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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN CON EFECTOS RESTITUTORIOS. CUANDO EL ACTO RECLAMADO YA SE HUBIERE EJECUTADO, PROCEDE CONCEDERLA CON ESOS ALCANCES SÓLO SI ELLO TIENE EFECTOS PROVISIONALES Y NO PLENOS.

Tipo de asunto: QUEJA 190/2021. · Registro digital (IUS): 30439
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2022-03-18
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Marzo de 2022, Tomo IV, Pág. 2893.

QUEJA 190/2021. 30 DE JULIO DE 2021. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: FERNANDO RANGEL RAMÍREZ. SECRETARIA: MA. DEL CARMEN MELÉNDEZ VALERIO.

CONSIDERANDO:

TERCERO.—La sociedad quejosa, aquí recurrente, compareció al juicio de amparo con el carácter de tercero extraña en estricto sentido al juicio ordinario mercantil promovido por ********** en contra de **********, del índice del Juzgado Sexagésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México.

De los antecedentes que narró en la demanda de amparo, en lo que aquí interesa, se advierte que manifestó:

1. Es accionista mayoritaria de la sociedad demandada en el juicio de origen.

2. La sociedad demandada a solicitud de la aquí recurrente, convocó a una asamblea extraordinaria a celebrarse el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, en cuyo orden del día se encontraba la disolución de esa sociedad, lo que se llevó a cabo en sus términos.

3. Después de llevar a cabo la inscripción de esa asamblea, tuvo conocimiento que en el folio mercantil electrónico respectivo, la sociedad demandada inscribió la presunta aprobación de una suspensión de la asamblea referida, en la que afirma no participó.

4. Mediante esa inscripción se suspendió y se dejó sin efectos la asamblea extraordinaria celebrada, en cumplimiento a la resolución emitida por el Juez responsable, en el juicio al que no fue llamada.

El Juez Federal negó la suspensión provisional solicitada en los términos precisados.

En sus agravios la recurrente argumenta:

• La resolución recurrida carece de congruencia interna y externa, pues la suspensión que solicitó respecto al acto de aplicación de las normas generales que impugnó, la solicitó para efecto de que no se ejecutaran ciertas inscripciones en el folio mercantil de la empresa demandada –tercero interesada– por lo que la negativa de la suspensión no compagina con la medida solicitada, dado que sólo solicitó que el primer efecto material que le ocasiona se suspendiera hasta tanto se decidiera sobre la constitucionalidad de los actos reclamados.

• Están acreditados los elementos necesarios para la procedencia de la medida solicitada, por lo que debió otorgarse.

• Contiende la constitucionalidad de las normas generales que reclama, porque permite la privación de derechos a los gobernados, sin realizar un análisis somero por parte del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, sin ser oídos y vencidos en juicio.

• No pretende la expulsión preliminar o anticipada de las normas de su esfera jurídica.

• El Juez Federal debió tomar en cuenta los elementos que aportó en la demanda para el estudio del buen derecho, el peligro en la demora y el perjuicio al orden público e interés social, y no afirmar que no era viable la suspensión por carecer de información, pues ello implicaría que en ningún caso puede otorgarse la suspensión provisional.

• La interpretación que realizó el Juez Federal es errónea y contraria a lo que establece el artículo 28 constitucional.

• Es suficiente que no sea parte en el juicio donde se pretenden ejecutar actos privativos de sus derechos sustantivos para tener por acreditada la apariencia del buen derecho y su interés legítimo, para que se le conceda la medida solicitada.

• Se violenta la tutela judicial efectiva, al considerar el juzgador que era necesario el análisis del juicio al que es tercero extraño.

• No pidió al Juez Federal la constitución de derechos.

• Conforme al segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, es posible se decrete la suspensión para que se le restablezca de manera provisional en el goce de los derechos que estima violados.

• Tiene derecho a acceder a los mecanismos provisionales que preserven sus derechos durante el juicio, para lograr que la sentencia que se emita sea eficaz.

• La resolución impugnada carece de exhaustividad, al no analizar los efectos suspensivos solicitados a través de una justificación genérica.

• El Juez de Distrito no especificó cuáles efectos de la suspensión –de entre los que solicitó– no tienen relación con los actos reclamados o las causas por las que consideró la falta de vinculación.

Los anteriores argumentos son ineficaces.

Como se advierte, los actos reclamados por la sociedad ahora recurrente inciden en que mediante la inscripción efectuada por la sociedad demandada en el juicio de origen, se suspendió y se dejó sin efectos la convocatoria a la asamblea extraordinaria, en cumplimiento a la resolución emitida por la autoridad responsable en el juicio al que se dice tercero extraña en sentido estricto.

Asimismo, de la resolución recurrida se desprende que el Juez Federal precisó que, en auto de siete de julio de dos mil veintiuno, el Juez responsable hizo efectivo un apercibimiento a la demandada y, en virtud de ello, declaró la nulidad de la asamblea general extraordinaria celebrada el veintiocho de junio último, convocada a instancias de la aquí recurrente, al considerar que era violatoria de las medidas cautelares decretadas en el juicio.

Por tanto, aun cuando la quejosa, ahora recurrente, no pretenda la suspensión de la aplicación de las normas generales que reclama, sino la ejecución de la resolución que declaró la nulidad de la asamblea señalada, esa aparente imprecisión en la que incurrió el Juez Federal no le causa perjuicio pues, finalmente, es correcto que se negara la suspensión provisional de los actos reclamados.

Lo anterior, pues conceder la suspensión provisional tendría como efecto no sólo privar plenamente de sus efectos la resolución reclamada que declaró la nulidad de la referida asamblea, sino técnicamente dejar también sin efecto las medidas cautelares decretadas en el juicio natural, pues de éstas deriva esa resolución reclamada.

En el juicio de amparo procede la suspensión de los actos reclamados cuando la solicite la parte quejosa y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.(1)

Sin embargo, la suspensión no tiene por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido la parte quejosa antes de la presentación de la demanda, por lo que para la procedencia de la suspensión deberá analizarse la naturaleza de los actos reclamados, para determinar si procede o no su otorgamiento.

Así, desde un punto de vista general, los actos emanados de las autoridades pueden ser positivos o negativos.

Los actos positivos entrañan una acción, orden, prohibición, privación, molestia y su ejecución puede ser instantánea, continuada o de tracto sucesivo.

En cambio, los actos negativos implican que las autoridades se rehúsen a realizar algo u omiten hacer lo que la ley impone a favor de lo solicitado por los gobernados, es decir, constituyen abstenciones.

Por su parte, los actos declarativos son aquellos que evidencian una situación jurídica determinada, pero no implican modificación alguna de derechos o situación existente.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha incorporado a tal clasificación dos tipos más de actos, que también deben ser tomados en consideración para resolver sobre la suspensión: los actos de naturaleza prohibitiva y prohibitivos con efectos positivos.

Sin embargo, los actos susceptibles de ser suspendidos son los de carácter positivo, en los que, en contraposición a los negativos, la autoridad sí ejecuta una acción y contra este tipo de actos procederá la suspensión del acto reclamado, siempre y cuando se reúnan las exigencias de la Ley de Amparo, es decir, que la solicite la parte quejosa y que con la medida suspensional no se contravengan disposiciones de orden público ni se afecte el interés social.

Así, los actos negativos con efectos positivos son aquellos en los cuales, aunque la autoridad se abstenga de realizar determinado acto, los efectos que trae consigo esa abstención se traducen en un acto de naturaleza positiva.

Esto es, los actos negativos con efectos positivos consisten en aquellos actos de autoridad que se manifiestan en una negativa simple, pero se traducen en un quehacer de la autoridad que no se detiene ante la negativa de acordar favorable al gobernado la petición de la paralización de un mandato previo; en otras palabras, un acto negativo tiene carácter positivo cuando existe un mandato previo de autoridad en el que ordena la realización de cierta conducta procesal, el gobernado solicita la paralización de ese mandato y su petición no le es acordada de manera favorable, en cuyo caso el efecto es que sí se ejecute el mandato previo de la autoridad.

Así, los actos negativos con efectos positivos producen un cambio en la realidad o modifican un estado de cosas existente, mientras que los declarativos no alteran el estado de las cosas ni modifican el entorno o la esfera jurídica de un particular.

Y los actos prohibitivos con efectos positivos consisten en el hecho de que la autoridad responsable le prohíbe al gobernado la realización de determinado acto, pero la conducta desplegada trae consigo la restricción de derechos adquiridos con anterioridad.

Como ejemplo de este tipo de actos, cabe mencionar el caso en que un particular obtiene un permiso o licencia para ejecutar una construcción y con el paso de los días la autoridad administrativa le prohíbe la continuación de la construcción; en este caso, es indudable que con el acto prohibitivo desplegado por la autoridad responsable se le está restringiendo al gobernado un derecho que ya había adquirido con anterioridad, por lo que el resultado se traduce en un hecho de naturaleza positiva.

Desde esa óptica destaca el principio legal de que la suspensión sólo opera cuando se satisfacen los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, contra los actos de autoridad que sean de carácter o efecto positivo, o sea, contra la actividad que se traduce en la decisión o ejecución de un hacer, a menos que su ejecución sea instantánea, como sucede con los actos meramente declarativos que se consuman con su dictado, en cuyo caso carece de materia la suspensión ya que, de concederse, se le darían efectos restitutorios plenos, propios de la sentencia de fondo.

Medidas cautelares reclamadas

En el caso, las inscripciones reclamadas consistentes en las medidas cautelares decretadas en el juicio de origen y que fueron inscritas, tuvieron por efecto aprobar la exclusión de la sociedad aquí recurrente, cancelación de los títulos de las acciones de los socios expulsados, y las consecuentes inscripciones en el libro de registro de acciones, de las que se desprende suspender y dejar sin efectos la convocatoria para celebrar la asamblea general extraordinaria de accionistas que tendría verificativo el veintiocho de junio de dos mil veintiuno.

En dicha resolución se determinó:

"• La sociedad aprueba y se hace sabedora de las medidas cautelares y en estricto acatamiento a las mismas, por unanimidad de votos de los miembros del consejo de administración de la sociedad, se resuelve facultar al presidente del consejo de administración de la sociedad para realizar todos y cada uno de los actos que sean procedentes para asegurar el estricto cumplimiento de las medidas cautelares, mismas que son del tenor literal siguiente:

"1) La medida cautelar para el efecto de que los accionistas de la serie ‘P’ del capital social de la demandada no puedan ejercer derecho a voto alguno en asamblea alguna de la sociedad demandada;

"2) La medida cautelar consistente en que la sociedad demandada no pueda reconocerle al accionista **********, en su calidad de accionista de la serie ‘P’, del capital social de la sociedad demandada, derecho de voto alguno en asamblea alguna;

"3) La medida cautelar consistente en que la sociedad demandada se abstenga de tomar en cuenta para computar el quórum de instalación y votación en asamblea alguna, las acciones correspondientes a la serie ‘P’ del capital social de la sociedad demandada;

"4) La medida cautelar consistente en que la sociedad demandada no le reconozca a ********** como titular de las acciones de la serie ‘P’ del capital social de la sociedad demandada, derecho de voto alguno en asamblea alguna;

"5) La medida cautelar consistente en que se suspendan los efectos de la convocatoria para celebrar la asamblea general extraordinaria de accionistas de la sociedad demandada que tendría verificativo a las 9:00 horas del día 28 (veintiocho) de junio de 2021, en el domicilio ubicado en... y, por consiguiente;

"6) La medida cautelar consistente en que la sociedad demandada se abstenga de celebrar la sociedad demandada (sic) la asamblea general extraordinaria de accionistas de la sociedad demandada que tendría verificativo a las 9:00 horas del día 28 (veintiocho) de junio de 2021, en el domicilio ubicado en ...;

"7) La medida cautelar consistente en que la sociedad demandada se abstenga de convocar y/o celebrar asamblea alguna en la cual se traten temas relacionados con: a) la prórroga de la duración de la sociedad demandada; b) la disolución anticipada de la sociedad demandada; c) el cambio de objeto de la sociedad demandada; d) el cambio de nacionalidad de la sociedad demandada; e) la transformación de la sociedad demandada; y, e) (sic) la fusión de la sociedad demandada con otra sociedad;

"8) Toda vez que **********, busca la disolución anticipada de la sociedad demandada, se dilucida conflicto de intereses existente entre ********** y el resto de los accionistas de la sociedad demandada, razón por la cual se concede la medida cautelar consistente en que la sociedad demandada no le reconozca a ********** derecho de voto alguno, en asamblea alguna, a ninguna de las acciones de las que es (sic).

"Resoluciones unánimes de los accionistas de **********, adoptadas fuera de asamblea general de accionistas."

De esa forma, aunque la quejosa acredita indiciariamente su interés jurídico, pues claramente se advierte que en las medidas cautelares de las que deriva el acto reclamado se reconoce su carácter de socia de la empresa demandada en el juicio de origen, ello no es suficiente, como lo pretende, para conceder la suspensión provisional.

Ello, pues conceder la suspensión provisional a la quejosa implicaría, como se dijo, no sólo privar plenamente de sus efectos la resolución reclamada que declaró la nulidad de la referida asamblea, sino técnicamente dejar también sin efecto las medidas cautelares decretadas en el juicio natural, pues de éstas deriva esa resolución reclamada.

Con lo cual se daría a la suspensión provisional un efecto restitutorio pleno, lo cual no está autorizado por el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.

Por lo que no es dable, mediante la suspensión que solicita, anular los efectos de la resolución reclamada, su ejecución y de las medidas cautelares emitidas en el juicio de origen.

Por tanto, si la asamblea cuya nulidad se decretó en la resolución, violó o no las medidas cautelares decretadas en el juicio de origen, constituye una cuestión que sólo se puede analizar al momento de resolver el juicio de amparo en lo principal y no para efectos de resolver la suspensión.

Pues, de concederse la suspensión, paralizaría el mandato del juzgador de la causa; por ende, no se mantendrían las cosas en el estado que se encontraran y se le daría efectos restitutorios plenos.

Si bien en virtud de las reformas constitucionales de dos mil once, así como con la expedición de la Ley de Amparo vigente, el tribunal de amparo, al momento de resolver sobre la suspensión del acto reclamado, puede decretar que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, además, ordenar que se restablezca de forma provisional a la quejosa en el goce del derecho que aduce violado, hasta tanto se resuelve sobre la suspensión definitiva y, en su caso, sobre el juicio de amparo; ello siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, y se den los supuestos antes referidos, por lo que deberán analizarse las particularidades de cada caso concreto para determinar su procedencia.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que sí procede conceder la suspensión en contra de las medidas cautelares decretadas en procesos civiles o mercantiles, pues no existe prohibición en la Ley de Amparo al respecto, y será en cada caso especial que se analice si procede o no conceder la suspensión.

Lo anterior deriva de la tesis de jurisprudencia 1a./J. 53/2017 (10a.), con número de registro digital: 2014802, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 45, Tomo I, agosto de 2017, página 519, que dice:

"SUSPENSIÓN DEFINITIVA. HAY CASOS EN LOS QUE ES POSIBLE OTORGARLA CONTRA MEDIDAS CAUTELARES DICTADAS EN PROCESOS CIVILES O MERCANTILES. De la Constitución y de la Ley de Amparo se desprende que para que proceda la suspensión definitiva a petición de parte se deben cumplir con estos requisitos: 1. Que la solicite el quejoso; 2. Que los actos reclamados cuya paralización se solicita sean ciertos; 3. Que la naturaleza de los actos reclamados permita su suspensión; y 4. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, análisis que debe realizarse de modo ponderado con la apariencia del buen derecho. Por lo tanto, los daños y perjuicios que se puedan causar al quejoso con la ejecución del acto no son un requisito para otorgar la suspensión. En este orden de ideas, esta Primera Sala advierte que podrían existir casos en los que las medidas cautelares puedan ser suspendidas, lo cual, claramente no significa que siempre deba concederse la suspensión contra medidas cautelares. En efecto, el hecho de que el Código de Comercio y el Código Federal de Procedimientos Civiles prevean una garantía para indemnizar los daños y perjuicios que ocasione la medida cautelar no es una razón suficiente para sostener que en ningún caso las medidas cautelares pueden ser suspendidas. Por último, los jueces de amparo deben tomar en cuenta que las medidas cautelares buscan proteger que no se quede sin materia el juicio de origen y que la suspensión tiene la misma finalidad respecto al juicio de amparo. Sin embargo, la Ley de Amparo privilegia la libertad judicial para que se analicen todas las particularidades del caso y se evalúe si procede la suspensión, por lo tanto, serán las circunstancias de cada caso las que determinen si debe concederse la suspensión solicitada."

El mismo criterio sostuvo el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 16/2017, de la que derivó la tesis de jurisprudencia PC.I.C. J/61 K (10a.), con número de registro digital: 2016030, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 50, Tomo III, enero de 2018, página 1595, que dice:

"SUSPENSIÓN PROVISIONAL RESPECTO DE MEDIDAS CAUTELARES. EL HECHO DE QUE SU CONCESIÓN TENGA EFECTOS RESTITUTORIOS NO ES UNA RAZÓN PARA NEGARLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE AMPARO ANTERIOR A LA ADICIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016). Conforme al actual sistema derivado de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, así como con la expedición de la actual Ley de Amparo publicada en el medio de difusión oficial indicado el 2 de abril de 2013, el Juez de amparo al resolver sobre la suspensión, además de decretar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, puede ordenar que se restablezca de forma provisional al gobernado en el goce del derecho violado, mientras se dicta sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo, si ello resulta jurídica y materialmente posible, o en caso de la suspensión provisional, en tanto se dicte la resolución que decida lo relativo a la suspensión definitiva. Por tanto, no puede afirmarse que en ningún caso procede conceder la suspensión provisional contra medidas cautelares, sobre la base de que ello tendría efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo, pues corresponderá al juzgador analizar las particularidades del caso concreto para determinar si ésta procede o no."

Conforme a lo anterior, dada la naturaleza de las medidas cautelares en cuestión, es decir, su efecto positivo, en algunos casos podría ser procedente conceder la suspensión del acto reclamado que derive del decreto de medidas cautelares; empero, ello deberá determinarlo en cada caso concreto el tribunal de amparo, a efecto de verificar si se encuentran satisfechos o no los requisitos para que sea procedente la suspensión, incluso, con efectos restitutorios provisionales.

Sin embargo, la ineficacia de los agravios resulta de lo previsto en el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.

Efectos restitutorios de la suspensión.

Conforme a lo previsto en el artículo 147, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo,(2) para que proceda conceder la suspensión del acto reclamado es menester se tomen en cuenta las condiciones siguientes:

I. Se conserve la materia del amparo hasta la terminación del juicio.

II. Debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado.

III. De ser material y jurídicamente posible se podrá restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado.

Lo anterior significa que si bien la suspensión puede tener efectos restitutorios, los efectos de la medida cautelar de la suspensión se encuentran condicionados a que tal restitución en el goce del derecho fundamental que se estima violado sea sólo provisional.

Esto es, si atento a la naturaleza del acto reclamado la restitución a la parte quejosa en el goce del derecho que estima violado es plena, entonces tal restitución no es procedente por la vía de la suspensión, pues ello implicaría dejar sin materia el juicio de amparo principal, lo que significa que necesariamente la restitución que procede hacer, vía suspensión del acto reclamado, sólo puede ser provisional y no plena, dado que la restitución plena es materia de la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de amparo principal en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo.(3)

Por tanto, si en el caso, en el juicio de origen se decretó una medida cautelar en virtud de la cual se aprobó la exclusión de la sociedad aquí recurrente, la cancelación de los títulos de las acciones de los socios expulsados, y las consecuentes inscripciones en el libro de registro de acciones y, en virtud de esa medida cautelar, se declaró la nulidad de una asamblea celebrada a instancia de la aquí recurrente; se insiste, de concederse la suspensión provisional no sólo se anularían los efectos de la resolución reclamada, sino que técnicamente también quedaría insubsistente la medida cautelar que se hubiera decretado en el juicio de origen y que sirvió de sustento a la resolución reclamada en el amparo.

Esto es, la suspensión de la resolución reclamada y los efectos que produce, así como los de su ejecución, no ocasionarían una restitución a la parte quejosa con efectos meramente provisionales, sino que sería plena, al anularse tanto la resolución reclamada y sus efectos, así como técnicamente los efectos de la medida cautelar decretada por la autoridad responsable, lo cual, además, tendría el alcance de dejar sin materia el juicio de amparo principal.

Además, este Tribunal Colegiado de Circuito, al interpretar el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en forma reiterada ha considerado que la restitución provisional permitida en dicha porción normativa no puede tener el alcance de privar de sus efectos una diversa medida cautelar como en el caso, ya que la restitución sería plena, lo cual sólo es materia de la sentencia definitiva que llegue a dictarse en el juicio de amparo principal, y no provisional como lo prevé tal precepto legal.

Ese criterio se encuentra contenido en la tesis aislada I.11o.C.103 C (10a.), de este órgano colegiado,(4) con número de registro digital: 2018898, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 62, Tomo IV, enero de 2019, página 2455, que dice:

"EMBARGO EN UN JUICIO CIVIL O MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN SOLICITADA EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, YA QUE LA RESTITUCIÓN PROVISIONAL PERMITIDA POR EL ARTÍCULO 147 DE LA LEY DE AMPARO, NO PUEDE TENER EL ALCANCE DE PRIVAR DE SUS EFECTOS UNA DIVERSA MEDIDA CAUTELAR. Conforme al artículo citado, para que proceda otorgar la suspensión del acto reclamado, es menester que se tomen en cuenta las condiciones siguientes: I. Se conserve la materia del amparo hasta la terminación del juicio; II. Debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado; y, III. De ser material y jurídicamente posible, se podrá restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado. Lo anterior significa que la suspensión puede tener efectos restitutorios cuando el acto reclamado ya se haya ejecutado, con la condicionante de que la restitución sólo sea provisional, lo que significa que si atento a la naturaleza del acto reclamado el restablecimiento es pleno, entonces esa restitución es improcedente por la vía de la suspensión, porque el supuesto no se encuentra previsto en dicha disposición, aunado a que implicaría dejar sin materia el juicio de amparo principal, pues es en éste, al dictarse el fallo protector, en el que se restablece plenamente el derecho violado en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Esta hipótesis normativa no se actualiza cuando se solicita la suspensión contra un embargo ya ejecutado, por las razones siguientes: a) Atento a la naturaleza del acto reclamado, se advierte que el embargo constituye una medida cautelar, consistente en el secuestro provisional de bienes patrimoniales de la demandada, para garantizar a la actora el pago de las prestaciones reclamadas que, en su caso, se decreten en la sentencia definitiva que resuelva el juicio en el principal; b) Si se concediera la suspensión para el efecto de que se levante el embargo, ello no tendría efectos provisionales, sino que constituiría una restitución plena en la medida que técnicamente ello anularía la medida cautelar de embargo decretada en el juicio de origen y provocaría que la quejosa tenga a su libre disposición los bienes previamente embargados y haga uso de ellos, lo cual ocasionaría que dichos bienes ya no puedan embargarse y, por tanto, no se cumple con el requisito consistente en que la reparación sólo puede ser provisional; y, c) Entonces, si se levanta el embargo, ello deja sin materia el juicio de amparo principal, porque desaparecería la prerrogativa que le fue otorgada a la actora en el juicio principal de asegurar los bienes que tienden a garantizar el pago de las prestaciones que se llegare a decretar en la sentencia definitiva en el juicio natural. En ese orden, la restitución provisional permitida en esa porción normativa, no puede tener el alcance de privar de sus efectos una diversa medida cautelar, ya que la restitución será plena, lo cual no está previsto en el primer precepto citado."

Así como en la tesis aislada I.11o.C.44 K (10a.), con número de registro digital: 2022733, sustentada por este Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 83, Tomo III, febrero de 2021, página 2928, que dice:

" La suspensión de los actos reclamados constituye una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, cuya finalidad es preservar la materia del juicio, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga nugatoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal que en su caso se le conceda, evitándole los perjuicios que su ejecución pudiera ocasionarle. Por tanto, es evidente que el objetivo de dicha medida es mantener la situación jurídica del quejoso en el estado en que se encuentra a la fecha de la presentación de la demanda. Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 147, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, para la procedencia de la suspensión del acto reclamado es menester tomar en cuenta las condiciones siguientes: I. Se conserve la materia del amparo hasta la terminación del juicio; II. La naturaleza del acto reclamado; y III. De ser material y jurídicamente posible, se podrá restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado. Lo anterior significa que si bien la suspensión puede tener efectos restitutorios cuando el acto reclamado ya se hubiere ejecutado, tales efectos de la medida cautelar de suspensión se encuentran condicionados a que tal restitución en el goce del derecho fundamental que se estima violado sea sólo provisional. Esto es, si atento a la naturaleza del acto reclamado la restitución al quejoso en el goce del derecho que estima violado es plena, entonces tal restitución no es procedente por la vía de la suspensión, pues ello implicaría dejar sin materia el juicio de amparo principal, lo que significa que necesariamente la restitución que se pueda hacer vía suspensión del acto reclamado sólo puede ser provisional y no plena, dado que ello es materia de la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de amparo principal en términos del artículo 77 de la ley de la materia."

Y la tesis aislada I.11o.C.126 C (10a.), con número de registro digital: 2022893, de este Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 84, Tomo IV, marzo de 2021, página 2841, que dice:

"EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS. AL DECRETARSE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEBE PREVALECER EL ASEGURAMIENTO SÓLO POR LA CANTIDAD DECRETADA EN AUTOS. Cuando el acto reclamado lo constituye el embargo o aseguramiento de una cuenta bancaria por un monto específico, y no obstante ello se procede a congelar la totalidad de los recursos que existen en la cuenta respectiva, se cumplen los requisitos previstos en el artículo 128, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, si la suspensión provisional fue solicitada por la quejosa, aunado a que con ésta no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposici

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30439-21c746fd/suspension-con-efectos-restitutorios-cuando-el-acto-reclamado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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