ESCRITURA PRIVADA. PARA DETERMINAR SI ES FEHACIENTE, DEBE ACREDITARSE QUE QUIEN VENDIÓ EL BIEN INMUEBLE ERA SU PROPIETARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).
AMPARO DIRECTO 365/2023. 6 DE JUNIO DE 2024. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MARAT PAREDES MONTIEL. SECRETARIO: JAIRO HERNÁNDEZ GARIBAY.
San Luis Potosí, San Luis Potosí, sentencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de seis de junio de dos mil veinticuatro.
VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo directo civil 365/2023, promovido por **********, deducido del expediente **********, radicado en la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en esta ciudad capital; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo, precisión del acto reclamado y autoridad responsable. Mediante escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, en la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí; enviado posteriormente, el veintitrés de mayo del citado año, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, y recibido el veinticuatro subsecuente, en este Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, ********** promovió juicio de amparo contra la autoridad y por el acto que a continuación se indican:
"... III. Autoridad responsable:
H. Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia de esta Entidad Federativa.
IV. Acto Reclamado:
a) El acto reclamado en este juicio de garantías, lo constituye la resolución de fecha 3 de abril del año en curso emitida por la autoridad responsable, en la que resuelve el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso en contra de la sentencia definitiva de fecha 08 de diciembre del año 2022, dictada por el C. Juez Tercero del Ramo Civil bajo el expediente número **********."
SEGUNDO. Derechos fundamentales que se estiman violados. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales vulnerados, los reconocidos en los artículos 1o., 4o., y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los cuales adujo los conceptos de violación que estimó pertinentes, señaló como tercero interesado al **********, quien fue debidamente emplazado a juicio.
TERCERO. Admisión de la demanda de amparo. ********** promovió el presente juicio de amparo directo, del cual tocó conocer a este Tribunal Colegiado del Noveno Circuito; y por auto de Presidencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, este Órgano Colegiado admitió a trámite la demanda de amparo, registrándola como Amparo Directo Civil 365/2023.
CUARTO. Pedimento del Ministerio Público de la adscripción. Se notificó la admisión en este órgano jurisdiccional al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, quien no formuló pedimento.
QUINTO. Turno del asunto al Magistrado Ponente. Por acuerdo de Presidencia de diez de julio de dos mil veintitrés, se ordenó turnar los autos a la Secretaría en Funciones de Magistrada Licenciada Anahí Lourdes Zarazúa Martínez, para que formulara el proyecto de resolución correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Ley de Amparo.
SEXTO. Returno. Posteriormente, mediante oficio SEADS/396/2024, de siete de febrero de dos mil veinticuatro, firmado por la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, Magistrada María Guadalupe Molina Covarrubias, se informó que en sesión celebrada en la misma fecha, se acordó la primera adscripción de manera interina del Magistrado Marat Paredes Montiel, como nuevo integrante de este Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en sustitución del Magistrado Hanz Eduardo López Muñoz con efectos a partir del dieciséis de febrero del año en cita; en tal virtud, en auto de esta última fecha, se returnó el presente asunto para la formulación del proyecto de resolución correspondiente; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo directo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción II, 34, y 170, fracción I, de la Ley de Amparo; y, 37, fracción I, inciso c), 39 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Numeral Segundo, fracción IX, Número 1, del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la jurisdicción territorial, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece; reformado mediante el Acuerdo General 54/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de diciembre de dos mil quince; por tratarse de un juicio de amparo directo promovido contra una sentencia definitiva dictada por una Sala del orden común, con residencia en la jurisdicción territorial de este Órgano Colegiado.
SEGUNDO. Existencia del acto reclamado. La existencia del acto reclamado quedó debidamente acreditada con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, con el expediente **********, que se remitieron como anexo a dicho informe.
TERCERO. Oportunidad para la presentación de la demanda de amparo. La demanda de amparo fue presentada dentro del término de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, como se advierte del cuadro que se inserta a continuación:
Ver cuadro
CUARTO. Legitimación. En el caso, el juicio de amparo se promovió por quien se encuentra legitimado para hacerlo, esto es, por **********, quien es parte actora en el juicio del que emana el acto reclamado.
