ANTECEDENTE REGISTRAL. NO LO CONSTITUYE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2845, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, LA INSCRIPCIÓN PREVENTIVA QUE HACE EL REGISTRADOR PÚBLICO, CON FUNDAMENTO EN EL DIVERSO NUMERAL 2844 DEL PROPIO ORDENAMIENTO LEGAL.
AMPARO DIRECTO 552/2009. **********
CONSIDERANDO:
SEXTO. Son infundados los conceptos de violación expresados por el impetrante de la protección federal.
En primer término debe resaltarse que a partir de la foja dos al segundo párrafo de la foja ocho de la demanda de amparo, el quejoso se limita a reproducir las consideraciones de la sentencia reclamada, lo cual implica que esa transcripción no constituye la expresión de un concepto de violación que deba ser atendido por este Tribunal Colegiado de Circuito.
Por otra parte, también debe puntualizarse que al tenor de los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79 de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado de Circuito dará respuesta a la cuestión efectivamente planteada por el quejoso y, para ello, se destacará la esencia del motivo de inconformidad, porque de la lectura acuciosa de la demanda de amparo se desprende que el peticionario de la protección federal es redundante en los aspectos por los que considera violatoria de garantías la sentencia reclamada y, en esa virtud, sería ocioso dar respuesta a cada una de las expresiones si a fin de cuentas giran sobre el mismo tema.
Apoya lo antes dicho la tesis aislada 1a. CVIII/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de dos mil siete, página setecientos noventa y tres, bajo el rubro y texto siguientes:
"GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente."
Bajo ese contexto, de la lectura acuciosa e íntegra de la demanda de amparo, se pone de manifiesto que la razón por la cual el quejoso considera que la Sala responsable viola sus garantías individuales es la siguiente.
La Sala de apelación viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al haber aplicado e interpretado en forma errónea los artículos 2843, 2844 y 2845 del Código Civil para el Estado de San Luis Potosí, así como los ordinales 74, 96, 131 y 77 de la Ley del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad.
Así lo estima el impetrante de la protección federal porque después de transcribir esas disposiciones legales concluye que del examen sistemático de las mismas se obtiene que el director del Registro Público de la Propiedad debe hacer la inscripción del título presentado para su registro, cuando encuentre que el mismo es de los que por ley deben ser registrados, reúna las formas extrínsecas y los requisitos exigidos por el ordinal 2845 del Código Civil, entre los que se encuentra la referencia de un registro anterior.
De lo contrario, si no se satisfacen esos extremos, el registrador debe devolver el título sin registrar, fundando y motivando la causa por la cual no lo inscribió, pero -añade- en ese supuesto se encuentra obligado a realizar una inscripción preventiva, a fin de que si la autoridad judicial, en su caso, ordena el registro del título, la inscripción definitiva surta efectos desde la primera vez en que fue presentado el título rechazado.
Pero, en opinión del quejoso, esa inscripción preventiva no sólo tiene ese efecto sino, además, su objetivo es fijar un antecedente de registro, al así disponerlo expresamente el artículo 74 de la Ley del Registro Público de la Propiedad, al estatuir que serán inscripciones preventivas todas aquellas que tengan por objeto fijar un antecedente de registro.
De modo que -añade- la autoridad responsable pasó por alto que la finalidad de la acción deducida es transformar una inscripción preventiva en definitiva, y si en términos de dicho precepto legal la primera de ellas tiene como objetivo establecer un antecedente de registro, entonces es patente que el título en cuestión ya no carece de antecedente registral y, por ello, lo procedente era que la autoridad judicial compeliera al ente demandado a la inscripción definitiva del título de propiedad.
Dicho en otros términos, desde la perspectiva del impetrante de la protección federal, el título de propiedad de la sucesión intestamentaria que representa, ya satisface los requisitos legales para que proceda su inscripción definitiva en el Registro Público de la Propiedad, debido a que ese instrumento ya no carece de antecedente registral, esto si se toma en cuenta que la inscripción preventiva anotada por el ente demandado, en términos de una correcta interpretación de los preceptos legales arriba referidos, es precisamente la de establecer un antecedente registral y no únicamente fijar la fecha en la que por primera vez fue presentado el documento ante la oficina registral.
Los relatados conceptos de violación resultan infundados, por las razones que enseguida se expondrán.
Es inexacto que la inscripción preventiva asentada por el órgano registrador al rechazar su solicitud de inscripción definitiva, sea suficiente para que el juzgador ordene al director del Registro Público de la Propiedad la inscripción definitiva denegada.
Para dar claridad a lo anterior, es pertinente tener en cuenta los preceptos legales del Código Civil para el Estado de San Luis Potosí que regulan la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad de títulos traslativos de dominio.
"Artículo 2842. El interesado presentará el título que va a ser registrado, y cuando se trate de documentos que impliquen transmisiones o modificaciones de la propiedad de fincas rústicas o urbanas, un plano o croquis de esas fincas."
"Artículo 2843. El registrador hará la inscripción si encuentra que el título presentado es de los que deben inscribirse, llena las formas extrínsecas exigidas por la ley y contiene los datos a que se refiere el artículo 2845. En caso contrario, devolverá el título sin registrar, fundando y motivando las razones por las que se niega el registro, siendo necesaria resolución judicial para que se haga el registro."
"Artículo 2844. En el caso de la devolución a que se refiere la parte final del artículo anterior, el registrador tiene obligación de hacer una inscripción preventiva a fin de que si la autoridad judicial ordena que se registre el título rechazado, la inscripción definitiva surta sus efectos desde que por primera vez se presentó el título. Si el Juez aprueba la calificación hecha por el registrador, notificará esta resolución al registrador quien una vez que cause ejecutoria ese fallo cancelará la inscripción preventiva, asentando razón de la resolución judicial.
"Transcurrido un mes sin que se comunique al registrador la instauración del procedimiento o la calificación que del título presentado haya hecho el Juez, de oficio se cancelará la inscripción preventiva.
"En ningún caso los efectos de la inscripción preventiva excederán de un año."
"Artículo 2845. Toda inscripción que se haga en el registro expresará las circunstancias siguientes:
"I. La naturaleza, situación y linderos de los inmuebles objeto de la inscripción o a los cuales afecte el derecho que debe inscribirse; su medida superficial, nombre y número si constare en el título, la referencia al registro anterior en donde consten esos datos; asimismo, constará la mención de haberse agregado el plano o croquis al legajo respectivo;
"II. La naturaleza, extensión, condiciones y cargas del derecho que se constituya, transmita, modifique o extinga;
"III. El valor de los bienes o derechos a que se refieren las fracciones anteriores. Si el derecho no fuere de cantidad determinada, los interesados fijarán en el título la estimación que se le den;
"IV. Tratándose de hipotecas, la época en que podrá exigirse el pago del capital garantizado, y si causare réditos, la tasa o el monto de éstos y la fecha desde que deban correr;
"V. Los nombres, edades, domicilios y profesiones de las personas que por sí mismas o por medio de representantes hubieren celebrado el contrato o ejecutado el acto sujeto a inscripción. Las personas morales se designarán por el nombre oficial que lleven, y las sociedades, por su razón o denominación;
"VI. La naturaleza del acto o contrato;
"VII. La fecha del título y el funcionario que lo haya autorizado;
"VIII. El día y la hora de la presentación del título en el registro."
De una interpretación sistemática de esos preceptos legales, se obtiene que el interesado en efectuar una inscripción, deberá presentar ante el Registro Público de la Propiedad, el título que desea registrar, si éste implica transmisión o modificación de la propiedad de fincas rústicas o urbanas, además, debe exhibir un plano o croquis de ellas.
Ante esa petición, el registrador hará la inscripción si el título presentado es de los que deben inscribirse en términos del artículo 2841 de la legislación en consulta y, además, llena las formas extrínsecas exigidas por la ley y contiene los datos a que refiere el ordinal 2845 de la propia codificación.
Uno de estos últimos datos es el relativo a la referencia del "registro anterior", en tanto el artículo 2845, fracción I, del Código Civil del Estado dispone que toda inscripción que se haga en el registro expresará, entre otras, las circunstancias siguientes: "La naturaleza, situación y linderos de los inmuebles objeto de la inscripción o a los cuales afecte el derecho que debe inscribirse; su medida superficial, nombre y número si constare en el título, la referencia al registro anterior en donde consten esos datos; asimismo, constará la mención de haberse agregado el plano o croquis al legajo respectivo."
La referencia al "registro anterior" no es otra sino los datos de inscripción del título que ampara la propiedad de la persona que interviene como vendedor en el nuevo título que se pretende registrar, cuando se está en presencia de un acto que cumpla la transmisión del dominio, pues no debe perderse de vista que la función primordial del registro público es la de dar publicidad a ese tipo de operaciones, con observancia al principio registral llamado de tracto sucesivo, previsto por el artículo 2847 del Código Civil del Estado, que significa que la serie de inscripciones registrales, debe formar una cadena ininterrumpida, de tal manera que la inscripción última debe derivar de la voluntad del titular que aparezca de la inscripción inmediata anterior, y ésta de la que inmediatamente le preceda y así sucesivamente.
Como consecuencia de este principio, deriva la prohibición legal de que los bienes raíces o los derechos reales impuestos sobre los mismos, aparezcan inscritos al mismo tiempo en favor de dos o más personas distintas.
Por tanto, si el título no satisface dichos requisitos, entre ellos la referencia del "registro anterior", se devolverá el título sin registrar, expresando las razones por las que se niega el registro, pero en ese caso, en términos del artículo 2844 comentado, el registrador tiene la obligación de hacer una inscripción preventiva, para el caso de que si el interesado se inconforma con ese rechazo ante la autoridad judicial, y ésta determina que la negativa del registrador no tiene sustento jurídico, se proceda al registro del título rechazado, en cuya hipótesis ese registro surtirá sus efectos desde la fecha en que fue presentado por el interesado; en cambio, si el órgano jurisdiccional decide que la calificación del registrador es legal, se procederá a cancelar la inscripción preventiva en comento.
Esto es, la inscripción preventiva a que alude el artículo 2844 del Código Civil para el Estado de San Luis Potosí, sólo tiene como propósito hacer constar que fue rechazada la inscripción del título, para el caso de que si al interesado en la vía judicial se le da la razón acerca de que no había motivo legal para que el registrador rechazara la inscripción solicitada, se proceda al registro del título con efectos retroactivos a partir de la fecha en que presentó el documento ante la oficina registral.
Pero de ninguna manera puede entenderse que esa inscripción preventiva constituya el antecedente registral que exige el artículo 2845, fracción I, del Código Civil del Estado, como uno de los requisitos que debe satisfacer toda inscripción.
En congruencia con lo anterior, adverso a lo alegado por el impetrante de la protección federal, la Sala responsable procedió con acierto jurídico al confirmar la sentencia de primera instancia, por considerar que para la procedencia de la acción deducida por el actor era menester evidenciar que el título cuya inscripción pretende sí cuenta con el antecedente registral que exige el artículo 2845, fracción I, del Código Civil del Estado, a efecto de considerar que fue ilegal el rechazo que de ese título realizó la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad.
Sin embargo, al no haberse demostrado -ni siquiera alegado en la demanda natural- que en el caso sí se cuenta con el antecedente registral, o lo que es lo mismo que ********** (causante del autor de la sucesión) sí tiene inscrito en el Registro Público de la Propiedad el título conforme al cual enajenó el inmueble a ********** (autor de la sucesión), la autoridad jurisdiccional no podía ordenar al registrador procediera a la inscripción del título en los términos previstos por el artículo 2844 del Código Civil, en virtud de que no llegó a probarse que haya sido ilegal la decisión del órgano registrador de rechazar la inscripción que el trece de febrero de dos mil ocho, le planteó el ahora quejoso.
