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Modo: Corpus Pro

SUPLENCIA DE LA QUEJA. PROCEDE CUANDO PARA UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO RESULTE NOTORIA Y MANIFIESTA LA CONTRAVENCIÓN A LAS REGLAS DE PROCEDENCIA O ACCESO AL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DE UNA PREVENCIÓN INJUSTIFICADA DE LA DEMANDA.

Tipo de asunto: QUEJA 65/2017. · Registro digital (IUS): 28418
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2019-03-22
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, Pág. 2540.

QUEJA 65/2017. 21 DE ABRIL DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: FERNANDO RANGEL RAMÍREZ. SECRETARIO: SERGIO IVÁN SÁNCHEZ LOBATO.

CONSIDERANDO:

CUARTO.—En forma previa al estudio de los agravios y, dado que, como se expondrá más adelante, en el expediente del que deriva el presente recurso de queja se cometió en perjuicio del aquí recurrente una violación formal a las reglas que rigen la procedencia y acceso al juicio de amparo, la cual no aconteció en la resolución recurrida, sino en el auto aclaratorio; resulta oportuno precisar que, con base en lo considerado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 23/96, el momento oportuno para combatir el auto en que se requirió al quejoso para que aclarara su demanda, que en resolución posterior se tuvo por no presentada es, precisamente, al recurrir esta última, recurso en donde se harán valer los agravios que se considere fueron cometidos en el auto aclaratorio.

De dicha contradicción de tesis derivó la jurisprudencia P./J. 97/97, registro digital: 197241, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, diciembre de 1997, página 21, que dice:

"REVISIÓN EN CONTRA DEL AUTO QUE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. ES MATERIA DE ELLA LA LEGALIDAD DEL ACUERDO QUE MANDA ACLARARLA O COMPLETARLA.—Contra el auto que manda aclarar o completar la demanda de garantías, dictado con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, no procede el recurso de queja porque no ocasiona, por sí mismo, un perjuicio irreparable, como lo exige la fracción VI del artículo 95 de la misma ley, en la medida que, de cumplimentarse lo prevenido, procedería la admisión de la demanda. El perjuicio irreparable sólo se produciría si el Juez de Distrito, por estimar no cumplimentado o indebidamente cumplimentado el requerimiento formulado, tuviera por no presentada la demanda. Ahora bien, si contra el acuerdo preventivo no procede el recurso de queja y es el auto que tiene por no presentada la demanda el que actualiza ese perjuicio al promovente del amparo, en contra del cual procede el recurso de revisión, según lo previsto en la fracción I del artículo 83 de la citada ley, se concluye que en la revisión en contra del auto que tiene por no presentada la demanda puede plantearse y examinarse la legalidad del auto preventivo, cuyo incumplimiento es la base y fundamento de la determinación de tener por no interpuesta la demanda, en la que actualiza el perjuicio de la ilegalidad del auto preventivo."

Precisado lo anterior, los agravios suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo son fundados y suficientes para revocar el auto recurrido.

En efecto, el ordenamiento invocado dispone:

"Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:

"...

"VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o. de esta ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada."

De la literalidad del primer párrafo del artículo transcrito, destaca el empleo del modo deóntico obligatorio, que involucra necesariamente, el deber de suplir la queja deficiente de los conceptos de violación o agravios en los casos expresamente determinados por el legislador.

Es oportuno señalar, de manera breve, que los tres moduladores deónticos autónomos para la interpretación de una norma son facultativo, prohibido y obligatorio; los que en términos de permisión involucran:

El modo facultativo implica que están permitidos tanto la comisión como la omisión de una acción.

El modo prohibido implica que está permitida la omisión de la acción, pero no está permitida la comisión de la acción.

Y el modo obligatorio, que implica que está permitida la comisión, pero no la omisión.

Por tanto, resulta que el imperativo legal contenido en el numeral en comento, conlleva que no está permitido que la autoridad de amparo omita suplir la queja deficiente cuando esté en alguno de los supuestos contemplados por el legislador.

