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Modo: Corpus Pro

REVOCACIÓN. PROCEDE CONTRA LOS AUTOS DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES INAPELABLES (Reforma al Código de Comercio, vigente desde el 18 de julio de 2008).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 543/2009. · Registro digital (IUS): 22284
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, , Pág. 1860.

AMPARO DIRECTO 543/2009. **********.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Análisis de los conceptos de violación.

I. Violación procesal

En la primera parte del segundo concepto de violación, los quejosos combaten el desechamiento de la prueba pericial en materia de grafoscopía y documentoscopía, que ofrecieron con la finalidad de demostrar que no es suya la firma que obra en los documentos base de la acción.

Estos argumentos son inoperantes porque las condiciones para llevar a cabo su estudio no están preparadas, en términos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley de Amparo, porque contra el acuerdo de dos de junio de dos mil nueve en el que se rechazó la prueba pericial en grafoscopía y documentoscopía, procedía el recurso de revocación, en términos del artículo 1334 del Código de Comercio.

Al respecto, debe puntualizarse que en el auto admisorio de ********** consta que el juicio habría de tramitarse con la legislación mercantil reformada por decreto publicado el diecisiete de abril de dos mil ocho en el Diario Oficial de la Federación.

En relación con el tema de recursos, de la interpretación sistemática y teleológica, ajustada al postulado del legislador racional, de los artículos 1336 y 1339 del Código de Comercio, en su texto resultante de la reforma que entró en vigor el dieciocho de julio de dos mil ocho, en los juicios mercantiles de cuantía menor a doscientos mil pesos, sólo quedó proscrito el recurso de apelación respecto de las resoluciones dictadas en el procedimiento y de las sentencias, pero no los recursos de revocación y reposición previstos en los artículos 1334 y 1335 de la normatividad mencionada, cuya procedencia se da ahora contra todos los decretos y autos, salvo respecto de aquellos que la propia legislación determine su inimpugnabilidad.

Ciertamente, en la legislación vigente que rige los juicios mercantiles, el sistema de procedencia de los recursos se encuentra regulado en el libro quinto "De los juicios mercantiles", título primero "Disposiciones generales", del Código de Comercio.

En esta regulación no se encuentra algún apartado (capítulo, sección, etcétera) que contenga disposiciones aplicables a todos los recursos y a todas las resoluciones dictadas por los Jueces y tribunales de la materia, sino que la preceptiva está distribuida en conjuntos de disposiciones específicas para cada medio de impugnación.

En efecto, los capítulos XXIII, XXIV y XXV regulan, respectivamente, la aclaración de sentencia (que aquí recibe la denominación de recurso) y los recursos de revocación, reposición y de apelación.

Lo relativo a la aclaración de sentencia no tiene relevancia en esta resolución.

Tocante al recurso de revocación, el artículo 1334 del Código de Comercio prevé expresamente su procedencia contra los autos que no fueren apelables y los decretos ante el Juez que los dictó.

Esta disposición precisa que en la segunda instancia este medio de impugnación se denomina reposición.

En lo referente al recurso de apelación, el párrafo primero del artículo 1339 del Código de Comercio prevé que sólo son recurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos.

El párrafo segundo establece que las sentencias que fueren recurribles, conforme al párrafo anterior, lo serán mediante el recurso de apelación, que se admitirá en ambos efectos, salvo cuando la ley expresamente determine que lo sea sólo en efecto devolutivo.

Si se atiende a la literalidad del párrafo primero de este artículo y se aísla de los demás preceptos con los que guarda relación, podría considerarse, a contrario sensu, que todas las resoluciones de procedimiento que se emitan por el Juez de la causa en negocios cuyo valor no exceda de doscientos mil pesos, por concepto de suerte principal, sean decretos, autos, sentencias interlocutorias o sentencias definitivas, no admiten en su contra ningún tipo de recurso ordinario, en atención a que lo contrario al concepto genérico recurrible es el otro concepto general irrecurrible, y el alcance gramatical de este vocablo excluye toda posibilidad de impugnación a través de cualquier recurso, de todas las determinaciones y actuaciones de los juicios que comprende.

