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GARANTÍA DE AUDIENCIA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. CUANDO SE PROMUEVE UNA DEMANDA Y LAS PARTES CON ANTERIORIDAD CELEBRARON UN CONVENIO, LA JUNTA, PREVIAMENTE A ORDENAR EL ARCHIVO DEL ASUNTO, DEBE OÍR EN DEFENSA AL ACTOR PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 551/2008. · Registro digital (IUS): 21379
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Febrero de 2009, , Pág. 1698.

AMPARO DIRECTO 551/2008. **********

CONSIDERANDO:

OCTAVO. Son fundados los conceptos de violación.

********** promovió demanda laboral en contra de **********1 y **********2, de quienes reclamó indemnización constitucional, el pago de salarios caídos y demás prestaciones.

En su demanda adujo que ingresó a laborar para los demandados el primero de marzo de dos mil siete, desempeñando el puesto de gerente de mantenimiento, percibiendo un salario diario de ********** con una jornada laboral comprendida de las 10:00 a las 18:00 horas de martes a domingo. Que el veinticinco de febrero de dos mil ocho fue despedido injustificadamente.

El tres de marzo de dos mil ocho se admitió a trámite la demanda y se señalaron las nueve horas del día diez de abril del mismo año a fin de que tuviera verificativo la audiencia trifásica de ley.

El ocho de abril de dos mil ocho la Junta pronunció el acuerdo ahora impugnado, mediante el cual aseveró que el juicio laboral había quedado sin materia y ordenó el archivo del expediente como asunto definitivamente concluido, argumentando que en los archivos de esa Junta existía una audiencia en la cual se produjo la terminación del vínculo laboral, de fecha veintinueve de febrero del citado año, entre el actor y el codemandado **********1.

Efectivamente, son fundados los conceptos de violación argüidos por el mandatario del quejoso, en el que se duele, en esencia, que la Junta vulneró en perjuicio de su representado la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impidiendo su oportuna y adecuada defensa dentro del juicio laboral.

Es fundado porque la Junta infringió la garantía de audiencia en perjuicio del quejoso, impidiendo su derecho a ser oído y vencido antes del pronunciamiento del acto privativo, el que sólo debe ocurrir mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, desde el auto de inicio y hasta el dictado del laudo, a fin de garantizar una adecuada y oportuna defensa. De ahí que si la autoridad laboral declaró sin materia el juicio laboral, ordenando el archivo del expediente sin haber escuchado en el juicio a la parte actora, ni permitir su derecho a ofrecer pruebas y objetar las que le perjudicaran, como tampoco el dictado de un laudo que analizara y resolviera la controversia, entonces, es indudable que la Junta vulneró la garantía de previa audiencia estatuida en el artículo 14 constitucional, que dispone lo siguiente:

"... Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho ..."

El anterior precepto constitucional exige a las autoridades el respeto a la garantía de audiencia en beneficio de todos los gobernados, sin excepción, con la expresión "nadie"; esto al tratarse de actos privativos, que son aquellos que tienen como fin la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado; diferenciándose de los actos de molestia, en los cuales se produce la restricción provisional o preventiva de un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, en tanto decide si procede o no la privación definitiva, como en los casos del embargo ordenado en el auto de exequendo en un juicio ejecutivo mercantil, o en las providencias precautorias, pues son hipótesis de excepción en las que no es necesario dar audiencia al gobernado antes de llevar a cabo el acto de molestia, siempre y cuando preceda un mandamiento escrito girado por la autoridad competente en donde funde y motive la causa legal del procedimiento.

De ahí que al tratarse el acto reclamado de un acto privativo, en vista de que afecta de manera definitiva el patrimonio del quejoso, supuesto que le impide obtener la posible indemnización y el pago de prestaciones como producto de su trabajo, restringiendo de manera definitiva su derecho a continuar con la acción laboral que había ejercitado, sin que hubiese sido escuchado en juicio, es inconcuso que se violentó en su perjuicio el citado precepto constitucional.

