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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL REGISTRO DEL CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO PARA DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS DEL CONTRIBUYENTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 126/2013. · Registro digital (IUS): 24556
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL CO
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 2, Pág. 1218.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 126/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 17 DE ABRIL DE 2013. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS; EN SU AUSENCIA HIZO SUYO EL ASUNTO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: MARÍA ANTONIETA DEL CARMEN TORPEY CERVANTES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, suscitada entre Tribunales Colegiados especializados en la materia administrativa, pero en diferentes circuitos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; tercero transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece; y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Número 5/2001, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente; en virtud de que la posible contradicción de criterios versa sobre la materia administrativa, en la que esta Sala se encuentra especializada.

SEGUNDO. No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de ese año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido dispone:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados de distinto o mismo circuito, como acontece en el presente asunto.

No obstante lo anterior, esta Segunda Sala considera que en tanto no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de esta contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente, en claro perjuicio del orden público y del interés social.

Es aplicable al caso, la tesis del Tribunal Pleno P. I/2012 (10a.), que enseguida se reproduce:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el texto constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito." [Núm. Registro IUS: 2000331. Décima Época. Instancia: Pleno. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, materia común, tesis P. I/2012 (10a.), página 9]

TERCERO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la anterior Ley de Amparo, ya que fue formulada por el presidente de uno de los Tribunales Colegiados de Circuito, entre los que se suscita la posible contradicción.

CUARTO. En relación con la resolución dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en la revisión incidental 486/2012, fallada el veintiocho de febrero de dos mil trece, se sostuvo:

"QUINTO. No serán materia del presente recurso y, por ende, deben quedar intocados los puntos resolutivos primero y tercero que se rigen, respectivamente, por los considerandos primero y último de la interlocutoria recurrida, en que, por una parte, el Juez de Distrito negó la suspensión definitiva al estimar que se trataron de actos consumados; así como reservó resolver sobre la medida cautelar en relación a diversa autoridad. Tales determinaciones no aparecen impugnadas en el presente recurso por la autoridad aquí recurrente; por consiguiente, no serán materia de la revisión; conforme a la jurisprudencia sustentada por la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ... de rubro: ‘REVISIÓN. NO ES MATERIA DE ESTE RECURSO EL RESOLUTIVO QUE NO AFECTA A LA RECURRENTE Y NO SE IMPUGNA POR LA PARTE A QUIEN PUDO PERJUDICAR.’. SEXTO. Los transcritos agravios son sustancialmente fundados. En efecto, de la interlocutoria recurrida se advierte que se concedió al quejoso la medida cautelar en su modalidad definitiva, con relación a los efectos del acto sometido al escrutinio constitucional, que se hizo consistir en ‘... la emisión del oficio ... de marzo de dos mil doce, por medio del cual se me suspendió por seis meses mi registro ... para emitir dictámenes fiscales de estados financieros o cualquier otro dictamen que tenga repercusión fiscal ...’. El juzgador federal consideró procedente paralizar los efectos de la referida suspensión de seis meses, para que no se impida al quejoso continuar en el ejercicio profesional que le autoriza el registro de contador público ... hasta en tanto se dicte sentencia definitiva. Ello, al estimarse ... que no se contravienen disposiciones de orden público ni se afecta al interés social ‘... pues de cualquier manera el quejoso se incorporará a su actividad, pues la simple interrupción de la prestación del servicio sólo va encaminada a corregirlo ... y de negarse dicha medida se le ocasionarían al quejoso daños de difícil e imposible reparación, pues su imagen se vería desacreditada, aspecto que no se repararía ni aun obteniendo sentencia favorable ...’. Inconforme, la autoridad recurrente aduce, en síntesis, que el otorgamiento de la medida suspensional transgrede lo dispuesto por el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que el contador público registrado es un coadyuvante con el fisco federal, ya que (sic) debe cumplir con las disposiciones fiscales que lo rigen, con el fin de generar certeza sobre el contenido de sus funciones, así como lograr el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes para conseguir una recaudación eficaz. Esgrime, que el referido profesionista sancionado debe obtener su registro ante las autoridades fiscales y, además, encontrarse certificado, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones que prevé el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación. Argumenta, que la suspensión otorgada hace nugatorias las facultades de la autoridad para sancionar a un contador público por la infracción a las disposiciones fiscales, toda vez que la intención de dicha norma es impedir o evitar que el contador público pretenda seguir actuando bajo el registro otorgado por la autoridad fiscal, sin sujetarse a los lineamientos legales. Que ... en el caso se causa perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público, toda vez que se permitiría al profesionista seguir con la actividad que fue sancionado por incumplir las normas legales aplicables. Aduce, que con tal forma de proceder, el juzgador federal se está sustituyendo a las facultades que son propias de la autoridad y que, además, se resuelve anticipadamente, lo que es una cuestión atinente al fondo. Asiste la razón jurídica a la recurrente. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la jurisprudencia ... que dice: ‘SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO.’ (se transcribe). Como se ve, la Superioridad estableció que para el otorgamiento de la suspensión, precisa verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Así, primero, debe verificarse que la suspensión (sic) solicitado el agraviado -interés suspensional-. Segundo, que con la concesión de la medida cautelar no se afecte al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Tercero, que los daños que se causen sean de difícil reparación; y, por último, evitar que quede sin materia el juicio de amparo. En el caso ... no se cumple con lo dispuesto en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, toda vez que con el otorgamiento de la suspensión solicitada, se afectaría en gran medida a la comunidad, toda vez que el contador público quejoso estaría en posibilidad de continuar realizando sus actividades, ejerciendo así una actividad que legalmente requiere autorización de la autoridad y una certificación especial para llevar a cabo tal específica profesión en protección a los intereses de la sociedad; autorización ésta que, por efecto de la sanción de suspensión de sus funciones, le ha sido retirada. Máxime que la sanción de suspensión emitida por la autoridad hacendaria, goza de presunción de validez, cuya legalidad, precisamente, será la materia a elucidar en el fondo del amparo en lo principal, mas no en el incidente de suspensión. A más de que ... el otorgar tal medida suspensional equivaldría a darle el derecho al quejoso para realizar los dictámenes fiscales sin la autorización relativa, sustituyéndose con ello el órgano constitucional en facultades exclusivas de las autoridades administrativas, lo que no resulta jurídicamente dable. Ahora bien, el contador público autorizado para dictaminar sobre los estados financieros de los contribuyentes, es el depositario de una función de gran importancia para el Estado, porque a los dictámenes que emite, la autoridad fiscal les otorga la presunción de certeza, salvo prueba en contrario. La relevancia que tiene para el Estado la función que desempeñan los contadores públicos autorizados para dictaminar sobre los estados financieros de los contribuyentes, justifica las diversas exigencias para otorgar el registro relativo, con lo cual el Estado busca salvaguardar el profesionalismo de la función del contador público, pues ésta es una cuestión de orden público, en tanto que el dictamen respectivo constituye un medio por el cual se otorga certeza y seguridad jurídica a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y coadyuva a la autoridad hacendaria a su verificación. Al respecto, resulta dable invocar ... la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ... que dice: ‘LIBERTAD DE TRABAJO. NO LA TRANSGREDE EL ARTÍCULO 52, FRACCIÓN I, INCISO A), ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL ESTABLECER COMO REQUISITO PARA LA ELABORACIÓN DE DICTÁMENES FINANCIEROS QUE LOS CONTADORES PÚBLICOS OBTENGAN LA CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE POR PARTE DE ASOCIACIONES O COLEGIOS DE PROFESIONISTAS.’ (se transcribe). De la ejecutoria que dio sustento a la transcrita jurisprudencia, se lee: (se transcribe). Bajo tal perspectiva, resulta evidente que tratándose de la elaboración de dictámenes financieros que gozan de la presunción de certeza de los hechos asentados en ellos respecto de la situación fiscal de los contribuyentes, se trata de una actividad normada en que los contadores públicos actúan como auxiliares de la administración pública y, por ello, se requiere que éstos gocen de la autorización emitida por la autoridad, así como la certificación para ello, pues el objetivo del legislador es obtener certeza en la información bajo el principio de igualdad de oportunidades atendiendo a los conocimientos, idoneidad, probidad y competencia. Así, la suspensión de registro del contador público autorizado para dictaminar estados financieros constituye la interrupción del atributo de la autorización para ejercer la función, que debe recaer en un sujeto de alta responsabilidad social, digno de confianza para ambas partes (contribuyentes por un lado, y fisco por el otro) que garantice que dichos dictámenes se formulen con profesionalismo y apegados a la ley, a efecto de lograr una eficiente recaudación de impuestos para sufragar el gasto público. Sobre tales premisas, es dable considerar que, en el caso concreto, con la concesión de la suspensión, se sigue perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público. En efecto, de concederse la suspensión se paralizarían, a su vez, los efectos y consecuencias de la suspensión del registro de contador público dictaminador que supone la interrupción de autorización para ejercer la función que esos profesionales requieren, lo que se traduciría en afectación al interés que tiene la sociedad en que los contadores públicos que colaboran con la autoridad hacendaria revisando el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, sean aptos para tal finalidad, pues con motivo de la suspensión decretada, de momento, carece de esa autorización administrativa. Habida