Sin embargo, una interpretación sistemática, con apego al criterio interpretativo sedes materiae, conforme al cual la ubicación de las disposiciones legales dentro de la organización estructural de un ordenamiento puede constituir un factor importante, para la asignación de su sentido y extensión normativa, conduce a establecer que el único recurso que se excluyó en el artículo 1339 del Código de Comercio, respecto de los negocios de cuantía menor a doscientos mil pesos, fue el de apelación, para conservar intocado el sistema en relación con los demás recursos.

En primer lugar, porque el artículo 1339 del Código de Comercio está en el capítulo XXV, que se denomina "De la apelación", lo que comunica directamente, en principio, que los artículos que comprende los destinó el legislador para regular los recursos de apelación y no a los medios de impugnación, cuya regulación se encuentra en otros capítulos del mismo código.

Un segundo elemento se encuentra en el segundo párrafo del propio precepto legal donde se define, que la recurribilidad del primer párrafo se refiere al recurso de apelación, al decir: "Las sentencias que fueren recurribles, conforme al párrafo anterior, lo serán por la apelación ...", lo que lleva a que la idea opuesta irrecurribilidad, debe entenderse también como inimpugnabilidad a través del recurso de apelación.

En tercer lugar, al acudir directamente a la exposición de motivos que dio lugar a las reformas mencionadas, se aprecia que éstas tienen por objeto dotar de mayor seguridad jurídica al ciudadano, mediante la agilización y eficientación de los procesos mercantiles, expeditando así la impartición de justicia sin denuesto de las garantías constitucionales de debido proceso legal y exacta aplicación de la ley. Por otro lado se propone adoptar un nuevo sistema de recursos cuyo objeto es dar mayor celeridad al procedimiento.

Al ser así, la interpretación teleológica conduce a la sola exclusión del recurso de apelación y no a la de los otros recursos.

Otro argumento interpretativo para apoyar el criterio que aquí se sostiene, se sustenta en la aplicación del principio recogido en el artículo 11 del Código Civil Federal, relativo a que las leyes que establecen excepción a las reglas generales no son aplicables a ningún caso que no esté expresamente especificado en las mismas, pues si la regla general es la recurribilidad de las resoluciones judiciales, la irrecurribilidad resulta la excepción y, por tanto, debe interpretarse y aplicarse estrictamente.

Finalmente, la interpretación del artículo 1339 del código mercantil en el sentido que excluye todo medio de defensa contra cualquier proveído o auto en asuntos de cuantía menor a doscientos mil pesos, produciría efectos contrarios a los pretendidos con la reforma, pues la finalidad consistió claramente en acortar el tiempo de duración de este tipo de asuntos, para hacer más pronta la impartición de justicia y, de alguna manera, reducir sus costos, pero la posible interpretación que se realiza, aunque evitaría que los tribunales se distrajeran en resolver recursos de revocación y de reposición, también produciría por consecuencia final una dilación mayor del dictado final e irrevocable de la sentencia definitiva, si se atiende a la realidad actual de la litigiosidad en nuestro país, donde gran parte de los asuntos ordinarios llegan al juicio de amparo directo, en el cual pueden hacerse valer las violaciones procesales que no tengan ejecución de imposible reparación, si afectan las defensas del quejoso y trascienden al resultado del fallo, pues si el Juez de la causa ordinaria llegó a incurrir en algunos errores durante el procedimiento, no quedaría en aptitud de corregirlos de inmediato, mediante el recurso de revocación que pudieran hacer valer las partes, y se vería obligado a continuar el procedimiento (quizá desde el inicio) hasta su conclusión, a fin de que el afectado quedare en aptitud de hacer valer la violación ante el Tribunal Colegiado de Circuito, que de acogerla, traería como consecuencia la reposición del procedimiento, dejando sin efecto todas o gran parte de las actuaciones del trámite del Juez responsable, con lo que se habría perdido más tiempo del que se empleaba en la apelación en el sistema anterior.

