CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS PARA EMITIR DICTÁMENES DE ESTADOS FINANCIEROS. PARA QUE LA AUTORIDAD FISCAL PUEDA SANCIONAR LA INOBSERVANCIA DE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA QUE LOS RIGEN, NO ES NECESARIA SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 36/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO Y EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 30 DE ABRIL DE 2019. MAYORÍA DE DIECIOCHO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JULIO HUMBERTO HERNÁNDEZ FONSECA, ARTURO ITURBE RIVAS, OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ, JESÚS ANTONIO NAZAR SEVILLA, MARÍA ELENA ROSAS LÓPEZ, MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY, CLEMENTINA FLORES SUÁREZ, OSCAR FERNANDO HERNÁNDEZ BAUTISTA, JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA, EUGENIO REYES CONTRERAS, LUZ CUETO MARTÍNEZ, J. JESÚS GUTIÉRREZ LEGORRETA, JOSÉ EDUARDO ALVARADO RAMÍREZ, ERNESTO MARTÍNEZ ANDREU, LUZ MARÍA DÍAZ BARRIGA, ADRIANA ESCORZA CARRANZA, MARTHA LLAMILE ORTIZ BRENA Y MARÍA ALEJANDRA DE LEÓN GONZÁLEZ. DISIDENTES: RICARDO OLVERA GARCÍA Y EDWIN NOÉ GARCÍA BAEZA. AUSENTE: HUGO GUZMÁN LÓPEZ. PONENTE: JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA. SECRETARIOS: LUIS ANTONIO MORALES AYALA E YDALIA PÉREZ FERNÁNDEZ CEJA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo séptimo, y 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de dieciocho de febrero de dos mil quince, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete siguiente, reformado mediante Acuerdo General 52/2015, publicado en el citado medio de difusión oficial el quince de diciembre de dos mil quince; en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación del denunciante. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, ya que la formuló el entonces Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, es decir, el presidente de uno de los órganos jurisdiccionales cuyo criterio es presuntamente discrepante, de conformidad con el artículo 227, fracción III, en relación con el diverso 226, fracción III, ambos de la Ley de Amparo.
TERCERO.—Posturas contendientes. En primer lugar, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, pues ello constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, en términos de lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que, a fin de decidir si existe contradicción de tesis, es necesario analizar si los Tribunales contendientes, al resolver los asuntos que son materia de la denuncia, realmente sostuvieron criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho o sobre un problema jurídico central, independientemente que las cuestiones fácticas que rodean los casos que generan esos criterios no sean iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes y pueden ser sólo adyacentes; ello, con la finalidad de proporcionar certidumbre en las decisiones judiciales y dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.
El citado criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, que establece:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
De la jurisprudencia preinserta se aprecia que, para que exista contradicción de tesis, es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, es decir, que exista discrepancia entre ellos, lo cual puede derivar de asuntos diferentes en sus cuestiones fácticas, aunque es necesario ponderar que esa variación o diferencia no incida o sea determinante para el problema jurídico resuelto; por lo que debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.
De igual manera, en términos de la citada jurisprudencia, para que exista contradicción de tesis, se requiere que los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos materia de la denuncia hayan:
1) Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,
2) Llegado a conclusiones encontradas respecto a la resolución de la controversia planteada.
Por tanto, existirá contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo a su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que lo rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.
Bajo ese contexto, para establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones en que se apoyaron las respectivas resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
Las consideraciones en que se sustenta el juicio de amparo directo D.A. 184/2017, del índice del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, resuelto por unanimidad de votos de sus integrantes, en sesión de veintidós de junio de dos mil diecisiete, son las siguientes:
"51. ESTUDIO. El principio de mayor beneficio que rige el juicio de amparo, obliga a privilegiar de entre todas las cuestiones planteadas, el estudio de aquellas que acarreen al accionante un bien mayor, pudiendo incluso soslayar el análisis del resto de las argumentaciones formuladas.
"52. Sobre el principio referido, es ilustrativa la jurisprudencia por unificación de criterios P./J. 3/2005, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"53. Por ende, en observancia a tal principio se afirma que, se dará preeminencia a los argumentos de fondo que plantea el accionante de amparo, que conllevan a la declaratoria de la nulidad lisa y llana del acto impugnado y que este tribunal estima que son fundados conforme a las siguientes consideraciones.