El citado artículo 14 constitucional impone la obligación a las autoridades de dar oportunidad a las partes en un juicio a manifestar cuanto consideren pertinente en defensa de sus intereses, sin que sea factible que las autoridades decidan acerca de esos intereses sin haber oído a las partes, pues el fin de tal garantía es evitar la indefensión, imponiendo a las autoridades que en el juicio se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, que son necesarias para una defensa adecuada antes de que se realice el acto privativo, desde la notificación del auto de radicación y hasta el dictado del fallo final que dirima la controversia, pasando por la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas que finque la defensa y la oportunidad de alegar.

El convenio paraprocesal celebrado en la diversa Junta Especial Número Cinco, en términos de lo establecido por los artículos 982 y 987 de la Ley Federal del Trabajo, a que hace alusión la autoridad laboral, es del tenor literal siguiente:

"Convenio ********** En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las 14:58 horas del día veintinueve de febrero de dos mil ocho, compareció ante esta Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, el (los) C. ********** Quien manifiesta que en este acto y por así convenir a sus intereses personales da por terminado en forma voluntaria su contrato individual de trabajo que le uniera con C.T. Obra en construcción (casa-habitación) y/o **********1, con domicilio número ********** habiéndose desempeñado en el puesto de oficial albañil y percibiendo un salario ********** semanales, con antigüedad desde hace 1 semana; agregando que a la fecha se encuentran íntegramente pagados todos y cada uno de los conceptos derivados de su contrato individual de trabajo que hoy da por concluido o derivado de la ley de la materia, en esa virtud, no se le adeuda cantidad alguna por concepto de salarios, séptimos días, días festivos, prima dominical, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, tiempo extra, comisiones, ni por ningún otro concepto derivado de su contrato o de la ley laboral; agregando que durante la prestación de sus servicios no sufrió accidente de trabajo, ni contrajo enfermedad profesional alguna, así mismo, que durante el tiempo que prestó sus servicios al referido patrón, su jornada de labores siempre estuvo circunscrita a la legal, y cuando en forma eventual llegó a laborar tiempo extra, éste le fue cubierto íntegramente y, por lo tanto, no se reserva acción presente ni futura. Solicito de esta autoridad el archivo de la presente comparecencia como asunto totalmente concluido. Esto expuso y firma para legal constancia. Doy fe. Rúbricas.

"Monterrey, Nuevo León, a veintinueve de febrero de dos mil ocho.

"Vista: La anterior comparecencia y las manifestaciones vertidas en la misma por el C. ********** téngasele en forma voluntaria por dando por terminado su contrato individual de trabajo que le uniera única y exclusivamente con C.T. Obra en construcción (casa-habitación) y/o **********1, con domicilio en número ********** así mismo, por haciendo sus demás manifestaciones, de lo cual da fe el C. Secretario que interviene. Se ordena el archivo definitivo de la comparecencia en que se actúa como un asunto totalmente concluido. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo. Notifíquese. Así lo acuerdan y firman los CC. Representantes que integran la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Doy fe. Enseguida se publicó. Conste. Rúbricas." (foja 12).

En consecuencia, del citado convenio la Junta estimó dejar sin materia el juicio laboral y archivar el expediente como definitivamente concluido, aun sin celebrarse la citada audiencia, ello en el acuerdo que constituye el acto reclamado que dictó en los términos siguientes:

"... Monterrey, Nuevo León, a ocho de abril de dos mil ocho.