En cambio, con la interpretación que aquí se postula, a pesar de quedar excluido el recurso de apelación, las partes quedan en aptitud de hacer valer el recurso de revocación contra todos los autos y decretos, lo que confiere al juzgador la posibilidad de remediar con facilidad y de manera inmediata, los errores en que hubiere incurrido, y le da mayor probabilidad de solidez al procedimiento, y con esto disminuye los de su reposición a través del juicio constitucional.

Luego, si en el caso, la cuantía del negocio respecto de la suerte principal es menor a doscientos mil pesos (lo que se advierte con la lectura de la demanda inicial) se concluye que en contra del acuerdo de dos de junio de dos mil nueve, que rechazó la prueba pericial en cita, procedía el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio.

Si los quejosos no interpusieron el recurso de revocación en contra de dicho proveído, es evidente que no se cumple con el requisito previsto en la fracción I del artículo 161 de la Ley de Amparo; por consiguiente, los conceptos de violación en que se aducen supuestas violaciones a las leyes rectoras del procedimiento son inoperantes.

II. Firma del avalista

En el primer concepto de violación los quejosos aducen que la Juez responsable interpretó incorrectamente el artículo 111 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, porque le atribuyó el carácter de avalista a **********, sin que obrara su firma dentro del texto de los pagarés ni se indicara que tiene ese carácter.

El artículo 111 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, aplicable al pagaré, en términos del artículo 174 de la misma ley, prevé que: "El aval debe constar en la letra de cambio o en hoja que se le adhiera. Se expresará con la fórmula ‘por aval’, u otra equivalente, y debe llevar la firma de quien lo presta. La sola firma puesta en la letra, cuando no se le pueda atribuir otro significado, se tendrá como aval."

Es infundado el concepto de violación, porque la Juez responsable no contravino ni interpretó incorrectamente el precepto en cita, al considerar como avalista a **********. En primer lugar, porque en cada uno de los pagarés base de la acción se asentó, en la última línea de su parte frontal: aval señor (a) **********, y al reverso en la primera línea obra una firma legible que dice **********.

Por tanto, si expresamente se está asentando en esos términos que la quejosa es avalista y al reverso inmediato obra su firma, debe tenérsele como tal, ya que la ley no prohíbe que se estampen firmas al reverso del título pues, inclusive, admite la hipótesis de que se adhiera otra hoja.

En segundo lugar, al reverso de los documentos no existen términos o signos que conduzcan a determinar que la quejosa firmó con otra calidad, por lo que se tendría que presumir que lo hizo como avalista.

En tercer lugar, en el texto de los documentos se menciona expresamente como avalista a **********, por lo que es falso que no contengan precisión alguna al respecto. Esto, sin perjuicio de que conforme a la ley en cita, es innecesaria expresión o fórmula alguna, pues resulta suficiente que obre sólo la firma para tener al signante como avalista, hipótesis diversa al caso, por ejemplo, del endosatario o beneficiario que requieren una mención expresa acerca de su carácter y, en el primer caso, una firma adicional del endosante, en términos de lo que disponen los artículos 28, 88 y 170 de la citada Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Por lo que tampoco existiría la posibilidad de tener a la quejosa con un carácter diverso a la de sujeto obligado al pago del título.

III. Perfeccionamiento de los documentos base de la acción

En la parte final del capítulo de conceptos de violación, los peticionarios del amparo aducen que el actor tuvo la carga de perfeccionar los documentos base de la acción, porque al haberse objetado, sólo tienen un valor indiciario, ya que se trata de documentos privados.

No tienen razón los quejosos, por lo siguiente.

El Código de Comercio impone a quien afirma la carga de probar. En consecuencia, el actor debe probar su acción y el demandado sus excepciones o defensas (artículo 1194).