QUINTO. Omisión de transcripción del acto reclamado y conceptos de violación. No se transcriben las consideraciones de la sentencia reclamada, ni los conceptos de violación expresados en su contra, en tanto que el artículo 74 de la Ley de Amparo, que prevé los requisitos que habrán de contener las sentencias dictadas en los juicios, no lo exige ni existe precepto legal alguno que establezca esa obligación; pues, la omisión de su transcripción no deja en estado de indefensión a las partes, en virtud de que el juzgador constitucional, tiene la obligación de atender los principios de congruencia y exhaustividad, contenidos en el artículo 17 constitucional, y el fallo impugnado obra en los autos del juicio de origen, además de que es del conocimiento de la parte quejosa, por constituir el acto que se impugna.
Asimismo, en la demanda de amparo glosada a este expediente, constan los conceptos de violación y se agrega a los autos copia certificada de la sentencia reclamada; de todo lo cual se entregó copia a los Magistrados integrantes de este Tribunal junto con el proyecto respectivo.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de mayo de 2010, Tomo XXXI, Novena Época, página 830, que es del tenor literal siguiente:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes el capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer."
SEXTO. Los conceptos de violación planteados son infundados, sin que se advierta motivo que autorice suplir la deficiencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo.
En principio se precisa que el acto reclamado en el presente juicio de amparo directo, consiste en la sentencia pronunciada el tres de abril de dos mil veintitrés, por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en el toca civil de apelación **********, a través del cual se confirmó el fallo de ocho de diciembre de dos mil veintidós, dictado por el Juez Tercero del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial en el expediente **********, relativo al juicio extraordinario civil por inscripción definitiva, promovido por ********** contra el Instituto Registral y Catastral del Estado de San Luis Potosí, en la que se determinó que el actor no probó los elementos constitutivos de su acción.
Además, previo al análisis de los motivos de disenso, conviene puntualizar que al tenor de los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la Ley de Amparo, este Tribunal dará respuesta a la cuestión efectivamente planteada por el promovente del juicio constitucional dentro de sus motivos de disenso y para ello se destacará la esencia de éstos, cuyo análisis se abordará enseguida, porque de la lectura acuciosa de los mismos, se desprende que aquél es redundante en los aspectos por los que considera ilegal la sentencia impugnada, y en esa virtud, no es posible dar respuesta a cada una de las expresiones que formula, si finalmente giran sobre un mismo tema.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 51/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 68, julio de 2019, Tomo I, página 183, número de registro en IUS: 2020281, del tenor literal siguiente:
"SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE CONOZCA DEL JUICIO PUEDE DEFINIR CUÁL ES EL DERECHO HUMANO QUE EN CADA ASUNTO SE ESTIME VIOLADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 76 DE LA LEY DE AMPARO. Si conforme al artículo citado, el órgano jurisdiccional tiene la obligación de corregir los errores u omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y puede examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda, es inconcuso que, en concordancia con lo anterior, también puede definir cuál es el derecho humano que, en su caso, se estime violado en cada asunto."
Asimismo, es orientadora la tesis aislada 1a. CVIII/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, número de registro en IUS: 172517, página 793, del rubro y texto siguientes:
"GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expedites- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente."
De esta manera, el solicitante del amparo aduce, en esencia, que le depara perjuicio jurídico la circunstancia de que la Sala responsable haya determinado que no se acreditó el elemento de la acción, atinente a que la escritura se ajustara a los principios de certeza jurídica y tracto sucesivo.
Lo anterior porque refiere que el contrato privado de compraventa, adverso a lo apreciado por la potestad de instancia, sí merece valor probatorio, ello en virtud de que la operación contenida en el mismo se encontraba permitida tanto por la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Comercio como por el Código Civil para el Estado de San Luis Potosí vigente en mil novecientos ochenta y cinco, específicamente en los ordinales 74 del primer cuerpo de leyes y los diversos 2843 y 2844 del ulterior texto legal, normativa que en aquella época sólo exigía: a) La existencia del documento o la escritura a registrar, con un antecedente de inscripción definitiva, b) que la escritura reuniera los requisitos que establece la ley; y, c) Que el título fuera de los que deben registrarse.