"Vistos, los autos del expediente laboral número ********** promovido por ********** en contra de **********1 y otros, y apareciendo dentro de los mismos que: existe en los archivos de esta Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado una terminación de fecha veintinueve de febrero de dos mil ocho, el cual fue realizado por el actor ********** de la cual se desprende que el actor da por terminada en forma voluntaria su contrato individual de trabajo que lo unía con centro de trabajo obra en construcción (casa habitación) y/o **********1, con domicilio número ********** no teniendo ninguna reclamación que hacer por ningún concepto, tales como se describen en dicha terminación, acordándolo y firmándolo de conformidad los representantes que integran la Junta Especial Número Cinco adscrita a este tribunal de trabajo; estampándose en la terminación firmas autógrafas tanto de la autoridad como del actor de referencia que lo realiza, así como las huellas digitales de éste, también sello oficial de dicha Junta Especial. Lo anteriormente expuesto y al hecho de que la presente demanda se aprecia firmada con anterioridad a la terminación en cuestión, esto es, veintiocho de febrero del año en curso, sumado a lo anterior y visto que en el sumario en que se actúa se demanda a una persona de nombre **********2, no mencionada en la terminación exhibida, pero no obstante lo anterior, se aprecia que tanto a **********1, como a **********2, el actor les reclama los mismos conceptos, les señala los mismos hechos y los demanda en el mismo domicilio, por lo que se desprende que es una misma relación laboral; así mismo y atendiendo al principio de seguridad jurídica que debe imperar en todo procedimiento laboral, en términos de los artículos 17 y 685 de la Ley Federal del Trabajo, esta Junta Especial otorga valor jurídico pleno a la terminación exhibida, dado su contenido y apreciaciones que se hicieron del mismo, concluyendo la falta de materia del presente contencioso y, por ende, se ordena el archivo del presente expediente como asunto definitivamente concluido. Notifíquese. Así lo acuerdan y firman los CC. Representantes que integran la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Doy fe. Enseguida se publicó. Conste. Rúbricas." (foja 13).

La anterior consideración es violatoria de la susodicha garantía de audiencia aludida, ya que antes de pronunciar ese acuerdo debió darle la oportunidad de ser oído en juicio en su defensa, dándole vista de ese documento que sirvió de base a la autoridad laboral para dejar sin materia el juicio y ordenar el archivo del expediente como asunto definitivamente concluido; amén de que debió ser parte de una excepción que planteara su contraria, siendo aplicable, como soporte a la anterior consideración, el criterio de este tribunal publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, septiembre de dos mil cinco, tesis IV.3o.T.212 L, página 1467, Novena Época, número de registro 177,294, materia laboral, que reza:

" El artículo 14 constitucional que consagra la garantía de previa audiencia en favor del gobernado, impone la obligación a las autoridades de darle oportunidad de oírlo en defensa ante un acto o resolución que lo perjudique. En esas condiciones, si la Junta de Conciliación y Arbitraje sanciona un convenio celebrado en fecha anterior al inicio de un procedimiento en el que intervienen como partes quienes concertaron el aludido convenio y ordena el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido, sin darle vista a la parte actora, quien ejercitó su acción con posterioridad a aquel acuerdo, viola el derecho fundamental de audiencia que protege el citado precepto constitucional, pues ante tal evento, tratándose de una determinación susceptible de afectar los derechos de quien deduce las acciones laborales, se requiere que el actor manifieste lo que a sus intereses convenga en relación con el citado convenio, máxime cuando aparece celebrado con anterioridad a la presentación de la demanda que motivó el juicio laboral cuyo archivo se ordena, ya que al decretarlo sin la previa audiencia de la actora la deja en estado de indefensión."

También sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, julio de mil novecientos noventa y seis, número P./J. 40/96, página 5, Novena Época, número de registro 200,080, materia común, cuyo tenor literal es el siguiente:

"ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional."

Igualmente tiene aplicación la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, diciembre de mil novecientos noventa y cinco, número P./J. 47/95, página 133, Novena Época, número de registro 200,234, materia constitucional, común, que dice:

"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento’. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."

Es fundado lo que esgrime en otra parte de los conceptos de violación, por cuanto a que la Junta estaba impedida para calificar la procedencia o improcedencia de la acción antes del pronunciamiento del laudo, dado que es hasta entonces cuando se pueden valorar las pruebas ofrecidas en el juicio y apreciar los hechos en conciencia.

