EMBARGO EN UN JUICIO CIVIL O MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN SOLICITADA EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, YA QUE LA RESTITUCIÓN PROVISIONAL PERMITIDA POR EL ARTÍCULO 147 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO PUEDE TENER EL ALCANCE DE PRIVAR DE SUS EFECTOS UNA DIVERSA MEDIDA CAUTELAR.
QUEJA 188/2017. 6 DE JULIO DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: FERNANDO RANGEL RAMÍREZ. SECRETARIO: OCTAVIO ROSALES RIVERA.
CONSIDERANDO:
CUARTO.—Estudio del asunto.
Previo a estudiar los agravios planteados, es menester relatar las diversas manifestaciones contenidas en la demanda de amparo, así como el contenido de la resolución recurrida.
Demanda de amparo.
1. En los incisos A) y B) de la demanda, el hoy recurrente señaló como actos reclamados los procesos legislativos que dieron origen al artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas(1), en relación con diversos párrafos del numeral 285 del mismo ordenamiento.(2)
2. En el inciso C) de la demanda de amparo, la hoy recurrente reclamó el estudio realizado por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México respecto de la constitucionalidad de dichas normas generales, y que se contienen en la resolución de doce de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el toca 310/2017/01, precisó que el primer acto de aplicación de las normas impugnadas se contenía en dicha resolución, la cual derivaba del juicio ordinario mercantil 64/2017, seguido en su contra por parte de **********.
3. En el hecho seis de la demanda de amparo, la hoy recurrente precisó que el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, al acudir a la institución bancaria ahí indicada a cambiar un cheque, correspondiente a su número de cuenta, se le informó que la cuenta estaba congelada y que no podía realizar ningún movimiento; ello, por órdenes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, contenida en el oficio **********.
4. En el antecedente siete de la demanda de amparo,(3) la quejosa señaló que fue emplazada al citado juicio ordinario mercantil **********, que a solicitud de la parte actora se dictaron los proveídos siguientes:
a) El de ocho de febrero de dos mil diecisiete que decretó en contra de la demandada, con fundamento en el artículo 285 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, el secuestro precautorio sobre bienes de su propiedad, suficientes a garantizar el pago de la suma de (**********), por lo que se ordenó turnar los autos al actuario de la adscripción para que procediera a ejecutar tal secuestro.
b) El de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, el cual, a petición de la actora, modificó o aclaró el contenido del auto mencionado en el inciso anterior, en que reiteró, con fundamento en dicho precepto legal, el secuestro de los bienes de la demandada por dicha cantidad y ordenó girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para los efectos solicitados por la actora y ordenó girar oficios a las diversas empresas e instituciones ahí indicadas, para hacerles del conocimiento el secuestro de los derechos de cobro, bienes o beneficios que le correspondan a la demandada por cualquier trabajo, concesión o permiso ejecutado o por ejecutarse o derivados de algún convenio o contrato, por lo que deberán abstenerse de cubrirlos a la enjuiciada; por tal motivo, ordenó elaborar los oficios y cédulas de notificación y turnarlos a la actuaria de la adscripción.
5. En los hechos marcados con los números ocho y nueve, la hoy recurrente precisó que en cumplimiento al proveído anterior, fueron girados los oficios correspondientes y que, con motivo de ello, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores había dictado el citado oficio de inmovilización o congelamiento de cuentas bancarias; que interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto en el toca **********, por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; dio contestación a la demanda, en la que planteó la inconstitucionalidad de las normas aplicadas al proceso y que no han sido resueltas.
6. En el antecedente número diez de la demanda de amparo, la hoy recurrente expresó lo siguiente:
"10). Es el caso que mediante sentencia de fecha doce de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el toca de apelación número **********, la Primera Sala de lo Civil del honorable Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, resolvió el recurso de apelación planteado en contra de la medida cautelar ya señalada; en dicha resolución, la autoridad determinó "reformar" –por ilegal– la medida cautelar concedida a la sociedad tercero interesada en el proceso mercantil que intentó en contra de mi mandante.