"54. En parte de su concepto de violación único, el peticionario de amparo alegó que es infundado que se sostenga que las normas de auditoría no tienen que publicarse en el Diario Oficial de la Federación, porque no se alude a disposiciones fiscales, sino también a disposiciones administrativas de carácter general, rubro en el que están las normas de auditoría.
"55. Argumentó que es así, porque al aplicarse a todos los dictaminadores, adquiere el carácter de generalidad y, tomando en cuenta que la autoridad manifiesta en el numeral segundo del apartado ‘Refutación al capítulo de conceptos de nulidad’, de su contestación de demanda, que el carácter que tienen los dictaminadores es de ‘auxiliar de la autoridad fiscalizadora’, es aplicable a las normas de auditoría ‘mutas mutandis’(sic), la jurisprudencia «2a./J. 249/2007» de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘SERVIDORES PÚBLICOS. LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS O DE SERVICIOS AL PÚBLICO, CON BASE EN LOS CUALES SE LES IMPONEN OBLIGACIONES Y ANTE SU INCUMPLIMIENTO PUEDE FINCÁRSELES RESPONSABILIDAD Y SANCIONÁRSELES, DEBEN PUBLICARSE EN EL ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN CORRESPONDIENTE.’
"56. Esgrimió que por esa misma razón no es aplicable el precedente que invocó la Sala, porque no se cuestionó la constitucionalidad del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, por omitir definir las normas de auditoría, sino que la litis que se planteó fue, que para que fuera obligatoria el cumplimiento de dichas normas, debía publicarse en el Diario Oficial de la Federación, conforme a lo dispuesto en el artículo 7o. del Código Fiscal de la Federación.
"57. Adujo que el artículo 14 constitucional, dispone que ninguna persona debe ser privada de sus bienes y derechos, sino a través de un juicio en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho que se pretenda sancionar y que el actuar de la responsable vulnera ese precepto constitucional.
"58. Se considera que los argumentos de disenso son fundados y suficientes para conceder el amparo de manera lisa y llana.
"59. Con base en la reforma al segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Federal(13), en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país están obligadas a aplicar el principio interpretativo pro personae; y, consecuentemente, a preferir las interpretaciones que más favorezcan los derechos.
"60. El precepto constitucional citado exige que las normas sobre derechos humanos se interpreten de acuerdo con la propia Constitución y con los tratados internacionales en los que México es parte, de tal manera que se favorezca ampliamente a las personas; así, existe la obligación de analizar el contenido y alcance de esos derechos a partir del principio en cita, el que constituye un criterio hermenéutico que informa todo el derecho internacional de los Derechos Humanos, por virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de sus suspensión extraordinaria. En ese entendido, el principio del que se habla permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y otorga un sentido protector a favor de la persona humana, por lo que ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, el Estado Mexicano se ve obligado a optar por proteger en términos más amplios.
"61. Resulta aplicable al respecto, la tesis aislada «1a. XXVI/2012 (10a.)» emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL."
"62. Así, para determinar si las normas de auditoría aplicables a los contadores públicos para la emisión de dictámenes financieros deben ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación, se justifica la aplicación del criterio hermenéutico del principio pro personae, al encontrarse involucrado el alcance del derecho humano de seguridad jurídica.
"63. El derecho humano de seguridad jurídica implica el conjunto general de condiciones, requisitos, elementos o circunstancias previas a que debe sujetarse una cierta actividad estatal autoritaria para generar una afectación válida de diferente índole en la esfera del gobernado; por lo que el acto de autoridad que afecte el ámbito jurídico particular de una persona, sin observar dichos requisitos, condiciones, elementos o circunstancias previas, no será válido a la luz del derecho.
"64. Así, a través de la seguridad jurídica que se prevé en los artículos 14 y 16 constitucional(sic), las personas tienen amplia protección de los diversos bienes que integran su esfera de derecho, esto es, ese derecho humano de seguridad jurídica implica que las normas que facultan a las autoridades para actuar en determinado sentido, deben contener los elementos mínimos que permitan al particular hacer valer su derecho y conocer las consecuencias jurídicas de los actos que realice. Al mismo tiempo, que el actuar de la respectiva autoridad no resulte arbitrario, sino limitado y acotado, sin que la ley tenga que señalar concretamente un procedimiento que regule cada una de las relaciones que se entablen entre los gobernados y las autoridades.
