SUSPENSIÓN DEFINITIVA RESPECTO DE LAS CONSECUENCIAS DEL EMBARGO PRECAUTORIO EN MATERIA ADUANERA. PROCEDE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE LA AUTORIDAD FISCAL CONTINÚE CON EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, PERO SE ABSTENGA DE DICTAR RESOLUCIÓN MIENTRAS SE RESUELVE EL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 148/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 22 DE MAYO DE 2013. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: AURELIO DAMIÁN MAGAÑA.
CONSIDERANDO:
(7.) PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo,(1) publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor al día siguiente de su publicación, en los términos del artículo primero transitorio de dicha ley;(2) 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) reformada el dos de abril de dos mil trece, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, de trece de mayo de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno del mismo mes y año, y vigente a partir del veintidós siguiente; y el artículo 86, segundo párrafo, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que el presente asunto versa sobre la posible contradicción de tesis sustentadas por dos Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos que tratan sobre la materia administrativa, que es de la especialidad de esta Sala.
(8.) No pasa inadvertido para esta Sala, que el cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del año en cita, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido dispone:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.
"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
(9.) De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización.
(10.) Sin embargo, esta Segunda Sala considera que si bien el dos de abril de dos mil trece se publicó la nueva Ley de Amparo en el Diario Oficial de la Federación, también es cierto que mientras no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados contendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto.
(11.) Resulta aplicable, por identidad de razón, la tesis del Tribunal Pleno de este Alto Tribunal, que en seguida se transcribe:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el Texto Constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito." (Núm. Registro IUS: 2000331. Décima Época. Materia común. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, tesis P. I/2012, página 9)
(12.) SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis debe estimarse que proviene de parte legítima.
(13.) El artículo 227, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor al día siguiente de su publicación, establece que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentada entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, entre los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o sus tribunales de diversa especialidad, así como entre los Tribunales Colegiados de diferente circuito, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Ministros, los Plenos de Circuito o los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes que hayan sustentado las tesis discrepantes, el procurador general de la República, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron.
(14.) En el caso, la denuncia de contradicción proviene de parte legítima, en razón de que fue formulada por el Magistrado José David Cisneros Alcaraz, integrante del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, cuyo órgano intervino en uno de los asuntos que originaron los posibles criterios en contraposición, por lo que cabe concluir que la denuncia proviene de parte legítima.
(15.) TERCERO. Con el propósito de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones en que se apoyaron las respectivas resoluciones de los Tribunales Colegiados contendientes.
(16.) El Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, al resolver el incidente de revisión 304/2012, en sesión de veintiocho de septiembre de dos mil doce, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente (fojas 10 vuelta a 19 del presente toca):
"SEXTO. ... El resumido agravio es fundado.
"Según lo visto, en la resolución recurrida se advierte que el Juez de Distrito soslayó pronunciarse respecto de la solicitud de suspensión que formuló la quejosa en el sentido: ‘... Por otra parte, se solicita a su Señoría se conceda la medida cautelar para efectos de que NO se emita resolución dentro del procedimiento administrativo en materia aduanera iniciado por la autoridad responsable denominada Aduana de Manzanillo, asegurando que con ello no varíe la situación jurídica de mi representada antes de que se dicte sentencia en el presente juicio de amparo ...’
"De ahí que este Tribunal Colegiado asuma jurisdicción y emprenda el análisis de la solicitud de la referida suspensión.
"En primer lugar, se destaca, al resolver los recursos de queja 128/2010, 135/2010 y 38/2012, en sesiones de dieciocho de noviembre y nueve de diciembre de dos mil diez y diez de mayo de dos mil doce, respectivamente, así como el incidente en revisión 280/2012, en sesión de veintinueve de junio del presente año, este Tribunal Colegiado estimó que resultaba viable otorgar la suspensión para que la autoridad responsable continuara el procedimiento administrativo en materia aduanera y se abstuviera de dictar la resolución definitiva, hasta una vez fallado el amparo por sentencia ejecutoriada, pues, de otro modo, operaría un cambio de situación jurídica y no podría analizarse el fondo del asunto en el juicio de amparo, sin afectar la nueva situación creada con la emisión de dicha resolución.
"Sin embargo, en una nueva reflexión este órgano jurisdiccional se aparta de ese criterio, al considerar que no es viable otorgar la suspensión definitiva para que la autoridad responsable continúe el procedimiento administrativo en materia aduanera, y no emita la resolución definitiva hasta que se resuelva el juicio de amparo, por las razones siguientes:
"Los artículos 124, fracción II y 138 de la Ley de Amparo disponen:
"...