"No obstante lo anterior, es decir no obstante (sic) de que el criterio contenido en la medida cautelar fue revocado y reformado, es preciso hacer notar a su señoría que las cuestiones relativas a la incompatibilidad constitucional que alegó mi representada tanto en su recurso de apelación –intentado en contra de la medida cautelar concedida a la sociedad tercero interesada– como en su escrito de contestación a la demanda, han subsistido a la fecha y no fueron resueltas en la forma en que fueron planteadas, en la sentencia que constituye uno de los actos reclamados en este juicio; motivo por el cual, es que se acude a esta instancia controladora de constitucionalidad, a efecto de obtener el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de las normas que se han tildado de contrarias a los derechos humanos garantizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
7. En los conceptos de violación, la hoy recurrente transcribió parte de las consideraciones de la resolución reclamada, consistentes en que sólo procedía revocar el auto de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, pues se razonó que la medida cautelar constituía un medio de aseguramiento previsto en una ley especializada y surgida de un acuerdo mercantil, calificado en los artículos 284 y 285 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; que era válida la privación o acto de molestia y que no se trataba de un acto arbitrario, por lo que la aplicación de la norma mercantil implicaba el ejercicio del secuestro precautorio.
8. En dicha demanda, la hoy recurrente solicitó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, a fin de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, es decir, para el efecto que se ordene el levantamiento del secuestro precautorio decretado por la autoridad responsable, so pretexto que el sistema normativo que como unidad jurídica se reclama, permite una medida cautelar que está poniendo en estado de concurso mercantil a la sociedad quejosa.
9. Previo requerimiento del Juez de Distrito, el recurrente, en escrito fechado el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, señaló como autoridad responsable al Juez Quincuagésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México y le atribuyó como actos reclamados los proveídos de ocho y diecisiete de febrero del mismo año, así como la ejecución de la resolución de alzada dictada en el toca *********.
Resolución recurrida.
El Juez de Distrito resolvió con base en las premisas siguientes:
a) Se niega la suspensión provisional respecto de las normas reclamadas, pues la materia de la suspensión radica en su aplicación o ejecución, y no éstas en sí, cuya inconstitucionalidad es materia de fondo en el amparo y no en el incidente de suspensión.
b) Se niega la suspensión provisional respecto del acto de ejecución, ya que de concederse:
I. Se paralizaría el procedimiento natural y no se podría continuar con las etapas que señala la ley de la materia.
II. Se dejaría sin materia el juicio de amparo y que, ante tal conflicto, debía prevalecer el interés colectivo sobre el particular, pues se haría nugatorio el interés público.
Estudio de los agravios relacionados con la suspensión de las normas reclamadas.
Sobre el tema, la recurrente sostiene lo siguiente:
- Es incongruente la resolución, ya que se especificó que se quería evitar un daño de imposible reparación; que las normas reclamadas constituían un sistema normativo relacionado indisociablemente en cuanto a su causa-efecto y que guardan estrecha relación, que en su conjunto vulneran el derecho al acceso a la justicia, por lo que era necesario se obsequiara la suspensión solicitada.
- No es aplicable la tesis que invocó el Juez de Distrito, ya que en su publicación se hace referencia a la diversa tesis de jurisprudencia 1862, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN CONTRA UNA LEY.", la cual sí resulta aplicable, pues la suspensión solicitada se refiere a la ejecución de las normas que como sistema normativo fueron tildadas de inconstitucionales.
- Es procedente la suspensión en contra de una norma general, conforme a los artículos 147, 148, 149 y 150 de la Ley de Amparo.
- No es aplicable la tesis que invocó el Juez de Distrito, ya que se emitió con anterioridad a las reformas constitucionales de dos mil once, por lo que debió haberse realizado un análisis sobre la apariencia del buen derecho, máxime que quedaría sin materia el juicio de amparo, por lo que debió concederse la suspensión.
- No se funda y motiva porqué la suspensión de las normas reclamadas causarían violación al orden público e interés social.
- Es procedente la suspensión, pues versó sobre la ejecución de dichas normas, concretamente el embargo precautorio, que es consecuencia directa e inmediata de la aplicación de ese sistema de normas.
Los agravios son ineficaces pues, contrario a lo sostenido por la recurrente, la resolución recurrida no es incongruente, por las razones siguientes:
I. Acorde con los precedentes relatados, se advierte que la quejosa sólo hizo descansar los actos de ejecución de las normas reclamadas, respecto de la resolución de doce de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el toca **********, tal como se advierte del antecedente dos anterior, la cual derivó del recurso de apelación que interpuso en contra de los proveídos de ocho y diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, que ordenaron el secuestro de bienes de la demandada.
II. En el capítulo de suspensión de la demanda de amparo, la hoy recurrente precisó que tal medida suspensional era con el fin de levantar el embargo y si bien señaló que el sistema normativo permite una medida cautelar, también lo es que no solicitó la suspensión de dichas normas.
En efecto, si la pretensión del hoy recurrente es haber obtenido la suspensión para impedir los efectos y consecuencias de las normas reclamadas en sí mismas, con independencia del embargo trabado en autos, entonces, así debió haberse planteado en la demanda de amparo.
Así, no era factible que el Juez de Distrito decretara la suspensión de los efectos de las normas generales reclamadas e, incluso, que realizara un estudio de la apariencia del buen derecho, pues en términos del artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo,(4) es requisito previo que lo solicite el quejoso, lo que no acontece.
Por tanto, los restantes agravios o argumentos, tesis y artículos de la Ley de Amparo que invoca la recurrente son inoperantes, pues al margen de que sean o no aplicables, lo cierto es que tal medida suspensional no fue solicitada y, por ende, hace innecesario su estudio de fondo.
Suspensión del acto reclamado relativo al embargo trabado en autos.
Sobre el tema, la recurrente expone lo siguiente:
- Debió decretarse la suspensión para el efecto de que se levantara el secuestro precautorio.
- Es procedente la suspensión con efectos restitutorios provisionales, pues su continuación impide la vida económica de la recurrente y la pone en riesgo de concurso, incluso, en perjuicio de la tercero interesada.
- Se aplicaron normas inconstitucionales, lo que fue reconocido por la Sala responsable, al haber revocado parcialmente la medida cautelar, por ser desproporcionada.
- La suspensión del secuestro precautorio no causa perjuicio al interés social ni se violentan normas de orden público, por lo que resultan aplicables las tesis aislada I.1o.A.3 K (10a.) y de jurisprudencia I.4o.A. J/90, de rubros:
- "SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE OTORGARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS PROVISIONALES EN RELACIÓN CON CIERTOS ACTOS DE ABSTENCIÓN EN LOS CASOS EN QUE SEA POSIBLE JURÍDICA Y MATERIALMENTE, CONFORME AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 147 DE LA LEY DE AMPARO."
- "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA, A PESAR DE QUE PUEDA ADELANTAR LOS EFECTOS DE LA DECISIÓN FINAL, SI ES NECESARIO PARA ASEGURAR UNA TUTELA CAUTELAR EFECTIVA QUE PRESERVE LA MATERIA DEL JUICIO Y LA CABAL RESTITUCIÓN DEL AFECTADO EN SUS DERECHOS."
- La vida económica es un derecho humano de vital importancia que no debe ser restringido, pues se estaría impidiendo a la quejosa ejercer su actividad económica y hacerse de los suministros necesarios para hacer frente a sus obligaciones, por lo que deberá concederse la suspensión del acto reclamado.
Los agravios son ineficaces.
