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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. DEBE NEGARSE AL QUEJOSO POR FALTA DE INTERÉS PRESUNTIVO SI, EN SU CALIDAD DE PROPIETARIO, SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO DE ORIGEN RECLAMANDO EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE, SIN TENER SU POSESIÓN MATERIAL, AL HABERLA CEDIDO A OTRA PERSONA A TRAVÉS DE UN ACTO JURÍDICO DIVERSO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 128, FRACCIÓN I, Y 131 DE LA LEY DE AMPARO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2017. · Registro digital (IUS): 27455
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2017-11-17
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo II, Pág. 1514.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. 20 DE JUNIO DE 2017. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS PEDRO PABLO HERNÁNDEZ LOBATO Y FRANCISCO EDUARDO FLORES SÁNCHEZ. DISIDENTE: AGUSTÍN ARROYO TORRES. PONENTE: FRANCISCO EDUARDO FLORES SÁNCHEZ. SECRETARIO: ISRAEL TRINIDAD MURIEL.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Civil del Cuarto Circuito es competente para conocer y resolver de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Ter, fracción I y 55 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en los Acuerdos Generales 8/2015 y 52/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados en Materia Civil de este Cuarto Circuito.

SEGUNDO.-Legitimación del denunciante. La denuncia proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues en el caso fue realizada por la Jueza Primero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO.-Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente plasmar a la letra la parte respectiva de las consideraciones en que se basaron las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, para después proceder a su análisis.

I. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja 47/2017, en sesión de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, en la parte que interesa, determinó:

"CUARTO. Los agravios hechos valer resultan fundados.

"Ante todo, conviene precisar que de los autos se desprende que los actos reclamados derivan del juicio ordinario civil sobre acción reivindicatoria **********, del índice del Juzgado Segundo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, promovido por **********, en su carácter de ********** de la sucesión a bienes de **********, en contra de ********** y **********; en cuya sentencia se declaró procedente la acción, y por auto de dos de marzo de dos mil quince, dicha autoridad ordenó prevenir a la parte demandada para que desocupara y entregara materialmente el inmueble en cuestión.

"Ahora bien, el quejoso, quien ciertamente tiene el carácter de tercero extraño al juicio natural, reclama, esencialmente, que sin ser parte en el juicio natural se le pretende desposeer del bien inmueble materia de ese asunto, que adquirió mediante el contrato de compraventa que celebró con **********, el **********, cuya ratificación ante notario público fue exhibida en copia certificada junto a la demanda de amparo.

"Es decir, el quejoso solicitó la suspensión de los actos desposesorios reclamados, ostentado su derecho real de propiedad y, por ende, de poseedor originario, sobre el bien inmueble que los demandados deben reivindicar a la parte accionante en el juicio natural; ante lo cual el quejoso sostiene, en cuanto al fondo del amparo, que se afectó la garantía de audiencia en su perjuicio.

"En esa medida, resultan esencialmente fundados los agravios formulados, toda vez que dicha prueba documental, valorada en términos de lo dispuesto en el artículo 197 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, acredita que el amparista tiene el derecho a la posesión originaria, de manera que, contrario a lo estimado por el a quo, es eficaz para probar de manera presuntiva el interés suspensional.

"Por ello, ante la probada calidad de poseedor originario de tal inmueble, y por la naturaleza de los actos desposesorios reclamados, esto es, que mediante ellos la autoridad responsable pretende reivindicar a la parte actora del inmueble que el amparista ha demostrado tener la posesión de origen; dicha copia certificada del contrato de compraventa, resulta suficiente para acreditar el interés en la suspensión provisional que nos ocupa, sin que en la especie sea necesario, como lo estimó el a quo, que el quejoso demuestre que actualmente detenta la posesión material, esto es, que real y efectivamente tiene en su poder el bien en cuestión, no obstante su confesión de que en la actualidad la posesión derivada la tiene: ‘la familia de la autora de la sucesión, por un comodato consensual.’

"En efecto, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 96/97, esencialmente que la posesión puede demostrarse en forma indiciaria en la suspensión provisional, ya que ésta no presupone un análisis en cuanto a la calidad de la posesión, es decir, si ésta es originaria, derivada, legítima, ilegítima, de buena fe o de mala fe, porque la finalidad es, solamente, decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado.

"Dicha tesis, que puede consultarse en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, diciembre de 1997, página 23; es del rubro y texto siguientes:

"‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN. EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN.-Cuando se solicita la suspensión provisional señalándose como acto reclamado el desposeimiento de un bien, el Juez de Distrito, atendiendo a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos, pero en acatamiento a lo establecido en el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo, debe constatar si el quejoso demuestra, aunque sea indiciariamente, que tales actos lo agravian. Es verdad que para acreditar la posesión, según criterio generalmente aceptado, la prueba idónea es la testimonial, medio de convicción cuya recepción no es factible en la hipótesis examinada, pero también es verdad que puede acreditarse de manera indiciaria, entre otros elementos, con escritura pública de propiedad, certificación del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, documento privado de contrato de compraventa debidamente inscrito, inmatriculación judicial o administrativa, recibo del impuesto predial a nombre del promovente, contrato de arrendamiento, certificado de derechos agrarios, fe de hechos ante fedatario público y otras probanzas que, por sí solas, no son aptas para acreditar plenamente la posesión y que, por tanto, pueden ser desvirtuadas en la secuela del procedimiento, pero que pueden ser suficientes para conceder la suspensión provisional, ya que el dictado de la medida cautelar no presupone un análisis en cuanto a la calidad de la posesión, es decir, si ésta es originaria, derivada, legítima, ilegítima, de buena fe o de mala fe, porque la finalidad es, solamente, decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado.

"‘Contradicción de tesis 37/97. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito. 4 de noviembre de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Edgar Humberto Muñoz Grajales.

"‘El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecisiete de noviembre en curso, aprobó, con el número 96/1997, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y siete.’

"Criterio jurisprudencial el cual debe conjugarse con la tesis 1a./J. 4/2009, donde la Primera Sala del Máximo Tribunal del País estableció que, tratándose de un tercero extraño al juicio, para tener por demostrado que le agravian los actos de desposesión reclamados, basta con presentar, entre otros documentos, un contrato de compraventa, aunque carezca de fecha cierta, puesto que la suspensión de los actos participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, toda vez que ello configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien.

"Tal jurisprudencia aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, abril de 2009, página 515, que a la letra dice:

"‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE.-Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien.

"‘Contradicción de tesis 101/2008-PS. Entre los criterios sustentados por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y los Tribunales Colegiados Tercero, Cuarto y Décimo Tercero, todos en Materia Civil del Primer Circuito. 26 de noviembre de 2008. Mayoría de tres votos. Disidentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Juan Carlos de la Barrera Vite.

"‘Tesis de jurisprudencia 4/2009. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha tres de diciembre de dos mil ocho.’

"Y en virtud de la apariencia del derecho y el peligro en la demora, cabe mencionar que los artículos 790 y 791 del Código Civil del Estado de Nuevo León , que invoca el recurrente en sus agravios, señalan que la posesión constituye un poder de hecho que se encuentra conformado por dos elementos esenciales, uno objetivo y otro subjetivo.

"El primero se concreta a través de un conjunto de hechos que revelen el ejercicio del poder de hecho sobre la cosa, lo que implica actos materiales de uso, de goce, de transformación, que recaen sobre las cosas y que constituyen el poder sobre ella.

"Y el segundo elemento, como animus, es la intención en el autor de los actos materiales relativos a la cosa de manejarse como titular de esa posesión sea en forma original o por causa derivada, puesto que siempre debe existir el título o acto jurídico generador de ese derecho a poseer.

"En esa medida, resultan fundados los agravios que hace valer el recurrente, toda vez que, para que se demuestre presuntivamente el interés suspensional cuando el quejoso se ostenta como tercero extraño y reclama el desposeimiento de un bien sobre el cual ha demostrado, indiciariamente, ser el propietario, basta con que se justifique el título que configure el elemento subjetivo o intencional que permite al poseedor actuar con el derecho sobre la cosa, esto es, la posesión originaria, en su calidad de propietario; sin necesidad de acreditarse la posesión material de hecho, es decir, la tenencia física del inmueble motivo de la controversia en el juicio natural; puesto que, se reitera, en el caso el quejoso solicita la cautelar para que no se ejecute la reivindicación del inmueble que dice es de su propiedad, y que en el juicio natural no fue oído ni vencido.

"Es aplicable, en la parte conducente, la jurisprudencia P./J. 1/2002, que invoca el recurrente en sus agravios, de rubro: ‘POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS.’

"Consecuentemente, al resultar esencialmente fundados los agravios formulados, y al no existir reenvío, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 de la ley de la materia, procede conceder la suspensión provisional de los actos reclamados, para el efecto de que las cosas se guarden en el estado en que se encuentran, y no sea ejecutada la orden de lanzamiento señalada como acto reclamado.

"Así las cosas, en virtud de la materia de la suspensión, debe cuantificarse el monto de la garantía correspondiente, en función de la afectación al derecho de uso y disfrute de dicho inmueble.

"El artículo 2002 del Código Civil del Estado de Nuevo León, de contenido idéntico a su correlativo 2108 del Código Civil Federal, establece que por daño se entiende la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por el incumplimiento de una obligación.

"Por otra parte, el diverso precepto 2003, del código sustantivo civil del Estado, al igual que en el numeral 2109 de la legislación federal en cita, dispone que se entiende por perjuicio como la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de una obligación.

"En esa medida, debe considerarse que el transcurso del tiempo por sí mismo no disminuye el valor de los inmuebles, ya que es un hecho notorio que en nuestro país, por regla general, esta clase de bienes aumentan su valor con el paso de los años, por tanto, resulta indiscutible que hasta el momento, no se puede inferir la necesidad de garantizar alguna cantidad que por concepto de daños pudiera sufrir el tercero interesado, toda vez que no se acredita que pudiera haber un menoscabo de su patrimonio.

"Sin embargo, debe considerarse que con la concesión de la suspensión provisional pudieran ocasionarse perjuicios a la parte tercero interesada, al no poder contar con la posesión material del bien inmueble en litis sobre el cual la parte quejosa solicita la suspensión, precisamente para no ser desposeída del mismo.

"Ello implica que la parte tercero interesada dejará de percibir, al menos, los frutos civiles que dicho inmueble sería capaz de producir por el tiempo probable que dure el trámite del juicio de garantías del que deriva el incidente de suspensión; frutos civiles que pueden identificarse con el importe de las rentas del citado bien, según se desprende de los artículos 884, fracción III, y 890 del Código Civil del Estado.

"Así, deben cuantificarse los perjuicios en función de la afectación del derecho de uso y disfrute del inmueble a reivindicar, que está ubicado en Calle **********, Colonia **********, en Monterrey, Nuevo León; y dado que la ley no otorga parámetro o fuente a la cual se pueda acudir para obtener la cantidad por la cual es susceptible de generar renta un inmueble, por lo que en el caso cobra aplicación lo dispuesto en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo que dispone:

"‘Artículo 210-A. Se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología. Para valorar la fuerza probatoria de la información a que se refiere el párrafo anterior, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada, y en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta.’