Le asiste la razón al quejoso, porque fue desatinado que la Junta haya decidido que el juicio laboral quedó sin materia, ordenando el archivo del expediente como asunto definitivamente concluido, sin que se hayan seguido previamente las formalidades esenciales del procedimiento que culminaran con el pronunciamiento del laudo que resolviera sobre la procedencia o improcedencia de la acción laboral intentada por el quejoso, así como la condena o absolución de la parte demandada, puesto que de conformidad con los artículos 840, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, es hasta el dictado del laudo cuando se deben analizar las pretensiones de las partes y los hechos controvertidos, analizando las pruebas aportadas, fundando y motivando debidamente su decisión de manera clara, precisa y congruente sobre las citadas pretensiones.

Los artículos 840, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo establecen lo siguiente:

"Artículo 840. El laudo contendrá:

"I. Lugar, fecha y Junta que lo pronuncie;

"II. Nombres y domicilios de las partes y de sus representantes;

"III. Un extracto de la demanda y su contestación que deberá contener con claridad y concisión, las peticiones de las partes y los hechos controvertidos;

"IV. Enumeración de las pruebas y apreciación que de ellas haga la Junta;

"V. Extracto de los alegatos;

"VI. Las razones legales o de equidad; la jurisprudencia y doctrina que les sirva de fundamento; y

"VII. Los puntos resolutivos."

"Artículo 841. Los laudos se dictarán a verdad sabida, y buena fe guardada y apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas, pero expresarán los motivos y fundamentos legales en que se apoyen."

"Artículo 842. Los laudos deben ser claros, precisos y congruentes con la demanda, contestación, y demás pretensiones deducidas en el juicio oportunamente."

Las normas antes transcritas disponen, en esencia, que será hasta el pronunciamiento del laudo cuando se decida la procedencia o improcedencia de la acción ejercitada por la parte actora, así como la condena o absolución de la parte demandada, en el cual se valoren las pruebas aportadas en el juicio en relación con las peticiones de las partes realizadas en la demanda, contestación y demás pretensiones deducidas en el juicio y los hechos controvertidos, debiendo motivar y fundar legalmente su decisión.

Lo anterior pone de manifiesto que la autoridad laboral estaba impedida para decidir que el juicio laboral había quedado sin materia, ordenando el archivo del expediente como asunto definitivamente concluido, sin que previamente se hayan seguido las formalidades esenciales del procedimiento que concluyeran con el dictado del laudo, habida cuenta que hasta ese momento procesal la Junta estimaría las pruebas desahogadas oportunamente en el juicio, adminiculándolas entre sí y apreciando los hechos en conciencia, lo cual legalmente no puede acontecer con anterioridad al pronunciamiento del laudo; de ahí que fue desatinado que la autoridad laboral dictara el acto reclamado, porque su motivación y fundamento legal fue vago, impreciso y, en consecuencia, violatorio de garantías, pues no permitió que el quejoso pudiera defenderse respecto del convenio a que hizo referencia la autoridad laboral, mediante su objeción y el ofrecimiento de pruebas que permitieran dirimir debidamente el conflicto respecto a la procedencia o improcedencia de las pretensiones del actor.

Tiene aplicación, por analogía, la jurisprudencia 4a./J. 7/94, derivada de la contradicción de tesis 51/93, aprobada por la entonces Cuarta Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 75, marzo de mil novecientos noventa y cuatro, página 23, Octava Época, número de registro 207,722, materia laboral, que dice:

"ACCIÓN LABORAL. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE CALIFICAR SU PROCEDENCIA.-Del contenido de los artículos 865, 871, 872 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, los cuales regulan el inicio del procedimiento laboral, se advierte que ninguno de ellos autorizan a las Juntas a analizar la demanda para determinar si la acción laboral intentada por el actor está prevista en la ley, y en caso de no ser así, desecharla o no darle trámite, ordenando su archivo como total y definitivamente concluido. Por el contrario, la ley le impone la obligación de estudiar el ocurso únicamente para indicar los defectos u omisiones en que hubiese incurrido; por tanto, carece de fundamento legal el auto admisorio en el que la Junta resuelva no dar trámite a la demanda, por el hecho de que la acción laboral intentada no esté prevista en la ley, toda vez que de conformidad con los diversos 840, 841 y 842 del mismo código obrero, será hasta el momento en que se pronuncie el laudo cuando se analicen las peticiones de las partes y los hechos controvertidos, se haga la enumeración y apreciación de las pruebas aportadas y se resuelva de manera clara, precisa y congruente sobre las pretensiones deducidas oportunamente en el juicio."