"El primer precepto transcrito establece como requisito para que opere la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo, el que con su otorgamiento, no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, previendo, de manera enunciativa, diversos casos en los que deberá considerarse que sí se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones.
"En el caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que se sigue perjuicio al interés social o se realizan contravenciones al orden público cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.
"El criterio aludido se encuentra contenido en la tesis de jurisprudencia 8 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 44, Informe 1973, Parte II, Informes, Séptima Época, del tenor siguiente:
"‘SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA.’ (se transcribe)
"Ahora bien, los artículos 1o. y 152 de la Ley Aduanera establecen:
"...
"De lo anterior, se advierte que la citada ley, como las de los impuestos generales de importación y exportación y las demás leyes y ordenamientos aplicables, tienen como objeto establecer las bases para regular la entrada al territorio nacional y la salida del mismo, de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, e igualmente regula el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de éste o de dicha entrada o salida de mercancías.
"En ese sentido, la propia Ley Aduanera en su artículo 152 prevé que con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en transporte, de la revisión de los documentos presentados durante el despacho o del ejercicio de las facultades de comprobación en que proceda la determinación de contribuciones omitidas, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones, y no sea aplicable el artículo 151 de esta ley, las autoridades aduaneras procederán a su determinación, sin necesidad de sustanciar el procedimiento establecido en el artículo 150 de esta ley; y además, establece la manera en que debe desarrollarse el procedimiento correspondiente, entre lo que destaca que debe emitirse la resolución correspondiente en un plazo que no excederá de cuatro meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que se encuentre debidamente integrado el expediente.
"En ese contexto, las disposiciones transcritas le otorgan a la colectividad un beneficio, pues dentro de las finalidades de dicha normatividad están: el ejercicio de las facultades de la autoridad, a fin de determinar la legalidad de la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, conforme al despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de éste o de dicha entrada o salida de mercancías, es decir, constituyen obligaciones de hacer a cargo de la autoridad en beneficio de los habitantes del país.
"Entonces, con el otorgamiento de la medida cautelar para que no se emita la resolución respectiva en el procedimiento administrativo en materia aduanera, sí se contravienen disposiciones de orden público, toda vez que el objetivo de la suspensión en el juicio de amparo es mantener la situación jurídica del quejoso en el estado en que se encuentra a la fecha de la presentación de la demanda para salvaguardar sus derechos y conservar la materia de una hipotética restitución constitucional; encontrándose supeditada su procedencia a la plena satisfacción de los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, entre los que destaca el contenido en la fracción II del citado precepto legal, conforme al cual, el otorgamiento de la medida cautelar no debe contravenir disposiciones de orden público ni afectar el interés social.
"En otras palabras, no procede conceder la suspensión a efecto de paralizar el dictado de la resolución definitiva en el procedimiento administrativo en materia aduanera, ya que éste se encuentra regulado en disposiciones de orden público que facultan a las autoridades administrativas competentes para comprobar que los gobernados cumplan con su obligación de contribuir al gasto público, de conformidad con lo previsto en el artículo 31, fracción IV, constitucional, por lo que, además, es patente que la sociedad está interesada en la prosecución y conclusión de esos procedimientos administrativos, a efecto de que el Estado pueda hacer frente a las diversas necesidades de la colectividad, de ahí que la afectación que pudiera resentir el gobernado con la ejecución del acto reclamado, no puede prevalecer sobre ese interés social.
"Además, de especial transcendencia resulta el hecho de que en el procedimiento administrativo en materia aduanera, el artículo 152 de la Ley Aduanera establece el imperativo para la autoridad fiscal que emita su resolución dentro el plazo de cuatro meses, por lo que de concederse la medida cautelar como solicita la quejosa recurrente, se transgrediría dicha disposición.
"Es aplicable, por analogía y las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 84/2009, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 457, Tomo XXX, julio de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"‘SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.’ (se transcribe)
"Por los motivos expresados, la tesis VI.2o.C.306 K, de la voz: ‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA RESPECTO DE LAS CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCIÓN QUE DECIDE LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA. PROCEDE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE EL JUEZ NATURAL CONTINÚE CON EL PROCEDIMIENTO PERO SE ABSTENGA DE DICTAR SENTENCIA MIENTRAS SE DECIDE EL AMPARO.’, no tiene aplicación.