cuenta que la suspensión en cuestión tiene por objeto evitar que el contador público siga desarrollando la actividad de contador público dictaminador de estados financieros, al menos por el periodo que está suspendido; lo que evidencia que resulta de mayor relevancia el interés de la colectividad en ejecutar una sanción cuyo propósito consiste en reprimir una conducta que ocasiona que el profesional mencionado sea impedido para coadyuvar a la autoridad fiscalizadora, que la repercusión que pueda traer al contador público el hecho de que por incurrir en una infracción, se suspenda su registro de contador público dictaminador. La suspensión del registro y su ejecución tienen por objeto salvaguardar el correcto desempeño de los contadores públicos autorizados para dictaminar sobre los estados de los contribuyentes, impidiendo que aquellos que incurran en alguna falta, continúen con el ejercicio de esa función coadyuvante; de lo que se sigue que el interés público se ve afectado al otorgarse la suspensión de la ejecución de dicha sanción. Por otra parte, se transgreden disposiciones de orden público, porque con el otorgamiento de la medida cautelar se evita que la autoridad hacendaria sancione una conducta que prevé el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, es decir, se impide la ejecución de un acto atinente al debido desempeño de la función de dictaminar los estados financieros de los contribuyentes, privilegiándose el interés particular del quejoso sobre el interés que tiene la colectividad a ese respecto. Al respecto, se invoca, ... por analogía ... la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ... que dice: ‘AGENTES ADUANALES, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA EL ACTO EN QUE ACUERDE SUSPENDERLOS EN SUS FUNCIONES.’ (se transcribe). Bajo tal perspectiva, independientemente de que con la ejecución de los actos respecto de los cuales se pretende lograr la suspensión, se causen al quejoso daños y perjuicios de difícil reparación, esa afectación particular se subordina al interés general consistente en garantizar a la sociedad dicha ejecución; a más de que, como quedó apuntado, para el otorgamiento de la suspensión precisa, en primer término, superar el requisito previsto en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo; lo que, en la especie, no aconteció. Máxime, que la preservación del orden público o del interés de la sociedad está por encima del interés particular y que -se dice- sería de difícil reparación, habida cuenta que, de otorgarse la medida cautelar pretendida, se le otorgaría al contador público quejoso la posibilidad de continuar realizando actividades, cuando esa autorización ha sido interrumpida. Al respecto, resulta dable invocar ... las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ... que dicen: ‘SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LOS EFECTOS DE LA ORDEN DE SUSPENSIÓN EN EL PADRÓN DE IMPORTADORES.’ (se transcribe). ‘SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. DEBE NEGARSE CONTRA LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA INHABILITACIÓN TEMPORAL PARA PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN O PARA CELEBRAR CONTRATOS PÚBLICOS.’ (se transcribe). De ahí que ... no se cumple con lo dispuesto en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, toda vez que con el otorgamiento de la suspensión solicitada se afectaría en gran medida a la comunidad, toda vez que el contador público quejoso estaría en posibilidad de continuar realizando sus actividades, ejerciendo así una actividad que legalmente requiere autorización de la autoridad y, además, una certificación especial para llevar a cabo tal específica profesión en protección a los intereses de la sociedad; autorización ésta que, por efecto de la sanción de suspensión de sus funciones, le ha sido interrumpida. Máxime que la sanción de suspensión emitida por la autoridad hacendaria, goza de presunción de validez, cuya legalidad, precisamente, será la materia a elucidar en el fondo del amparo en lo principal, mas no en el incidente en que se resuelve únicamente sobre la medida cautelar. Al respecto, es pertinente citar el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ... que al tenor, rubro y texto dice: ‘CUESTIONES DE FONDO.’ (se transcribe). A más de que, como lo aduce la recurrente, el otorgar tal medida suspensional, equivaldría a darle el derecho al quejoso para realizar los dictámenes fiscales sin la autorización relativa, sustituyéndose con ello el órgano constitucional en facultades exclusivas de las autoridades administrativas, lo que no resulta jurídicamente dable. No es óbice a lo considerado con antelación, que en la interlocutoria se haya citado la tesis aislada de rubro: ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. ES PROCEDENTE CONTRA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL REGISTRO DEL CONTADOR PÚBLICO PARA DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES, DERIVADA DE UNA OMISIÓN O ERROR AL REALIZAR UN ASIENTO CONTABLE EN EL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA.’; merced a que ... del oficio que constituye el acto reclamado no se advierte que la irregularidad detectada consista en una simple omisión o un error al realizar un asiento contable en el procedimiento de auditoría, sino que, como lo destacó la autoridad administrativa, el contador público quejoso ‘... si bien se percató que la contribuyente dictaminada no presentó la declaración del pago provisional del mes de diciembre de 2007, sin embargo, validó que la contribuyente aplicara incorrectamente en la determinación del impuesto sobre la renta del ejercicio 2007, el estímulo fiscal en cantidad de ... establecido en el artículo 16, fracción X, inciso b), de la Ley de Ingresos de la Federación, vigente en 2007, sin que se cumpliera con el requisito de presentar la totalidad de los pagos provisionales del impuesto sobre la renta, ya que no presentó el pago provisional del mes de diciembre de 2007 ...’. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que cuando se trata de la suspensión del servicio, es necesario que se pondere cada caso conforme a la naturaleza de las conductas atribuidas, ‘... de manera que al estar demostrado que la conducta materia de la investigación no ameritará la destitución, o que la ley sólo establece la posibilidad de una sanción menor, es posible el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado; en cambio, cuando se investiga una conducta grave que es susceptible de trascender en la continuación de la prestación del servicio público y pueda evidenciarse un peligro para el interés público, no es procedente conceder la suspensión en el juicio de amparo, pues es necesario que en autos existan evidencias en cuanto a la existencia de esa conducta, de su gravedad y trascendencia, a efecto de poner de manifiesto la INCOMPATIBILIDAD DE LA CONTINUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, no la simple calificación que haga la autoridad ...’. Las consideraciones ... anteriores se contienen en el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ‘RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SÓLO PROCEDE CONTRA LA SUSPENSIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DECRETADA COMO MEDIDA PREVENTIVA DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADES, POR CAUSA NO GRAVE.’ (se transcribe). Asimismo, se considera que, por contemplar una hipótesis diversa a la que se examina, no resulta aplicable en la especie el criterio intitulado: ‘RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SÓLO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA SANCIÓN DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE SERVIDORES PÚBLICOS, NO ASÍ EN RELACIÓN CON EL CESE, PUES EN ESTE ÚLTIMO CASO SE AFECTA EL INTERÉS PÚBLICO.’. Derivado de lo anterior, queda atendido el pedimento formulado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este tribunal. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196, fracción III, de la Ley de Amparo, se denuncia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la posible contradicción de criterios, respecto de lo establecido en las tesis aisladas emitidas por los Tribunales Colegiados Octavo y Primero en Materia Administrativa, del Primer y Sexto Circuito, respectivamente, de rubros: ‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA SUSPENSIÓN DEL REGISTRO AL CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO PARA DICTAMINAR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PATRONES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.’ y ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. ES PROCEDENTE CONTRA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL REGISTRO DEL CONTADOR PÚBLICO PARA DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES, DERIVADA DE UNA OMISIÓN O ERROR AL REALIZAR UN ASIENTO CONTABLE EN EL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA.’."

QUINTO. El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver, el veinticinco de enero de dos mil doce, el incidente de suspensión (revisión) 501/2011, sostuvo, en la parte que interesa, lo que a continuación se transcribe:

"SÉPTIMO. ... se tiene que el impetrante constitucional señaló como acto reclamado, entre otros, la emisión del oficio ... de seis de julio de dos mil once, a través del cual se le suspendió por dos años el registro de contador público autorizado para dictaminar el cumplimiento de las obligaciones de los patrones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuya certeza se verificó por parte del Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el considerando tercero de la interlocutoria recurrida. Conforme a tal solicitud, se advierte que el peticionario de garantías pretende que se le permita desempeñar su actividad preponderante, esto es, continuar en su calidad de contador público autorizado para dictaminar el cumplimiento de las obligaciones de los patrones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Con base en lo expuesto, toca examinar los agravios hechos valer en esta instancia. ... . Dada la relación que guardan entre sí, los ... argumentos serán examinados en su conjunto, en términos de lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo. ... Este Tribunal Colegiado considera que resulta ineficaz alegar que en el presente asunto debe negarse la suspensión, porque de los artículos 16 de la Ley del Seguro Social, y 153, 154 y 176 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización,(1) se advierte que los patrones obligados a dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones ante el instituto por contador público autorizado, podrán hacerlo conforme al reglamento que al efecto emita el Ejecutivo Federal, y que si el contador público incurre en irregularidades el instituto podrá imponer las sanciones, circunstancia que es insuficiente para considerar que se afecta el interés social y el orden público. Esto, porque aun cuan

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24556-dcb32a27/suspension-en-el-juicio-de-amparo-procede-concederla · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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