Corpus
Modo: Corpus Pro

AMPARO INDIRECTO. LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 48/2016 (10a.) DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE PREVÉ SU IMPROCEDENCIA, ES INAPLICABLE CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA OMISIÓN DE TRAMITAR Y RESOLVER, DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES, EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LAS DETERMINACIONES EMITIDAS EN EL JUICIO DE NULIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2017. · Registro digital (IUS): 27398
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2017-10-20
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo III, Pág. 1380.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. 6 DE JUNIO DE 2017. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARIO GALINDO ARIZMENDI, IRINEO LIZÁRRAGA VELARDE, CON EL VOTO DE CALIDAD DEL MAGISTRADO JORGE PÉREZ CERÓN (PRESIDENTE). DISIDENTES: MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ TORRES, JUAN CARLOS AMAYA GALLARDO Y JESÚS ENRIQUE FLORES GONZÁLEZ. PONENTE: JESÚS ENRIQUE FLORES GONZÁLEZ. ENCARGADO DEL ENGROSE: JUAN CARLOS AMAYA GALLARDO. SECRETARIO: JORDI ISMAEL MUÑOZ JUÁREZ.

Mazatlán, Sinaloa. Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, correspondiente a la sesión de seis de junio de dos mil diecisiete.

RESULTANDO:

PRIMERO.-Mediante escrito recibido el veinte de diciembre de dos mil dieciséis, el licenciado **********, en su carácter de autorizado legal de los quejosos, dentro de los recursos de queja 170/2016 y 201/2016, denunció la posible contradicción de criterios sostenidos, respectivamente, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, en el recurso de queja 170/2016 y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito en el recurso de queja 201/2016. (fojas 2 a 15)

SEGUNDO.-Previo requerimiento, por acuerdo de fecha diecisiete de enero de dos mil diecisiete, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, admitió a trámite la contradicción de tesis y la registró con el número 1/2017. Asimismo, solicitó a las presidencias de los tribunales contendientes que remitieran vía electrónica, las sentencias donde se sustentaron los criterios discrepantes; así como la copia certificada de dichas sentencias, de los escritos de demanda de amparo y de los autos impugnados en queja, que dieron origen a la contradicción de criterios propuesta; por último, les pidió que informaran si el criterio sustentado en los asuntos respecto de los cuales se denunció la contradicción, se encontraba vigente o, en su caso, la razón para tenerlo por superado o abandonado. (fojas 48 y 49)

TERCERO.-En auto de ocho de febrero de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido el oficio CCST-X-68-02-2017, a través del cual la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo del conocimiento de este Pleno de Circuito que, como fue informado por la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis radicada en la Suprema Corte en la que el punto a dilucidar guardara relación con el tema objeto de esta contradicción de tesis. (foja 106)

CUARTO.-Integrado que fue el expediente relativo, por auto de seis de marzo de dos mil diecisiete se turnó oficialmente el asunto al Magistrado Jesús Enrique Flores González, para efectos de la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. (foja 158)

QUINTO.-En la sesión de seis de junio de dos mil diecisiete, en virtud de que no se estuvo de acuerdo con el proyecto de resolución propuesto por el Magistrado Jesús Enrique Flores González se determinó que el engrose del presente asunto quedara a cargo del Magistrado Juan Carlos Amaya Gallardo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Este Pleno en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015, dictado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de febrero de dos mil quince, en virtud de que las ejecutorias -de las cuales deriva la denuncia de contradicción de tesis- fueron emitidas por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Circuito.

SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis, proviene de parte legítima, en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el autorizado de los quejosos en los juicios de amparo de los que derivan los recursos de queja que contienen los criterios discrepantes.

TERCERO.-A fin de estar en aptitud de resolver lo conducente, es preciso tener en cuenta, en la parte que interesa, las consideraciones que sustentan las ejecutorias pronunciadas por los órganos colegiados que participan en la presente contradicción de tesis.

I. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, en la sentencia que pronunció el veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, al resolver el recurso de queja 170/2016, interpuesto por el autorizado de la quejosa **********, emitió su criterio en los siguientes términos:

"A fin de expresar las razones por las que se estima que, en atención a la causa de pedir, deben declararse fundados los anteriores agravios, en principio, es conveniente precisar que de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable -Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa- se hizo consistir en la omisión de admitir, tramitar y resolver dentro de los plazos y términos establecidos en los artículos 113 BIS y 114 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, el recurso de revisión interpuesto por la propia quejosa en contra de la sentencia dictada en el juicio de nulidad **********.

