EJECUCIÓN DE LAUDO. LA OMISIÓN DE ACORDAR LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN, PORQUE PARALIZA EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, LO QUE JUSTIFICA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
QUEJA 22/2018. 26 DE ABRIL DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: TARSICIO AGUILERA TRONCOSO. SECRETARIO: MARIANO ESCOBEDO FLORES.
CONSIDERANDO:
SEXTO.—Estudio.
Los argumentos esgrimidos en los agravios propuestos por el recurrente, conducen a lo siguiente:
En principio, es inoperante lo que aduce el inconforme en el sentido de que el Juez de Distrito, contraviene lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en especial, los artículos 1o., 3o., 15, 17, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105, así como el 8, numeral 1 (sic) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 6 del Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, pues al ser los juzgadores de amparo los encargados de velar porque sean respetados, tanto los derechos humanos como los públicos subjetivos de los gobernados a quienes administran justicia, según lo dispone el numeral 103, fracción I, de la Constitución Federal, que establece lo siguiente: "Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite.—I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte...", es claro que al emitir sus resoluciones, no están en condiciones de cometer infracción a ningún precepto constitucional o de algún tratado internacional del que el Estado Mexicano sea Parte sino, en su caso, en indebida o falta de aplicación de la ley reglamentaria del juicio constitucional.
Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 2/97, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, enero de 1997, página 5, que establece:
"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.—Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional.
"Contradicción de tesis 14/94. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, entre otros. 14 de noviembre de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Humberto Román Palacios, en su ausencia hizo suyo el proyecto el Ministro Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Manuel Rojas Fonseca.
"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el trece de enero en curso, aprobó, con el número 2/1997, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a trece de enero de mil novecientos noventa y siete.
"Nota: Por resolución del doce de noviembre de dos mil trece, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró infundada la solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2012 derivada de la solicitud de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, toda vez que estimó innecesario modificar la presente tesis jurisprudencial al tenor de las razones expuestas en la solicitud respectiva."
Asimismo, es aplicable la tesis aislada P. LI/99, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 9, que dice:
"AGRAVIOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES. DEBEN ATENDERSE CUANDO SUSTENTAN TAL AFIRMACIÓN EN LA INEXACTA INTERPRETACIÓN DE LAS LEYES APLICABLES.—En términos de lo establecido en la jurisprudencia 2/97 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, enero de 1997, página 5, cuyo rubro es: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.’, deben desestimarse por inoperantes los agravios aducidos en el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en un juicio de amparo, en los que se afirme que los juzgadores de amparo violan en perjuicio de los quejosos garantías individuales, toda vez que este recurso no es un medio de control constitucional autónomo a través del cual puedan analizarse ese tipo de violaciones, sino que es un procedimiento de segunda instancia que exclusivamente tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, sin el efecto de ejercer un control constitucional sobre otro control constitucional, lo que no impide atender las argumentaciones relativas si se advierte que los agravios se hacen depender de la inexacta interpretación de las leyes aplicables, aspecto que atañe al óptimo ejercicio de la función judicial regulada en preceptos específicos de la Ley de Amparo y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
"Amparo en revisión 1339/98. Francisco Pacheco García y coags. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván.
"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el treinta y uno de mayo del año en curso, aprobó, con el número LI/1999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a primero de junio de mil novecientos noventa y nueve."
Por otra parte, el recurrente manifiesta que el Juez de Distrito no toma en consideración que lo reclamado en la demanda de amparo constituye un acto de imposible reparación. Además, señala que la interpretación que hace el a quo en lo que denomina "abierta dilación del procedimiento" es casuística y no de estricto derecho, ya que se le priva de su derecho de determinar el monto que le adeuda la empresa demandada, por lo cual debe señalarse la fecha de celebración de la audiencia incidental de liquidación que solicitó en el escrito petitorio, pues no se da la "abierta dilación al procedimiento", toda vez que en el caso concreto los artículos 838 y 880, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo determinan que son cuarenta y ocho horas para emitir cualquier acuerdo y ese plazo ya feneció, por ende, se da la "abierta dilación del procedimiento".
Dichos argumentos son fundados, aunque para ello tenga que suplirse la deficiencia de la queja, de conformidad con el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones:
Al respecto, debe señalarse que del capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, se advierte lo siguiente:
I. Que el aquí recurrente demandó de Petróleos Mexicanos la reinstalación en el puesto que ocupaba, en los mismos términos y condiciones que lo venía haciendo; así como el reconocimiento de su antigüedad y el pago de salarios caídos y demás prestaciones.
II. Que luego de tres laudos impugnados, el tres de agosto de dos (sic) dieciséis, la Junta Especial Número Siete de la Federal de Conciliación dictó un nuevo fallo laboral condenatorio en cumplimiento a los efectos decretados por este Tribunal Colegiado de Circuito en el amparo directo **********, el cual quedó firme.
III. Que el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, el aquí inconforme, presentó planilla de liquidación, a efecto de que se diera cumplimiento al aludido laudo de tres de agosto de dos mil dieciséis, dictado en el expediente laboral **********.
Por otra parte, en los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, el quejoso señaló que la Junta responsable vulneró en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 8o., 14, 16 y 17 constitucionales, toda vez que con el escrito que presentó el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, en que promovió el incidente de liquidación en el juicio laboral de origen, se dio inicio al cumplimiento de la condena impuesta en el laudo de tres de agosto de dos mil dieciséis, sin que la responsable haya acordado ese escrito petitorio. (foja 7 del expediente de amparo)
Ahora, como ya se precisó, por resolución de nueve de febrero de dos mil dieciocho, el Juez Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México determinó desechar la demanda de amparo, al considerar que en el caso se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, interpretadas en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, al estimar que la omisión de acordar la planilla de liquidación presentada el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, dirigida al expediente laboral **********, no podía considerarse como un acto de ejecución irreparable, pues no constituye una violación a los derechos del quejoso, ya que los efectos que produce son de naturaleza intraprocesal.
Señaló que, de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.", el juicio de amparo indirecto será procedente contra violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 constitucionales, siempre que se trate de una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, lo que en el caso no acontecía, ya que conforme a la discrecionalidad del juzgador que refiere dicha jurisprudencia, para que se actualizara una abierta dilación deberían transcurrir más de tres meses de la fecha en la que se instó la protección constitucional a la de la dilación reclamada y, en el supuesto, aún no transcurría ese periodo de tiempo. (folios 20 a 23 del expediente amparo)
Determinación que se considera incorrecta, en atención a los razonamientos siguientes:
Se dice lo anterior, toda vez que lo reclamado en la demanda de amparo es una omisión acontecida después de concluido el juicio, específicamente en la etapa de ejecución.
Al respecto, la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo señala lo siguiente:
"Artículo 107. El amparo indirecto procede:
"...
"IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido.
"Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.
"En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;"
De la interpretación del numeral transcrito, se puede concluir que contra el actuar de una autoridad judicial, después de concluido un juicio, sólo se distinguen dos supuestos de actos, que son:
1) Los de ejecución de sentencia; y,
2) Los que gozan de autonomía, en relación con dicha ejecución.
Cabe señalar que la razón que originó esa regla de procedencia, es evitar que se utilice el juicio de amparo para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva o laudo.
En ese orden de ideas, es claro que la omisión de acordar la planilla de liquidación que presenta el actor en el juicio de origen, no puede catalogarse como un acto positivo, pues no es un acto de ejecución de sentencia, ni es autónomo respecto del procedimiento de ejecución.
Sin embargo, es incuestionable que admitir la procedencia del amparo para obligar a la autoridad a cesar en su actuar omisivo, no sólo versa conforme a la finalidad perseguida en la aludida fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, sino que, además, contribuye directamente a alcanzarla.
Lo anterior es así, toda vez que por todo el tiempo que la responsable ha sido omisa, se verá truncado el inicio del procedimiento de ejecución, pues la exhibición del escrito en que el actor exhibió la planilla de liquidación, es condición sine qua non para que se dé comienzo a ese procedimiento.
Situación por la cual, el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva se verá obstaculizada en perjuicio del actor durante todo el lapso en que persista la conducta omisiva.
Al respecto, la doctrina distingue entre las conductas de autoridad que impiden el disfrute de los derechos de rango máximo y las que sólo obstaculizan ese disfrute (Alexy, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008, pp. 166 a 168).
Lo primero ocurre cuando el Estado, contra derecho, crea circunstancias que hacen fácticamente imposible al gobernado realizar la acción que constituye la esencia del derecho; lo segundo acontece cuando el Estado crea circunstancias que dificultan al propio gobernado realizar o recibir dicha acción, incluso jurídicamente.
Lo anterior permite comprender el alcance lesivo del proceder omiso: dificulta el disfrute del derecho, y el obstáculo, que sólo puede ser superado por la acción, por la realización de la conducta esperada.
Precisado lo anterior, los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 1o., fracción I y 5o. de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente:
"Artículo 103. Los tribunales de la federación resolverán toda controversia que se suscite:
"I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte;"
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;"
"Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:
"I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte;"
"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:
"I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
"..."
De los preceptos transcritos se desprende, expresamente, que contra las omisiones de la autoridad que vulneren los derechos constitucionales o convencionales del gobernado, resulta procedente el amparo indirecto y, por tanto, es dable señalar que, contrario a lo considerado en el acuerdo recurrido, no se actualiza el motivo de improcedencia notoria y manifiesta ahí invocado.
Ello, en virtud de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita.
En ese tenor, el atraso u omisión en la realización de los actos después de concluido el procedimiento laboral, afecta el desarrollo normal y oportuno del negocio, que viola en perjuicio de la quejosa, como parte actora, el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, en cuanto al principio de justicia pronta que establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra el cual procede el juicio de amparo.
En consecuencia, la omisión de acordar la planilla de liquidación que presentó el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, dirigida al expediente laboral ********** y, por ende, iniciar con el procedimiento de ejecución, con prontitud y expeditez, constituye una violación que incide en la esfera jurídica del quejoso de manera irreparable, pues con ello se difiere el pago de lo ya ganado que, aun cuando le resultara favorable, su derecho fundamental no podría ser remediado ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo; y, por tanto, la vía para su impugnación es el amparo indirecto.
Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 113/2001, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 5, del tenor siguiente:
"JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.—De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da.
"Contradicción de tesis 35/2000. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Cuarto Circuito. 10 de septiembre de 2001. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.
"El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy diez de septiembre en curso, aprobó, con el número 113/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diez de septiembre de dos mil uno."
Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 90/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 48, Tomo I, noviembre de 2017, página 213 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 24 de noviembre de 2017 a las 10:35 horas», que establece:
"DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN. De la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 42/2007, (1) de rubro: ‘GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.’, deriva que el acceso a la tutela jurisdiccional comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos que lo integran: 1) una previa al juicio, a la que atañe el derecho de acceso a la jurisdicción; 2) otra judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, 3) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. En estos términos, el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción debe entenderse como una especie del diverso de petición, que se actualiza cuando ésta se dirige a las autoridades jurisdiccionales, motivando su pronunciamiento. Su fundamento se encuentra en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual corresponde al Estado mexicano impartir justicia a través de las instituciones y procedimientos previstos para tal efecto. Así, es perfectamente compatible con el artículo constitucional referido, que el órgano legislativo establezca condiciones para el acceso a los tribunales y regule distintas vías y procedimientos, cada uno de los cuales tendrá diferentes requisitos de procedencia que deberán cumplirse para justificar el accionar del aparato jurisdiccional, dentro de los cuales pueden establecerse, por ejemplo, aquellos que regulen: i) la admisibilidad de un escrito; ii) la legitimación activa y pasiva de las partes; iii) la representación; iv) la oportunidad en la interposición de la acción, excepción o defensa, recurso o incidente; v) la competencia del órgano ante el cual se promueve; vi) la exhibición de ciertos documentos de los cuales depende la existencia de la acción; y, vii) la procedencia de la vía. En resumen, los requisitos de procedencia, a falta de los cuales se actualiza la improcedencia de una acción, varían dependiendo de la vía que se ejerza y, en esencia, consisten en los elementos mínimos necesarios previstos en las leyes adjetivas que deben satisfacerse para la realización de la jurisdicción, es decir, para que el juzgador se encuentre en aptitud de conocer la cuestión de fondo planteada en el caso sometido a su potestad y pueda resolverla, determinando los efectos de dicha resolución. Lo importante en cada caso será que para poder concluir que existe un verdadero acceso a la jurisdicción o a los tribunales, es necesario que se verifique la inexistencia de impedimentos jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o que resulten discriminatorios.
"Amparo directo en revisión 993/2015. HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria en su calidad de fiduciario en el fideicomiso F/251704. 17 de febrero de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Guerrero Zazueta.
"Recurso de reclamación 557/2016. Eric y/o Erick David Flores Altamirano y otros. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Julio César Ramírez Carreón.
"Recurso de reclamación 1090/2016. Gabriela Domínguez. 30 de noviembre de 2016. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Guillermo Pablo López Andrade.
"Recurso de reclamación 1207/2016. José Luis García Valdez. 11 de enero de 2017. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Monserrat Cid Cabello.
"Recurso de reclamación 1492/2016. Leonel Bruce Bragdon Jolly. 25 de enero de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ausente y Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; hizo suyo el asunto Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Fernando Cruz Ventura.
"Tesis de jurisprudencia 90/2017 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de quince de noviembre de dos mil diecisiete."
De la tesis transcrita se advierte que una de las vertientes del derecho de tutela jurisdiccional (ahora denominado derecho de acceso a la jurisdicción) es la "eficacia de las resoluciones jurisdiccionales", para lo cual, se requiere que el procedimiento de ejecución inicie con prontitud y expeditez.
En concordancia con lo anterior, se considera incorrecta la determinación del Juez de Distrito, cuando aduce que para que se actualizara una "abierta dilación" deberían de transcurrir más de tres meses de la fecha en la que se instó la protección constitucional, a la de la dilación reclamada y, en el supuesto, aún no transcurría ese periodo.
Ello es así, porque el amparo procede contra las omisiones de la autoridad que vulneren los derechos constitucionales o convencionales, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 constitucional, y 1o. y 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, así como en el caso concreto, en términos del capítulo XIII, relativo a las resoluciones laborales, establecido en el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, que señala:
"Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta ley."
Del artículo anterior se advierte que la Junta cuenta con cuarenta y ocho horas, a partir de que reciba la promoción por escrito para dictar la resolución correspondiente, salvo que exista disposición en contrario.
Entonces, la omisión de acordar la planilla de liquidación que presentó el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, dirigida al expediente laboral **********, no debe darse más allá de ese plazo y como máximo el de las noventa seis horas, atendiendo no sólo a lo que dispone el aludido artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, sino a la naturaleza misma del acto, donde el accionista insta su derecho de inicio de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28341-22ae22f6/ejecucion-de-laudo-la-omision-de-acordar-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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