La misma ley sólo obliga a probar al que niega, cuando su negativa envuelve la afirmación expresa de un hecho o desconoce la presunción legal que tiene a su favor el colitigante (artículos 1195 y 1196).

En los juicios mercantiles, cuando el actor no prueba su acción debe absolverse al demandado (artículo 1326).

Por otro lado, quienes fundan su derecho o posición en juicio en un título de crédito o título ejecutivo en general, que satisfagan formalmente los requisitos exigidos por la ley, tienen a su favor la presunción de los derechos consignados en dichos títulos y, con ellos, satisfacen la carga que les incumba de sus pretensiones. De manera que ante esto la carga de la prueba para destruir esa presunción recae sobre la contraparte.

Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los siguientes rubro y texto:

"TÍTULOS EJECUTIVOS, EXCEPCIONES CONTRA LA ACCIÓN DERIVADA DE LOS. CARGA DE LA PRUEBA.-Esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tesis jurisprudencial visible con el número 377, a fojas 1155 de la compilación de 1917 a 1965, Cuarta Parte, (número 314, fojas 904 de la compilación de 1917 a 1985, Cuarta Parte), ha sostenido que: ‘los documentos a los que la ley concede el carácter de títulos ejecutivos, constituyen una prueba preconstituida de la acción’; esto significa que los documentos ejecutivos exhibidos por la actora para fundamentar su acción son elementos demostrativos que hacen en sí mismos prueba plena, y que si la parte demandada opone una excepción tendiente a destruir la eficacia de los mismos, es a ella y no a la actora a quien corresponde la carga de la prueba del hecho en que fundamente su excepción, precisamente en aplicación del principio contenido en el artículo 1194 del Código de Comercio, consistente en que, de igual manera que corresponde al actor la demostración de los hechos constitutivos de su acción, toca a su contraria la justificación de los constitutivos de sus excepciones o defensas."(1)

En el caso, los demandados consideran suficiente la objeción de los documentos base de la acción basada en que dichos títulos carecen de firma auténtica, para que éstos disminuyan su valor probatorio y se reduzcan a un indicio de la existencia de las obligaciones que contienen.

Sin embargo, como los pagarés son prueba preconstituida de la pretensión de la actora, era necesario que los demandados destruyeran esa presunción, de la cual gozan esos títulos de crédito, y probaran su objeción, relativa a que su firma no obra en dichos documentos pero como no lo hicieron, fue correcto el valor probatorio que les otorgó la Juez responsable e insuficiente su sola objeción para desvirtuarlos.

Consecuentemente, procede negar el amparo.

La negativa del amparo se hace extensiva al acto de ejecución, atribuido al actuario adscrito al Juzgado Décimo Sexto de Paz Civil del Distrito Federal, al no haberse combatido por vicios propios, sino como consecuencia de la inconstitucionalidad atribuida a la sentencia reclamada.

Al respecto, encuentra apoyo lo anterior en la tesis:

"AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS.-Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada."2

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 76, 77, 78, 79 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********** ni a **********, contra la sentencia definitiva dictada el **********, por la Juez Décimo Sexta de Paz Civil del Distrito Federal, en el expediente **********, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por ********** contra los quejosos, así como los actos de ejecución atribuidos al actuario adscrito a dicho juzgado.

Notifíquese. Con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos y sus anexos a la autoridad remitente y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Leonel Castillo González, Mauro Miguel Reyes Zapata, y la secretaria en funciones de Magistrada Angélica Rivera Chávez, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el oficio CCJ/ST/4996/2009, de seis de octubre de dos mil nueve. Firma la sentencia el primero como presidente y ponente.

En términos de lo previsto en los artículos 14, fracción I y 18 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

______________

1. Tesis aislada, Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época. Volúmenes 205-216, Cuarta Parte, página 181. Reg. Ius 240043.

2. Tesis aislada, Materia Común, Octava Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Primera Parte-1, enero a junio de 1988, página 357.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22284-ae58d26d/revocacion-procede-contra-los-autos-dictados-en-juicios · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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