"Así las cosas, es permisible acudir al uso del Internet para obtener el monto de rentas y para ello se consulta la página electrónica del medio informativo www.elnorte.com, sección ‘Avisos de Ocasión’, así como los sitios: www.inmuebles24.com, y www.propiedades.com; en las que se oferta, entre otras cosas, bienes raíces para compraventa o arrendamiento en esta localidad, lo que a juicio de este tribunal resulta parámetros idóneos para presumir el monto de una renta mensual, pues es un hecho de conocimiento común que gran parte de la población acude a estos medios informativos como referencia para conocer el valor de las rentas en los distintos sectores del área urbana.

"Luego, al consultar dichos sitios de Internet, se obtiene que la renta que generan los inmuebles habitacionales en la zona de la colonia ********** en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, donde se ubica la vivienda materia del juicio natural (cuyo lote tiene una superficie de 240 metros cuadrados, según se desprende del contrato de compraventa respectivo), oscila entre $3,600.00 (tres mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), y $11,000.00 (once mil pesos 00/100 M.N.), mensuales.

"En el entendido de que la colonia en que se ubica dicha finca, se encuentra situada en una zona de carácter comercial e industrial, donde principalmente se localizan bodegas, locales comerciales y naves industriales.

"Así las cosas, y en razón de que en el particular la garantía debe otorgarla el quejoso que demostró, indiciariamente, ser el propietario de la finca de mérito, en uso de una fórmula justa y equitativa, en el caso debe establecerse un promedio entre dicho precio mínimo y el máximo investigados, para fijar un valor de renta por un monto más cercano al menor precio.

"De tal suerte, si el promedio entre ambos precios es de $7,300.00 (siete mil trescientos pesos 00/100 M.N.), el valor más cercano al mencionado precio menor se establece en $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N.), lo que se considera como la renta mensual del inmueble que el quejoso ostenta tener en propiedad.

"Ahora bien, de acuerdo con los parámetros mencionados en la jurisprudencia 1a./J. 46/2012 (10a.), invocada al respecto por el a quo, de rubro: ‘GARANTÍA PARA LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO INDIRECTO. PLAZO TENTATIVO PARA EL CÁLCULO DEL TIEMPO DE DURACIÓN DEL JUICIO CUANDO SEA NECESARIO PARA FIJAR EL MONTO DE LA CAUCIÓN.’; a fin de fijar la garantía, es menester atender a los datos estadísticos de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, respecto del tiempo promedio de resolución de los juicios de amparo indirecto en ambas instancias.

"Es cierto que para aproximarse al perjuicio que pudieran causarse al tercero perjudicado por el otorgamiento de la medida suspensional, deba estimarse un tiempo aproximado para la resolución del juicio, cuestión que constituye precisamente una de las eventualidades que el legislador no puede conocer de antemano y que le impiden establecer un término que aplique a todos los casos, pues no todos los asuntos son iguales ni revisten la misma complejidad, y no todos los órganos jurisdiccionales se encuentran en iguales circunstancias ni sujetos a las mismas contingencias.

"Por igual razón, tampoco puede establecerse mediante jurisprudencia un plazo predeterminado fijo en cuanto al tiempo estimado para la resolución de los juicios de amparo indirecto, aun cuando se trate de órganos jurisdiccionales de la misma materia pertenecientes al mismo circuito, pues son variables las circunstancias específicas de cada uno, por sus condiciones de eficiencia y operatividad, cargas de trabajo y rezago que presenten, eso sin contar las características particulares de los asuntos.

"Resulta entonces, que existe una imposibilidad práctica para establecer un plazo inmutable para la tramitación y resolución de los juicios de amparo indirecto; sin embargo, ello no implica que no pueda fijarse un plazo tentativo, sin que con esto se ignore la posibilidad de que en ocasiones fuera excesivo o insuficiente, dejando a la discreción del juzgador la posibilidad de ampliarlo o disminuirlo en cada caso concreto, atendiendo a las circunstancias particulares del asunto y a las circunstancias de los órganos jurisdiccionales respectivos.

"Criterio jurisprudencial que se advierte de la tesis número 1a./J. 46/2012 (10a.), visible en la página 363, Libro XI, agosto de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que textualmente dice:

"‘GARANTÍA PARA LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO INDIRECTO. PLAZO TENTATIVO PARA EL CÁLCULO DEL TIEMPO DE DURACIÓN DEL JUICIO CUANDO SEA NECESARIO PARA FIJAR EL MONTO DE LA CAUCIÓN.-Atento a lo dispuesto en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, la suspensión del acto reclamado en el amparo indirecto está condicionada a que la quejosa otorgue una garantía bastante para reparar la posible afectación patrimonial que con dicha figura jurídica se pudiera causar al tercero perjudicado en el caso de que no se obtenga una sentencia protectora, y para ello puede resultar necesario calcular, en cada caso, un plazo probable para la tramitación y resolución del juicio, ello ante la imposibilidad de previsión legal y jurisprudencial de fijar un plazo fijo, pues no todos los asuntos revisten el mismo grado de dificultad y no todos los órganos jurisdiccionales se encuentran en iguales condiciones de operatividad. Sin embargo, tal imposibilidad no implica que no pueda establecerse un plazo tentativo que derive de un parámetro objetivo, constituido éste por los resultados de operatividad de los órganos jurisdiccionales, pues con tales resultados puede calcularse el tiempo promedio de resolución de los amparos indirectos en una época y en un Circuito determinados. En ese entendido, debe atenderse a los datos estadísticos que maneja la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, respecto del tiempo promedio de resolución de los juicios de amparo indirecto en ambas instancias, y a fin de fijar el plazo en meses calendario, por ser ésta la costumbre en la práctica judicial en este tema, procede dividir esa cantidad entre treinta, que son los días promedio que tienen los meses del año, lo que dará un total calculado en meses, que serán los que deben considerarse como plazo tentativo para la conclusión del juicio, y la estimación de si ese plazo es adecuado, insuficiente o excesivo para cada caso particular, es parte de la facultad de quien decida sobre la suspensión, facultad que deberá ejercerse de manera adecuada, racional y lógica, con base en una apreciación de las circunstancias propias del caso concreto, atendiendo -entre otros- a la naturaleza de la violación y a las características intrínsecas del asunto, como lo son la dificultad jurídica y la complejidad de los temas que involucra; si han sido abordados previamente o si son novedosos.’

"Ahora bien, a efecto de calcular el monto de la garantía impuesta en tratándose de las resoluciones de los asuntos planteados en la vía indirecta, debe atenderse a las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se actualicen al momento de emitir la medida suspensional, para lo cual, debe considerarse los datos estadísticos que se desprendan de los informes de labores de los Órganos Jurisdiccionales Federales, tales como el tiempo promedio que tardan en resolverse los amparos en el Circuito Judicial correspondiente, o bien, las cargas de trabajo que existan conforme a la materia que corresponda el asunto.

"Al respecto, deviene ilustrativa la jurisprudencia emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (que este Colegiado comparte), visible en la página 1909, Tomo XXXIV, julio de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que reza:

"‘SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL CÁLCULO DEL TIEMPO PROBABLE DE SOLUCIÓN DEL JUICIO QUE SE CONSIDERA PARA LA FIJACIÓN DE LA GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS AQUÉLLA, DEBE APOYARSE EN LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR QUE SE ACTUALIZAN AL EMITIRSE LA MEDIDA.-Es erróneo fijar el monto de la garantía para que surta efectos la suspensión del acto reclamado en amparo directo, a partir de un lapso previamente establecido como probable para la solución del juicio constitucional. El cálculo de dicho lapso debe atender a las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se actualicen al momento de emitir la medida suspensional, para lo cual la autoridad responsable ha de considerar los datos estadísticos que se desprendan de los informes de labores de los órganos jurisdiccionales, tales como el tiempo promedio que tardan en resolverse los amparos en el circuito judicial al que aquélla se encuentra adscrita o las cargas de trabajo que existan conforme a la materia que corresponda el asunto, así como las particularidades que cada caso pudiera presentar como, por ejemplo, la posibilidad de que contra la ejecutoria de amparo se promueva revisión, por contener planteamientos de inconstitucionalidad de leyes o que de manera evidente se advierta dificultad para emplazar a la parte tercera perjudicada, habida cuenta que estos aspectos repercuten directamente en el tiempo de solución del juicio de amparo y, por ende, en la fijación de una garantía efectiva.’

"Inclusive, es posible consultar los lineamientos establecidos, en la siguiente dirección electrónica: http://www.dgepj.cjf.gob.mx/.

"Así es, la información que proporciona la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, a través de su página oficial se encuentra actualizada hasta el año dos mil quince, lo cual permite contar con un parámetro objetivo, a efecto de calcular el tiempo promedio de resolución de los amparos indirectos que se tramitan en este Cuarto Circuito.

"De la consulta de dicho sitio electrónico, se desprende que el número máximo de días que transcurren desde el ingreso del asunto hasta la fecha de emisión de la sentencia en los Juzgados de Distrito en Materia Civil es de 109.32, mientras que la mínima es de 83.74, por lo que, en todo caso se debe atender al de mayor tiempo de duración.

"Sin embargo, también debe considerarse para ese cálculo de días, la impugnación contra la sentencia emitida en los amparos indirectos, ya que la suspensión tiene por objeto mantener viva la materia del amparo e impedir que se consuma, en perjuicio del agraviado, una violación de garantías, mientras se resuelve el juicio en cuanto al fondo, y mientras ésta cause ejecutoria.

"Luego, al máximo de días -109.32- en que se resuelven los amparos indirectos en materia civil, en este circuito; debe sumarte (sic) el número de días máximos en que se resuelven los recursos de revisión interpuestos contra las sentencias dictadas en los juicio de amparo indirecto, en el caso, en el Cuarto Circuito, en asuntos de Materia Civil, cuya máxima corresponde a 193.01, y la mínima es de 132.98 días, donde también debe atenderse al de mayor duración.

"En ese sentido, de la suma de ambos períodos máximos de días (109.32 y 193.01), para el caso donde se interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en los juicios de amparo indirecto, se obtiene que tales asuntos estadísticamente se resuelven, en tentativa, en 302-trescientos dos días.

"Así las cosas, establecido previamente que los frutos civiles que la parte tercero interesada podría dejar de recibir por la renta mensual de dicho inmueble que el quejoso ostenta tener en propiedad, ascienden a la cantidad de $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N.), mensuales; y en virtud de que el juicio de amparo podría resolverse en 302-trescientos dos días, lo que implica que ello ocurriría en 10 meses (al dividir tales días entre treinta, que son los días que regularmente tiene un mes), resulta en el monto de $45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), el cual se fija como garantía que el quejoso debe otorgar en el particular, a efecto de que la suspensión continúe teniendo efectos, ante la Juez de Distrito, y dentro de los cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que tenga por recibido el testimonio de la presente ejecutoria.

Consecuentemente, al resultar fundados en una parte los agravios hechos valer, lo procedente es declarar fundado el recurso."

II. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el incidente en revisión 142/2015, en sesión de quince de julio de dos mil quince, en la parte conducente determinó lo siguiente:

"QUINTO.-Postura de la inconforme. En su escrito de agravios, la recurrente manifiesta que al negársele la suspensión de los actos reclamados, la a quo no hizo un exacto y debido estudio de (sic) expuesto en la demanda de garantías y en el escrito de pruebas y alegatos, toda vez que en ellos manifestó claramente que es tercero extraña al procedimiento de origen y que tiene la posesión material del inmueble cuya desposesión reclamó; lo que dice acreditó con la copia de la escritura pública n

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27455-a09cfcc1/suspension-en-el-juicio-de-amparo-indirecto-debe · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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