En ese contexto, la actual Ley del Instituto Registral y Catastral del Estado de San Luis Potosí, la cual entró en vigor con motivo del Decreto 809, publicado en el Periódico Oficial del Estado el once de julio de dos mil nueve, dispone que en tratándose de la inscripción definitiva de un instrumento que carece de antecedente registral, deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que la escritura materia de la inscripción sea privada, b) que la escritura sea fehaciente; y, c) que el documento materia de la inscripción se ajuste a los principios de certeza y tracto sucesivo.
En tal virtud, el promovente del juicio constitucional sostiene que al exigírsele por parte de la autoridad responsable requisitos que contempla la ley actual, los cuales no existían en la época en que se llevó a cabo la operación base de la acción, que fue en el año de mil novecientos ochenta y cinco; entonces, sostiene que la responsable transgredió en su perjuicio el principio de irretroactividad de la ley, el cual es de rango constitucional y, por ende, debió haber sido observado por la potestad de instancia.
Agrega que con el criterio asumido por el Tribunal de Apelación responsable se deroga los derechos adquiridos con el documento base de la acción y que datan desde mil novecientos ochenta y cinco, en franca contravención al contenido del precepto 16 constitucional.
En apoyo citó los criterios de los rubros siguientes: "IRRETROACTIVIDAD, GARANTÍA DE. NO OBLIGA A APLICAR RETROACTIVAMENTE LA LEY CUANDO BENEFICIA A UN PARTICULAR." y "PROCEDIMIENTO, IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES, REGLAS RELATIVAS."
Además, el solicitante del amparo refiere que para darle certeza jurídica al acto jurídico de la compraventa, las partes contratantes acudieron con la autoridad más próxima en aquélla época, esto es, con el Alcalde del Municipio de Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, quien certificó la ratificación de firmas de los que intervinieron en ese pacto de voluntades.
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2841 del Código Civil para el Estado de San Luis Potosí vigente en mil novecientos ochenta y cinco, son válidos los documentos privados que al calce contengan la certificación del alcalde, por la que se cerciore de la autenticidad de las firmas y la voluntad de las partes, lo que en la especie aconteció.
Por tanto, sostiene que esa actuación del Alcalde del Municipio ********** constituye la legalidad y la fehaciencia del contrato privado de compraventa base de la acción que ahora se le exige.
Los sintetizados conceptos de violación son infundados.
Ello es así, porque en contra de lo argumentado por el quejoso, es correcto que se considerara como tercer elemento de la acción de inscripción definitiva, "que el documento materia de la inscripción se ajuste a los principios de certeza y tracto sucesivo", el cual no fue acreditado en el juicio de origen, dado que las pruebas ofertadas por la accionante no son aptas para evidenciar la cadena ininterrumpida de las compras o transmisiones de las que ha sido objeto el predio que, en la especie, pretende registrar por primera vez.
En primer término, conviene destacar que el citado elemento de la acción, relativo a la necesidad de acreditar el tracto sucesivo, tiene sustento en el artículo 54 de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.
Al respecto, es oportuno señalar que el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que, en materia civil, imperan los principios de literalidad o interpretación jurídica de la ley y, a falta de ésta, los principios generales del derecho.
Los principios generales del derecho imponen a las autoridades el deber de respetar la seguridad jurídica de los gobernados; además, se desprende que ante los vacíos legislativos que se manifiestan con la aplicación individualizada de la ley, el juzgador debe realizar una labor interpretativa, para lo cual debe utilizar los métodos hermenéuticos que desentrañen el sentido del contexto normativo de que se trate, a efecto de satisfacer el fin de la norma.
