ORDEN DE EMBARGO EMITIDA EN UN JUICIO MERCANTIL DIRIGIDA AL QUEJOSO. PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN SU CONTRA, BASTAN LAS MANIFESTACIONES DE AQUEL QUE LA RECLAMA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 25 DE OCTUBRE DE 2016. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LA MAGISTRADA MARTHA LETICIA MURO ARELLANO Y DE LOS MAGISTRADOS VÍCTOR MANUEL FLORES JIMÉNEZ, ARTURO BAROCIO VILLALOBOS, JAIME JULIO LÓPEZ BELTRÁN Y LUIS NÚÑEZ SANDOVAL. PONENTE: VÍCTOR MANUEL FLORES JIMÉNEZ. SECRETARIA: LAURA ICAZBALCETA VARGAS.
Zapopan, Jalisco. Acuerdo del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, correspondiente a la sesión de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis.
RESOLUCIÓN:
1. Mediante la cual se resuelve la contradicción de tesis 7/2016, sobre la denuncia planteada por ********** y **********, con el carácter de abogados autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de **********, recurrente en los recursos de queja 238/2015 -dirimido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito-, y 193/2016 -resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado de la misma materia y Circuito-, de cuyas sentencias emanaron los criterios objeto de la presente denuncia de contradicción de tesis.
2. El tema que dio inicio al trámite de la denuncia de contradicción de tesis, se centró en determinar si para efectos de la procedencia de la suspensión provisional, debe acreditarse plenamente el derecho de propiedad o posesión que se dice viola el auto de exequendo que se reclama, o si basta con que tal derecho se pruebe indiciariamente.
I. Antecedentes
3. Denuncia de la contradicción de tesis. A través de escrito presentado el uno de agosto de dos mil dieciséis, ********** y **********, con el carácter de abogados autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, que dijeron tener de **********, denunciaron la posible contradicción de tesis entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al dirimir el recurso de queja 238/2015 y el criterio del Cuarto Tribunal Colegiado de la misma materia y Circuito, al resolver el recurso de queja 193/2016.
II. Trámite
4. En auto de dos de agosto del año en curso, el presidente de este Pleno de Circuito solicitó a las presidencias de los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Civil del Tercer Circuito, respectivamente, informaran sobre la existencia de los recursos de queja origen de la denuncia de contradicción de criterios y, en su caso, si tenían carácter reconocido los aludidos denunciantes.
5. Recabada la anterior información, en auto de nueve del mes y año en cita, se admitió a trámite la posible denuncia de contradicción de tesis denunciada por ********** y **********, con el carácter de abogados autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de **********; se ordenó registrarla con el número 7/2016;(1) se solicitó a las presidencias de los Tribunales Colegiados de Circuito multirreferidos, tanto en formato impreso como electrónico, las versiones pública y oficial de las ejecutorias emitidas en los recursos de queja 238/2015 y 193/2016 de sus respectivos índices, así como que informaran si el criterio sustentado en dichos asuntos se encontraba vigente o, de lo contrario, la causa para tenerlo por superado o abandonado. Finalmente, se ordenó enviar oficio a la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que informara si ante dicho Alto Tribunal existía alguna denuncia de contradicción de tesis relacionada con el tema de la presente.
6. En sendos autos de once y diecinueve de agosto del año que transcurre, se tuvo a los respectivos presidentes del Cuarto y del Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito, enviando las constancias y archivos requeridos e informando que continúan vigentes los criterios sostenidos en las ejecutorias de marras.(2)
7. Finalmente, en auto de veintinueve de agosto del año actual, se tuvo a la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando que no se advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis radicada ante dicho Alto Tribunal, en la que el punto a dilucidar guardara relación con el tema del presente asunto, y se turnó el expediente al Magistrado Víctor Manuel Flores Jiménez,(3) integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito y presidente del Pleno de Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
III. Competencia
8. Este Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41-Bis y 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015, modificado por el diverso 52/2015, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado, este último, el quince de diciembre de dos mil quince; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados en Materia Civil del mismo Circuito.
IV. Legitimación
9. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo; ya que fue denunciada por la promovente de los recursos de queja 238/2015 y 193/2016, de los que emanaron los criterios objeto de la denuncia de contradicción, a través de sus abogados autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, ********** y **********, según quedó acreditado con las copias certificadas de las sentencias de los aludidos recursos de queja,(4) enviadas por el secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y por el presidente del Cuarto Tribunal de la misma materia y Circuito, respectivamente.
V. Criterios denunciados
10. a) El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 238/2015, en sesión de siete de septiembre de dos mil quince, consideró lo siguiente:
"QUINTO.-Los agravios esgrimidos son en una parte fundados pero inoperantes y en otra infundados.-La materia de la presente queja, es el proveído de uno de septiembre de dos mil quince, dictado por la Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, en los autos del incidente de suspensión, derivado del juicio de amparo indirecto **********, promovido por **********, en el cual se negó la suspensión provisional solicitada, en relación con la orden de embargo, respecto de bienes propiedad de la quejosa, al estimar la a quo federal lo siguiente: I. En la demanda y sus aclaraciones, la ahora inconforme no señala concretamente sobre cuál o cuáles bienes de su propiedad se trabaría el embargo, si es una finca o algún mueble en concreto; II. La legalidad del embargo que llegara a trabarse en alguno de sus bienes estaría sujeta a la acreditación del interés suspensional, lo cual no se puede advertir de una manera genérica, como lo pretende la promovente; III. La quejosa omitió aportar prueba alguna tendente a acreditar, así fuere de manera indiciaria, el derecho que le asiste para solicitar la medida cautelar provisional, como lo es, ser la propietaria del inmueble en que aduce se va a ejecutar el acto reclamado o en su defecto que lo tiene en posesión.-Ahora bien, de las copias certificadas de las actuaciones del incidente de suspensión del juicio de amparo indirecto **********, las cuales merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, conforme su numeral 2o., se aprecia que en la demanda de garantías y sus escritos aclaratorios, la quejosa, hoy recurrente, ostentándose tercero extraña, señaló como autoridades responsables a los Jueces Primero a Décimo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con sede actualmente en Zapopan, a quienes les reclamó, en síntesis, la orden de embargo y secuestro dictada en cualesquiera de los procedimientos -juicios- radicados en esos juzgados, que tenga por objeto privar ilegalmente a la promovente, de los bienes y posesiones de su propiedad, sin habérsele oído y vencido previamente a emitirse.-Precisar decir, que por más que sea desafortunada la apreciación de la a quo federal, en cuanto a que debió determinarse el inmueble o los bienes muebles, sobre los cuales se llevaría a cabo el embargo, cuya orden se reclamaba, puesto que como con acierto lo refiere la peticionaria de protección a sus derechos humanos, para decidir si procede o no la citada medida cautelar, no es necesario señalarlos, cuando se desconoce, como en el caso de una tercero extraña, cuáles bienes pudieran ser afectados; y en todo caso, la medida cautelar, debe analizarse los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128, 129 y 131, estos tres de la Ley de Amparo en vigor, que previenen los requisitos a satisfacer para que proceda la suspensión de los actos combatidos, en todas las materias, consistentes en: a) Que así lo solicite el quejoso; b) Que el acto reclamado exista; c) Que pueda ser suspendible; d) Que el quejoso resienta una afectación a su interés jurídico o interés legítimo; y, e) El orden público e interés social y su ponderación con la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora.-También lo es que en el caso a estudio no procede conceder la suspensión provisional solicitada, si se atiende a que la impetrante reclama la orden de embargo y secuestro decretada en su contra, respecto de la cual no demostró su interés presuntivo, como se explicará en párrafos posteriores.-Son infundados los motivos de inconformidad en los cuales se expone: 1) De la demanda de amparo y la solicitud de suspensión provisional de los actos reclamados, es posible concluir que contrario a lo resuelto por la a quo federal, resulta procedente otorgar la suspensión provisional en contra de los efectos de la orden de desposesión, embargo y/o secuestro de bienes de la quejosa, que fue reclamada a los Jueces responsables, porque en la narración de hechos de la demanda y sus aclaraciones, se manifestó bajo protesta de decir verdad, que el veinte de julio del presente año, acudieron al domicilio de la justiciable, diversas personas que se ostentaron pertenecer a un juzgado mercantil, quienes iban a ejecutar una orden judicial con el objeto de llevarse los bienes de la hoy inconforme.-2) Indiciariamente y, de manera provisional, sí quedó acreditada la existencia del acto reclamado (la orden de desposesión, embargo y/o secuestro de bienes propiedad de la quejosa), sin la existencia de llamamiento a la quejosa a procedimiento jurisdiccional alguno, por lo que su carácter para todos los efectos legales resulta ser de tercero extraña al procedimiento, con lo cual se satisfacen los requisitos previstos por el artículo 128 de la ley de la materia.-3) Una vez que el acto reclamado se ha ejecutado sobre determinado bien, para acreditar la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, resulta necesario aportar elementos indiciarios o presuntivos de que el bien afectado por el acto reclamado se encuentra en posesión o es propiedad del tercero extraño y por esas razones no resultan aplicables al caso, los criterios de rubros: ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE.’ y ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN. EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN.’.-4) Al no haberse ejecutado la orden de desposesión, embargo y/o secuestro de bienes de la quejosa, resulta procedente la concesión de la suspensión provisional puesto que, por lo menos presuntivamente, se encuentra acreditado que: a) La medida fue solicitada por el agraviado; b) Con su concesión, no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público; y, c) Resultan de difícil reparación los daños y perjuicios que se causan a la quejosa con la ejecución del acto reclamado.-5) Se estima acreditado por lo menos presuntivamente el interés jurídico, porque en cuanto a la apariencia del buen derecho, la ahora inconforme no ha sido llamada a juicio alguno, máxime que se le ha manifestado a la a quo federal, la no existencia de documento alguno legal con aparejada ejecución, en su contra; y, por lo que ve al peligro en la demora, se acredita indiciariamente ante la inminente ejecución de los actos reclamados, los cuales de ser ejecutados en contra de esta quejosa, su patrimonio y posesiones, tendría efectos directos sobre sus derechos sustantivos de una manera irreparable y continuada en el tiempo.-A fin de resolver el presente recurso, resulta indispensable conocer el contenido de los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República, 125, 128, 129, 131 y 138 de la Ley de Amparo, los cuales disponen, en el orden citado, lo siguiente: ‘Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si este último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes.’.-‘Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso.’.-‘Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. ...’.-‘Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta ley; se incumplan con las normas oficiales mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social.’.-‘Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda.’.-‘Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes.’.-En el análisis de la suspensión deben abordarse de forma escalonada estos temas: i) Los requisitos de procedencia de la suspensión, que en su conjunto determinarán si la medida cautelar debe concederse; ii) Los efectos de la suspensión, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o no hacer en cumplimiento a la medida cautelar; iii) Las acciones o garantías que, en su caso, se requieran al quejoso para que subsistan los efectos de la suspensión; y, iv) Las previsiones que se tomen para evitar el abuso de la suspensión.-A su vez, los requisitos de procedencia de la suspensión deben examinarse en un orden lógico y secuencial, de modo que la ausencia de alguno de ellos impedirá seguir avanzando en el análisis de los subsecuentes, al implicar la improcedencia de la medida cautelar.-De acuerdo con la regulación constitucional y legal aplicable, los requisitos de procedencia de la suspensión que deben examinarse de forma estratificada, son los siguientes: A. Petición de parte.-La Ley de Amparo indica en su artículo 128, que fuera de los casos en los que proceda la suspensión de oficio, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados siempre que la solicite el quejoso.-En tal virtud, fuera de los casos de excepción, para que el juzgador de amparo esté en aptitud de emitir un pronunciamiento en relación con la suspensión de los actos reclamados, debe existir solicitud del quejoso en ese sentido.-B. La existencia del acto reclamado.-El referido artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal prevé que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión, de lo cual se desprende como presupuesto lógico que debe existir un acto reclamado, esto es, el acto jurídico de autoridad que presuntamente vulnere los derechos humanos del quejoso. La suspensión a petición de parte, en amparo indirecto, da origen a la suspensión provisional y a la definitiva.-Tratándose de la suspensión provisional, el acto reclamado se presume existente con base en las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad formule el promovente del amparo.-En cambio, para decidir sobre la suspensión definitiva, la existencia del acto ya no sólo debe tomar en cuenta las manifestaciones de la demanda, sino el contenido del informe previo para establecer si existe litis respecto de la existencia del acto y, en su caso
las cargas probatorias resultantes y el análisis de las mismas.-En consecuencia, para la procedencia de la suspensión provisional se requiere de la presunción de existencia del acto reclamado, con base en las manifestaciones o afirmaciones que formule el promovente del amparo, bajo protesta de decir verdad.-C. Que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido.-El artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal dispone que, para conceder la suspensión se deberá tomar en cuenta la naturaleza del acto reclamado, de lo que deriva la obligación de verificar si el acto es susceptible de suspenderse.-Para lo anterior, debe tomarse en cuenta la clasificación que de los actos reclamados ha formulado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (actos consumados, negativos, futuros e inciertos etcétera), así como la determinación sobre si resultan susceptibles de admitir suspensión.-En el caso de actos consumados, debe entenderse que éstos son aquellos, cuyos efectos se han materializado en su totalidad, porque sólo se consuman cuando se agotan sus efectos o su ejecución.-Es decir, no pueden estimarse consumados los actos reclamados, si tienen efectos o consecuencias susceptibles de paralizarse, pues es indudable que si se aceptara el criterio contrario, todas las resoluciones que se reclamaran en vía de amparo, por el solo hecho de dictarse, se debían estimar como actos consumados, lo que impediría en todos los casos obtener la suspensión, pues en realidad, lo que se reclama, son las consecuencias o efectos que producen esos acuerdos.-D. Que el quejoso resienta una afectación a su interés jurídico o interés legítimo.-De una apreciación conjunta de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128, fracción I y 131, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se advierte que entre los requisitos para el otorgamiento de la suspensión se halla el relativo a que quien la solicite acredite, así sea presuntivamente, ser titular del derecho que pretende salvaguardar y respecto del cual, resentiría una afectación por la ejecución presente o inminente del acto reclamado, sin que pueda constituirse a su favor un derecho que no le corresponda.-Esto es, para efectos de la suspensión provisional, el quejoso tendrá que acreditar, cuando menos de manera indiciaria, la afectación que le causa el acto reclamado a su interés legítimo o jurídico, pues para ese momento basta la comprobación que se obtenga a través de un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido, en virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resulta agraviado con el acto reclamado, aunado a que pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación.-En cambio, cuando se trate de la suspensión definitiva, para la comprobación del interés jurídico o legítimo, así como su afectación, se exigirá un grado probatorio mayor, pues al momento de su pronunciamiento ya se cuenta con los informes previos rendidos por las autoridades responsables, conforme a los cuales corresponderá al quejoso, en su caso, desvirtuar o no su contenido, mediante elementos probatorios que la ley permite ofrecer en la sustanciación del incidente de suspensión.-E. El orden público e interés social y su ponderación con la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora.-En el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo se señala como requisito de procedencia que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.-En el diverso artículo 129 se señala una serie de supuestos en los que, invariablemente, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. Por consiguiente, en los demás casos distintos a los contenidos en dicha norma, el juzgador tendrá la facultad de calificar si con la suspensión de los actos reclamados no se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público.-Además de ello, conforme al artículo 138 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo deberá realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social.-Sobre la apariencia del buen derecho, se trata de un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, esto es, en tratándose de la suspensión del acto reclamado, dicho requisito implica que para la concesión de la medida basta la comprobación de la apariencia del derecho, invocado por el quejoso de modo que según un cálculo de probabilidades sea posible anticipar que en el fondo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado.-De este modo, para determinar la procedencia de la suspensión, el juzgador debe ponderar la estimación que obtenga del análisis de la apariencia del buen derecho y el interés social, que se pudiera ver afectado de otorgar la medida cautelar.-En lo conducente, sirve de apoyo a lo antes expuesto la jurisprudencia XXVII.3o. J/2 (10a.) (cita datos de localización), de rubro y texto: ‘SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013.-Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: i) los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; ii) los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; iii) las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, iv) las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva requiere que se haya aceptado su existencia; o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etc.); 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal.’.-Resta enfatizar que los anteriores requisitos deben estudiarse en el orden expuesto, pues atiende a una prelación lógica y a un sentido práctico. De tal forma, al avanzar en el análisis, si se advierte la falta de algún requisito, debe terminarse el examen del caso y declararse la improcedencia de la suspensión.-Sentado lo anterior, enseguida se analizará la procedencia de la suspensión provisional en el presente caso.-1. Petición de parte.-El requisito de petición de parte se encuentra cumplido, pues en la demanda de amparo y sus escritos aclaratorios, se solicitó expresamente el otorgamiento de la suspensión provisional, respecto del acto reclamado, consistente en la orden de embargo y secuestro dictada en cualesquiera de los procedimientos radicados en los Juzgados Primero a Décimo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con sede actualmente en Zapopan, q
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26881-6ef00802/orden-de-embargo-emitida-en-un-juicio-mercantil · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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