De acuerdo con el antecedente marcado con el número cinco anterior, se advierte que la orden de embargo fue ejecutada en contra de la cuenta bancaria de la quejosa, por lo que es evidente que se trata de un acto consumado para efectos de la suspensión de los actos reclamados, máxime que en la demanda se precisó que el acto reclamado dejó parcialmente subsistente el embargo, al revocar solamente el proveído de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete.
Ahora bien, la Ley de Amparo, en el artículo 147, párrafos primero y segundo, prevé lo siguiente:
"Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos.
"Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo.
"El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo."
Así, para que proceda otorgar la suspensión del acto reclamado, es menester que se tomen en cuenta las condiciones siguientes:
I. Se conserve la materia del amparo hasta la terminación del juicio.
II. Debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado.
III. De ser material y jurídicamente posible, se podrá restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado.
Lo anterior significa que si bien la suspensión puede tener efectos restitutorios cuando el acto reclamado ya se hubiere ejecutado, tales efectos de la medida cautelar de suspensión se encuentran condicionados a que tal restitución en el goce del derecho fundamental que se estima violado sea sólo provisional.
Esto es, si atento a la naturaleza del acto reclamado la restitución al quejoso en el goce del derecho que estima violado es plena, entonces tal restitución no es procedente por la vía de la suspensión, pues ello implicaría dejar sin materia el juicio de amparo principal, lo que significa que necesariamente la restitución que se pueda hacer vía suspensión del acto reclamado sólo puede ser provisional y no plena, dado que ello es materia de la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de amparo principal en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, que dispone:
"Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán:
"I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y
"II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija.
"En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho."
Así, conforme a la tesis aislada I.1o.A.3 K (10a.), que transcribe la quejosa, de rubro: "SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE OTORGARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS PROVISIONALES EN RELACIÓN CON CIERTOS ACTOS DE ABSTENCIÓN EN LOS CASOS EN QUE SEA POSIBLE JURÍDICA Y MATERIALMENTE, CONFORME AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 147 DE LA LEY DE AMPARO.", se sostiene el criterio que en caso de negativa de suministrar energía eléctrica, es susceptible de otorgar la suspensión para que se suministre, lo que este Tribunal Colegiado de Circuito comparte, pues en ese supuesto parte del acto reclamado lo constituye la negativa de proporcionar tal servicio, esto es, subsiste la determinación de la autoridad responsable de no proporcionar el servicio; de ahí que la restitución provisional en el goce del derecho que se estima violado, por virtud de la medida cautelar de suspensión es sólo provisional y no plena, pues si se niega la protección constitucional o se sobresee en el amparo, nada impedirá que tal servicio se le vuelva a interrumpir al quejoso; por lo que subsiste la materia para resolver el juicio de amparo.
Asimismo, en esa tesis que invoca la recurrente, se sostiene que no sucede lo mismo con la violación al derecho de petición, pues de obligar mediante la suspensión a la autoridad responsable a que dé respuesta al quejoso, con lo cual la restitución del derecho que se estima violado es plena y tiene el alcance de dejar sin materia al juicio de amparo principal; cuyo criterio este Tribunal Colegiado de Circuito también comparte.
Por su parte, en la segunda tesis de jurisprudencia I.4o.A. J/90, que invoca la recurrente, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA, A PESAR DE QUE PUEDA ADELANTAR LOS EFECTOS DE LA DECISIÓN FINAL, SI ES NECESARIO PARA ASEGURAR UNA TUTELA CAUTELAR EFECTIVA QUE PRESERVE LA MATERIA DEL JUICIO Y LA CABAL RESTITUCIÓN DEL AFECTADO EN SUS DERECHOS.", se sostiene el criterio general de que es susceptible adelantar los efectos de la sentencia definitiva que resuelva el juicio de amparo principal, es decir, una restitución provisional, siempre que preserve la materia del juicio de amparo, cuyo criterio este Tribunal Colegiado de Circuito comparte.
Ahora bien, tales hipótesis no se actualizan en el caso, por lo siguiente:
a) Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se advierte que éste constituye una medida cautelar, consistente en el secuestro provisional de bienes patrimoniales de la demandada, con el fin de garantizar a la actora el pago de las prestaciones reclamadas que, en su caso, se decreten en la sentencia definitiva que resuelva el juicio en el principal.
b) Si se concediera la suspensión para el efecto de que se levante el embargo, ello no tendría efectos provisionales, sino que constituiría una restitución plena en la medida que técnicamente ello anularía la medida cautelar de embargo decretada en el juicio de origen y provocaría que la demandada tenga a su libre disposición los bienes previamente embargados y haga uso de ellos,(5) lo cual provocaría, por obvias razones, que tales bienes ya no puedan ser embargados y, por tanto, no se cumple con el requisito previsto en dicho artículo, consistente en que la reparación sólo puede ser provisional.
c) Entonces, si se levanta el embargo, ello deja sin materia el juicio de amparo principal, porque desaparecería la prerrogativa que le fue otorgada a la actora en el juicio principal de asegurar los bienes que tienden a garantizar el pago de las prestaciones que se llegaren a decretar en la sentencia definitiva en el juicio natural.
Además que este Tribunal Colegiado, al interpretar el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en forma reiterada ha considerado que la restitución provisional permitida en dicha porción normativa, no puede tener el alcance de privar de sus efectos una diversa medida cautelar como en el caso, ya que la restitución sería plena, lo cual sólo es materia de la sentencia definitiva que llegue a dictarse en el juicio de amparo principal y no provisional como lo prevé tal precepto legal.
Atento a lo anterior, son ineficaces los agravios planteados por la recurrente pues, en el caso, no es procedente otorgar la suspensión en los términos solicitados, pues ello dejaría sin materia el juicio de amparo principal, dada la naturaleza del acto reclamado.
Al haberse desestimado los agravios, procede declarar infundado el recurso de queja.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.—Es infundado el recurso de queja.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución a las autoridades responsables y al Juez Federal respectivo; devuélvanse los autos al Juzgado de Distrito de donde provienen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados, presidente J. Refugio Ortega Marín, Fernando Rangel Ramírez e Irma Rodríguez Franco, siendo ponente el segundo de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Nota: Las tesis de jurisprudencia I.4o.A. J/90 y aislada I.1o.A.3 K (10a.) citadas en esta sentencia, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 1919 y Décima Época, Libro XXV, Tomo 3, octubre de 2013, página 1911, con números de registro digital: 161447 y 2004808, respectivamente.
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1. "Artículo 279. Los beneficiarios de fianzas deberán presentar sus reclamaciones por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la póliza respectiva, directamente ante la institución. En caso que ésta no le dé contestación dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolución emitida por la misma, el reclamante podrá, a su elección, hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o bien, ante los tribunales competentes en los términos previstos por el artículo 280 de esta ley.
"En las reclamaciones en contra de las Instituciones, se observará lo siguiente:
"I. El beneficiario requerirá por escrito a la institución de que se trate el pago de la fianza, acompañando la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y la exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza.
"La institución tendrá derecho a solicitar al beneficiario todo tipo de información o documentación que sean necesarias relacionadas con la fianza motivo de la reclamación, para lo cual dispondrá de un plazo hasta de quince días, contado a partir de la fecha en que le fue presentada dicha reclamación. En este caso, el beneficiario tendrá quince días para proporcionar la documentación e información requeridas y de no hacerlo en dicho término, se tendrá por integrada la reclamación.
"Si la institución no hace uso del derecho a que se refiere el párrafo anterior, se tendrá por integrada la reclamación del beneficiario.
"Una vez integrada la reclamación en los términos de los dos párrafos anteriores, la institución tendrá un plazo hasta de treinta días, contado a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación, para proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito al beneficiario las razones, causas o motivos de su improcedencia;
"II. Si a juicio de la institución procede parcialmente la reclamación, podrá hacer el pago de lo que reconozca dentro del plazo que corresponda, conforme a lo establecido en la fracción anterior y el beneficiario estará obligado a recibirlo, sin perjuicio de que haga valer sus derechos por la diferencia, en los términos de la fracción III de este artículo. Si el pago se hace después del plazo referido, la institución deberá cubrir los intereses mencionados en el artículo 283 de esta ley, en el lapso que dicho artículo establece, contado a partir de la fecha en que debió hacerse el pago, teniendo el beneficiario acción en los términos del artículo 280 de esta ley;
"III. Cuando el beneficiario no esté conforme con la resolución que le hubiere comunicado la institución, podrá a su elección, acudir ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a efecto de que su reclamación se lleve a través de un procedimiento conciliatorio, o hacer valer sus derechos ante los tribunales competentes conforme a lo establecido en el artículo 280 de esta ley, y
"IV. La sola presentación de la reclamación a la institución en los términos de la fracción I de este artículo, interrumpirá la prescripción establecida en el artículo 175 de esta ley."
2. "Artículo 285. Las Instituciones tendrán acción contra el solicitante, fiado, contrafiador u obligado solidario para obtener el secuestro precautorio de bienes antes de haber ellas pagado, con la sola comprobación de alguno de los extremos a que se refiere el artículo 284 de esta ley.
"La acción a que se refiere este artículo podrá ser ejercitada por las instituciones, antes del juicio, simultáneamente con la demanda o después de haber iniciado el juicio respectivo. En el primero de los casos señalados, las instituciones deberán entablar la demanda en la forma y plazos prescritos por el Código de Comercio. En todos los casos previstos en este párrafo, el Juez, en el auto admisorio de la misma, girará oficio al Registro Público respectivo a efecto de que se asiente en el folio o libro correspondiente la medida cautelar.
"Cuando durante la substanciación del procedimiento a que se refiere este artículo, la institución haga pago de la reclamación con cargo a la fianza o fianzas por las que se promovió el mismo y, en su caso, se decrete la medida precautoria aquí prevista, la institución podrá elegir cualquiera de los procedimientos de recuperación establecidos en esta ley o bien, si el juicio no ha sido concluido, dentro del mismo podrá acogerse al procedimiento señalado en el siguiente párrafo.
"La institución informará al Juez sobre el pago efectuado y, sin mayores formalidades, demandará el reembolso de lo pagado y sus accesorios al fiado o a los obligados solidarios que hayan sido demandados y embargados en su caso, acompañando las copias necesarias para traslado, así como la certificación del adeudo a que se refiere el artículo 290 de esta ley y solicitará que se declare que el embargo precautorio adquiera el carácter de definitivo, por el monto pagado y sus accesorios. La declaración de que el embargo precautorio ha adquirido carácter definitivo se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad correspondiente y la institución conservará respecto de los demás acreedores el mismo lugar que tenía el embargo precautorio, retrotrayéndose los efectos del embargo definitivo a la fecha del embargo precautorio.
"Posteriormente se continuará con el procedimiento correspondiente."
3. En los hechos uno al cinco de la demanda de amparo, la quejosa señaló haber celebrado contrato de obra con las empresas ahí indicadas y que, con motivo de ello, tuvo que exhibir ante ellas dos pólizas de fianza expedidas por la hoy tercera interesada; que ante el incumplimiento de ese contrato, en diverso juicio mercantil, la quejosa, hoy recurrente, demandó el pago de diversas prestaciones.
4. "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes:
"I. Que la solicite el quejoso."
5. Tal como lo reconoce el recurrente al mencionar que el embargo impide cubrir sus adeudos o funcionar como entidad económica.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30347-b5264255/embargo-en-un-juicio-civil-o-mercantil-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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