Corpus
Modo: Corpus Pro

DERECHOS POR LA INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS Y ACTOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. EL ARTÍCULO 196, FRACCIÓN I, INCISO A), DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PREVÉ UN MONTO SUPERIOR AL PREVISTO EN EL PÁRRAFO PRIMERO PARA LA INSCRIPCIÓN DE ACTOS EN GENERAL VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2011).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2018. · Registro digital (IUS): 27958
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2018-08-03
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO SEXTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo II, Pág. 1663.

DERECHOS POR LA INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS Y ACTOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. EL ARTÍCULO 196, FRACCIÓN I, INCISO A), DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PREVÉ UN MONTO SUPERIOR AL PREVISTO EN EL PÁRRAFO PRIMERO PARA LA INSCRIPCIÓN DE ACTOS EN GENERAL VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2011).

CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO SEXTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 15 DE MAYO DE 2018. MAYORÍA DE DIECISÉIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MIGUEL DE JESÚS ALVARADO ESQUIVEL, PABLO DOMÍNGUEZ PEREGRINA, FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL, MARÍA GUADALUPE SAUCEDO ZAVALA, MARÍA SIMONA RAMOS RUVALCABA, JORGE ARTURO CAMERO OCAMPO, URBANO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, GASPAR PAULÍN CARMONA, CARLOS ALFREDO SOTO Y VILLASEÑOR, MARÍA GUADALUPE MOLINA COVARRUBIAS, GERMÁN EDUARDO BALTAZAR ROBLES, ARMANDO CRUZ ESPINOSA, JOSÉ EDUARDO ALVARADO RAMÍREZ, GUADALUPE RAMÍREZ CHÁVEZ, GUILLERMINA COUTIÑO MATA Y JOSÉ ANTONIO GARCÍA GUILLÉN. AUSENTE: GUILLERMO ARTURO MEDEL GARCÍA. DISIDENTES: CARLOS RONZON SEVILLA, ROLANDO GONZÁLEZ LICONA, SALVADOR GONZÁLEZ BALTIERRA Y MARCO ANTONIO CEPEDA ANAYA. PONENTE: MARÍA GUADALUPE SAUCEDO ZAVALA. SECRETARIA: MARISOL EMOS RUEDA.

Ciudad de México. Resolución del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión de quince de mayo de dos mil dieciocho.

VISTOS;

Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Denuncia de posible contradicción. Mediante oficio de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, el Magistrado presidente del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por el tribunal en cita, al resolver el amparo en revisión 164/2016, y el criterio sustentado por el Décimo Sexto Tribunal en la misma materia y jurisdicción, en la tesis aislada I.16o.A.4 A (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XII, Tomo 3, septiembre de 2012, página 1725: "DERECHOS POR LA INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS Y ACTOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. EL ARTÍCULO 196, FRACCIÓN I, INCISOS A) Y C), DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, QUE ESTABLECE CUOTAS DIFERENCIADAS, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2011)."

SEGUNDO.—Admisión. En proveído de veintidós de enero de dos mil diecisiete, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito radicó la contradicción de tesis PC01.I.A.03/2018.C, la admitió a trámite y solicitó a la presidencia del Décimo Tercer y Décimo Sexto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, la remisión de los archivos digitales que contuvieran las resoluciones relativas al amparo en revisión 164/2016 y 71/2012, respectivamente.

Por otra parte, requirió a los referidos Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, rindieran informe en cuanto a la subsistencia de los criterios referidos, en el que se debía indicar con precisión si el criterio sustentado en los asuntos con los que se realizó la denuncia se encontraba vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado.

Sobre el particular, los Magistrados presidentes de ambos tribunales manifestaron que los criterios sustentados continuaban vigentes.

TERCERO.—Informe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante oficio de ocho de febrero de dos mil dieciocho, el secretario de Acuerdos del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, informó a la directora general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la recepción y admisión de la presente contradicción de tesis.

CUARTO.—Inexistencia de contradicción de tesis radicada en el Alto Tribunal. Mediante oficio CCST-X-63-02-2018, de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, la directora general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que durante los últimos seis meses, no se encontraba radicada en ese Alto Tribunal, contradicción de tesis alguna en la que el tema a dilucidar guardara relación con el tema en estudio.