De ahí que, no puede partirse de la premisa de que el legislador ha previsto absolutamente todos los casos a los que la ley que emite puede ser aplicable, de manera que cualquier carencia implique una omisión deliberada y, que en el caso concreto, lleve a concluir que por el hecho de que el artículo 54 de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y Municipios de San Luis Potosí no prevea expresamente la exigencia de acreditar la transmisión sucesiva de la propiedad, sea innecesario cumplir con los principios de certidumbre y tracto sucesivo que el Juez de primera instancia estableció como elemento de la acción y que la Sala responsable validó al atender el agravio que sobre el particular se hizo valer, pues de conformidad con el derecho fundamental de seguridad jurídica previsto en el referido artículo 14 constitucional, el órgano jurisdiccional, al resolver la cuestión jurídica que se le plantee, debe hacerlo conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y, a falta de ésta, se fundará en los principios generales del derecho.
También autoriza que se recurra a los "principios generales del derecho" para resolver toda clase de controversias judiciales del orden civil y el numeral 17 del mismo ordenamiento legal prevé el derecho que toda persona tiene para que se le administre justicia por tribunales, y que ésta sea pronta y expedita.
En tal virtud, cuando de la literalidad de los preceptos se desprende cuál es la intención del legislador al plasmar un principio que regule una disposición vigente, el intérprete se encuentra obligado a ajustarse, originalmente, a la literalidad de las palabras, vocablos o frases empleadas por el legislador; sin embargo, cuando la ley sea oscura o defectuosa en su redacción y no pueda mediante ese método advertirse o desentrañarse su sentido, está facultado para acudir a la aplicación de otros sistemas de interpretación legal o, en todo caso, a los principios generales del derecho. Ahora bien, para determinar el verdadero alcance de la expresión literal de la redacción de un artículo, en este caso del artículo 54 de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, no basta el examen gramatical, sino que debe acudirse a un método de interpretación teleológico que atienda a la finalidad o a los objetivos que persiguen la publicación de las disposiciones legislativas, pues entenderlo de otra manera equivaldría a ir en contra de la naturaleza de la creación de la norma y su finalidad.
Luego, por principio de hermenéutica jurídica, la interpretación de las disposiciones que integran un ordenamiento legal debe realizarse de forma que sus mandatos no se contradigan, sino que, por el contrario, se complementen y armonicen entre sí, para desentrañar el verdadero sentido y alcance del mandato legislativo.
De lo expuesto, se desprende que se permite cierta flexibilidad en su aplicación, pero no injustificadamente, sino con la finalidad de que la norma sea congruente e integral en su contexto y con el sistema normativo del que forma parte; puesto que debe de atenderse a que las normas, no deben ser entendidas ni interpretadas en forma aislada, sino de manera lógica y congruente con el ordenamiento sistematizado al que pertenece, con el cual, se debe ver complementada para establecer su finalidad y alcance, y así establecerse de manera eficiente, los elementos, objetos, objetivos y alcances vinculados con una norma y, con la finalidad de proporcionar certidumbre en las decisiones judiciales y dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico.
Esto es, la aplicación complementaria de una norma en relación con aquellas que forman parte del propio sistema normativo, procede para integrar ya sea una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se integren con principios generales contenidos en otras leyes, que lleven a la satisfacción efectiva del fin para el cual fue creada dicha norma, o para que logre tener una debida eficacia.
De manera que realizar una interpretación limitativa de la institución de leyes, puede tener como consecuencia demeritar la finalidad que persigue dicha institución; puesto que no debe pasar desapercibido que la función integradora de la ley, tiene como objeto auxiliar al juzgador en su función aplicadora de la ley para resolver las controversias que se sometan a su jurisdicción, en cumplimiento a los principios generales de derecho y a los principios constitucionales que rigen el proceso, tales como el principio de certeza y seguridad jurídica.
En ese sentido, es dable concluir que, si bien es cierto que la interpretación y aplicación de las normas impositivas son estrictas, también lo es que resultaría imposible interpretar cada precepto considerándolo fuera del contexto normativo del que forma parte, ya que, de ser así, cualquier intento estricto de interpretación resultaría infructuoso para determinar el sentido y alcance de las normas, pues cada una requiere de interpretación, aunque sea literal y, un principio de hermenéutica obliga a interpretar los preceptos jurídicos en función a los demás que integran el ordenamiento al que pertenecen y en función a los demás ordenamientos que integran un determinado régimen jurídico.
En consecuencia, interrelacionar las normas de manera sistemática no conlleva una interpretación indebida, ni vulnera los principios de legalidad y seguridad jurídica; por el contrario, tiende a eficientizar la aplicación de la norma; de ahí que deba estarse a una interpretación sistemática de los ordenamientos aplicables que mejor maximice el mandato respectivo.
En ese contexto, debe decirse que el artículo 54 de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro, en que se apoyó el juzgador de primer grado y, a la postre, también la autoridad responsable, no puede interpretarse de manera aislada para efectos de su aplicación, sino que debe analizarse, interpretarse y aplicarse, de acuerdo con el sistema normativo al que pertenece y dentro del marco jurídico que deba regirlo; por tanto, los elementos de la acción de inscripción definitiva del contrato privado de compraventa base del juicio, no se forma con lo dispuesto exclusivamente por tal artículo, sino también por aquellos principios que rigen la materia, así como los numerales vinculados, que conllevan a definir y eficientizar la finalidad y objetivos del citado artículo, para lo cual es conveniente tomar en cuenta, la exposición de motivos de la Ley del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de San Luis Potosí, publicada el once de julio de dos mil nueve, así como la diversa Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, publicada el cinco de junio de dos mil catorce, las cuales son por su orden, del tenor siguiente:
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Registro Público de la Propiedad nació entonces de la necesidad de otorgar certeza, seguridad pública y protección oficial a los bienes y derechos, tanto para la tranquilidad de su titular, como, implícitamente, para posibilitar su explotación, ya que el bien inscrito (que es un valor económico en sí mismo y, por tanto, riqueza), sirve de garantía al crédito, que es la palanca de toda economía moderna.
En esta dinámica económica que privilegia el crédito, el sistema registral mexicano, según evaluación de algunos analistas internacionales, no ha evolucionado y, en consecuencia, su normatividad no responde a las expectativas de confianza de quienes pretenden negociar con México, ya sea que se trate de inversión local o extranjera, directa o indirecta; así lo señala el informe “Doing Business in México 2007” (Haciendo Negociación en México 2007), editado por el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional; que se cita a continuación:
"“Cuanto más difícil es el registro de la propiedad, mayor es el número de inmuebles que se mantienen en el sector informal. Sin embargo, los títulos de propiedad informales no pueden utilizarse como garantía para obtener un crédito. Y sin un título de propiedad formal, el valor de los inmuebles es más bajo y los dueños de las propiedades invierten menos. Un estudio reciente realizado en Argentina señala que hay un aumento de la inversión en un 47 % cuando las propiedades se encuentran registradas formalmente; dos investigaciones similares realizadas en Perú indican un aumento del 60 %.”"
Mientras que la propiedad en todas sus manifestaciones se desenvuelve y avanza en una vorágine que demanda un amplísimo margen de seguridad jurídica que facilite su tráfico, y que se traduce en una serie de reformas a las disposiciones jurídicas que conforman una legislación que reconoce, incluso, la existencia de la contratación y firma electrónicas, y la posibilidad de uso de otras tecnologías, la legislación registral en materia de propiedad no ha logrado evolucionar en la misma dinámica; el sistema y la normatividad establecida para llevar a cabo las inscripciones en nuestro Estado, resulta ya inoperante y demanda una transformación para brindar la seguridad que la publicidad y demás principios registrales ofrecen.