"A su vez, en el capítulo de antecedentes de los actos reclamados, la parte quejosa expuso lo siguiente:

"‘IV. Antecedentes.

"‘Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que el día viernes 15 de julio de 2016, me presenté en las oficinas de la responsable Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, donde no se exhibe ninguna lista de acuerdos de las sesiones ordinarias que contenga la admisión y mucho menos la resolución del recurso de revisión promovido por la suscrita en contra de la sentencia dictada en el juicio principal **********, y tampoco he recibido hasta hoy notificación alguna de las responsables en que se me comunique dicha resolución; omisión de las autoridades responsables, cuyos hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos que se reclaman, son los mismos que a continuación de mencionan:

"‘Hechos

"‘1) Que mediante acuerdo de fecha 30 de noviembre de 2010, se admitió a trámite el juicio ********** promovido por el C. ********** ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Estado de Sinaloa, señalando a la suscrita como tercero interesado.

"‘2) Que el día 30 de marzo de 2016 fue notificada a mi autorizado legal la sentencia de fecha 11 de marzo de 2016, mediante la cual se sobresee en el juicio de nulidad **********.

"‘3) Que el día 21 de abril de 2016 promoví recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el juicio de nulidad **********; según como se desprende de las constancias que integran el expediente, por lo que el Magistrado de la Sala Regional, remitió los autos del expediente a la Sala Superior para el trámite y resolución del recurso de revisión mencionado.

"‘4) Que a pesar de que desde el día 9 de mayo de 2016 la Sala Superior recibió el expediente con el recurso de revisión promovido por la suscrita, así como recursos promovidos por otras partes del juicio, a la fecha de la presente demanda, no ha sido notificada a la quejosa ningún acuerdo en el cual la Sala Superior admita o deseche los recursos de revisión promovidos, y mucho menos que dicte la resolución correspondiente, no obstante que de conformidad con los artículos 113, 113 BIS y 114 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, ya debería haberse dictado incluso la resolución en dichos recursos de revisión.

"‘5) Que el día viernes 15 de julio de 2016, me presenté en las oficinas de la autoridad responsable, Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, donde me percaté de que a pesar de que dicha autoridad está obligada a llevar a cabo sesiones ordinarias cada viernes, aun a la fecha no se exhibe ninguna lista de acuerdos que contenga la resolución del citado recurso de revisión y asimismo, tampoco he recibido hasta hoy notificación alguna de la responsable en que se me comunique dicha resolución, y ni siquiera su admisión o desechamiento, dilación que ocasiona perjuicios al quejoso.

"‘6) Que la omisión de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso, obedece a que en forma injustificada no ha cumplido con la atribución que le impone el artículo 15, fracción V, del reglamento interior de dicho tribunal, esto es, no ha llevado a cabo las sesiones ordinarias de cada viernes como la obliga dicho precepto, omisión que trae como consecuencia la dilación en el caso del quejoso, violando mi derecho de acceso a la justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional.

"‘7) Que hasta el día de hoy, fecha en que se interpone la presente demanda de garantías, reitero que la autoridad responsable ha omitido tramitar el recurso de revisión dentro de los plazos, términos previstos en los artículos 113, 113 BIS y 114 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, con lo que viola en agravio de la quejosa el derecho humano de acceso efectivo a la justicia que establece el artículo 17, de la Constitución Federal de la República, toda vez que el procedimiento del juicio principal, se encuentra suspendido por virtud de la interposición del mencionado recurso de revisión, quedando la quejosa en estado de indefensión.’ (fojas 18 a la 20 del toca)

"Ahora bien, el contenido del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, es del tenor literal siguiente:

"‘Artículo 107. El amparo indirecto procede:

"‘...

"‘V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

"‘...’

"Del precepto transcrito, se colige que el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

"Por tanto, quedan excluidos del concepto de imposible reparación, todos aquellos actos de naturaleza procesal y, por ende, están fuera de la procedencia del juicio de amparo indirecto.

"En el caso a estudio no puede establecerse categóricamente que el acto reclamado ya precisado, sólo afecta derechos adjetivos o procesales, toda vez que la omisión que atribuye la parte quejosa a la sala responsable, en cuanto a la falta de acordar si admite o desecha el recurso de revisión que interpuso en contra del fallo de primer grado, y resolver el aludido recurso, es susceptible de afectar derechos sustantivos relativos al derecho de acceso a la jurisdicción y debido proceso, tutelados por el artículo 17 constitucional.

"En efecto, el hoy recurrente argumenta que el caso concreto se sitúa en los casos de excepción aludidos en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), invocada por el Juez Federal en el auto recurrido.

"Tal jurisprudencia es del tenor siguiente:(1)

"‘AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como «irreparables» deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una «omisión» autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente.’

"De dicha jurisprudencia, se desprende que, por regla general, cuando un particular controvierte exclusivamente una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, por lo que el juicio de amparo indirecto es improcedente.

"Empero, el más Alto Tribunal también sostuvo en dicha jurisprudencia, como excepción a esa regla, que el Juez de amparo, advierta del contenido de la propia demanda, que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en esos casos el juicio será procedente.

"Asimismo, en la diversa jurisprudencia 2a./J. 8/2004, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció criterio en el sentido de que la omisión de dictar resolución dentro de los plazos y términos dispuestos por la ley, puede constituir una paralización del procedimiento que dé lugar a la existencia de una violación que incida en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, al diferir la resolución del juicio, con lo que se pudiera afectar de manera directa e inmediata el derecho sustantivo a la impartición de justicia contenido en el artículo 17 constitucional, ya que aun cuando la sentencia que se dictara en el fondo del asunto fuera favorable al quejoso, la violación ya no podría ser reparada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo.

"La referida jurisprudencia es del tenor siguiente:(2)

"‘LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.-El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis de jurisprudencia P./J. 24/92, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 56, agosto de 1992, página 11, que los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, son impugnables ante el Juez de Distrito en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, debiéndose entender que producen «ejecución irreparable» los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Por otra parte, el propio Tribunal Pleno precisó en la jurisprudencia P./J. 113/2001 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 5, que el artículo 17 constitucional garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos, entre los que se encuentra el acceso efectivo a la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita mediante el cumplimiento por parte de la autoridad jurisdiccional de los plazos y términos dispuestos por la ley. En ese orden, la omisión de pronunciar el laudo, a pesar de haber transcurrido el plazo previsto en los artículos 885 a 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues con ello se difiere la resolución del juicio, aun cuando el laudo que en el fondo del asunto llegare a emitirse resultara favorable a sus intereses, ya que la violación a la garantía individual no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo y, por ende, la vía para la impugnación de aquella omisión es el amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el efecto vinculatorio de la sentencia concesoria será obligar a la Junta a obrar en el sentido de respetar la garantía violada emitiendo el laudo relativo.’

"Criterio que continúa vigente ya que es acorde a la connotación que el legislador aportó en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, respecto del significado jurídico de los actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al disponer que por éstos se entienden los que afectan materialmente derechos sustantivos, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

"Al respecto, cabe acotar que no pasa inadvertido que la aludida jurisprudencia surgió del análisis de la omisión de dictar laudo a la luz de lo establecido en la legislación laboral federal; empero, se invoca en el presente estudio por la precisada razón esencial que sostiene, esto es, que la omisión de dictar la resolución correspondiente en un juicio, a pesar de haber transcurrido el plazo legal para ello, es un acto de imposible reparación impugnable en amparo indirecto.

"Así, este Tribunal Colegiado estima que, en el caso a estudio, probablemente podrían resultar aplicables las jurisprudencias en comentario y, con ello, sería procedente el amparo indirecto de que se trata, por lo que la causa de improcedencia con base en la que el Juez de Distrito desechó la demanda, no resulta ser manifiesta ni indudable, ya que el acto reclamado puede dar lugar a una dilación indefinida del procedimiento o su paralización total.

"En efecto, de lo expuesto en la demanda de amparo, se advierte que la ahora quejoso manifestó, bajo protesta de decir verdad, que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, no ha resuelto si procede o no admitir el recurso de revisión que interpuso en contra de la sentencia dictada en la primera instancia del juicio de nulidad **********, y que dicha autoridad responsable mucho menos ha dictado la resolución correspondiente.

"Bajo ese tenor, se puede concluir que, contrario a lo que sostuvo el Juez de Distrito, el acto que reclama la parte quejosa a la autoridad señalada como responsable, consistente en la omisión de admitir, tramitar y resolver el aludido recurso de revisión, puede dar lugar a una dilación indefinida del procedimiento o su paralización total y, por ello, pudiera ocasionarse una transgresión al derecho de acceso a la jurisdicción y debido proceso, consagrados en el artículo 17 constitucional, con lo cual, precisamente, se actualizaría el supuesto de excepción a que se refiere la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.).

"Sin que pase inadvertido para este Tribunal Colegiado, que uno de los argumentos por los que el Juez de Distrito, estimó actualizada la causal de improcedencia que invocó, obedece a que de las manifestaciones vertidas por la quejosa, bajo protesta de decir verdad, se advierte que el recurso de revisión se recibió ante la autoridad responsable el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y la demanda se presentó el día veintidós de julio siguiente; sin embargo, para desechar de plano una demanda de amparo, debe advertirse algún motivo que haga notoria e indudable la improcedencia del juicio.

"Por tanto, este tribunal considera que con los elementos con los que se cuenta en este momento no es posible determinar que el juicio de amparo promovido por el recurrente es improcedente, pues para ello, es indispensable corroborar, por ejemplo, a partir de qué fecha la autoridad responsable está constreñida, a admitir el recurso o bien, dictar la sentencia respectiva, así como si desde ese momento hasta la fecha en que se presentó la demanda de amparo había transcurrido en exceso el plazo legal que tiene para admitir el recurso o emitir el fallo con que culmine el procedimiento, y de esa forma determinar si la conducta omisiva atribuida a la autoridad responsable se traduce en una paralización del procedimiento y, por tanto, afecta materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa.

"De ahí, que al resultar probable la aplicación de las referidas jurisprudencias al caso concreto y, con ello, procedente el amparo indirecto de que se trata, se considera que la causa de improcedencia invocada por el Juez de Distrito no resulta ser manifiesta ni indudable para justificar el desechamiento de la demanda de amparo.

"En ese sentido, cabe destacar que debe entenderse por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por ‘indudable’, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que resulta.

"De ahí que, para desechar de plano una demanda de amparo, debe advertirse algún motivo que haga notoria la improcedencia del juicio, además, debe existir certeza de que ese motivo es cierto; por tanto, es válido sostener que si existe duda con relación a la procedencia del juicio, el juzgador debe admitir la demanda y seguir el trámite correspondiente, para brindar a la parte quejosa, la oportunidad de ofrecer elementos de convicción tendentes a demostrar la procedencia de su acción constitucional, ya que la conclusión de desechamiento es de aplicación estricta, debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento relativo a la existencia de una causa de improcedencia del juicio de amparo con posterioridad.

"Consecuentemente, es válido colegir que no debe desecharse una demanda de amparo, mediante el estudio de cuestiones que entrañen un análisis exhaustivo, para verificar si se actualiza o no alguna causal de improcedencia del juicio, ya que el auto inicial por el que se admite o se desecha una demanda, reviste el carácter de mero trámite, en el que no se pueden esbozar consideraciones que impliquen el análisis concienzudo de diversos tópicos con relación a la procedencia del juicio, puesto que dicho análisis es propio de la sentencia.

"Por tanto, se debe dar oportunidad a la parte quejosa para que en el transcurso del procedimiento, en su caso, mediante las pruebas correspondientes, se obtenga la totalidad de medios de convicción para pronunciarse en consecuencia, mediante la ponderación de la totalidad de datos necesarios para tales efectos.

"Apoya a lo expuesto, la tesis 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de dos mil dos, de rubro y texto siguientes:

"‘DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.-El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por «manifiesto» lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por «indudable», que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.’

"En esas condiciones, lo que procede es declarar fundado el recurso de queja, para el efecto de que el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, provea nuevamente sobre la demanda de amparo y de no advertir diversa causa de improcedencia manifiesta e indudable, proceda a su admisión."

II. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del citado circuito, al resolver el recurso de queja 201/2016, interpuesto por el autorizado de **********, en sesión de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, determinó lo que a continuación se señala:

"Los agravios reseñados son infundados. Conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

"Sobre el particular, en la ejecutoria de la que derivó la tesis en la que el juzgador de amparo apoyó su conclusión,(3) la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo, en resumen:

"• El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aclaró que, a partir de la entrada en vigor de la actual Ley de Amparo, para que los actos dictados dentro de juicio o de un procedimiento jurisdiccional puedan connotarse como de imposible reparación, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas.

"• De tal suerte que, dijo el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos ‘que afecten materialmente derechos’, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos ‘derechos’ afectados materialmente revistan la categoría de ‘sustantivos’, expresión opuesta a los derechos de naturaleza ‘formal o adjetiva’ (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva).

"• Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a ‘derechos sustantivos’, aunado a la naturaleza ‘material’ de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de ‘formal o adjetiva’.

"• Así, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimien

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27398-e816704d/amparo-indirecto-la-jurisprudencia-2a-j-48-2016 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.