"Ello es así, debido a que se considera que, a diferencia de la suspensión solicitada para que no se emita sentencia en un juicio mientras se decide el amparo, en el caso del procedimiento administrativo en materia aduanera, existen diferentes intereses colectivos que pueden ser transgredidos con el otorgamiento de la medida cautelar, como son el hecho de que la autoridad aduanera debe emitir resolución en un plazo de cuatro meses, y que en la misma tiene que determinar la situación del gobernado que haya transgredido las disposiciones en materia de comercio exterior, en la cual puede determinar el entero de las contribuciones omitidas que, por su naturaleza, son vitales para el funcionamiento del Estado en la prestación de los distintos servicios que tiene a su cargo, verbigracia, educación, salud y seguridad públicas.
"Por lo que ve a la tesis 1a. L/2005, de rubro: ‘SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS.’, ésta sólo señala los requisitos generales que deben considerarse para el otorgamiento de la suspensión en el caso de las controversias constitucionales, por lo que no beneficia a la recurrente, debido a que, finalmente, aunque en el juicio de amparo deben observarse también esas cuestiones generales para la concesión de la medida cautelar, según lo visto, en el caso particular, esos requisitos no se reúnen para otorgar la suspensión definitiva con el fin de que la autoridad aduanera no emita la resolución en el procedimiento administrativo en materia aduanera, hasta que se resuelva el juicio de amparo."
(17.) Por su parte, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el incidente de revisión 9/2008, en sesión de treinta de enero de dos mil ocho, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente: (fojas 65 a 72 vuelta del presente toca).
"SÉPTIMO. En principio, es pertinente tener en consideración que el presente recurso de revisión se interpuso contra la resolución dictada en la audiencia incidental de un juicio de amparo, mediante la cual, en el cuarto considerando se concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva del acto reclamado, consistente en la ejecución del oficio 324-SAT-09-l-17006, del que derivó el embargo precautorio de mercancías y el inicio de un procedimiento administrativo en materia aduanera, para el efecto de que las autoridades responsables continúen con el procedimiento administrativo, pero sin que se dicte resolución definitiva.
"Ahora bien, del escrito de revisión se desprende que la parte inconforme aduce, esencialmente, lo siguiente:
"Que es ilegal la concesión de la suspensión definitiva para el efecto de que se siga el procedimiento administrativo en materia aduanera, pero sin que se dicte resolución definitiva en el expediente originado con motivo del oficio 324-SAT-09-l-1 7006, medida que surtirá efectos hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto, porque la medida cautelar concedida no era procedente en virtud de no cumplirse con el requisito previsto en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, dado que, contrariamente al criterio de la Juez, si se contravienen disposiciones de orden público, como lo es el artículo 153 de la Ley Aduanera.
"En efecto, argumenta la recurrente que los términos en que fue concedida la medida cautelar se traduce en el impedimento para esa autoridad de dictar la resolución correspondiente dentro del plazo legal de cuatro meses, conforme al precepto legal citado en el párrafo que antecede.
"Que debe tomarse en consideración que antes de la promoción del juicio de garantías, la quejosa ya no tenía libre disposición de sus bienes, con motivo del embargo precautorio trabado sobre la mercancía de procedencia extranjera y el hecho de que no se suspenda el procedimiento administrativo en materia aduanera y en específico que se pueda determinar la sanción que corresponda y el destino de las mercancías, ni siquiera daría lugar a un acto que causara daños y perjuicios de difícil reparación, ya que en el supuesto sin conceder de que pudiera resultar fundada la acción de amparo, las cosas regresarían al estado en que se encontraban y, por ende, la quejosa podría disponer libremente de los bienes que en su momento le fueron embargados, o bien procedería el resarcimiento de los mismos en términos del penúltimo párrafo del artículo 157 de la Ley Aduanera.
"Que los actos reclamados en el juicio de garantías constituyen actuaciones que emanan de autoridad aduanera competente, que a su vez sigue un procedimiento administrativo de verificación, en materia aduanera, dado que en primera instancia, la autoridad fiscal debe velar por el cumplimiento de las disposiciones fiscales en materia de comercio exterior, y al efecto la legislación respectiva les otorga esas facultades de poder emitir y ejecutar la orden de verificación de mercancía de procedencia extranjera en transporte, a fin de vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones fiscales en materia aduanera; actuaciones que por su naturaleza son de orden público, al emanar de un procedimiento administrativo que se lleva a cabo, cuyo desarrollo y continuación es de interés social; motivo por el cual, la medida suspensional concedida por la Juez Federal resulta improcedente.
