y nulidad absoluta de la segunda compraventa;(11)

• La inexistencia y nulidad absoluta de la tercera compraventa;(12)

• La restitución y entrega de los inmuebles ilegalmente vendidos;

• La cancelación de las inscripciones de las escrituras públicas en el Registro Público de la Propiedad y en la Dirección de Catastro;

• El pago de gastos y costas procesales;

• La nulidad y cancelación del poder notarial que supuestamente otorgaron los enjuiciantes y que sirvió de base para la venta;(13)

• De los demás notarios públicos, la nulidad y cancelación de las escrituras públicas de transmisión de propiedad, y

• Del Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Director del Catastro, la suspensión de cualquier acto relacionado con la transmisión de la propiedad a favor de terceras personas.

7. Al respecto, los sujetos demandados formularon sus respectivas contestaciones:

• El primer comprador alegó la improcedencia de la acción, sustentando que él y sus codemandados son adquirentes de buena fe, pues recibieron la propiedad de quienes estaban inscritos en el Registro Público de la Propiedad, de forma onerosa y negaron haber tenido conocimiento de que el poder pudiera estar afectado de nulidad;

• Los últimos adquirentes sostuvieron que son propietarios de los inmuebles controvertidos, derivado del contrato de compraventa que celebraron con el segundo comprador;

• En relación con el supuesto apoderado, se acusó su rebeldía, al haber sido emplazado por edictos y no contestar la demanda;

• El titular de la Notaría Pública quien supuestamente otorgó el poder a favor de quien enajenó los inmuebles en representación de los propietarios originarios, contestó que él no tuvo intervención, pues su nombramiento como fedatario fue hasta septiembre de dos mil diez;

• El Notario Público ante quien se celebró la primera compraventa presuntamente celebrada en representación de los actores, señaló que el título de propiedad que elaboró cumple con los requisitos previstos por la Ley del Notariado y del Código Civil;

• El titular de la Notaría Pública ante quien se celebró la segunda compraventa no compareció al juicio, por lo que se le declaró en rebeldía y se le tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo. Lo mismo en relación con el Notario Público ante quien se celebró el último contrato de compraventa.

8. El dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, el Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial de Morelia dictó sentencia en el expediente tercer número de expediente, en la que:

i) Declaró procedente la acción de nulidad del poder notarial para actos de administración y riguroso dominio, mediante el cual el codemandado se ostentó como apoderado de los propietarios originarios;

ii) Declaró infundada la acción de nulidad de las diversas escrituras que contienen las compraventas de los lotes materia del litigio, porque determinó que los compradores eran adquirentes de buena fe, y

iii) Condenó a los actores al pago de costas.

9. Recurso de apelación. Los propietarios originarios interpusieron un recurso de apelación, del que conoció el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y lo radicó con el número de toca cuarto número de expediente. El dieciocho de marzo de dos mil veinte dictó sentencia en la que modificó la resolución recurrida, para el efecto de declarar la nulidad de la escritura pública relativa a la primera compraventa, celebrada por un supuesto representante. Sin embargo, mantuvo el resto de las traslaciones de la propiedad.

10. Juicio de amparo directo (expediente primer número de expediente). El cuatro de agosto de dos mil veinte, los propietarios de origen, promovieron juicio de amparo directo, en el que reclamaron, en síntesis, lo siguiente:

• Inconstitucionalidad del artículo 50 de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Michoacán de Ocampo. La sentencia reclamada viola los derechos fundamentales de propiedad, legalidad y seguridad jurídica, consagrados en los artículos 14, 16, 27 y 133 de la Constitución Política del país, al aplicar el artículo 50 de la Ley del Registro Público.(14)

La Sala responsable determinó que, en el caso, se actualizó la causa de excepción contenida en el mencionado artículo 50, lo cual es contrario al derecho humano a la propiedad privada, al impedirse gozar y disfrutar libremente de los bienes, pues elimina la protección legal al derecho de propiedad, a pesar de la realización de actos ilícitos, como la suplantación de personas y la falsificación de firmas.

Se aplicó una ley inconstitucional, como lo es el artículo 50 de la Ley del Registro Público, que va en contra de la obligación del Estado mexicano de salvaguardar la propiedad privada, al convalidar las consecuencias de un delito en aras de proteger a los terceros adquirentes de buena fe. El contenido de dicha disposición estaba previsto en el artículo 2833 del Código Civil del Estado de Michoacán de Ocampo, pero al trasladarla a una nueva ley no se estableció la exclusión de la protección registral de los actos o contratos que se ejecuten u otorguen violando una ley prohibitiva o de interés público.

Al suprimir una disposición, el contenido del artículo permite que una persona sea privada de su propiedad a través de medios ilícitos y delictivos, sin permitirle recuperarla.

La interpretación que la Sala responsable hizo de los artículos 8° del Código Civil para el Estado de Michoacán de Ocampo(15) (en adelante “Código Civil”) y 50 de la Ley del Registro Público es violatoria de los derechos humanos de propiedad, seguridad y certeza jurídica, al dar preferencia a los derechos adquiridos por los terceros de buena fe, por encima del derecho a la propiedad. El tráfico comercial no puede estar por encima de la propiedad privada. Fueron los terceros quienes asumieron el riesgo de que se anulara su título.

Si la norma pone en riesgo el derecho de propiedad inmobiliaria, al no limitar los efectos y consecuencias de los actos celebrados en contravención a leyes prohibitivas o de orden público, con lo que se constituye una excepción a la nulidad de dichos actos, se deja a los legítimos propietarios a expensas de todo aquel adquirente que manifieste desconocer los vicios del título del vendedor, lo cual no proporciona seguridad y certeza jurídica en relación con el derecho de propiedad.

No puede soslayarse el principio jurídico de que el primero en tiempo es primero en derecho, de modo que la buena fe registral no opera cuando la anulación del otorgante proviene de un hecho delictuoso, como la falsificación de firmas o suplantación de personas, porque esto implicaría reconocer consecuencias jurídicas a actos inexistentes e ilícitos.

Los argumentos tienen sustento en la tesis de rubro “REGISTRO PÚBLICO. CASO EN QUE NO PUEDE SER INVOCADA LA BUENA FE EN ÉL”;(16) así como en la tesis de rubro “VENTA DE COSA AJENA. PROTECCIÓN DE LOS TERCEROS ADQUIRENTES DE BUENA FE, NO ES ILIMITADA (Legislación del Distrito Federal)”.(17)

• Indebida fundamentación y motivación. La sentencia reclamada no está debidamente fundada y motivada, pues el supuesto previsto en los artículos 1431 y 1435 del Código Civil,(18) no coincide con el supuesto fáctico de las normas aplicadas, pues no se está en el supuesto de una doble venta.

• Inaplicación de los artículos 215 y 223 de la Ley de Amparo.(19) La Sala responsable no aplicó las tesis invocadas, en las que se pone de manifiesto que la buena fe registral no puede invocarse tratándose de actos o contratos que se ejecuten u otorguen violando la ley, como acontece tratándose de suplantación de personas, falsificación de firmas, uso de documentos falsos o venta de cosa ajena.

• Indebida interpretación de los artículos 8º del Código Civil y 50 de la Ley del Registro Público. La Sala responsable inaplicó los artículos 1284, 1285, 1431, 1434 y 1435 del Código Civil,(20) al establecer la validez de las diversas compraventas impugnadas con base en la fe pública registral, sin importar que estas derivan de un título anulado, por lo que no le es oponible la buena fe de un tercero, pues quien adquirió a través de una suplantación de personas, aun de buena fe, es quien debe asumir el riesgo de su acción y quien debe de reclamar al vendedor la evicción correspondiente y no el legítimo propietario.

11. Sentencia recurrida. El ocho de abril de dos mil veintiuno, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito dictó sentencia mediante la cual negó el amparo, con base en las siguientes razones:

• Los quejosos pretenden demostrar la inconstitucionalidad del artículo 50 de la Ley del Registro Público,(21) con la finalidad de que el caso se rija conforme al contenido del derogado artículo 2833 del Código Civil.(22)

• El vicio de inconstitucionalidad del artículo 50 de la Ley del Registro Público deriva de la falta de incorporación de la salvedad de que el beneficio que se otorga a los adquirentes de buena fe no es aplicable cuando los actos de los que deriva su propiedad se ejecuten u otorguen con infracción de una ley prohibitiva o de interés público. Por ende, no se trata de un problema real de inconstitucionalidad.

• Para ello requiere cumplir requisitos mínimos, entre ellos, los conceptos de violación en los que se trate de demostrar que la ley impugnada es contraria a la hipótesis de la norma constitucional, en cuanto al marco de su contenido y alcance; lo cual no ocurre, porque el vicio que atribuye al artículo 50 de la Ley del Registro Público es la omisión de insertar una porción normativa preexistente, lo que impide su análisis desde esa perspectiva.