QUINTO.—Turno. Por acuerdo de uno de marzo de dos mil dieciocho, se turnó el expediente a la Magistrada María Guadalupe Saucedo Zavala, representante del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.

SEXTO.—Returno. En proveído de siete de marzo de dos mil dieciocho, el presidente de este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, con motivo de la licencia concedida a la Magistrada María Guadalupe Saucedo Zavala, returnó el asunto a la Magistrada Clementina Flores Suárez, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo séptimo, y 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de dieciocho de febrero de dos mil quince, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete siguiente, reformado mediante Acuerdo General 52/2015, publicado en el citado medio de difusión oficial el quince de diciembre de dos mil quince; en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación del denunciante. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, ya que la formuló el Magistrado presidente del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, es decir, el presidente de uno de los órganos jurisdiccionales cuyo criterio es presuntamente discrepante, de conformidad con el artículo 227, fracción III, en relación con el diverso 226, fracción III, ambos de la Ley de Amparo.

TERCERO.—Posturas contendientes. En primer lugar, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, pues ello constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, en términos de lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que, a fin de decidir si existe contradicción de tesis, es necesario analizar si los tribunales contendientes, al resolver los asuntos que son materia de la denuncia, realmente sostuvieron criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho o sobre un problema jurídico central, independientemente de que las cuestiones fácticas que rodean los casos que generan esos criterios no sean iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes y pueden ser sólo adyacentes; ello, con la finalidad de proporcionar certidumbre en las decisiones judiciales y dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.

El citado criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

De la jurisprudencia preinserta se aprecia que, para que exista contradicción de tesis, es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, es decir, que exista discrepancia entre ellos, lo cual puede derivar de asuntos diferentes en sus cuestiones fácticas, aunque es necesario ponderar que esa variación o diferencia no incida o sea determinante para el problema jurídico resuelto; por lo que debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

De igual manera, en términos de la citada jurisprudencia, para que exista contradicción de tesis se requiere que los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos materia de la denuncia hayan:

1) Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,

2) Llegado a conclusiones encontradas respecto a la resolución de la controversia planteada.

Por tanto, existirá contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo a su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que lo rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.

Bajo ese contexto, para establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones en que se apoyaron las respectivas resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

Las consideraciones en que se sustenta el amparo en revisión RA. 71/2012, del índice del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, resuelto por unanimidad de votos, en sesión de veintiocho de junio de dos mil doce, son las siguientes:

"SEXTO.—En el único agravio, la autoridad recurrente señala que la Juez de Distrito incorrectamente concedió la protección constitucional respecto del artículo 196, fracción I, incisos a) y c), del Código Fiscal del Distrito Federal, en razón de que los derechos previstos en el artículo declarado inconstitucional corresponden al valor real que implica al Estado proporcionarlos.—La autoridad recurrente expresa que, no obstante que los derechos previstos en el artículo 196, fracción I, incisos a) y c), del Código Fiscal del Distrito Federal, guardan una correlación con el servicio proporcionado, los servicios del Estado se organizan en función del interés colectivo y, secundariamente, en el de los particulares y, por ese motivo, el monto de los derechos no puede ser valorado en función del costo de producción sino del interés social.—La autoridad recurrente indica que el cobro de los derechos por el trámite que implica la inscripción, anotación o cancelación que practica el Registro Público de la Propiedad y del Comercio no sólo atiende al costo real del servicio, sino que debe atenderse una serie de estudios técnicos operativos que tiene que llevar a cabo la autoridad, para lo cual se requiere de recursos materiales y humanos cuyo costo de manera irremediable incide sobre el monto de los derechos que regula el artículo 196, fracción I, incisos a) y c), del Código Fiscal del Distrito Federal, para la inscripción, anotación o cancelación que practica el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.—La autoridad recurrente aduce que el artículo 196, fracción I, incisos a) y c), del Código Fiscal del Distrito Federal, no vulnera el principio de equidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, constitucional, toda vez que contiene diversos supuestos de causación de los derechos por registro, por lo que los contribuyentes de este tipo de derechos que se ubiquen dentro de alguno de los supuestos pagarán atendiendo a la actividad que tiene que desarrollar la administración pública del Distrito Federal para la prestación del servicio, ya que si bien en todos los actos que se tienen que registrar se emplea un mismo procedimiento, ello no implica que para todos sea el mismo despliegue técnico que tiene que realizar la autoridad para prestar el servicio, ni que éste se agote en un solo momento.—El agravio expresado por la autoridad recurrente resulta infundado y, para demostrarlo, es conveniente citar el artículo 31, fracción IV, constitucional: (se transcribe).—Derivado del artículo constitucional transcrito, se desprenden tres derechos fundamentales específicos en materia tributaria: a) El Estado tiene la obligación de destinar las contribuciones al gasto público de la Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios.—b) Las contribuciones deben ser proporcionales y equitativas.—c) Las contribuciones deben estar establecidas en una ley.—Por tratarse de obligaciones tributarias, los derechos están sujetos a los derechos fundamentales comprendidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No obstante lo anterior, es conveniente precisar que dichos principios tienen enfoques muy particulares dependiendo del tipo de contribución a que corresponda su análisis.—En el presente asunto, el artículo 196, fracción I, incisos a) y c), del Código Fiscal del Distrito Federal fija la cuota a la que deberá sujetarse el cobro del derecho por la inscripción que practique el Registro Público correspondiente, de documentos por los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes muebles o inmuebles o derechos reales, incluyendo aquellos derivados de fideicomisos, aun cuando se hayan reservado el derecho de readquirir, así como de las compraventas en las que el vendedor se reserve el dominio y las cesiones de derechos, de la inscripción de actos relacionados con la constitución, modificación, aumento de capital, escisión o fusión de personas morales, así como de la inscripción de actos relacionados con contratos de arrendamiento financiero, de crédito con garantía hipotecaria, refaccionarios o de habilitación o avío. El artículo 196, fracción I, incisos a) y c), antes referido, indica: ‘... 196. ...’ (se transcribe).—Una vez precisado el contenido del artículo reclamado, es conveniente citar el artículo 9, fracción III, del Código Fiscal del Distrito Federal: (se transcribe).—El artículo transcrito pone de relieve, en primer término, el carácter de contribuciones de los derechos; y, segundo, su definición legal, consistente en ‘contribuciones establecidas en la ley’ por: 1) el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación; y, 2) recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público.—Se estima que el derecho previsto en el artículo 196, fracción I, incisos a) y c), del Código Fiscal para el Distrito Federal, es una contribución generada por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, porque se cobra, precisamente, la inscripción que se realiza en el Registro Público correspondiente de los documentos descritos en el artículo reclamado.