En lo que interesa, la hipótesis normativa que se estima actualizada, parte de la premisa de que existe transgresión a la ley, ya sea por acción u omisión y ello se advierta en forma evidente, que significa de manera cierta, clara, patente o sin la menor duda.

Esto es, para que se actualice la obligación del juzgador de amparo de suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios es necesaria una conducta activa o pasiva por parte de la autoridad, que refleje, sin la menor duda, infracción a la ley que rige el caso concreto de que se trate.

A su vez, ello debe incidir en los derechos a que se contrae el artículo 1o. de la Ley de Amparo, por remisión expresa del legislador.

Del análisis a ese precepto, en lo que interesa, se obtiene la procedencia genérica de la acción constitucional; esto es, el gobernado, salvo los casos previstos en la propia Ley de Amparo, la Constitución Federal o la jurisprudencia, podrá ejercer la acción constitucional contra normas generales, actos u omisiones de la autoridad que transgredan los derechos humanos o las garantías establecidas para su protección.

Resalta que por excelencia, la garantía para la protección de esos derechos es el juicio de amparo, al tratarse del mecanismo constitucional y de mayor jerarquía para obtener la restitución en el goce del derecho fundamental transgredido.

Por ende, de la conjugación a lo expuesto es dable concluir que el tribunal revisor está constreñido a suplir la queja deficiente cuando advierta que existe una transgresión a los derechos humanos consagrados por la Constitución Federal vinculada con las reglas de procedencia del juicio amparo, al ser la garantía para la protección de aquéllos. En otras palabras, cuando se advierta una clara y patente infracción a las reglas de procedencia y acceso al amparo.

Esa conclusión se respalda, porque si conforme a los artículos 1o. y 133 de la Constitución Federal, las autoridades del Estado Mexicano y, entre éstas los órganos de control constitucional, están obligadas a garantizar a los individuos la protección más amplia de sus derechos fundamentales, asegurando también la primacía de la Constitución Federal ante cualquier otra disposición que la contraríe; apreciada dicha obligación, desde la perspectiva del juicio de amparo, es posible sostener que una vez probada la transgresión a las reglas de procedencia y acceso al mecanismo de garantía para la tutela de los derechos fundamentales de un individuo, su restauración resulta ineludible, sin que sea válido soslayarla invocando impedimentos de rigor técnico que permitan la subsistencia del acto inconstitucional y sus efectos perjudiciales para los derechos fundamentales reconocidos.

Bajo este entendimiento, cuando para un Tribunal Colegiado resulta notoria y manifiesta la contravención a las reglas de procedencia o acceso al amparo, ya sea por la aplicación de una causa que no rige el acto reclamado o, como en el caso concreto, ante el requerimiento injustificado al quejoso para que aclare su demanda de amparo, cuando lejos de ello, se actualiza una hipótesis por la cual expresamente procede dicha acción federal y desde la demanda se han satisfecho, en su integridad, los requisitos formales previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo; el Tribunal Colegiado está obligado a la suplencia en términos de la fracción VI del artículo 79 del mismo ordenamiento, a efecto de priorizar el estudio y restauración de dicha violación, lógicamente, con exclusión de los rigorismos propios del amparo de estricto derecho, dando a la figura de la suplencia el alcance protector más amplio y eficiente posible, a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad que deben observarse en relación con la preservación de los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos en favor del individuo.

Lo anterior, a fin de evitar que a la restauración de una violación a derechos fundamentales objetivamente probada, se oponga la prevalencia de la violación por meros obstáculos de rigor técnico, debiendo, por el contrario, despejarse tales tecnicismos y cuestiones de cualquier índole que impidan al amparo ser el medio de control constitucional más eficaz para cumplir con el aludido mandato que la Constitución Federal impone para velar por el respeto a los derechos fundamentales y haciendo la función del Juez de amparo congruente con ese propósito, ministrando justicia donde se sabe requerida sin buscar impedimentos para realizarla.