Sobre el particular tiene aplicación la tesis emitida por este Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, agosto de dos mil nueve, página mil quinientos treinta y tres, del rubro y texto siguientes:
" De los artículos 2842 a 2845 del Código Civil para el Estado de San Luis Potosí se advierte, por un lado, que el interesado en registrar un título que implique la transmisión de dominio de una propiedad, debe demostrar, ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, entre otros requisitos, que el inmueble que afecta el derecho que pretende inscribirse, cuenta con un registro anterior, en el que conste su naturaleza, situación, linderos, medida superficial y, en su caso, nombre y número. Por otro lado, que la falta de este requisito da lugar a que el registrador niegue el registro y devuelva el título, expresando, concretamente, que esa fue la causa de la negativa, pero asentando en el título una inscripción preventiva. Ahora bien, si ante la autoridad jurisdiccional se demanda del registrador público la inscripción definitiva del propio título, debe demostrarse en el juicio que, contrario a lo considerado por el funcionario público, el bien afectado sí cuenta con antecedente registral; sin embargo, el antecedente registral que se requiere no puede constituirlo, en forma alguna, la inscripción preventiva que por el motivo expresado hizo el registrador, pues ésta no constituye el registro necesario, que es el que ampara la propiedad de la persona que interviene en el acto traslativo de dominio. La conclusión anterior es válida, aun en el supuesto en que el actor aporte al juicio la escritura pública que contiene protocolización de juicio sucesorio intestamentario, en la que se describe que en la segunda sección, el albacea, unilateralmente incluyó en el inventario el inmueble afectado, haciendo referencia de que se encontraba inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, si al juicio respectivo no aportó prueba de esa inscripción a que hizo referencia. Esto último atento a que, como lo ha reiterado el Máximo Tribunal del país, la escritura de protocolización de diversas constancias de un juicio sucesorio, en la que se describe el inventario de los bienes de la sucesión y el nombramiento de herederos, no prueba el dominio del autor de la herencia sobre el inmueble de referencia, sino que para ello es necesario que se acredite con el título correspondiente que el inmueble pertenecía al autor de la sucesión."
Así como la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, julio de dos mil nueve, página mil novecientos cuarenta y uno, bajo el epígrafe y texto siguientes:
"INSCRIPCIONES PREVENTIVAS REALIZADAS RESPECTO DE TÍTULOS DE PROPIEDAD QUE CAREZCAN DE ANTECEDENTES REGISTRALES. NO CONSTITUYEN PRECEDENTES PARA EFECTOS DE SU INSCRIPCIÓN DEFINITIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). De los artículos 2843, 2844 y 2845 del Código Civil para el Estado de San Luis Potosí se colige que la inscripción preventiva que efectuará el registrador público de la Propiedad y de Comercio, procede en todos aquellos casos en que los títulos a registrar no llenen las formas extrínsecas exigidas por la ley; asimismo, el citado artículo 2844 establece que esa inscripción preventiva tiene como objeto exclusivo fijar un precedente pero no como constitutivo de derechos, sino únicamente con efectos retroactivos en relación con la fecha de inscripción, esto es, para que en el supuesto de que la autoridad judicial ordene el registro definitivo del título, éste tenga consecuencias de derecho desde que por primera vez se presentó el título a registrar. En esa tesitura, la inscripción preventiva nunca podrá tener el alcance de fijar precedentes o antecedentes registrales, dado que éstos se actualizan solamente cuando el bien inmueble ha sido transmitido en cuanto a su dominio en varias o múltiples ocasiones, y que en todas y cada una de ellas se hayan efectuado los registros pertinentes."
Bajo esa tesitura, ante lo infundado de los conceptos de violación, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por ********** en su carácter de albacea definitivo de la sucesión intestamentaria a bienes de **********.
Resta añadir que la negativa del amparo decretada, se hace extensiva al acto de ejecución atribuido al Juez Séptimo del Ramo Civil de esta ciudad y al actuario de su adscripción en razón de que, por la relación de jerarquía que guardan con la responsable ordenadora, a ellos corresponde la consumación de la sentencia reclamada.
Adquiere puntual observancia la tesis de jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 105, en la página 68 del Tomo IV, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece:
"AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS.-Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía."
Por lo expuesto y fundado y, además, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 76, 77, 78, 158 y 190 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso c), 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********** albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de ********** contra los actos que reclama de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juez Séptimo del Ramo Civil de esta ciudad y actuario adscrito a ese órgano jurisdiccional, los cuales quedaron precisados en el resultando primero de la presente ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los ciudadanos Magistrados Juana María Meza López, Pedro Elías Soto Lara y Enrique Alberto Durán Martínez, integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, siendo presidenta la primera y ponente el segundo de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21913-c0e9ec2f/antecedente-registral-no-lo-constituye-en-terminos-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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