—En relación con los derechos que son causados como contraprestación de un servicio público, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, en las tesis de jurisprudencia P./J. 1/98 y P./J. 3/98, que para juzgar sobre su proporcionalidad y equidad debe atenderse, fundamentalmente, al objeto real del servicio prestado, a fin de poder apreciar la razonable correlación que debe haber entre la prestación del servicio y el monto de la cuota, sin que ello implique que el término de ‘contraprestación’ se traslade a la connotación estricta que recibe en el derecho privado, sin embargo, invariablemente, a efecto de respetar el derecho fundamental contenido en el artículo 31, fracción IV, constitucional, debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, otorgándose el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio. Las tesis de jurisprudencia antes referidas indican: (se transcriben y citan datos de localización).—Como se desprende de la transcripción realizada del artículo reclamado, en éste se establece una cuota de $1326.00 (un mil trescientos veintiséis pesos cero centavos moneda nacional) por cada inscripción, anotación o cancelación que, en general, se practique en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, a menos que se trate de las excepciones precisadas en el artículo reclamado, es decir, la inscripción de documentos por los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes muebles o inmuebles o derechos reales, incluyendo aquellos derivados de fideicomisos, aun cuando se hayan reservado el derecho de readquirir, así como de las compraventas en las que el vendedor se reserve el dominio y las cesiones de derechos, la inscripción de actos relacionados con la Constitución, modificación, aumento de capital, escisión o fusión de personas morales, así como la inscripción de actos relacionados con contratos de arrendamiento financiero, de crédito con garantía hipotecaria, refaccionarios o de habilitación o avío, en cuyos casos la cuota será de $13,293.00 (trece mil doscientos noventa y tres pesos cero centavos moneda nacional).—Los artículos 41, 42, 44, 48, 59 y 64 de la Ley Registral para el Distrito Federal, que regulan el procedimiento registral, establecen lo siguiente: (se transcriben).—De los artículos transcritos se advierte, como lo determinó la Juez de Distrito, que el procedimiento registral siempre es el mismo, sin que varíe dependiendo del tipo de documento, específicamente de los señalados en el artículo 196, fracción I, incisos a) y c), del Código Fiscal del Distrito Federal.—La Ley Registral para el Distrito Federal, no señala un procedimiento determinado o especial ni alguna actividad por parte del citado Registro que implique alguna tarea adicional o específica respecto de los documentos a los que se refiere el artículo 196, fracción I, incisos a) y c), del Código Fiscal del Distrito Federal, es decir, aquellos por los que se constituyan gravámenes o limitaciones a la propiedad o posesión de bienes muebles, inmuebles, de contratos de arrendamiento o de comodato y por la inscripción de actos relacionados con la constitución, modificación, aumento de capital, escisión o fusión de personas morales, así como por la inscripción de actos relacionados con contratos de arrendamiento financiero, de crédito con garantía hipotecaria, refaccionarios o de habilitación o avío.—Por tanto, si la actividad que realiza el Estado por la inscripción de todos los documentos es la misma, con independencia de la ubicación de las anotaciones al interior de los folios, es incuestionable que se presta un servicio análogo respecto a todas las inscripciones que realiza, ya sea, las generales a las que se refiere el primer párrafo del artículo reclamado, o bien, las que se especifican en la fracción I de dicho artículo.—La autoridad recurrente señala que en los trámites administrativos realizados para publicitar actos jurídicos en el Registro Público, se califica integralmente el documento motivo del registro y se hace una relación o referencia expresa de los antecedentes registrales relacionados con la última inscripción relativa al bien o derecho de que se trata, es decir, la autoridad recurrente alega que dependiendo del tipo de documento que se presenta para su inscripción, anotación o cancelación, de ello deriva la calificación que el registrador debe realizar.—Sin embargo, en la Ley Registral para el Distrito Federal no se señala un procedimiento determinado o especial ni alguna actividad por parte del citado registrador que implique alguna tarea adicional o específica para la calificación de los documentos a los que se refiere el artículo 196, fracción I, incisos a) y c), del Código Fiscal del Distrito Federal.—En efecto, el artículo 42 de la Ley Registral para el Distrito Federal establece que en la fase de calificación extrínseca, el registrador verificará que el testimonio, formato precodificado o la copia certificada electrónica coincidan con el contenido del folio correspondiente a la finca o persona moral y no podrá exigir otros datos, requisitos e información que la necesaria para el llenado del formato precodificado, quienes deberán calificar y resolver, según corresponda, los documentos que se presenten al registro para inscripción o anotación, dentro de un plazo máximo de veinte días hábiles siguientes al de su presentación, sin que se establezca un procedimiento determinado o especial ni alguna actividad por parte del registrador cuando se trate de los documentos a que se refiere el artículo 196, fracción I, incisos a) y c), del Código Fiscal del Distrito Federal.—Incluso, el artículo 57 del Reglamento de la Ley Registral y del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal (que establece que por formato precodificado debe entenderse como la solicitud de entrada y trámite que contendrá todos los datos necesarios para inscribir el o los actos de que se trate y que deberá estar firmado con la firma electrónica notarial), dentro de las características de la solicitud de entrada o trámite que establece, no señala alguna característica adicional que debe reunir esa solicitud cuando se trate de los documentos a que se refiere el artículo 196, fracción I, incisos a) y c), del Código Fiscal del Distrito Federal. El artículo 57 antes referido indica: (se transcribe).—Debe precisarse, además, que en el Reglamento de la Ley Registral y del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, en los artículos 73 a 95, que regulan el capítulo IV, denominado ‘De la calificación en general’, no se establece un procedimiento determinado o especial ni alguna actividad por parte del registrador para la calificación de los documentos a que se refiere el artículo 196, fracción I, incisos a) y c), del Código Fiscal del Distrito Federal, a saber, en los que se constituyan gravámenes o limitaciones a la propiedad o posesión de bienes muebles, inmuebles, de contratos de arrendamiento o de comodato y por la inscripción de actos relacionados con la constitución, modificación, aumento de capital, escisión o fusión de personas morales, así como por la inscripción de actos relacionados con contratos de arrendamiento financiero, de crédito con garantía hipotecaria, refaccionarios o de habilitación o avío. Los artículos 73 a 95 antes referidos indican: (se transcriben).—En efecto, aun cuando la autoridad recurrente señale que en los trámites administrativos realizados para publicitar actos jurídicos en el Registro Público, se califica integralmente el documento motivo del registro y se hace una relación o referencia expresa de los antecedentes registrales relacionados con la última inscripción relativa al bien o derecho de que se trata, el artículo 196, fracción I, incisos a) y c), del Código Fiscal del Distrito Federal establece una cuota por cada inscripción, anotación o cancelación que se practique en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, respecto de los documentos en los que se constituyan gravámenes o limitaciones a la propiedad o posesión de bienes muebles, inmuebles, de contratos de arrendamiento o de comodato y por la inscripción de actos relacionados con la constitución, modificación, aumento de capital, escisión o fusión de personas morales, así como por la inscripción de actos relacionados con contratos de arrendamiento financiero, de crédito con garantía hipotecaria, refaccionarios o de habilitación o avío, diferente a la cuota establecida para la inscripción, anotación o cancelación de los restantes documentos, es decir, el artículo reclamado hace una remisión expresa al tipo de documento que debe inscribirse, registrarse o cancelarse, pero no a la actividad del registrador para llevar a cabo esa calificación integral, ni la relación o referencia expresa de los antecedentes registrales relacionados con la última inscripción relativa al bien o derecho de que se trata.—Por tanto, se concluye que sí existen diferentes cuotas para el pago de los derechos registrales, no obstante que el procedimiento que realiza el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal es idéntico en todos los casos, las cuotas no guardan relación con el servicio prestado, pues atienden a un elemento ajeno relativo a aspectos propios del acto jurídico a registrar y no, como erróneamente lo señala la recurrente, al despliegue técnico y los costos operativos originados por la prestación de ese servicio público y, por ese motivo, el artículo 196, fracción I, incisos a) y c), del Código Fiscal del Distrito Federal, no atiende al principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, constitucional, dado que otorgan un trato desigual al cobrar cuotas diferentes a quienes reciben un servicio igual y en virtud de que dichas cuotas no atienden al servicio prestado, de ahí que el agravio analizado resulte infundado."

Por su parte, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, resuelto el siete de noviembre de dos mil diecisiete, por unanimidad de votos con los puntos resolutivos y contra el voto del Magistrado Rolando González Licona, en las consideraciones sustentadas en el posible tema de contradicción, señaló, en el texto de interés, lo siguiente:

"DÉCIMO TERCERO.—Estudio relativo a la inconstitucionalidad del artículo 196, fracción I, inciso a), del Código Fiscal del Distrito Federal, que prevé el pago de derechos por registro, por violación al principio de proporcionalidad tributaria.—En el primer concepto de violación, la quejosa alega que el artículo 196 del Código Fiscal del Distrito Federal prevé el pago de derechos como contraprestación al servicio público de inscripción, anotación o cancelación que practiquen en el Registro Público de la Propiedad o del Comercio del Distrito Federal, causándose una cuota general de $1,326.00 (un mil trescientos veintiséis pesos 00/100 moneda nacional) por cada registro, y que en el caso de la inscripción de documentos en los que se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes muebles o inmuebles o derechos reales, incluyendo compraventas en las que el vendedor se reserve el dominio, así como

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27958-4e7e3130/derechos-por-la-inscripcion-de-documentos-y-actos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.