Al respecto, se comparte la tesis de jurisprudencia IV.2o.A. J/6 (10a.), registro digital: 2003771, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XX, Tomo 2, mayo de 2013, página 1031, que dice:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO. SUS ALCANCES A RAÍZ DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES DE 10 DE JUNIO DE 2011.—A partir de la reforma de diez de junio de dos mil once al artículo 1o., en relación con el 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, quedando así establecidas las premisas de interpretación y salvaguarda de los derechos consagrados en la Constitución, que se entiende deben respetarse en beneficio de todo ser humano, sin distinción de edad, género, raza, religión, ideas, condición económica, de vida, salud, nacionalidad o preferencias (universalidad); asumiendo tales derechos como relacionados, de forma que no es posible distinguirlos en orden de importancia o como prerrogativas independientes, prescindibles o excluyentes unas ante otras (indivisibilidad e interdependencia); además, cada uno de esos derechos o todos en su conjunto, obedecen a un contexto de necesidades pasadas y actuales, y no niegan la posibilidad de su expansión, siendo que crecen por adecuación a nuevas condiciones sociales que determinen la vigencia de otras prerrogativas que deban reconocerse a favor del individuo (progresividad). Al positivarse tales principios interpretativos en la Constitución, trascienden al juicio de amparo y por virtud de ellos los tribunales han de resolver con una tendencia interpretativa más favorable al derecho humano que se advierta conflagrado y con una imposición constitucional de proceder a su restauración y protección en el futuro, debiendo por ello quedar superados todos los obstáculos técnicos que impidan el estudio de fondo de la violación, fundados en una apreciación rigorista de la causa de pedir, o la forma y oportunidad en que se plantea. En ese sentido, la suplencia de la queja deficiente encuentra fortalecimiento dentro del juicio de garantías, pues a través de ella el Juez puede analizar por sí una violación no aducida y conceder el amparo, librando en ese proceder los obstáculos derivados de las omisiones, imprecisiones e, incluso, inoportunidades en que haya incurrido quien resulta afectado por el acto inconstitucional, de manera que es la suplencia el instrumento que mejor revela la naturaleza proteccionista del amparo, y su importancia, como mecanismo de aseguramiento del principio de supremacía constitucional, mediante la expulsión de aquellos actos o disposiciones que resulten contrarios al Ordenamiento Jurídico Máximo. Así, las reformas comentadas posibilitan ampliar su ejercicio, por lo que cuando en el conocimiento de un juicio de amparo la autoridad advierta la presencia de un acto que afecta los derechos fundamentales del quejoso, podrá favorecer el estudio de la violación y la restauración de los derechos conflagrados, por encima de obstáculos derivados de criterios o interpretaciones sobre las exigencias técnicas del amparo de estricto derecho, como la no impugnación o la impugnación inoportuna del acto inconstitucional, su consentimiento presuntivo, entre otros, pues estos rigorismos, a la luz de los actuales lineamientos de interpretación constitucional, no podrían anteponerse válidamente a la presencia de una manifiesta conflagración de derechos fundamentales, ni serían suficientes para liberar al tribunal de procurar la restauración de dicha violación, del aseguramiento de los derechos fundamentales del individuo y del principio de primacía constitucional en la forma más amplia. Además, tal proceder es congruente con la intención inicial reconocida a la suplencia de la queja, pues ante la presencia de un acto inconstitucional, se torna en salvaguarda del ordenamiento jurídico en general y del principio de supremacía constitucional, consagrado en el artículo 133 constitucional, en tanto que las deficiencias en que incurra el agraviado, relacionadas con la falta de impugnación o la impugnación inoportuna, pueden entenderse como una confirmación del estado de indefensión en que se encuentra y del cual debe ser liberado."

Así como, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia VI.2o.C. J/295, registro digital: 169062, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, agosto de 2008, página 898, que dice:

"QUEJA DEFICIENTE EN LA REVISIÓN. DEBE SUPLIRSE CUANDO EL TRIBUNAL AD QUEM ADVIERTE QUE EN LA SENTENCIA DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE COMETIÓ CONTRA EL QUEJOSO UNA VIOLACIÓN A LAS HIPÓTESIS NORMATIVAS QUE REGULAN LA PROCEDENCIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL.—Procede suplir la deficiencia de la queja a favor del quejoso en términos de lo establecido en el artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo y, por tanto, de los agravios expresados en el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia del Juez de Distrito que hubiere sobreseído en el juicio de amparo indirecto ante él promovido, si el tribunal revisor advierte que en el aludido fallo y en detrimento del quejoso se cometió una transgresión a las hipótesis normativas que regulan la procedencia de la acción constitucional de amparo, pues tal proceder representa una violación manifiesta a la ley que lo coloca en estado de indefensión ante el sentido de la resolución emitida, ya que al ser infundada deben analizarse los conceptos de violación expresados por el quejoso, de conformidad con lo establecido en el artículo 91, fracción III, de la ley reglamentaria en cita."

Es importante destacar sobre este tema, que la suplencia de la queja de que se habla, no tiene el alcance de soslayar las reglas de procedencia de la acción constitucional, ni los requisitos formales esenciales que rigen la presentación de la demanda de amparo, ni aquellos que atañen a los recursos previstos en este último, de manera que, so pretexto de que el caso que se presenta ante el órgano judicial federal, se ubica en alguno en que procede aplicar dicho beneficio, se dejen de lado las aludidas normas que regulan la procedencia y acceso al amparo y los recursos, tornando procedente por voluntad judicial, un juicio de amparo o medio de impugnación interpuesto dentro él; por el contrario, la suplencia de la queja no implica volver procedente una acción o recurso que, de suyo, no lo es, o pasar por alto el cumplimiento de los requisitos formales para la presentación de la demanda de amparo o alguno de sus recursos.

Porque esto último no debe confundirse con lo que ocurre en el presente supuesto, donde la materia del recurso de queja lo constituye la procedencia del requerimiento que fue formulado al quejoso para que aclarara su escrito de demanda, que redundó en la resolución recurrida que tuvo por no presentado este último, mientras que resulta evidente, claro y patente que de no haberse formulado el innecesario requerimiento, se actualizaría una hipótesis legal que permitiría el correcto e inmediato acceso a la acción constitucional.

Es decir, en los casos, como el presente, donde se advierte patentemente que desde la demanda el quejoso cumplió con los requisitos formales esenciales que rigen la presentación del escrito respectivo, pero en contravención, el Juzgado de Distrito que conoce del asunto, al formular requerimientos innecesarios, coloca trabas e impone cargas al peticionario del amparo que lo alejan del acceso a la justicia que compareció a demandar ante la potestad federal; por lo cual, el tribunal revisor está constreñido a suplir la queja deficiente, a fin de promover, proteger y garantizar la procedencia y el correcto acceso al mecanismo por excelencia para tutelar los derechos humanos.

De acuerdo con la obligación citada, este tribunal considera que, en el caso, procede el juicio de amparo ya que se cumplieron con los requisitos formales previstos en el artículo 108 de la ley de la materia, porque el quejoso, quien comparece como tercero extraño por equiparación al juicio de origen, señala como acto reclamado todo lo actuado en este último bajo el argumento de no haber sido legalmente emplazado.

Efectivamente, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece:

"Artículo 107. El amparo indirecto procede:

"...

"V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte."

Asimismo, se invoca como sustento, la tesis de jurisprudencia P./J. 1/2012 (10a.), registro digital: 2000348, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 259/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, página 5, que dice:

"EMPLAZAMIENTO. SU FALTA O ILEGALIDAD ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA TUVO CONOCIMIENTO DEL JUICIO RESPECTIVO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA, AUN CUANDO PUEDA IMPUGNARLA OPORTUNAMENTE MEDIANTE UN RECURSO ORDINARIO EN EL QUE PUEDA HACER VALER AQUELLA VIOLACIÓN PROCESAL.—Conforme al criterio del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia P./J. 18/94, de rubro: ‘EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN.’ es factible promover juicio de amparo indirecto por quien, siendo parte material en un juicio, se duela de la falta de emplazamiento o de las irregularidades suscitadas en él, considerando que en aras de permitir la adecuada tutela de su derecho de audiencia, en ese supuesto se ostenta como un tercero extraño a juicio que, por equiparación, debe regirse por las reglas procesales aplicables a la persona extraña a juicio, entre las que se encuentra la posibilidad de acudir al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, lo que deriva de la interpretación sistemática de los incisos a), b) y c) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la de promoverlo en la vía indirecta para impugnar la constitucionalidad del juicio respectivo, con el objeto de ofrecer las pruebas para acreditar los referidos vicios procesales, lo que no podría realizar en la vía directa ante la limitación probatoria establecida en los artículos 78 y 190 de la Ley de Amparo. En ese tenor, ante la ausencia de regulación sobre la procedencia del amparo indirecto promovido por quien se ostenta como tercero extraño, cuando tuvo conocimiento del juicio respectivo con motivo del dictado de la sentencia de primera instancia y aún se encuentre en tiempo para interponer el recurso ordinario, generalmente el de apelación, en el cual pudiera hacer valer vicios procesales, atendiendo a la naturaleza de las normas rectoras del juicio de amparo y al principio pro persona establecido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se concluye que dicha circunstancia no permite desconocer los beneficios procesales que dispensa la regulación del juicio constitucional a quienes se ostentan como terceros extraños, pues aun cuando en el recurso ordinario puedan controvertir la falta o la deficiencia del emplazamiento, las posibilidades de ejercer por esa vía la defensa de su derecho constitucional estarán sujetas a diversas particularidades sobre el plazo para interponer el recurso, el tipo de pruebas y los hechos materia de probanza; sin menoscabo de que si ante la referida opción el justiciable acude al medio ordinario de defensa para controvertir los vicios en comento, posteriormente ya no podrá ostentarse como un tercero extraño a juicio equiparado a persona extraña, por lo que contra la sentencia dictada en el recurso ordinario respectivo podrá, en su caso, promover demanda de amparo directo en la cual, conforme a la fracción I del artículo 159 de la Ley de la materia, haga valer como violación procesal los vicios mencionados, lo cual lleva a interrumpir parcialmente, en la medida en que sostienen un criterio contrario al precisado, las tesis jurisprudenciales 3a./J. 17/92, 3a./J. 18/92 y 3a./J. 19/92, de la entonces Tercera Sala de este Alto Tribunal."

De lo transcrito, se observa que el juicio de amparo indirecto procede cuando el quejoso aduce no haber sido legalmente emplazado al juicio de origen en el cual ya se dictó sentencia y reclama todo lo actuado en dicho juicio.

A su vez, el artículo 108 de la Ley de Amparo establece como formalidades que debe observar la demanda, lo siguiente:

"Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:

"I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación;

"II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad;

"III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;

"IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;

"V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;

"VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o. de esta ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame;

"VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o. de esta ley, deberá precisarse la facultad reservada a los Estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y

"VIII. Los conceptos de violación."

En el auto de veintisiete de enero de dos mil diecisiete, la Juez de Distrito, en lugar de admitir a trámite la demanda de amparo, requirió al quejoso en los siguientes términos:

"Ciudad de México, a veintisiete de enero de dos mil diecisiete.

"Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, ...a efecto de acordar lo procedente respecto de la demanda de amparo, requiérase al promovente mediante notificación personal, para que en el término de cinco días, con fundamento en los artículos 108, fracciones II y V y 114, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo, dé cumplimiento a lo siguiente.

"1. Realice bajo protesta de decir verdad una narración en forma clara, sucinta y cronológica de las actuaciones más destacadas del proceso natural precisando aquellas en las que haya tenido intervención, hasta señalar el estado procesal que actualmente guarda el juicio especial hipotecario **********, del índice del Juzgado Cuadragésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, respecto del cual el quejoso manifiesta ser parte demandada, por lo cual se advierte que está en aptitud de realizar lo solicitado, sin que se advierta ninguna imposibilidad para consultar el expediente formado con motivo del juicio natural seguido en su contra, aun cuando aduce no haber sido correctamente emplazado, pues al tener acceso al mismo, no convalidaría actuación alguna de la autoridad responsable, ya que con antelación promovió la presente (sic) demanda de amparo.

"2. Proporcione el domicilio cierto y actual de la tercero interesada **********, a efecto de poderla llamar a juicio a defender sus derechos, información que puede obtener como se dijo en el punto anterior acudiendo al juicio de origen."

Requerimiento que, en forma evidente, resulta injustificado, puesto que en la demanda de amparo, el quejoso incluyó un capítulo de antecedentes del acto reclamado en el que manifestó, bajo protesta de decir verdad, entre otras cosas que:

a) El quince de enero del presente año tuvo conocimiento fortuito de la existencia del juicio especial hipotecario de origen en el que figura como parte demandada.

b) Se constituyó en el local del juzgado de origen y consultó el expediente, del que advirtió que se inició en julio de mil novecientos noventa y nueve, así como que efectivamente aparece como demandado y se ordenó su emplazamiento por edictos.

c) Existe sentencia dictada el doce de julio de dos mil dieciséis por la que se le condenó a diversas prestaciones a pesar de no haber sido emplazado, así como tampoco oído y vencido en juicio.

Mientras que, en relación con el domicilio de la tercero interesada, manifestó expresamente desconocerlo.

Con lo cual, la Juez de Distrito tuvo conocimiento que en el juicio de origen ya se había dictado sentencia definitiva, así como que el acto reclamado consistía en la falta de legal emplazamiento al juicio de origen, el cual dijo el quejoso haber consultado en forma previa a la presentación de la demanda, en la que expresamente manifestó el peticionario del amparo desconocer el domicilio de la tercero interesada; lo que era suficiente para que se pronunciara en relación con la admisión del juicio de amparo.

En virtud de lo anterior, es que no tiene justificación ni sustento legal el requerimiento que formuló la juzgadora de amparo, a través del cual impuso al quejoso cargas innecesarias que vedaron su derecho de acceso a la justicia, ya que desembocó en la resolución que tuvo por no presentada la demanda de amparo, al haber pretendido desahogar la injustificada prevención un autorizado, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo.

Por tanto, atento a lo manifestado bajo protesta de decir verdad en la demanda, así como lo previsto en los artículos 107, fracción V y 108 de la Ley de Amparo, y a lo establecido en la invocada tesis de jurisprudencia P./J. 1/2012 (10a.), registro digital: 2000348, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es inconcuso que no resultaba legalmente procedente haber formulado el referido requerimiento que, a la postre, trajo como consecuencia que se tuviera por no presentada la demanda de amparo.

Con lo cual, la Juez de Distrito, lejos de cumplir con su función constitucional, como ya se consideró, impuso trabas innecesarias e injustificadas al peticionario del amparo, que generaron afectación a su derecho fundamental de acceso a la justicia.

Sin que obste a lo anterior, que en su escrito de agravios el recurrente no combata el auto invocado por el que se formuló el ilegal requerimiento, ya que es suficiente la causa de pedir que deriva de las manifestaciones que formula el recurrente relativas a que se le impidió el goce de su derecho de acceso a la justicia, suplidas en su deficiencia, ya que el evidente fin último de la interposición del recurso que se resuelve tuvo la intención de revocar el auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo y la admisión de esta última, precisamente, por sustentarse el agravio en la violación al derecho mencionado.

En similar sentido se pronunció este Tribunal Colegiado al resolver el recurso de queja QC. **********, por los entonces integrantes de este tribunal, aunque en aquel entonces se resolvió estrictamente sólo sobre la procedencia de la acción constitucional y no sobre el cumplimiento de los requisitos de la demanda de amparo previstos en el artículo 108 de la ley de la materia.

Consecuentemente, ante lo esencialmente fundado de los agravios, suplidos en su deficiencia, procede declarar fundado el presente recurso de queja, y con fundamento en el artículo 103 de la Ley de Amparo, se ordena la devolución de los autos a la Juez de Distrito a efecto de que proceda a proveer lo conducente a la admisión de la demanda de amparo.

Sobre el particular, es aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 73/2014 (10a.), registro digital: 2007069, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 64/2014,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28418-2f81c038/suplencia-de-la-queja-procede-cuando-para-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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