Independientemente de los incuestionables avances jurídicos insertos en esta nueva disposición, se pretende que nuestra Entidad sea considerada como una mejor opción entre los distintos destinos de inversión; la utilización de nuevas tecnologías resulta ser no sólo una necesidad, sino un presupuesto indispensable para el desarrollo económico de un Estado emergente como el nuestro. Modernizar el Registro Público de la Propiedad de San Luis Potosí significa actualizar la función registral, no sólo en el sentido tradicional y simple con que usualmente se ha entendido la modernización de una organización pública o privada, atendiendo al sentido lexicológico del vocablo "modernizar", sustituyendo equipo obsoleto por nuevas tecnologías, o bien, en su caso, implementando nuevos métodos de trabajo; sino en un sentido más ambicioso que el simple reemplazo de equipo viejo por nuevo, o el cambio de tecnología o de procesos de trabajo. La modernización tiene que ver con la necesidad de renovar el organismo registral con una visión integral, evolutiva, incluyente y permanente, donde a corto, mediano y largo plazo, se cumpla con una serie de elementos, partes o indicadores que midan, dentro de ciertos rangos que van de mínimos a satisfactorios, el nivel de avance alcanzado y donde participen diversas instancias y actores sociales como el notariado, el sector financiero y el de vivienda para, en un esfuerzo común y coordinado, coadyuvar a la transformación del Registro Público de la Propiedad de San Luis Potosí, en una dependencia de la administración pública centralizada que promueva la inversión, incremente las expectativas de recuperación, disminuya el riesgo de acreedores hipotecarios, y minimice costos de averiguación, litigiosidad e incertidumbre.
Por lo que en atención a las funciones que realiza esta institución, de la repercusión de las mismas para la inversión productiva del Estado, y para incentivar la generación de vivienda, es que se ha considerado prioritario implementar cambios en la misma, que le permitan satisfacer cada una de las obligaciones y atribuciones que le impone la propia Ley, ofreciendo las vías idóneas que demanda la sociedad, así como para darle legal cumplimiento a los fines para los cuales fue creada; y con el objetivo general de brindar los servicios registrales, q
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33044-2eefa3fd/escritura-privada-para-determinar-si-es-fehaciente-debe · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRAVENTA. PARA EFECTOS DE ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DE QUIEN SE OSTENTA COMO PROPIETARIO DE UN INMUEBLE EN UN JUICIO DE AMPARO, ADQUIERE FECHA CIERTA CO (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- ANTECEDENTE REGISTRAL. NO LO CONSTITUYE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2845, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, LA INSCRIPCIÓN PREVENTIVA QUE HACE EL REGIST (AMPARO DIRECTO)
- EMBARGO. ES ILEGAL EL TRABADO SOBRE UN INMUEBLE QUE ESTÁ FUERA DEL DOMINIO DEL DEUDOR, AUN CUANDO EL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA CIERTA POR EL QUE SE TRANSMITIÓ NO EST (CONTRADICCIÓN DE TESIS 152/2007-PS)
- REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. NO DEBEN INSCRIBIRSE EN FORMA DEFINITIVA LOS TÍTULOS DE PROPIEDAD QUE CAREZCAN DE ANTECEDENTES REGISTRALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO D (AMPARO DIRECTO)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- ESCRITURA PRIVADA. PARA DETERMINAR SI ES FEHACIENTE, DEBE ACREDITARSE QUE QUIEN VENDIÓ EL BIEN ERA PROPIETARIO DEL PREDIO QUE TRANSMITIÓ (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ) (IX.2o.C.A.6 C (10a.))
- ESCRITURA PRIVADA. PARA DETERMINAR SI ES FEHACIENTE, DEBE ACREDITARSE QUE QUIEN VENDIÓ EL BIEN INMUEBLE ERA SU PROPIETARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). (IX.2o.C.A. J/2 C (11a.))
- ESCRITURA PÚBLICA. NO ES OPTATIVA DICHA FORMALIDAD PARA LOS ACTOS TRASLATIVOS DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). (IX.2o.C.A.5 C (10a.))
- ANTECEDENTE REGISTRAL. NO LO CONSTITUYE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2845, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, LA INSCRIPCIÓN PREVENTIVA QUE HACE EL REGIST (IX.2o. J/15)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis