LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 48/2016 (10a.)].
QUEJA 5/2017. 15 DE FEBRERO DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ALEJANDRO LÓPEZ BRAVO. SECRETARIO: ROGELIO ACEVES VILLASEÑOR.
CONSIDERANDO:
NOVENO.-Estudio del recurso de queja. El análisis de los motivos de disenso que se plantearon, permite realizar las siguientes consideraciones:
En principio, conviene precisar que el recurso de queja es promovido por el autorizado de la parte trabajadora y, por ende, es susceptible de suplir la deficiencia de la queja a su favor, en términos de la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo, pues ello rige aun ante la ausencia total de conceptos de violación o de agravios en la demanda de amparo, directo o indirecto, o en el recurso correspondiente.
En cuanto a este punto es aplicable, por las razones que la integran, la jurisprudencia 2a./J. 39/95,(1) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en su rubro dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS."
A. Consideraciones respecto a la existencia de la causal de improcedencia que se invoca en el acuerdo recurrido. Cabe precisar que de la demanda de amparo se advierte que se reclamó del **********, la falta de dictado del proyecto de resolución en forma de laudo, dentro del juicio laboral **********, toda vez que -dice la quejosa- desde el pasado tres de agosto de dos mil doce, se presentaron todos los medios de convicción y, posteriormente, fueron desahogados en su totalidad, por lo que hasta la fecha de presentación de la demanda no se había dictado el proyecto de resolución en forma de laudo correspondiente. (fojas 2 y 3 del juicio de amparo)
En ese sentido, este órgano colegiado estima que fue incorrecta la determinación del acuerdo recurrido en cuanto a desechar de plano la demanda de amparo.
En efecto, en el referido auto impugnado se advierte que el Juez del conocimiento desechó de plano la demanda de amparo, al estimar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo en vigor; este último aplicado a contrario sensu, lo cual según se precisó en el referido auto, el acto reclamado no era de ejecución irreparable, porque se trataba de una dilación procesal que no afectaba derechos sustantivos, aun cuando se alegaran violaciones a los artículos 8, 14 y 17 constitucionales.
Asimismo, estimó el Juez Federal que el acto omisivo de que se duele el quejoso es de carácter adjetivo y que no existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total.
Ahora bien, en el caso, resulta oportuno señalar que uno de los cuestionamientos resueltos en la contradicción de tesis que dio origen a los criterios jurisprudenciales 1a./J. 8/2015 (10a.) y 1a./J. 7/2015 (10a.), invocados por el juzgador en su auto recurrido, de títulos y subtítulos: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA." y "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA).", emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consistió en determinar si era posible que el particular reclamara en forma autónoma el derecho de petición contenido en el artículo 8o. constitucional, cuando aquél está dentro de un procedimiento material y/o formalmente jurisdiccional.
La respuesta fue en sentido negativo. El argumento toral de lo anterior, se hizo consistir en que aun cuando la Constitución regula diversos supuestos mediante los cuales el particular puede entrar en contacto con el Estado, debe atenderse al que regula de manera integral su situación.
Así, se estableció que el derecho de petición regula, de forma genérica, las obligaciones de la autoridad frente a las solicitudes del particular con la finalidad de obtener respuesta. No obstante, los artículos 14 y 17 constitucionales también regulan, aunque de manera específica, el actuar de la autoridad ante peticiones de los particulares, dependiendo si se trata de procedimientos jurisdiccionales o administrativos seguidos en forma de juicio, siendo esos preceptos constitucionales los aplicables para dar respuesta a las solicitudes, al haber sido el particular el que se sometió a ese régimen para entrar en contacto con la autoridad.
De esa manera, se concluyó que el derecho como género previsto en el artículo 8o. constitucional, pretende que a la petición ante una autoridad le recaiga una respuesta en breve término.
En cambio, los artículos 14 y 17 constitucionales prevén el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento y el derecho de acción como especie del derecho de petición, mediante los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan las pretensiones deducidas de manera completa y congruente con lo solicitado, pues esto constituye el objeto del proceso.
Entonces -añadió la referida Primera Sala-, si dentro de un procedimiento material o formalmente jurisdiccional, el gobernado promueve o insta al órgano del conocimiento para que resuelva una petición sometida a su consideración, su proceder debe regirse por los derechos al debido proceso y el derecho de acción de los artículos 14 y 17 constitucionales.
Asimismo, el Alto Tribunal precisó que lo anterior no dejaba de estar vinculado con lo dispuesto por el artículo 8o. constitucional, en cuanto a su obligación de hacer saber a los solicitantes o peticionarios, en un lapso corto, todos los trámites y acciones llevadas a cabo en relación con sus peticiones, de conformidad con los principios de universalidad e interdependencia de los derechos humanos.
De esa manera, se expuso que los derechos consagrados en los diversos 8o., 14 y 17 de la Carta Magna regulaban cuestiones distintas (derecho de petición, el debido proceso y el derecho de acción), empero, debían entenderse de manera armónica de acuerdo a su finalidad, sin que ello implicara dejar de proteger al particular frente al acto de autoridad, y se concluyó con lo siguiente:
"Entonces, si bien resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de forma autónoma la transgresión reclamada en relación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (derecho de petición), cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento materialmente jurisdiccional e incluso cuando la autoridad sea parte en el procedimiento, puesto que las reglas que rigen ese tipo de procedimientos son las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, ello no impide que conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia la autoridad esté obligada a analizar los derechos de forma armónica y como una unidad, para resolver de mejor forma el planteamiento que formula el particular.
"A mayor abundamiento, debe tomarse en cuenta que los procedimientos jurisdiccionales y los seguidos en forma de juicio se rigen conforme a los plazos y términos establecidos en las leyes secundarias, ya que mediante la actividad legislativa ordinaria se logra una correcta aplicación y ejercicio por parte de los gobernados de lo previsto en los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de establecer las situaciones particulares y concretas, a la luz de los principios enunciados en el texto constitucional.
"Esto es, a través de la legislación secundaria se realiza el desarrollo, inclusive ampliación, a favor de los habitantes del país de los preceptos que consagran los derechos fundamentales, ejercicio que debe realizarse sin anular esos derechos, sino que por el contrario, debe desarrollarlos y ampliar su contenido, siempre y cuando ese ulterior desarrollo o ampliación no pugne con el espíritu constitucional que los creó.
"Por tanto, ante la existencia de una norma secundaria que desarrolla de mejor forma la obligación de respuesta de las autoridades, no es dable que se impugne su violación de manera autónoma, ya que el plazo, términos y modalidades bajo los cuales se regirá el actuar de la autoridad ante la cual se elevó la petición, serán conforme a lo establecido por la norma secundaria y la autoridad deberá verificar en todo momento que se atienda de la mejor forma posible la solicitud del particular. De estimar lo contrario, podría suceder que la contestación, aun cumpliendo con los lineamientos constitucionales, no resuelva de mejor forma lo planteado, por no actuar conforme a la legislación ordinaria.
"Así, la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede reclamarse de forma autónoma a lo previsto en los diversos preceptos constitucionales ni legales, cuando el particular se encuentre dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, pues el actuar de la autoridad debe determinarse en atención a la situación jurídica en la que se encuentre dicho particular, sin que ello impida el estudio de forma indivisible e interdependiente de los derechos que regulan la referida situación."
Por otra parte, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, en que el Juez Federal, básicamente, se apoyó para arribar a la conclusión de desechar la demanda en cuestión, establece:
"AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como ‘irreparables’ deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una ‘omisión’ autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." (Lo subrayado es de este órgano colegiado)
De lo anterior se puede advertir que el Alto Tribunal estimó que en los casos en que se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro de él.
Asimismo, consideró la referida Segunda Sala, que pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional. Sin embargo, señaló que debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta.
Por otra parte, refirió el Alto Tribunal, que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta.
Por tanto, concluyó que el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o la paralización total del mismo, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción.
De todo lo anterior, es dable concluir que el acto reclamado en el juicio de amparo que se revisa, consistente en la omisión de dictar el proyecto de resolución en forma de laudo, atribuido a las autoridades laborales señaladas como responsables, sí es un acto dentro del procedimiento laboral.
No obstante lo anterior, este Tribunal Colegiado de Circuito estima que en el presente asunto, en el que se reclama la falta de emisión del proyecto de resolución en forma de laudo en el juicio laboral de origen, no resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), invocada por el a quo para apoyar el desechamiento decretado; en virtud de que en la ejecutoria de la contradicción de tesis 325/2015, de la que derivó la jurisprudencia en comento, la Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación excluyó tal acto (omisión de dictar laudo), al precisar:
"Cabe puntualizar que el punto de contradicción así fijado, no comprende el caso en que se reclame en la demanda de amparo la falta de emisión del laudo, debido a que sobre ese punto en concreto sólo existe un pronunciamiento en el recurso de queja 68/2015 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de ahí que respecto de este tema no exista oposición que resolver." (Lo subrayado es de este órgano colegiado).
Por tanto, es de considerarse que, en la especie, la aludida jurisprudencia no es aplicable al caso en concreto, pues como se vio, lo reclamado en el juicio de garantías que nos ocupa es, precisamente, la omisión del dictado del proyecto de resolución en forma de laudo; de ahí que sí resulta procedente el juicio de amparo indirecto.
Así es, los artículos 884 al 890 de la Ley Federal del Trabajo, vigente a la fecha de presentación de la demanda laboral, disponen:
"Artículo 884. La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo conforme a las siguientes normas:
"I. Abierta la audiencia, se procederá a desahogar todas las pruebas que se encuentren debidamente preparadas, procurando que sean primeramente las del actor e inmediatamente las del demandado o, en su caso, aquellas que hubieren sido señaladas para desahogarse en su fecha;
"II. Si faltare por desahogar alguna prueba, por no estar debidamente preparada, se suspenderá la audiencia para continuarla dentro de los diez días siguientes, haciéndose uso de los medios de apremio a que se refiere esta ley;
"III. En caso de que las únicas pruebas que falten por desahogar sean copias o documentos que hayan solicitado las partes, no se suspenderá la audiencia, sino que la Junta requerirá a la autoridad o funcionario omiso, le remita los documentos o copias; si dichas autoridades o funcionarios no cumplieran con esa obligación, a solicitud de parte, la Junta se lo comunicará al superior jerárquico para que se le apliquen las sanciones correspondientes; y
"IV. Desahogadas las pruebas, las partes, en la misma audiencia, podrán formular sus alegatos."
"Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, que deberá contener:
"I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma;
"II. El señalamiento de los hechos controvertidos;
"III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados;
"IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y
"V. Los puntos resolutivos."
"Artículo 886. Del proyecto de laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta.
"Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad.
"La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de aquellas pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas."
"Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas."
"Artículo 888. La discusión y votación del proyecto de laudo, se llevará a cabo en sesión de la Junta, de conformidad con las normas siguientes:
"I. Se dará lectura al proyecto de resolución, a los alegatos y observaciones formuladas por las partes;
"II. El presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y
"III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el presidente declarará el resultado."
"Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta.
"Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta."
"Artículo 890. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes."
(El subrayado de los preceptos es de este órgano colegiado).
De la lectura de los preceptos transcritos, se abstrae que una vez desahogadas las pruebas, las partes en la misma audiencia podrán formular sus alegatos, por lo que concluido el desahogo de las pruebas y formulados los alegatos, previa certificación del secretario (de que ya no quedan pruebas por desahogar), el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo.
En el caso, el quejoso manifestó en su libelo constitucional, bajo protesta de decir verdad, que en el juicio laboral de origen desde el pasado tres de agosto de dos mil doce fueron presentados los medios de convicción de las partes, y que con posterioridad a dicha fecha, fueron desahogados (foja 3 del juicio de amparo), siendo presentada la demanda de amparo en que se reclama la falta de dictado del proyecto de resolución en forma de laudo el seis de diciembre de dos mil dieciséis (foja 2 ídem); empero, se desconoce con certeza si la autoridad responsable ha cumplido con los términos de la ley, es decir, si ya se formularon los correspondientes alegatos, cerró el periodo de instrucción, y si finalmente se dictó el correspondiente proyecto de resolución en forma de laudo, o bien, se actualice una abierta dilación al procedimiento, o sin causa que lo justifique, aquél se encuentre paralizado.
Lo anterior, pues con la información proporcionada en la demanda de amparo, se desconocen dichos aspectos, dado que sólo se precisó que desde el pasado tres de agosto de dos mil doce se presentaron los medios de convicción de las partes y que posteriormente fueron debidamente desahogados, siendo presentada la demanda de amparo casi cuatro años y medio después.
Ahora bien, a fin de resolver en el caso si existe o no una afectación a los derechos fundamentales de la parte quejosa, debe ponderarse si el camino procesal se ha retardado de tal forma que su desarrollo sea superior al normal (que debe llevarse en todo proceso jurisdiccional), a partir del principio del plazo razonable, de motivación contenida en el artículo 17 constitucional, que implica tomar en cuenta la complejidad que represente el asunto, ya sea técnica, jurídica o material; la actividad que el solicitante haya desplegado para darle seguimiento, si con ello dificulta, obstaculiza o impide su pronta respuesta; o los actos que la propia autoridad llevó a cabo para agilizar la pronta respuesta a la petición, así como sus cargas de trabajo.
Sobre el particular, se cita la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de identificación, son los siguientes:
"DERECHOS HUMANOS. LA GARANTÍA JUDICIAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA RELATIVA, ES CONCORDANTE CON LAS DE AUDIENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 17 CONSTITUCIONALES.-El citado artículo 8, numeral 1, al disponer que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, resulta concordante con los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que llegue al extremo de ampliar las prerrogativas de audiencia y acceso a la justicia en ellos contenidas, porque la prerrogativa de que ‘toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías’, está establecida en el segundo párrafo del indicado artículo 14, que prevé la garantía de audiencia en favor del gobernado mediante un juicio en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, y la referencia de que la garantía judicial en comento debe otorgarse ‘dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial’, está en consonancia con el mencionado artículo 11, en lo concerniente a la tutela jurisdiccional de manera pronta, completa e imparcial, que previene que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes." (Tesis: 2a. CV/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, Tomo XXVI, agosto de 2007, página 635)
Así es, sobre ese aspecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, haciendo eco en lo expuesto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha establecido cuatro elementos o parámetros para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y, d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso.
Además de los elementos descritos, el último de los tribunales internacionales mencionados también ha empleado para determinar la razonabilidad del plazo, el conjunto de actos relativos a su trámite, lo que ha denominado como el "análisis global del procedimiento", que consiste en analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para determinar si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no.
Por tanto, para precisar el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos, debe atenderse al caso particular y ponderar los elementos descritos, conforme a criterios de normalidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales contenidas tanto en los aludidos artículos como en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por ende, el concepto de "plazo razonable" debe concebirse como uno de los derechos mínimos de los justiciables y, correlativamente, como uno de los deberes más intensos del juzgador, y no se vincula a una cuestión meramente cuantitativa, sino fundamentalmente cualitativa, de modo que el método para determinar el cumplimiento o no por parte del Estado es del deber de resolver el conflicto en su jurisdicción en un tiempo razonable, se traduce en un examen de sentido común y sensata apreciación en cada caso concreto.
Lo anterior se sostiene en las tesis siguientes, cuyo criterio se comparte, de rubros, texto y datos de identificación:
"PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.-En relación con el concepto de demora o dilación injustificada en la resolución de los asuntos, el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, coincidente en lo sustancial con el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, establece que los tribunales deben resolver los asuntos sometidos a su conocimiento dentro de un plazo razonable, como uno de los elementos del debido proceso; aspecto sobre el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considerando lo expuesto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha establecido cuatro elementos o parámetros para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y, d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Además de los elementos descritos, el último de los tribunales internacionales mencionados también ha empleado para determinar la razonabilidad del plazo, el conjunto de actos relativos a su trámite, lo que ha denominado como el ‘análisis global del procedimiento’, y consiste en analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para determinar si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. Por tanto, para precisar el ‘plazo razonable’ en la resolución de los asuntos, debe atenderse al caso particular y ponderar los elementos descritos, conforme a criterios de normalidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales contenidas tanto en los aludidos artículos como en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el concepto de ‘plazo razonable’ debe concebirse como uno de los derechos mínimos de los justiciables y, correlativamente, como uno de los deberes más intensos del juzgador, y no se vincula a una cuestión meramente cuantitativa, sino fundamentalmente cualitativa, de modo que el método para determinar el cumplimiento o no por parte del Estado del deber de resolver el conflicto en su jurisdicción en un tiempo razonable, se traduce en un examen de sentido común y sensata apreciación en cada caso concreto." (Tesis: 1.4o.A.4 K (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Libro XV, Tomo 2, diciembre de 2012, página 1452)
"PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO.-A partir de la vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros ordenamientos internacionales, el Estado Mexicano cuenta con un catálogo de derechos y garantías que vinculan normativamente, y permite salvar situaciones que diversas leyes plantean, partiendo de la dimensión objetiva que esos derechos ejercen sobre todo el orden jurídico, tomando en cuenta que el plazo previ
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27139-7f77aabd/laudo-la-omision-de-su-dictado-constituye-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- EJECUCIÓN DE LAUDO. LA OMISIÓN DE ACORDAR LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN, PORQUE PARALIZA EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, LO QUE JUSTIFICA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO (QUEJA)
- DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. NO DEBE DESECHARSE CONFORME A LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 48/2016 (10a.), CUANDO SE RECLAMA UNA ABIERTA DILACIÓN O PARALIZACIÓN TOTAL DEL PROCEDIMIENTO, A (QUEJA)
- AUTO QUE NIEGA DAR POR CONCLUIDO EL PERIODO PROBATORIO, CUANDO YA FENECIÓ EL PLAZO ESTABLECIDO POR LA LEY Y SE ENCUENTRAN PRUEBAS PENDIENTES DE DESAHOGAR. NO CONSTITUYE UN ACTO DE (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- ACTOS "DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO". INAPLICABILIDAD DEL CRITERIO JURISPRUDENCIAL 2a./J. 48/2016 (10a.), DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN TRAT (QUEJA)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 48/2016 (10a.)]. (III.3o.T. J/6 (10a.))
- AMPARO INDIRECTO CONTRA LA OMISIÓN DE DICTAR EL LAUDO. PROCEDE AUN CUANDO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA NO HAYAN TRANSCURRIDO LOS 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECH (I.14o.T.10 L (11a.))
- LAUDO. LA OMISIÓN DE DICTARLO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO. (I.16o.T.43 L (10a.))
- LAUDO. ASPECTOS DE FONDO DE LA LITIS CONSTITUCIONAL QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE SU DICTADO. (III.3o.(III Región) 24 L (9a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis