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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. AL RESOLVER SOBRE LA DEFINITIVA, ES FACTIBLE ESTUDIAR LA CAUSAHABIENCIA PROCESAL DE LA PERSONA ARRENDATARIA DEL INMUEBLE OBJETO DE LA ORDEN DE LANZAMIENTO, NO EJECUTADA, QUE LA RECLAMA COMO PERSONA TERCERA EXTRAÑA A JUICIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 70/2023. · Registro digital (IUS): 32289
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-03-22
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL Y EL DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Marzo de 2024, Tomo V, Pág.5348.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 70/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL Y EL DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO. 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS HÉCTOR MARTÍNEZ FLORES Y CUAUHTÉMOC CUÉLLAR DE LUNA. DISIDENTE: MAGISTRADA MARTHA LETICIA MURO ARELLANO, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADO CUAUHTÉMOC CUÉLLAR DE LUNA. SECRETARIO: FERNANDO JOSÉ OROPESA ROMERO.

RESUMEN DEL CASO

En este asunto se resuelve la contradicción de criterios entre las posturas divergentes que sostuvieron dos Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito en relación con un tema de suspensión de los actos reclamados. La problemática jurídica se centra en el criterio sobre la forma de resolver la suspensión definitiva, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama una orden de entrega o lanzamiento de un inmueble –no ejecutada– por quien dice ser una persona tercera extraña: definir si la persona juzgadora de amparo puede ponderar la causahabiencia procesal derivada de un contrato de arrendamiento que la parte quejosa celebró con la parte demandada en el juicio del cual emanó la orden.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver un amparo en revisión, revocó una interlocutoria a través de la cual se concedió la suspensión definitiva a una persona que había reclamado, en calidad de tercera extraña a juicio, la desposesión de un inmueble y la ejecución de la orden de lanzamiento –no ejecutada– dictada en ejecución de una sentencia de un juicio especial hipotecario.

La parte quejosa se ostentó como tercera extraña auténtica al juicio hipotecario de origen y alegó haber celebrado un contrato de arrendamiento con la parte demandada respecto de la casa objeto de la desposesión reclamada.

El Tribunal estudió, de oficio, la causahabiencia procesal de la parte quejosa para revocar la interlocutoria y negar la medida cautelar. Argumentó que el contrato de arrendamiento que exhibió como prueba, celebrado con el demandado en el juicio de origen posteriormente a la sentencia ejecutoria, hacía que se actualizara la causahabiencia procesal y, por tanto, que se sustituyera en las obligaciones del demandado, razón por la cual estimó que no le era oponible al actor y diluía el interés suspensional. Estimó que de otorgarse la suspensión se seguiría perjuicio al interés social al impedirse la ejecución de una sentencia definitiva que adquirió la calidad de cosa juzgada.

Por su parte, el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito, al resolver un amparo en revisión, confirmó la interlocutoria que otorgó la suspensión definitiva a una persona que, en calidad de tercera extraña a un juicio de arrendamiento, reclamó, entre otros actos, la orden de desocupación y entrega de un inmueble –no ejecutada– dictada en ejecución de sentencia.

La parte tercera interesada y recurrente alegó principalmente que la persona quejosa era causahabiente de su arrendador, por lo cual fue oída y vencida en juicio a través de este último, pues el contrato de arrendamiento era de fecha posterior al emplazamiento y a la sentencia, de ahí que también estaba obligada a dar cumplimiento a su ejecución, lo cual es de orden público. Además, adujo que la causahabiencia extinguía el interés suspensional.

El Tribunal Colegiado de Circuito desestimó sus agravios. Argumentó que la causahabiencia no se podía estudiar para resolver la suspensión, porque ello solo se puede hacer en la sentencia del juicio constitucional, pues bastaba con que la parte actora haya exhibido su contrato de arrendamiento celebrado con el demandado en el juicio de origen para justificar su interés suspensional.

En este contexto fáctico e interpretativo, el Pleno Regional considera que la contradicción de criterios existe porque los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron una cuestión litigiosa en la cual ejercieron su arbitrio judicial.

Además, se encuentra un punto de toque porque existe un tramo de razonamiento que gira en torno a si al resolver sobre la suspensión definitiva se puede analizar la causahabiencia procesal de la parte quejosa que se ostenta tercera extraña a juicio, cuando reclama la orden de entrega o lanzamiento de un inmueble –no ejecutada– dictada en ejecución de sentencia, y se justifica en el incidente de suspensión que celebró un contrato de arrendamiento con el demandado en el juicio del que emana el acto reclamado, con posterioridad a la sentencia.

Lo anterior da lugar a resolver la siguiente pregunta: ¿al resolver sobre la suspensión definitiva de una orden de lanzamiento o entrega de un inmueble –no ejecutada– dictada en ejecución de sentencia, reclamada por quien alega ser persona tercera extraña; es factible ponderar la causahabiencia procesal derivada de un contrato de arrendamiento que celebró con la parte demandada en el juicio del cual emanó?

El tribunal determina que, en el análisis sobre la suspensión definitiva de una orden de entrega o lanzamiento de un inmueble dictada en ejecución de sentencia, reclamada por quien alega ser persona tercera extraña, es factible la causahabiencia procesal al resolver sobre la suspensión definitiva, porque de concederse la medida cautelar se afectaría al interés social, ya que permitiría a la parte quejosa no cumplir una sentencia que, en principio, está obligada a cumplir, debido a que la causahabiencia procesal genera en la persona causahabiente la carga de estar a las resultas del juicio seguido en contra de la persona causante, de otro modo, se impediría su ejecución, cuando la sociedad está interesada en que las sentencias sean cumplidas.

Guadalajara, Jalisco. El Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, en la sesión correspondiente al treinta de noviembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 70/2023 que se suscita entre el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver el recurso de revisión 112/2020 y el sostenido por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito al resolver el amparo directo 117/2023.

I. ANTECEDENTES

1. Denuncia de la contradicción. Los Magistrados integrantes del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito denunciaron, ante este Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, la posible contradicción entre los criterios sustentados por el órgano jurisdiccional de su adscripción y el sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito.

2. Avocamiento. Este Pleno Regional se avocó al conocimiento del asunto;(1) ordenó hacerlo del conocimiento de los tribunales contendientes y de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, sobre la base de que se recibió la resolución dictada en el amparo en revisión 117/2023, solicitó al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito remitir vía electrónica la ejecutoria que recayó al amparo en revisión 112/2020 y el informe sobre la vigencia de su criterio. Finalmente, se precisó que el asunto sería turnado al Magistrado Cuauhtémoc Cuéllar De Luna para la formulación del proyecto de resolución.

3. Turno. El dieciocho de agosto de dos mil veintitrés se confirmó el turno del expediente, por lo que se remitieron los autos a la ponencia del Magistrado en cita.

II. COMPETENCIA

4. Este Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios de acuerdo con los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 2o del Acuerdo General 108/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; 14 del Acuerdo General 67/2022, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, ambos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.(2) Ello, por suscitarse entre Tribunales Colegiados de Circuito especializados en la materia de este Pleno (civil), pertenecientes al Primer Circuito, el cual forma parte de la Región Centro-Sur.(3)

III. LEGITIMACIÓN

5. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, porque fue formulada por los Magistrados integrantes del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

IV. EXISTENCIA

6. El presente asunto cumple con los requisitos establecidos en la jurisprudencia 1a./J. 22/2010(4) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativos a la configuración de la contradicción de criterios, consistentes en:

a) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y

c) Lo anterior, pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de abordar la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial

7. Los órganos contendientes ejercieron su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada como se advierte de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

Primera postura

7.1 El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 112/2020, analizó un asunto con las siguientes características:

7.2 Antecedentes. Una persona física promovió un juicio de amparo en el que reclamó, de un juez del fuero común: la desposesión de una casa, como consecuencia del cumplimiento de una sentencia definitiva, dictada el veintiuno de octubre de dos mil once, en un juicio especial hipotecario; y de los actuarios a cargo del juez: la ejecución y cumplimiento de la orden de lanzamiento –no ejecutada–.

7.3 La parte quejosa se ostentó como tercera extraña auténtica al juicio de origen, y alegó que, el uno de septiembre de dos mil diecinueve, celebró un contrato de arrendamiento con la parte demandada en el juicio hipotecario, respecto de la casa objeto de la desposesión reclamada. Contrato que exhibió con una certificación notarial de veintiuno de enero de dos mil veinte.

7.4 El Juez de Distrito concedió la suspensión definitiva solicitada. La parte tercera interesada interpuso recurso de revisión contra dicha determinación.

7.5 Argumentos de la ejecutoria. El Tribunal Colegiado de Circuito revocó la interlocutoria y negó la suspensión definitiva con base en las consideraciones siguientes:

• El interés suspensional está inmerso en el concepto de interés social. Al ser un presupuesto de la acción constitucional debe estudiarse de oficio.

• En el otorgamiento de la suspensión es necesario que se demuestre indiciaria o presuncionalmente el interés suspensional, conocido también como apariencia del buen derecho. Esto es, que el peticionario de amparo tenga un derecho sustantivo previsto en una ley positiva y que este se vea afectado por un acto de autoridad.

• Si una persona quejosa alega, en calidad de tercera extraña a juicio, un acto de privación o de molestia en bienes que tiene en posesión, debe demostrar que existe una causa legal que le permite poseer el bien raíz; que realmente tiene su posesión material, y que el derecho subjetivo a su favor es afectado por el acto de autoridad.

• El Alto Tribunal del país ha considerado que, tratándose de actos traslativos de dominio o de uso, el original de un contrato privado de compraventa, de comodato o de arrendamiento, es suficiente para acreditar presuntivamente el interés suspensional. También, que la certeza de la fecha del documento no es aplicable en materia de suspensión, pues se le privaría de su naturaleza de medida cautelar, la cual se rige por los presupuestos de apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, por lo que no es necesario aportar otras pruebas dado que el interés suspensional puede acreditarse de manera indiciaria, sin perjuicio de que en la audiencia incidental puedan aportarse mayores elementos de convicción.

• La parte quejosa acreditó la primera parte de su interés suspensional con la copia fotostática de la certificación notarial de veintiuno de enero de dos mil veinte, relativa al contrato privado de arrendamiento de uno de septiembre de dos mil diecinueve que celebró con la demandada en el juicio hipotecario del que emanaron los actos reclamados.

• El juez responsable, en el juicio hipotecario del que emanaron los actos reclamados, dictó, el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, un auto en el cual ordenaba a la parte demandada la entrega del inmueble materia de la hipoteca. Acto reclamado en el juicio de amparo.

• El contrato de arrendamiento exhibido por la parte quejosa era posterior a la sentencia definitiva de veintiuno de octubre de dos mil once, en la cual se condenó a la parte demandada al cumplimiento de las prestaciones reclamadas, y de la interlocutoria de dos de junio de dos mil diecisiete y su aclaración de siete de junio del mismo año, que aprobó el remate a favor de la parte actora en el juicio de origen y tercera interesada en el de amparo, lo cual evidenciaba la causahabiencia procesal de la parte quejosa respecto de la parte demandada en aquel juicio.

• La causahabiencia procesal hacía que la parte quejosa se sustituyera en la obligación de su causante para cumplir la sentencia dictada en su contra y, por ende, el auto que requirió la entrega voluntaria del bien raíz que defendía, por tanto la causahabiencia diluyó la eficacia del interés suspensional que había acreditado.

• El contrato de ocupación en que la parte quejosa apoyó su derecho no era oponible a la parte actora del juicio de origen (tercera interesada), y ponía de manifiesto la maniobra de la parte demandada de aquel juicio (arrendadora de la parte quejosa) para no cumplir la sentencia que aprobó la subasta judicial del inmueble, razón por la cual mientras siga pendiente el cumplimiento de esa sentencia, la arrendataria se sustituye en la obligación de la arrendadora para cumplir el mandato judicial de entrega y se actualiza la facultad del juez de primer grado para exigirle a la solicitante del amparo su cumplimiento, quien en todo caso conserva su derecho para ejercer la acción que estime procedente contra su arrendadora.

• Apoyó su argumentación en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "CAUSAHABIENCIA. NO ES POR SÍ MISMA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO."(5)

• Concluyó que el otorgamiento de la suspensión definitiva del acto reclamado impide la ejecución de la sentencia definitiva que adquirió la calidad de verdad legal, en detrimento del interés de la sociedad en que se cumplan las sentencias que constituyen cosa juzgada, razón por la cual no se cumplía uno de los requisitos establecidos para ello, consistente en que no se siga perjuicio al interés social.

• Especificó que las anteriores consideraciones derivaron del análisis oficioso de los requisitos necesarios para que se otorgue la suspensión del acto reclamado, y que ello no significaba violación al principio "non reformatio in peius", que prohíbe al tribunal de alzada agravar la situación jurídica del recurrente, en los casos en que no ha mediado recurso de su adversario, porque fue el tercero interesado quien impugnó la concesión de la medida cautelar otorgada a la parte quejosa.

7.6 De este asunto derivó la tesis aislada I.3o.C.438 C (10a.),(6) de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE REVOCARLA SI LA QUEJOSA ES CAUSAHABIENTE DE LA DEMANDADA EN EL JUICIO DE ORIGEN, PORQUE IMPIDE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE ES COSA JUZGADA."

Segunda postura

7.7 El Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 117/2023, el veintiséis de abril de dos mil veintitrés, analizó un asunto con las características siguientes:

7.8 Antecedentes. Una persona física promovió un juicio de amparo en el que reclamó de un juez del fuero común: la falta de emplazamiento y todo lo actuado en un juicio de arrendamiento, en el cual se había dictado sentencia definitiva, el dieciocho de abril de dos mil veintidós. También reclamó la abstención de ordenar la diligencia de emplazamiento; y la orden de desocupación y entrega –no ejecutada– del inmueble objeto del juicio, y su ejecución material, notificada mediante cédula de veinticinco de enero de dos mil veintitrés.

7.9 La parte quejosa alegó vulneración a su derecho de posesión respecto del inmueble objeto del contrato de arrendamiento que había celebrado el uno de octubre de dos mil veintidós, con la parte demandada en el juicio del que derivaron los actos reclamados.

7.10 El Juez de Distrito concedió la suspensión definitiva solicitada. La parte tercera interesada interpuso recurso de revisión contra dicha determinación.

7.11 Argumentos de la ejecutoria. El referido Tribunal Colegiado de Circuito, en lo que interesa al tema de esta contradicción de criterios, confirmó la concesión de la suspensión(7) con base en las consideraciones siguientes:

• Eran infundados los agravios de la parte tercera interesada en los que alegó:

a. Para pronunciarse sobre la apariencia del buen derecho y la naturaleza de la violación alegada se debía verificar que el contrato de arrendamiento fuera anterior al juicio natural y si fue celebrado por alguna de las partes;

b. La parte quejosa había celebrado un contrato de arrendamiento con la parte demandada posterior al juicio natural, por lo que fue escuchada y vencida por conducto de la parte demandada y, por tanto, la ponderación de la apariencia del buen derecho en relación con el interés social generaban la convicción de que debía privilegiarse la ejecución de una sentencia que constituía cosa juzgada y cuyo cumplimiento es de orden público e interés social, cuando los efectos de dicha sentencia alcanzaban a la parte quejosa-causahabiente a través de su causante-arrendatario en el juicio natural;

c. La parte quejosa era causahabiente de su arrendador, por tanto, fue oída y vencida en juicio por conducto de este último, pues el contrato de arrendamiento que exhibió es de fecha posterior al emplazamiento y a la sentencia a ejecutarse. De ahí que también estaba obligada a dar cumplimiento a la ejecución de la sentencia, lo cual es de orden público; y

d. La parte quejosa se sustituyó en la obligación que tiene su causante para cumplir con la ejecución de la sentencia, la cual requiere la entrega del inmueble objeto del juicio de arrendamiento del cual dimanan los actos reclamados, dado que la causahabiencia extingue la eficacia del interés suspensional del contrato de arrendamiento exhibido en el incidente de suspensión y que se busca oponer a la contraparte de su causante que intervino en la relación jurídica de la que deriva el derecho de la causahabiente. • La parte quejosa sí acreditó su interés suspensional con el contrato de arrendamiento que exhibió.

• El interés suspensional es demostrar en forma indiciaria que el acto reclamado agravia al quejoso, es un estudio previo al interés jurídico sin tanto rigor, de ahí que se diga que el acreditamiento es indiciario o presuntivo (según se trate de la suspensión provisional o definitiva), de tal forma que el juez pueda presumir que el acto reclamado afecta los derechos subjetivos del promovente. Apoyó su argumento en la jurisprudencia 1a./J. 98/2013 (10a.)(8) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro:

"SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. AUN CUANDO OPERE LA PRESUNCIÓN DE SU EXISTENCIA, EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DE AMPARO, PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 124 DE ESE MISMO ORDENAMIENTO, DEBE DEMOSTRARSE, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TAL ACTO AGRAVIA AL QUEJOSO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)."

• Para el análisis de este requisito no se requiere de un estudio a fondo, sino solo indiciario o presuntivo que permita preventivamente entrar al análisis de la medida cautelar, sin tantas exigencias como se solicita en la sentencia, de tal manera que se pueda apreciar en forma preliminar que el quejoso tiene un derecho qué defender, es decir, que se debe tomar como base un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizada una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resultará agraviado.

• La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la exhibición de un contrato privado de arrendamiento, comodato o compraventa original que carece de fecha cierta es suficiente para acreditar el interés jurídico del quejoso cuando ostente la calidad de tercero extraño al juicio, no obstante que con ese documento solo acredite la existencia de un acuerdo de voluntades entre dos particulares respecto de un inmueble, pero no así la fecha cierta del título. Lo anterior, ya que la naturaleza jurídica de la suspensión es la de una medida cautelar, razón por la cual se rige por los presupuestos de la apariencia del buen derecho y el peligro en demora. Consideraciones de las cuales derivó la jurisprudencia 1a./J. 4/2009,(9) de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE."

• En lo que interesa de esa ejecutoria, cuando la parte quejosa se ostenta tercera extraña al juicio natural y alega un acto de molestia en bienes que tiene en posesión debe demostrar que existe una causa legal que le permite poseer el bien raíz.

• La parte quejosa exhibió un contrato de arrendamiento (que obraba en copia simple en el incidente de suspensión) que celebró con la parte demandada en el juicio de origen, el uno de octubre de dos mil veintidós, respecto del inmueble objeto de la orden de desocupación y entrega reclamada, el cual es suficiente para demostrar el interés suspensional.

• Para la suspensión definitiva basta con acreditar en forma presuntiva el interés suspensional, por lo que el estudio de la causahabiencia debe reservarse al resolver el fondo del asunto.

• El interés para conceder la suspensión debe ser presuncional.

• El análisis de los documentos ofrecidos para demostrar el interés en el incidente de suspensión debe realizarse sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto solo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, para lo cual se debe considerar siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquella solo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones.

• La validez de un acto jurídico para efectos del juicio de amparo debe realizarse hasta la sentencia constitucional, porque atañe al fondo del juicio y es hasta esa etapa y momento procesal en el que se exige que el quejoso demuestre fehacientemente su interés jurídico y no se deduzca con base en presunciones.

• No es válido examinar las deficiencias que pudiera presentar el documento con el que se pretende acreditar la titularidad del bien, pues basta que sea idóneo para deducirla en forma presuntiva.

Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos

8. Se cumple la condición requerida, ya que en los ejercicios interpretativos realizados por los órganos contendientes existe un punto de choque respecto de la misma cuestión jurídica analizada.

9. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito argumentó que el contrato de arrendamiento que la parte quejosa exhibió como prueba, celebrado con el demandado en el juicio de origen, al ser posterior a la sentencia ejecutoria de dicho juicio, hacía que se actualizara la causahabiencia procesal y, por tanto, que se sustituyera en las obligaciones del demandado, razón por la cual estimó que no le era oponible al actor, y que diluía su interés suspensional. En esas condiciones, estimó que de otorgarse la suspensión se seguiría perjuicio al interés social al impedirse la ejecución de una sentencia definitiva que adquirió la calidad de cosa juzgada.

10. Por su parte, el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito estimó que la causahabiencia no se podía estudiar para resolver la suspensión, porque ello solo puede hacerse en la sentencia del juicio constitucional. Consideró que bastaba con que la parte quejosa haya exhibido su contrato de arrendamiento celebrado con el demandado en el juicio de origen para justificar su interés suspensional.

11. Como se observa, las posturas de los Tribunales Colegiados de Circuito son incompatibles entre sí, porque un tribunal considera que: en los casos en que una persona reclama, como tercera extraña, la orden de entrega o lanzamiento de un inmueble –no ejecutada– dictada en ejecución de sentencia, y para justificar su interés ofrece un contrato de arrendamiento celebrado con el demandado en el juicio de origen, posterior a la sentencia, se debe analizar de oficio la causahabiencia procesal y negar la suspensión definitiva porque su interés suspensional se diluye, y de otorgarse la medida cautelar se afectaría al interés social porque se impediría la ejecución de una sentencia que la parte quejosa también está obligada a cumplir como causahabiente procesal del demandado en el juicio del que emana el acto reclamado; mientras que el otro tribunal sostiene que, en estos casos, no se puede estudiar la causahabiencia procesal, porque ello es materia de estudio de la sentencia del juicio de amparo, por lo cual basta la exhibición del contrato de arrendamiento para justificar el interés suspensional y conceder la suspensión definitiva.

Tercer requisito: que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver

12. Este elemento se colma, porque, una vez advertido el punto de contradicción entre los criterios contendientes, se puede resolver la pregunta siguiente:

¿Al resolver sobre la suspensión definitiva de una orden de lanzamiento o entrega de un inmueble –no ejecutada– dictada en ejecución de sentencia, reclamada por quien alega ser persona tercera extraña; es factible ponderar la causahabiencia procesal derivada de un contrato de arrendamiento que celebró con la parte demandada en el juicio del cual emanó?

V. CUESTIÓN PREVIA

13. Los elementos secundarios diferentes en el origen de los casos de los cuales derivaron los criterios contendientes no impiden que se estime que hay un punto de choque entre dichas posturas, porque los Tribunales Colegiados de Circuito adoptaron criterios disidentes sobre un mismo problema jurídico.(10)

14. El artículo 225 de la Ley de Amparo establece que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien, sostengan "criterios discrepantes", por lo cual se debe considerar el criterio adoptado por el órgano jurisdiccional a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia.

15. Por ello, no es obstáculo para la procedencia de esta contradicción de criterios que en el asunto que resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito los actos reclamados hayan sido la desposesión de un inmueble y la ejecución de una orden de lanzamiento, y que en el que conoció el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito, el acto reclamado haya sido una orden de entrega de un inmueble, pues en ambos casos, quienes se constituyeron como parte quejosa, pretendieron defender, en el juicio de amparo, la posesión que tenían de un inmueble con motivo de un contrato de arrendamiento que celebraron con la parte demandada en juicios en los cuales, en ejecución de sentencia, se dictaron las órdenes reclamadas. Lo que permitió que ambos Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los recursos de revisión, sustentaran criterios discrepantes sobre el problema jurídico referido.

16. Tampoco impide que se estudie de fondo esta contradicción de criterios el hecho que los actos reclamados en el asunto que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito derivaran de un juicio especial hipotecario; y los del asunto que conoció el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito emanaran de un juicio de arrendamiento. Ello, porque puede determinarse válidamente la existencia de una contradicción de tesis no obstante que los criteri

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32289-278f8443/suspension-en-el-juicio-de-amparo-indirecto-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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