"Concluye manifestando que la resolución emitida dentro del procedimiento administrativo en materia aduanera se constituye por actuaciones que son de orden público e interés social, en virtud de que la colectividad está interesada en que no se suspendan los actos que forman parte de un procedimiento administrativo de investigación, autorizado en el artículo 16 constitucional, a fin de que la autoridad fiscal vigile el exacto cumplimiento de las disposiciones fiscales, lo cual no permite la suspensión de los efectos y consecuencias de los actos reclamados en los términos referidos por la juzgadora.
"Es pertinente destacar que resulta correcto que la Juez de Distrito haya concedido la suspensión definitiva para el efecto de que las autoridades responsables continúen con el procedimiento en materia aduanera, pero sin que se dicte resolución definitiva en el expediente originado con motivo del oficio 324-SAT-09-l-1-7006, por considerar que de emitirse, en su caso, una resolución definitiva desfavorable en el procedimiento administrativo en materia aduanera que se instauró contra la quejosa con el objeto de verificar la mercancía de procedencia extranjera en transporte que defiende la quejosa, se originaría un cambio de situación jurídica, en relación a la que se encontraba al momento de solicitar la protección federal, dado que dicha medida no contraviene disposiciones de orden público ni se sigue perjuicio al interés social.
"Para avalar tal postura, es pertinente precisar que el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente:
"‘Artículo 107.’ (se transcribe)
"Asimismo, resulta importante transcribir lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente:
"‘Artículo 124.’ (se transcribe)
"Del precepto constitucional transcrito, se advierte que la procedencia de la suspensión de las consecuencias de los actos reclamados, precisa considerar la naturaleza de la violación alegada, la dificultad en la reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir la quejosa, los que la medida origine a terceros y al interés público.
"En congruencia con ese precepto constitucional, en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se establecen los requisitos mínimos para conceder la suspensión del acto reclamado en una demanda de garantías, según la naturaleza del acto reclamado. Uno de ellos, el previsto en la fracción I del artículo de que se trata, es que la suspensión la solicite el agraviado; otro, el establecido en la fracción II del referido artículo, es que con la concesión de la medida precautoria no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; y el otro, el contemplado en la fracción III del mismo precepto legal, consiste en que la ejecución del acto reclamado cause al agraviado daños y perjuicios de difícil reparación, es decir, que el acto combatido conlleve una ejecución.
"De esos requisitos resulta relevante, para la solución del presente asunto, el previsto en la fracción II del artículo en comento, conforme al cual, la suspensión de los actos reclamados se decretará siempre y cuando no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.
"La citada disposición señala los casos en los que debe entenderse se causa perjuicio al interés social y se contravienen normas de orden público, ese señalamiento no es limitativo sino enunciativo, y tan es así, que el propio precepto al enumerarlos se refiere a esos casos, entre otros, en lo que se contravienen esos principios.
"Asimismo, esa disposición hace referencia al principio según el cual, el interés colectivo está por encima del particular, dicha norma atiende pues al interés del quejoso para que no se ejecute el acto reclamado, pero si el interés aludido pugna con el de la sociedad o el Estado, debe relevarse el primero, en beneficio del segundo.
"En relación con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el siete de mayo de mil novecientos noventa y nueve, la contradicción de tesis 55/98, entre los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa del Tercer Circuito, sustentó el criterio de que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas, en tanto el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad, con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población; mientras que el segundo, se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Así, por disposiciones de orden público deben entenderse aquellas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva o bien le evite un trastorno o un mal público.
"De lo anterior, se sigue que el interés social se traduce en cualquier hecho, acto o situación de los cuales la sociedad pueda obtener un provecho o una ventaja o evitarse un trastorno bajo múltiples y diversos aspectos, previniéndose un mal público, satisfaciéndose una necesidad colectiva o lográndose un bienestar común.
"En cambio, la contravención al orden público se refiere a la infracción de leyes que establezcan tales derechos de la colectividad.
"Cabe destacar, que la norma en ese aspecto no debe interpretarse con rigorismo, sino debe entenderse que respecto de los casos enumerados para la procedencia de la suspensión, el Juez carece de la facultad para determinar lo contrario; sin embargo, conserva esa facultad respecto de aquellos casos que no sean objeto de la enumeración. Así, el Juez debe realizar un
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24555-8b948e63/suspension-definitiva-respecto-de-las-consecuencias-del-embargo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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