"65. Uno de los elementos del derecho humano de seguridad jurídica reconocido en dichos preceptos constitucionales, es el de la publicidad de las normas generales o de la prohibición de secrecía de las normas generales.
"66. Este elemento de publicidad de las normas generales tiene vital importancia, pues la publicación en un medio de difusión oficial, es la única manera de asegurarse que los destinatarios de las normas generales tengan conocimiento de ellas y sepan con certeza las sanciones que en su caso se les pueden imponer en caso de incumplimiento.
"67. Ahora, el artículo 52, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente en 2011 (en el que sustentó la autoridad demandada y la Sala responsable), establecía que cuando el contador público no dé cumplimiento a las disposiciones referidas en dicho artículo, es decir a lo relativo a la emisión de dictámenes de estados financieros, o no aplique las normas y procedimientos de auditoría, la autoridad fiscal, previa audiencia, exhortará o amonestará al contador público registrado, o suspenderá hasta por dos años los efectos de su registro, conforme al reglamento de dicho código.
"68. Por su parte, el numeral 7o. del código anteriormente citado, prevé que las leyes fiscales, sus reglamentos y las disposiciones administrativas de carácter general, entrarán en vigor en toda la República el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo que en ellas se establezca una fecha posterior.
"69. Lo anterior significa en otras palabras, que si las leyes fiscales, sus reglamentos y las disposiciones administrativas de carácter general, no son publicadas en el Diario Oficial de la Federación, no tienen vigencia y, por tanto, no son obligatorias ni crean consecuencias jurídicas.
"70. Una vez expuesto lo anterior, surgen las siguientes preguntas: ¿Cuál es la naturaleza de las normas y procedimientos de auditoría? ¿Son disposiciones administrativas de carácter general?
"71. La respuesta ya la ha dado el Pleno de la Suprema Corte Justicia de la Nación aunque no de manera explícita.
"72. En la tesis P. IX/96(17), estableció que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52, fracción II, del Código Fiscal de la Federación vigente en 1988, se sancionará con suspensión hasta por tres años de su registro, al contador público que formule el dictamen sobre los estados financieros de los contribuyentes y su situación fiscal, sin ajustarse a los requisitos establecidos en la propia norma, para generar la presunción de certeza de los hechos afirmados en el dictamen, entre los cuales se encuentra, el que se emita de conformidad con las disposiciones del reglamento del código y las normas de auditoría que regulan la capacidad, independencia e imparcialidad profesionales del contador, el trabajo que desempeña y la información resultante del mismo.
"73. Señaló que estas normas de auditoría no son objeto de remisión al Reglamento del Código Fiscal de la Federación, pues constituyen requisitos distintos a los que en este último ordenamiento también se establecen obligatoriamente, para ser observados por los contadores públicos al elaborar los dictámenes mencionados.
"74. Es decir, en lo relativo a las normas de auditoría no existe delegación en favor del Ejecutivo Federal que permita desarrollarlas y pormenorizarlas al ejercer su facultad reglamentaria; y, si bien en el Código Fiscal de la Federación no está previsto el contenido de esas reglas, esta omisión no genera la inconstitucionalidad del artículo 52, fracción II, pues el legislador no está obligado a definir todos los elementos de las disposiciones comprendidas en los ordenamientos legales que expida, cuando como en el caso, se trata de conceptos técnicos ajenos, por su propia naturaleza, a las materias reguladas en el código referido traducidos en el empleo legal de ciertos conceptos instrumentales o técnicos que es un tema ajeno al problema de la constitucionalidad de la ley; y, por el contrario, pertenece al de la interpretación, para efecto de su aplicación exacta ya que, en todo caso, el aspecto a dilucidar es si en cada supuesto planteado se está en presencia o no de una de las normas de auditoría a que se refiere el precepto impugnado.
"75. Conforme lo anterior es dable sostener que las normas y procedimientos de auditoría no son disposiciones administrativas pues el Código Fiscal de la Federación no las delega al Ejecutivo Federal, es decir, no son emitidas por una autoridad, sino por un ente particular, pero sí constituyen conceptos técnicos obligatorios para el ejercicio profesional de los contadores públicos en la elaboración de dictámenes de estados financieros, en la medida de que en caso de su incumplimiento, la autoridad fiscal se basa en ellos para emitir sanciones previstas en el propio código y su reglamento.
"76. Lo anterior genera la siguiente pregunta: ¿A pesar de que las normas y procedimientos de auditoría no son disposiciones administrativas, deben de publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que inicien su vigencia, en términos del artículo 7o. del Código Fiscal de la Federación?
"77. A fin de dar respuesta a esta interrogante, es necesario acudir a lo que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en la contradicción de tesis 218/2007-SS, en la que determinó que los manuales de organización de procedimientos o servicios al público, contienen disposiciones jurídicas relacionadas con el servicio público, y que son obligatorias para los servidores públicos que se ubiquen en sus supuestos, por lo cual consideró que los manuales al ser ordenamientos legales, gozan de las características de generalidad, abstracción y obligatoriedad y por ello sí deben ser publicados en un órgano oficial de difusión, como pueden ser el Diario Oficial de la Federación, Gaceta Gubernamental o Periódico Oficial local, según se trate de la Federación, de los Estados o Municipios, pues sólo así los destinatarios de los mismos (funcionarios o empleados) tendrán conocimiento de las disposiciones contenidas en los manuales de referencia.
"78. Además, sostuvo que no debe soslayarse que los manuales de procedimientos respectivos, por regla general son un catálogo de normas o reglas obligatorias para los servidores públicos a quienes van dirigidos e incluso éstos carecen de posibilidad alguna de no acatarlos, pues su observancia no se deja a su libre arbitrio, máxime que hay ocasiones en que en los manuales respectivos se prevén obligaciones para los servidores públicos y su incumplimiento es sancionado de una u otra manera.
"79. Por tanto, concluyó que si los manuales de procedimientos de organización o servicios al público son de carácter obligatorio para los funcionarios o empleados públicos y con base en ellos a éstos se les puede sancionar si incurren en alguna irregularidad en el desempeño de sus funciones, obviamente que deben ser publicados en un órgano oficial de difusión, llámese Diario Oficial de la Federación, Gaceta Gubernamental o Periódico local, pues sólo así tendrán el conocimiento y certeza de la existencia del manual que regula la conducta que deben adoptar en la calidad indicada y de sus obligaciones derivadas de ésta e incluso sabrán a qué sanción se harán acreedores si las incumplen.
"80. Ello, dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 249/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"81. El anterior criterio de respuesta a la interrogante en el sentido de que las normas y procedimientos de auditoría deben de publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que inicien su vigencia, en términos del artículo 7o. del Código Fiscal de la Federación.
"82. Es así, pues aunque no son leyes fiscales, reglamentos ni disposiciones administrativas, lo cierto es que son conceptos técnicos obligatorios para los contadores públicos que emiten dictámenes de estados financieros en términos del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación que regulan la capacidad, independencia e imparcialidad del contador, el trabajo que desempeña y la información resultante del mismo, en la medida de que la autoridad fiscal con base en el incumplimiento de dichas normas y auditorías, sancione a los contadores, de acuerdo al propio código y su reglamento.
"83. Por tanto, en respeto al derecho humano de seguridad jurídica así como al principio de publicidad de las normas generales o prohibición de las normas secretas, las normas y procedimientos de auditoría, aun cuando no son disposiciones administrativas pues son conceptos técnicos emitidos por un ente particular, si la autoridad fiscal los toma como base para sancionar en caso de su incumplimiento, deben de publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que inicien su vigencia, en términos del artículo 7o. del Código Fiscal de la Federación, pues sólo así los contadores públicos tendrán el conocimiento y certeza de la existencia de dichas normas y procedimientos que regulan la conducta que deben adoptar en la calidad indicada y de sus obligaciones derivadas de éstas e incluso sabrán a qué sanción se harán acreedores si las incumplen.
"84. Ahora, en recapitulación del caso en particular, se tiene que el quejoso en su carácter de contador público certificado, mediante resolución de ***********, en términos del artículo 52, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, por ubicarse en el supuesto del artículo 63, fracción III, incisos a) y c) del reglamento de dicho código (normas vigentes en 2011), fue sancionado con la suspensión de su registro por el plazo de 6 meses, esto al no observar las normas NIA 200 ‘Control de calidad de auditoría de Estado Financieros’ y NIA 500 ‘Evidencia de auditoría’, Control de calidad para trabajos de auditoría y revelación y confiabilidad de la evidencia de auditoría, las cuales son expedidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., en sus boletines.
"85. Al respecto, la Sala consideró que si bien es cierto que como lo afirma el accionante, las normas de auditoría no se encuentran publicadas en el Diario Oficial de la Federación, también lo es que dichas normas sí son de observancia obligatoria para los contadores públicos registrados, pues así lo establece textualmente el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, e incluso prevé una sanción en caso de incumplimiento.
"86. Ello dijo, sin perjuicio de que las referidas normas de auditoría no se encuentren publicadas en el Diario Oficial de la Federación, pues señaló que el artículo 7o. del Código Fiscal de la Federación, sólo hace alusión a las leyes fiscales, sus reglamentos y las disposiciones administrativas de carácter general, pero no así las normas de auditoría.
"87. Aseveró que esas circunstancias hacen patente que, independientemente de que las normas de auditoría no se encuentren publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el actor sí se encontraba obligado a dejar evidencia del procedimiento de control de calidad, procedimiento de auditoría básico, a efecto de cumplir con las normas y requisitos mínimos para emitir su dictamen, pues así lo ordena el artículo 52, fracción II, y antepenúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación.
"88. Para apoyar su consideración citó la tesis P. IX/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘DICTÁMENES DE CONTADORES PÚBLICOS SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DE CONTRIBUYENTES. EL ARTÍCULO 52, FRACCIÓN II DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO), NO ES INCONSTITUCIONAL POR EL HECHO DE QUE OMITA DEFINIR LAS NORMAS DE AUDITORÍA A LAS QUE DEBEN SUJETARSE AQUELLOS.’
"89. Este Tribunal Colegiado no comparte esas consideraciones, porque en respeto al derecho humano de seguridad jurídica así como al principio de publicidad de las normas generales o prohibición de las normas secretas, las normas y procedimientos de auditoría deben de publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que inicien su vigencia, en términos del artículo 7o. del Código Fiscal de la Federación, pues sólo así los contadores públicos tendrán el conocimiento y certeza de la existencia de dichas normas y procedimientos que regulan la conducta que deben adoptar en la calidad indicada y de sus obligaciones derivadas de éstas e incluso sabrán a qué sanción se harán acreedores si las incumplen.
"90. De ahí que se estime que en términos del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 249/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplicado de manera analógica, ya mencionado en párrafos que preceden, la autoridad demandada no acreditó que a la fecha de la emisión de la resolución impugnada contenida en el oficio contenido en el oficio 500-01-04-00-00-2016-24703, de 11 de julio de 2016, las normas NIA 200 ‘Control de calidad de auditoría de Estado Financieros’ y NIA 500 ‘Evidencia de auditoría’, Control de calidad para trabajos de auditoría y revelación y confiabilidad de la evidencia de auditoría, las cuales son expedidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., cuya transgresión originó la sanción impuesta, se encontraran publicadas en el Diario Oficial de la Federación y que, por ende, fueran vigentes. En consecuencia, no podía sancionar al quejoso ante la inobservancia de unas normas de auditoría que no son obligatorias.
"91. En este orden de ideas, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, para el efecto de que la Sala responsable:
"92. a) Deje insubsistente la sentencia reclamada y,
"93. b) En su lugar, emita otra en la que siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, declare la nulidad lisa y llana de la resolución contenida en el oficio 500-01-04-00-00-2016-24703, de 11 de julio de 2016, al no haber demostrado la autoridad demandada que las normas NIA 200 ‘Control de calidad de auditoría de Estado Financieros’ y NIA 500 ‘Evidencia de auditoría’, Control de calidad para trabajos de auditoría y revelación y confiabilidad de la evidencia de auditoría, las cuales son expedidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., cuya transgresión originó la sanción impuesta, se encontrarán publicadas en el Diario Oficial de la Federació
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28958-0e3708f0/contadores-publicos-autorizados-para-emitir-dictamenes-de-estados · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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