Es fundado en otra parte de los conceptos de violación en el que alega que la Junta indebidamente ordenó el archivo del expediente como asunto definitivamente concluido, pese a que el convenio paraprocesal que sirvió a la autoridad laboral para considerar sin materia el juicio laboral no se halla dentro de los supuestos previstos en los artículos 773, 837, fracción III y 876, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, en los que se prevé que sólo podrá archivarse definitivamente el expediente laboral por inactividad procesal, laudo o convenio realizado en la Junta dentro del propio expediente.

Tiene razón el solicitante del amparo, dado que sólo en las hipótesis que precisa la Junta está autorizada para archivar el expediente como asunto definitivamente concluido, sin que pueda considerarse que el convenio paraprocesal que se lleva fuera de juicio pueda surtir el mismo efecto, en vista de que el acuerdo conciliatorio de que trata el artículo 876, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, es relativo a los convenios celebrados entre las partes dentro del mismo expediente laboral; de suerte que al no ser así sólo se podría ordenar el archivo definitivo del expediente hasta el pronunciamiento del laudo que dirima la controversia, en el cual se analice ese convenio paraprocesal que sirvió de base a la Junta para estimar sin materia el juicio laboral, adminiculado con el resto del material probatorio.

El artículo 876, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo dispone lo siguiente:

"Artículo 876. La etapa conciliatoria se desarrollará en la siguiente forma:

"...

"III. Si las partes llegaren a un acuerdo, se dará por terminado el conflicto. El convenio respectivo, aprobado por la Junta, producirá todos los efectos jurídicos inherentes a un laudo."

El anterior precepto establece que el convenio celebrado dentro de un expediente laboral dará por terminado el conflicto y surtirá los mismos efectos que un laudo. De ahí que pueda ordenarse el archivo del expediente como definitivamente concluido, habida cuenta que ya no existe razón para dictarse un fallo si ese convenio adquiere la categoría de laudo consentido y ejecutoriado.

Sin embargo, no sucede lo mismo en el caso de los convenios paraprocesales, habida cuenta que el trámite que se realiza es fuera de juicio, puesto que así lo establecen los artículos 982 y 987 de la Ley Federal del Trabajo, que dicen:

"Artículo 982. Se tramitarán conforme a las disposiciones de este capítulo, todos aquellos asuntos que, por mandato de la ley, por su naturaleza o a solicitud de parte interesada, requieran la intervención de la Junta, sin que esté promovido jurisdiccionalmente conflicto alguno entre partes determinadas."

"Artículo 987. Cuando trabajadores y patrones lleguen a un convenio o liquidación de un trabajador, fuera de juicio, podrán concurrir ante las Juntas de Conciliación, de Conciliación y Arbitraje y las Especiales, solicitando su aprobación y ratificación, en los términos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 33 de esta ley, para cuyo efecto se identificarán a satisfacción de aquélla ..."

De lo anterior se concluye que el susodicho convenio paraprocesal no puede originar el archivo del expediente como asunto definitivamente concluido, porque éste se llevó fuera de juicio y no adquiere el carácter de laudo consentido y ejecutoriado; de ahí que si la autoridad laboral así lo ordenó, motivando su consideración en un convenio que no se celebró dentro del procedimiento laboral, ello es violatorio de garantías.

