CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO PARA DICTAMINAR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS CONTRIBUYENTES. DEBE NEGARSE LA SUSPENSIÓN CONTRA LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA CANCELACIÓN DE SU REGISTRO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 257/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y DÉCIMO QUINTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 13 DE JULIO DE 2011. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS. AUSENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIO: JOSÉ ÁLVARO VARGAS ORNELAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo octavo y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, toda vez que los asuntos de los que deriva el posible punto de divergencia son del orden administrativo, materia de la exclusiva competencia de la misma Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo establecido en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, es decir, uno de los órganos jurisdiccionales cuyo criterio es presuntamente discrepante.
TERCERO. En principio, es pertinente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados expusieron en las ejecutorias de las que emanaron los criterios que el tribunal denunciante estima disímbolos.
Así, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el ********** el recurso de queja número **********, sostuvo, en lo que interesa al caso, lo siguiente:
"CUARTO. Resultan esencialmente fundados los argumentos hechos valer por el quejoso en su escrito de queja, y suficientes para declararla fundada. Siendo pertinente relatar como antecedentes del asunto los siguientes: 1. ********** promovió juicio de garantías en contra de las autoridades y actos siguientes: (se transcribió). 2. En la demanda se solicitó la suspensión de los actos reclamados, en los siguientes términos: (se transcribió). Asimismo, manifestó el quejoso que sólo presenta dictámenes una vez al año, pero que todo el año desahoga requerimientos de la autoridad en su carácter de contador público registrado, y que de negársele la suspensión solicitada se le ocasionarían daños y perjuicios a él y a todos los contribuyentes a los que les dictaminó y también al interés público. 3. El Juez Tercero de Distrito en el Estado a quien por razón de turno tocó conocer del escrito de demanda, ordenó el trámite por duplicado del incidente de suspensión el **********, dictando el acuerdo en lo que aquí interesa y que es materia del presente recurso de queja, en los siguientes términos: (se transcribió). Ahora bien, analizados los actos reclamados, las constancias que obran en el incidente y el acuerdo motivo del presente recurso de queja, este Tribunal Colegiado llega a la convicción de que los argumentos expresados por la parte quejosa en su único agravio, son fundados y suficientes para declarar fundada esta queja. En efecto, tal como lo sostiene el recurrente, solicitó la suspensión de los efectos del acto reclamado, consistente en la resolución mediante la cual se canceló su registro como contador público autorizado para dictaminar estados financieros, y no la suspensión en sí de tal resolución y de los artículos 52 del Código Fiscal de la Federación y 58 de su reglamento. Sin que el Juez de Distrito se pronunciara respecto a la suspensión solicitada, siendo que debió limitarse a pronunciarse única y exclusivamente por las consecuencias del acto reclamado tal como se le solicitó, de conformidad con lo dispuesto, en lo conducente, en la jurisprudencia 111/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 98, Tomo XVIII, diciembre de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: ‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS.’ (se transcribió). Precisado lo anterior, este Tribunal Colegiado advierte que en la especie el quejoso solicitó esencialmente se le otorgara la medida cautelar en relación con las consecuencias que derivan de la resolución por la que se determinó cancelar su registro como contador público autorizado para dictaminar estados financieros de los contribuyentes; sin embargo, como se dijo, el Juez de Distrito no realizó pronunciamiento alguno respecto de la medida suspensional que en esos términos solicitó el quejoso. De modo tal que al dolerse el recurrente de tal circunstancia, este Tribunal Colegiado concluye que en el auto recurrido no debió hacerse pronunciamiento respecto a lo no solicitado por el quejoso, y analizara (sic) lo que en derecho proceda respecto de esa petición que fue soslayada por el Juez Federal, y que constituye la materia del presente recurso de queja. Ahora bien, en la demanda de garantías se reclama la inconstitucionalidad del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, del diverso 58 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación y el oficio ********** de **********, emitido por el administrador central de Operación de la Fiscalización Nacional del Servicio de Administración Tributaria, mediante el cual se resolvió cancelar en forma definitiva el registro del quejoso como contador autorizado para dictaminar para efectos fiscales. La suspensión fue solicitada por la parte agraviada respecto de los efectos del descrito oficio, los cuales no pueden considerarse como consumados, puesto que son de tracto sucesivo, al permanecer continua e indefinidamente a través del tiempo, por lo que respecto de éstos puede otorgarse la suspensión provisional, sin que con ello se den efectos restitutorios, dado que el oficio reclamado queda intacto. Al efecto aduce el recurrente que como contador público registrado presenta cierto número de dictámenes al año, y que la autoridad lo requiere para que exhiba los papeles de trabajo, pero que si no se suspenden los efectos del acto reclamado, entonces, no podrá cumplir con lo anterior, y ante ello se emitirá orden de visita a los contribuyentes, y que se le causarán daños de imposible reparación. Asimismo, señala que sólo una vez al año, en junio o julio, puede presentar dictámenes, y que en la declaración presentada por los contribuyentes en marzo y abril, se señala el número de registro del contador que los dictaminará, por lo que de negársele la suspensión no lo podrían nombrar, lo que le ocasionaría daño de difícil reparación. Ahora bien, una vez que ha quedado determinada la posibilidad de otorgarse la suspensión provisional, respecto de los efectos del oficio reclamado, relativos a la cancelación del registro de contador público quejoso, procede analizar si en la especie se está ante los supuestos de procedencia de la medida cautelar solicitada, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. En la especie, debe decirse en primer lugar que la medida cautelar provisional de manera expresa la solicitó el quejoso, siendo que ello además, supone la demostración de su interés aun en forma presuntiva. Por otra parte, se pretende la suspensión de los efectos del oficio por el que se decretó la cancelación del registro del quejoso como contador público autorizado para dictaminar estados financieros, siendo que tal cancelación tuvo como presupuesto el incumplimiento del autorizado para dictaminar estados financieros de los contribuyentes, en la exhibición de los papeles de trabajo, y no la diversa hipótesis relativa a la comisión de un delito de carácter fiscal; por tanto, no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, al emanar la resolución de cancelación de registro de una omisión del quejoso que no es un acto constitutivo de delito. Y finalmente, se observa que de no concederse la medida cautelar provisional, se causarían al quejoso daños y perjuicios de difícil reparación, pues de impedírsele fungir como contador público autorizado para dictaminar estados financieros, no se le permitiría cumplir con los requerimientos relativos a los dictámenes ya presentados, además de que se le impediría presentar nuevos dictámenes durante la tramitación del juicio, lo que le impediría seguir desarrollando su actividad, y no obstante que se le concediera el amparo, al haber transcurrido los plazos legales relativos, se le impediría ser designado como contador público autorizado para este año, pues solamente en cierta época del año puede ser designado con tal carácter. Por tanto, en el presente caso se satisfacen los requisitos del artículo 124 de la Ley de Amparo, pues además de que la suspensión provisional la solicitó el quejoso, no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, y porque se le causarían al impetrante daños y perjuicios de difícil reparación al impedírsele seguir fungiendo como contador público autorizado para dictaminar estados financieros. En este sentido, además debe realizarse un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida. Debe tenerse en cuenta la apariencia del buen derecho, que se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso; dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del (sic) derecho invocado por la parte quejosa, como en el caso aconteció, debiendo tomarse en consideración no sólo el concepto de violación aducido, sino que también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, esto es, al (sic) interés social o al (sic) orden público, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Por su parte, el peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos del promovente de la medida, como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. Consecuentemente, si toda medida cautelar descansa en los principios de apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, el juzgador debió además analizar esos elementos, y si la provisión cautelar, como mera suspensión, es ineficaz, tiene la facultad de dictar las medidas pertinentes que no impliquen propiamente una restitución, sino un adelanto provisional del derecho cuestionado para resolver posteriormente, en forma definitiva, si los actos impugnados son o no constitucionales, por lo que el efecto de la suspensión será interrumpir un determinado estado de cosas mientras se resuelve el fondo del asunto, sin perjuicio de que si se declaran infundadas las pretensiones del quejoso porque la apariencia del buen derecho fuera equivocada, tales actos puedan reanudarse, sin poner en peligro la seguridad o la economía nacional, a las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, o bien, sin afectar gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con dicha suspensión pudiera obtener el solicitante. La anterior afirmación encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 204/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 315, Tomo XXX, diciembre de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO.’ (se transcribió). Por tanto, es inconcuso que en el caso de los efectos de la cancelación del registro del contador público autorizado para dictaminar estados financieros, es procedente decretar la suspensión solicitada, pues dada la naturaleza de las funciones del contador público registrado, la cancelación de su registro ocasiona que no pueda desempeñarse en su cargo, al haber presentado los dictámenes financieros de algún contribuyente y que pueda presentar otros nuevos, sin que con la concesión de la medida cautelar se ocasione perjuicio al interés social. Por ende, a efecto de salvaguardar ese interés presuntivo mientras se tramita el incidente de suspensión y resuelve sobre la medida cautelar en forma definitiva es procedente se conceda la suspensión provisional para efectos de que se permita al quejoso seguir fungiendo como contador público registrado autorizado para dictaminar estados financieros, respecto de los contribuyentes para quienes presentó dictamen financiero, y asimismo, pueda presentar nuevos dictámenes. Esto último, atento que para determinar si procede otorgar la suspensión provisional debe evitarse daños de difícil reparación, y de no permitírsele al quejoso que siga fungiendo como contador público registrado, implicaría que no culmine sus obligaciones respecto de dictámenes ya presentados y la posibilidad de que en este año nadie lo designara como tal, lo que sería un daño de difícil reparación ...".
Con motivo de dicha ejecutoria, se elaboró la tesis que a continuación se identifica y transcribe:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXXI, mayo de 2010
"Tesis: VI.1o.A.288 A
"Página: 2074
"SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA RESPECTO DE LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO DEL CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO, DERIVADA DE LA OMISIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO, A EFECTO DE QUE ÉSTE PUEDA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS RELATIVOS A DICTÁMENES PRESENTADOS Y EMITIR NUEVOS (ARTÍCULO 52 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN). Ante la cancelación del registro del contador público autorizado para dictaminar estados financieros de los contribuyentes, en términos del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, que tiene como presupuesto el incumplimiento en la exhibición de los papeles de trabajo, y no la diversa hipótesis relativa a la comisión de un delito de carácter fiscal, procede la suspensión provisional, al darse los requisitos previstos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, por solicitarse por el quejoso, sin que se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, pues de lo contrario se causarían al quejoso daños y perjuicios de difícil reparación. Lo anterior, puesto que de impedírsele fungir con tal carácter, no se le permitiría cumplir con los requerimientos relativos a los dictámenes ya presentados, ni presentar nuevos durante la tramitación del juicio, lo que le impediría seguir desarrollando su actividad, y no obstante que se le concediera el amparo, al haber transcurrido los plazos legales relativos, se le impediría ser designado como contador público autorizado para el año, pues solamente en cierta época de éste puede ser designado para tal efecto.
"Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.
"Queja **********. **********. 23 de febrero de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: José Eduardo Téllez Espinoza. Secretaria: Elizabeth Barrientos Sánchez."
A su vez, el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el ********** el recurso de revisión número **********, sostuvo, en lo que interesa para el asunto, lo siguiente:
"SÉPTIMO. El examen del oficio de expresión de agravios pone de manifiesto que las autoridades recurrentes hacen valer, en esencia, los argumentos siguientes: a) El Juez de Distrito infringió lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, en virtud de que no expuso los motivos o circunstancias especiales por las que resolvió que el quejoso cumple los requisitos que establece el numeral 124 de la referida legislación y, que por ende, es procedente concederle la suspensión definitiva de la cancelación del registro de contador público dictaminador que reclama. b) La concesión de la suspensión definitiva causa perjuicio a la colectividad, en virtud de que se permite al amparista continuar dictaminando estados financieros relacionados con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de diversos contribuyentes, en detrimento de la facultad recaudatoria del Estado, lo que es contrario a lo dispuesto en el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo. c) El juzgador federal soslayó que el registro de contador público autorizado para dictaminar estados financieros, se canceló en términos de lo dispuesto en el artículo 52, párrafo antepenúltimo, del Código Fiscal de la Federación vigente en dos mil nueve, dado que no exhibió, a requerimiento de autoridad, los papeles de trabajo relativos a la situación financiera de una contribuyente a la que auditó; de ahí que al concederse la suspensión de esa sanción, se contravienen disposiciones de orden público, a más de afectarse el interés social. d) La resolución recurrida es contraria a derecho, habida cuenta que el juzgador constitucional pasó por alto que los contadores públicos autorizados para dictaminar estados financieros son auxiliares del fisco federal, por lo que es imperativo que desempeñen su actividad con apego a las normas fiscales aplicables, como es el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación vigente en dos mil nueve; por lo que al concederse la suspensión de la cancelación del registro relativo, se infringe el contenido del artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo. e) Debe prevalecer el interés que tiene la colectividad de que los contadores públicos que no cumplan los requisitos para dictaminar estados financieros, sean sancionados con la cancelación del registro correspondiente ante la autoridad hacendaria, sobre el interés particular de éstos en continuar con esa función; de lo que se sigue que la suspensión definitiva otorgada por el Juez de Distrito es contraria a lo dispuesto en el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo. Los agravios sintetizados se estudian en conjunto, según la técnica que autoriza el artículo 79 de la Ley de Amparo, habida cuenta que están encaminados a demostrar que contrario a lo resuelto por el juzgador de garantías, con la concesión de la suspensión definitiva del acto reclamado, se contravienen disposiciones de orden público y afecta el interés social. Para dar respuesta a los argumentos sintetizados, es pertinente señalar que de las constancias que integran el cuaderno de suspensión relativo al juicio de amparo número **********, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, que tienen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de garantías, según lo permite el artículo 2o. de la Ley de Amparo, se desprende que ********** ejercitó la acción constitucional contra el proceso legislativo de los artículos 52 del Código Fiscal de la Federación y 65 del reglamento de ese ordenamiento, ambos vigentes en dos mil nueve; asimismo, señaló como acto reclamado la emisión y ejecución del oficio número **********, del **********, a través del cual el administrador central de Operación de la Fiscalización Nacional del Servicio de Administración Tributaria canceló su registro de contador público autorizado para emitir dictámenes de estados financieros. Cabe destacar que en el capítulo relativo del ocurso de garantías (fojas trece a veintinueve del cuaderno de suspensión), el amparista solicitó la suspensión provisional y definitiva respecto de los efectos y consecuencias de la ejecución del oficio mencionado, lo que hizo consistir en que se le permita continuar dictaminando estados financieros y, además, que no se dé aviso al colegio profesional al que pertenece respecto de la sanción impuesta. Significativo resulta señalar que el Juez de Distrito concedió la suspensión provisional al quejoso, por considerar que cumplió los requisitos que al efecto establece el artículo 124 de la Ley de Amparo; determinación que fue impugnada por las autoridades responsables, a través del recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción XI, de la legislación en comento, del que correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este circuito, donde se radicó en el toca número **********, de su índice, el cual, en sesión del dieciocho de abril de dos mil ocho, se declaró infundado. Ahora bien, en la interlocutoria recurrida, el Juez federal concedió la suspensión definitiva respecto de los efectos y consecuencias de la cancelación del registro antes mencionado, sobre la base de que se cumplen los requisitos que al respecto establece el artículo 124 de la Ley de Amparo. Resulta ilustrativo señalar que los efectos que imprimió el juzgador de garantías a la concesión de que se trata, fueron: (se transcribió). Por cuestión de método, en primer lugar debe reseñarse que es ineficaz el argumento relativo a que el Juez de Distrito no expuso las razones particulares o motivos especiales por las que resolvió que el quejoso cumple los requisitos que establece el numeral 124 de la referida legislación y, que por ende, es procedente concederle la suspensión definitiva de la cancelación del registro de contador público dictaminador que reclama. Se expone tal aserto, pues la lectura de la resolución recurrida evidencia que para conceder la suspensión definitiva en cuestión, el juzgador de amparo sostuvo: (se transcribió). Luego, resulta palmario que el Juez de Distrito no incurrió en la violación formal alegada por las autoridades recurrentes, dado que expuso las razones y motivos por los que asumió que es procedente la concesión de la suspensión definitiva solicitada por el quejoso, como es que no existe evidencia de que la cancelación del registro de mérito obedeció a que el quejoso sea incapaz para continuar dictaminando estados financieros, a más que la citada sanción causa al amparista perjuicios de difícil reparación, en tanto se afecta su reputación; de ahí la ineficacia del argumento de mérito. A continuación se estudian los planteamientos dirigidos a demostrar que la resolución recurrida es contraria a derecho, atento a que al concederse la suspensión definitiva al quejoso, se infringe el contenido de la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, pues se le permite que siga emitiendo dictámenes de estados financieros, no obstante que cometió una infracción a la legislación en materia fiscal, esto es, no exhibir los papeles de trabajo y demás documentación contable de una persona moral a la que auditó; lo que contraviene disposiciones de orden público y causa perjuicio al interés social. Con ese propósito, debe tomarse en cuenta el marco jurídico que condiciona la procedencia de la suspensión del acto reclamado dentro del juicio de amparo, de conformidad con los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República y 124 de la Ley de Amparo, los que son del siguiente tenor: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ‘Artículo 107.’ (se transcribió). Ley de Amparo. ‘Artículo 124.’ (se transcribió). De los preceptos transcritos se desprende que para el otorgamiento de la medida cautelar el juzgador de garantías debe atender, entre otras circunstancias, a la naturaleza de la violación alegada y a los daños y perjuicios que con la suspensión se originan al interés público, traducido por el legislador, este último, en no causar perjuicios al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público. En congruencia con la disposición constitucional, en el artículo 124 de la Ley de Amparo se establecen los requisitos mínimos para conceder la suspensión del acto reclamado en una demanda de garantías. Uno de ellos, el previsto en la fracción I del artículo de que se trata, es que la suspensión la solicite el agraviado; el segundo, consiste en que con la concesión de la medida precautoria no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público (fracción II); y el restante, previsto en la fracción III del mismo precepto, consiste en que la ejecución del acto reclamado cause al agraviado daños y perjuicios de difícil reparación, es decir, que el acto combatido conlleve una ejecución. De esos requisitos resulta relevante para la solución del presente asunto el previsto en la fracción II del artículo en cuestión, conforme al cual, la suspensión de los actos reclamados se decretará siempre y cuando no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. La citada disposición señala los casos en los cuales se entiende que se causa perjuicio al interés social y se contravienen normas de orden público; ese señalamiento no es limitativo sino enunciativo, tan es así que el propio precepto, al enumerarlos, se refiere a esos casos, entre otros. De igual manera, dicha disposición hace referencia al principio según el cual el interés colectivo está por encima del particular; la norma atiende, pues, al interés del quejoso para que no se ejecute el acto reclamado, pero si el interés aludido pugna con el de la sociedad o el Estado, debe relevarse el primero, en beneficio del segundo. En relación con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 55/98 entre los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa del Tercer Circuito, sustentó el criterio de que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas, en tanto el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo, se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Entonces, por disposiciones de orden público deben entenderse aquéllas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. El criterio referido dio origen a la jurisprudencia número 2a./J. 81/99, publicada en la página trescientos catorce, Tomo X, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que lleva por rubro y texto los siguientes: ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NEGARSE CONTRA LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE DISMINUCIÓN DEL TECHO FÍSICO MENSUAL A UNA EMPRESA QUE GOZANDO DE SUBSIDIO PRODUZCA TORTILLA DE MAÍZ PARA CONSUMO HUMANO DE PRECIO CONTROLADO.’ (se transcribió). De lo anterior se sigue que el interés social se traduce en cualquier hecho, acto o situación de los cuales la sociedad pueda obtener un provecho o una ventaja o evitarse un trastorno bajo múltiples y diversos aspectos, previniéndose un mal público, satisfaciéndose una necesidad colectiva o lográndose un bienestar común. En cambio, la contravención al orden público se refiere a la infracción de leyes que establezcan tales derechos de la colectividad. Cabe destacar que la norma en ese aspecto no debe interpretarse con rigorismo, sino debe entenderse que respecto de los casos enumerados para la procedencia de la suspensión, el Juez carece de la facultad para determinar lo contrario, sin embargo, conserva esa facultad, respecto de aquellos casos que no sean objeto de la enumeración. Así, el Juez debe realizar un estudio respecto de la disposición o acto de que se trate, para constatar si dicha disposición o acto tiene, efectivamente, las características a que se refiere la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo. En esa línea de pensamiento, debe precisarse que el concepto de orden público, inmerso en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, es indefinido, porque varía en el tiempo y en el espacio. Sin embargo, puede afirmarse que es el conjunto de reglas en que reposa el bienestar común y ante las cuales ceden los derechos de los particulares, porque interesan a la sociedad colectivamente más que a los ciudadanos aisladamente considerados. De esa manera, el legislador puede declarar que una norma es de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23219-498fbda5/contador-publico-autorizado-para-dictaminar-sobre-los-estados · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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