• Desde el punto de vista conceptual, la simple inactividad del legislador no equivale a una omisión, pues debe existir un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y que esa obligación se haya incumplido total o parcialmente. En el caso, no se está ante una omisión legislativa, sino una laguna normativa, lo que revela que la intención de los quejosos es que se reincorpore al sistema legislativo una porción normativa no reiterada en el derecho positivo. Por ello determinó la ineficacia del concepto de violación desde la perspectiva de la inconstitucionalidad de la norma.

• Se cumplen los requisitos mínimos para estudiar el concepto de violación dirigido a cuestionar la constitucionalidad de una norma, porque plantean la inconstitucionalidad del artículo 50 de la Ley del Registro Público con el argumento de que mantener a un tercero adquirente de buena fe en su propiedad, aunque se anule su antecedente registral, transgrede el derecho de propiedad y el debido proceso. Sin embargo, el argumento es infundado.

• Si bien los artículos 27 de la Constitución Política del país y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen el derecho a la propiedad privada, el cual debe de ser protegido, garantizado y respetado por todos, incluyendo otros particulares, ello se logra garantizando la adquisición de buena fe, pues sin propiedad privada no puede existir el comercio.

• El derecho a la propiedad privada no es absoluto, sino que tiene limitaciones que impone la propia Constitución. Debe entenderse que es tercero adquirente de buena fe quien: i) adquiera un derecho real sobre un inmueble de quien aparezca como titular registral, por virtud de un acto jurídico que se presuma válido o de una resolución judicial; ii) inscriba el derecho real adquirido a su favor en el Registro Público de la Propiedad; iii) adquiera a título oneroso, en el entendido de que debe existir una proporción razonable entre el valor y la cosa y el precio o contraprestación pagada por esta; y iv) desconozca los vicios del título del vendedor y que estos no se desprendan claramente del propio Registro Público de la Propiedad.

• El artículo 50 de la Ley del Registro Público por sí mismo no priva de la propiedad a ningún gobernado, puesto que solo señala que no serán invalidados los datos registrales relativos a terceros de buena fe, lo cual en modo alguno implica una disposición legislativa privativa del derecho de propiedad, sino solo una norma que tiende a proteger los fines de publicidad e inscripción inherentes al Registro Público de la Propiedad. El hecho de que la norma general convalide y otorgue prevalencia legal a los derechos del tercero adquirente de buena fe, no se traduce en la intención del legislador de privar de la propiedad a los legítimos propietarios. Por tanto, el artículo 50 de la Ley del Registro Público no transgrede los derechos de propiedad, seguridad jurídica y debido proceso.

• El Registro Público de la Propiedad es una institución pública a la que cualquier persona puede acudir y consultar los asientos registrales, a fin de conocer la situación jurídica de un bien o derecho registrable, para surtir efectos contra terceros. Para cumplir con su función, se rige por los principios de inscripción, rogación, consentimiento, especialidad o determinación, tracto sucesivo, fe pública registral, prioridad o prelación, prevención y de publicidad. Con la aplicación de esos principios se pretende que la función registral funcione adecuadamente y así contribuir a la seguridad jurídica, porque los actos debidamente registrados surten efectos contra terceros.

• El precepto tildado de inconstitucional no priva de la propiedad a ningún gobernado, debido a que la ley solamente señala que no serán inválidos los datos registrales relativos a terceros de buena fe, lo cual en modo alguno implica una disposición legislativa privativa del derecho de propiedad, sino solo una norma que tiende a proteger los fines de publicidad e inscripción, inherentes al Registro Público de la Propiedad.

• En los casos en que la mala fe derive del contenido de los registros, el tercero adquirente no goza de la protección prevista en el artículo 50 impugnado, por ejemplo: i) cuando no existe continuidad en las inscripciones; ii) quien tramite el derecho no es el titular registral; o bien, iii) cuando exista una anotación preventiva de compraventa vigente, entre otras similares. Cuando la mala fe no derive de actos del propio Registro Público, será necesario que se aporten elementos que acrediten la mala fe del adquirente, siempre tomando en cuenta que la anotación en el Registro Público únicamente tiene efectos declarativos. • La inscripción en el Registro Público de la Propiedad solo tiene efectos declarativos, por lo que esta no convalida actos que sean nulos conforme a la ley. Sin embargo, hay una excepción consistente en la adquisición de algún derecho a título oneroso, que se celebre con persona que en el registro aparezca legitimado. En este caso, no se invalidarán los actos en cuanto a terceros de buena fe, una vez inscrito el derecho real, aunque se anule el derecho del otorgante, en atención a los principios de publicidad y buena fe registral, a menos que las causas resulten del mismo registro.

• La anulación del derecho del vendedor no puede invalidar el derecho del tercero adquirente de buena fe, cuando la causa de nulidad no resulta del propio registro, porque conforme a los principios de publicidad y de fe pública registral, las inscripciones existentes en el Registro Público de la Propiedad hacen presumir que quien aparece ahí como propietario tiene legitimación para disponer del derecho, y así lo percibe el tercero adquirente de buena fe.

• La función registral contribuye a otorgar certeza y seguridad jurídica a quien acude a consultar sus inscripciones y registros, lo cual se protege mediante la previsión de que las inscripciones no se invalidarán en cuanto a terceros de buena fe.

• El principio de legitimación que rige al Registro Público (previsto en el artículo 49 del ordenamiento(23)) consiste en otorgar certeza y seguridad jurídica sobre los derechos inscritos, los cuales gozan de la presunción de veracidad hasta que haya declaración en contra.

• El principio de fe registral, previsto en el artículo 51 del reglamento,(24) consiste en tener como verdad jurídica el contenido de los asientos, salvo prueba en contrario. Con base en este principio se reputa la exactitud del registro en beneficio del adquirente que contrató confiando en el contenido de sus asientos y, en consecuencia, se le protege con carácter absoluto en su adquisición, para otorgar seguridad jurídica al tráfico inmobiliario.

• El principio de tracto sucesivo consiste en la organización que los asientos registrales tendrán, de manera que expresen con toda exactitud la sucesión ininterrumpida de los derechos que recaen sobre un inmueble, determinando la correlación o concatenamiento entre los distintos titulares registrales de este.

• De la interpretación conjunta de los principios referidos, se aprecia que el método que sigue el Registro Público de la Propiedad para otorgar seguridad jurídica parte de que las inscripciones de propiedad inmobiliaria se realicen dentro de una secuencia o concatenación entre adquisiciones y transmisiones, sin que haya una ruptura de continuidad. La pretensión es que el registro contenga todo el historial del inmueble, para ofrecer la certeza de que quien aparece inscrito como último propietario debe tenerse como tal, y así su derecho sea oponible a terceros. Con lo cual el comprador de un bien inmueble tendrá certeza de que obtiene el derecho de quien es legítimamente su titular. Por ende, las inscripciones gozan de presunción de veracidad en beneficio de los terceros de buena fe.

• La presunción de veracidad otorga certeza y seguridad jurídica sobre la titularidad de los bienes y su transmisión. Hay legitimación ordinaria cuando existe coincidencia entre el derecho protegido y la realidad de hecho; mientras que la legitimación extraordinaria se da cuando un acto eficaz se ejecuta por un autor que no goza de la titularidad del derecho, ni respeta la esfera jurídica ajena. La ley legitima los actos jurídicos con base en la apariencia de legalidad y en el principio de buena fe registral. De manera que la legitimación nace con el asiento o anotación en el Registro por una presunción, salvo prueba en contario, pero si se trata de actos en los cuales se afecta el interés de un tercero de buena fe, que a título oneroso adquirió la propiedad del titular registral, la presunción es en protección de estos.

• Si un tercero controvierte el título de propiedad de quien le vendió y, como consecuencia, este es anulado, por regla general, el derecho de propiedad adquirido a título oneroso prevalece sobre el derecho de quien haya sido legítimo propietario, pero no aparecía como tal en el Registro Público de la Propiedad, si la causa de la nulidad no se desprende del título del vendedor ni del propio Registro Público.

• El alcance del principio de buena fe registral se explica ante la inseguridad jurídica que podría ocasionar dejar en desamparo al tercero adquirente de buena fe, que confió en las inscripciones que constan en el Registro Público de la Propiedad.

• Conforme a lo previsto en los artículos 8, 10, 1390, 1391, 1395 y 1398 del Código Civil,(25) los actos que se ejecuten contra leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, con excepción de los casos en que la ley disponga lo contrario. Por lo que cualquier excepción debe estar expresamente especificada en la propia ley e interpretarse en forma limitativa.

• El artículo 50 en análisis no convalida actos nulos, sino que se trata de una excepción sobre la adquisición de un derecho a título oneroso, obtenido de la persona que en el registro aparezca como legitimada, en cuyo caso no se invalidará la operación de los terceros de buena fe, aunque se anule el derecho del otorgante. Lo anterior ocurrirá mientras el tercero no conozca la inexactitud o los vicios ocultos del acto o contrato.

• No existen elementos para que el derecho real adquirido por los terceros de buena fe no deba prevalecer sobre los de quien obtuvo la nulidad del título del enajenante, porque la legitimidad de tal adquisición ya no emana del título anulado, sino de la buena fe registral y del respeto del principio de tracto sucesivo de las adquisiciones o enajenaciones no interrumpidas, lo que se traduce en una absoluta concordancia de los asientos que figuran en el Registro Público de la Propiedad. Por tanto, no se violentan los derechos de los quejosos.

• Por último, no asiste la razón a los quejosos, porque la excepción a la que pretenden acogerse deriva del contenido del derogado artículo 2833 del Código Civil, el cual no puede considerarse pues ya no está vigente.

• Es inaplicable la tesis de rubro “REGISTRO PÚBLICO. CASO EN QUE NO PUEDE SER INVOCADA LA BUENA FE EN ÉL”; porque el supuesto que se interpretó difiere de las particularidades del asunto, ya que la anulación de la primera venta deriva de un ilícito civil, pero la norma no sanciona a los adquirentes posteriores de buena fe con los efectos pretendidos.

12. Recurso de revisión (expediente 2060/2021). Inconformes con esa determinación, el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, los señores propietarios de origen interpusieron el presente recurso de revisión, en el que reclaman esencialmente que:

• El Tribunal Colegiado no dio puntual respuesta al planteamiento de inconstitucionalidad, pues se limitó a exponer los principios registrales que emanan de las leyes secundarias, sin hacer un contraste entre estos y los derechos humanos que se estiman transgredidos. La determinación es deficiente, pues no se combatió la norma porque prive de la propiedad a los gobernados, sino porque permite esa privación a partir de la comisión de actos ilícitos, privilegiando el tráfico o comercio inmobiliario.

• El artículo 50 de la Ley del Registro Público es violatoria de los derechos de propiedad, seguridad y certeza jurídica, porque da preferencia a los derechos adquiridos de buena fe por los compradores, por encima del derecho de propiedad de los legítimos propietarios. Si la norma no limita los efectos de los actos realizados en contravención a leyes prohibitivas o de orden público, deja a los legítimos propietarios a expensas de todo aquel adquirente que manifieste desconocer los vicios del título del vendedor, lo cual, lejos de proporcionar seguridad y certeza jurídica al derecho de propiedad, permite su violación.

• El Tribunal Colegiado soslayó que el Estado mexicano sí tiene obligación de legislar de forma tal que establezca reglas que protejan a la propiedad privada frente a actos ilícitos o delictivos, por lo que fijó de manera inexacta la litis constitucional efectivamente planteada. La modificación legislativa que priva de protección a la propiedad contra actos ilícitos constituye una violación del derecho humano a la propiedad.

• El Tribunal Colegiado realizó una inexacta apreciación de la litis constitucional, porque el punto medular consiste en que, ante los derechos humanos a la propiedad, legalidad y seguridad jurídica, el principio de buena fe registral que protege a los terceros adquirentes no es absoluto, sino que debe de tener como excepción la adquisición que emana de actos ilícitos, como lo es la falsificación de firmas y la suplantación de personas.

• El Tribunal Colegiado determinó que el legislador da preferencia a los derechos obtenidos por terceros de buena fe, pero lo que se le planteó es que ello era inconstitucional, con base en los derechos humanos invocados. La presunción de certeza y veracidad de los asientos registrales encuentran sus límites en el orden legal que no pueden transgredir, ya que el Registro Público no convalida actos ilícitos que van en contra de los derechos que esa misma institución pretende proteger.

13. Admisión y turno. Por acuerdo de la Presidencia de este alto tribunal de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite el recurso de revisión y se turnó a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.

14. Avocamiento. El veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, la entonces Ministra Presidenta de la Primera Sala tuvo por recibido el expediente, se avocó al c

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33549-04e5c294/derechos-a-la-propiedad-privada-y-de-seguridad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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