Sirve como abundamiento de lo anterior el criterio de la entonces Cuarta Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXX, página 526, Quinta Época, número de registro 366,287, materia laboral, que dice:

"CONVENIOS EN MATERIA DE TRABAJO, NO EQUIVALEN A COSA JUZGADA LOS.-La existencia de un convenio anterior al juicio no determina la situación de cosa juzgada, esencialmente por no haber existido un juicio en el cual se debatieran las cuestiones pendientes y por no haberse fallado éstas en un laudo que haya causado ejecutoria."

Finalmente, es fundado el argumento del amparista en el que se duele de que la Junta trasgredió los artículos 686, párrafo segundo y 848 de la Ley Federal del Trabajo, puesto que estaba impedida para revocar el auto admisorio.

Le asiste la razón al mandatario del quejoso, puesto que la autoridad laboral infringió en perjuicio de su representado los artículos 686, segundo párrafo y 848 de la Ley Federal del Trabajo, en vista de que si bien las Juntas pueden corregir cualquier irregularidad u omisión dentro del juicio laboral, ello no debe ser al grado de revocar sus propias determinaciones, porque sólo las cuestiones de mero trámite son las que la autoridad laboral puede enderezar, mismas que no ocasionarían perjuicio a las partes, sin que el auto admisorio pueda considerarse como de simple tramite, y que éste se pueda revocar oficiosamente por la Junta, teniendo en cuenta que con el pronunciamiento del acto reclamado se privó al quejoso de su derecho a continuar la acción laboral, afectando su patrimonio sin haber sido oído en el juicio en defensa de sus intereses.

Los artículos 686, segundo párrafo y 848 de la Ley Federal del Trabajo, disponen lo siguiente:

"Artículo 686. ... Las Juntas ordenarán que se corrija cualquier irregularidad u omisión que notaren en la sustanciación del proceso, para el efecto de regularizar el procedimiento, sin que ello implique que puedan revocar sus propias resoluciones, según lo dispone el artículo 848 de la presente ley."

"Artículo 848. ... Las Juntas no pueden revocar sus resoluciones ..."

De ahí que si la Junta primero emitió la resolución de tres de marzo de dos mil ocho, mediante la cual dio trámite a la demanda laboral promovida por ********** en contra de **********1 y **********2, ordenando citar a las partes para que comparecieran en la fecha y hora programadas para la celebración de la audiencia trifásica de ley, ya no podía dar marcha atrás a ese proveído por sí; y al haberlo hecho así, al pronunciar la resolución reclamada de ocho de abril de dos mil ocho en sentido contrario, ya que ordenó el archivo definitivo del expediente laboral ********** y dejó sin efectos el original acuerdo en que señaló audiencia a fin de que ésta no se celebrara, la violación es evidente, pues con ello indebidamente revocó la de tres de marzo del citado año.

Se comparte, por analogía, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, septiembre de mil novecientos noventa y seis, tesis XXI.2o.8 L, página 710, Novena Época, número de registro 201,508, materia laboral, que reza:

"REGULARIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA LABORAL. ACUERDOS DE MERO TRÁMITE. SON LOS ÚNICOS QUE PUEDEN REVOCAR LAS JUNTAS.-De acuerdo con lo establecido en el artículo 848 de la Ley Federal del Trabajo, las Juntas no pueden revocar sus propias determinaciones. La excepción a esa disposición, encuadra respecto a los acuerdos de mero trámite, que son aquellos que no deciden una determinada situación procesal de las partes en el juicio laboral. Debe reputarse que a ellos son a los que se refiere el legislador en el segundo párrafo del artículo 686 de la Ley Federal del Trabajo, que específicamente señala que las Juntas están facultadas para revocar sus propias determinaciones, cuando adviertan, en la substanciación del procedimiento, una irregularidad u omisión que se pueda corregir, revocando la resolución anteriormente emitida. No puede considerarse de mero trámite, y por tanto revocarse, el acuerdo que ordena notificar la demanda laboral a los terceros intere

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21379-08c4baeb/garantia-de-audiencia-en-el-procedimiento-laboral-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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