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Modo: Corpus Pro

CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SI EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO A UNA SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DENTRO DE ELLA, NO SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO QUE DÉ LUGAR AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA.

Tipo de asunto: QUEJA 380/2017. · Registro digital (IUS): 27925
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2018-07-06
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 56, Julio de 2018, Tomo II, Pág. 1345.

QUEJA 380/2017. 4 DE MAYO DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ LUIS LEGORRETA GARIBAY. SECRETARIA: ELISA ALFOAB LÓPEZ QUIROZ.

CONSIDERANDO:

SEXTO.—Estudio. Es fundado y suficiente para revocar la determinación recurrida el agravio formulado por el quejoso en el que, esencialmente, aduce que fue incorrecto que el Juez de Distrito desechara de plano su demanda de amparo indirecto por advertirse de manera manifiesta e indudable la actualización de una causa de improcedencia, suplido en su deficiencia de conformidad con lo que señala el artículo 79,(17) fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, ya que el quejoso en su escrito de demanda de amparo manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que tiene el carácter de imputado en la carpeta de investigación **********, en fase de investigación inicial, radicada ante el fiscal local de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, señalada como autoridad responsable.

En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece:

"Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."

El precepto legal reproducido faculta al órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto para desechar de plano la demanda de amparo, cuando tras examinarla resulte la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia.

En el entendido de que por manifiesta se entiende que la improcedencia del juicio de amparo se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y, por indudable, que se tenga certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación.

En el caso, tales presupuestos no se surten de la sola lectura integral de la demanda de amparo, en razón de que del contenido de la misma puede establecerse que el quejoso reclama en el juicio de amparo indirecto la omisión de otorgarle intervención dentro de la carpeta de investigación **********, en fase de investigación inicial, que se instruye en su contra ante el fiscal local de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; no obstante que, como lo narra en sus antecedentes vertidos bajo protesta de decir verdad, se pretendió efectuar un acto de molestia en su contra, ya que el veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, el agente estatal de investigación con placa ********** y un perito del Instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, acudieron a la Notaría Número ********** en el Estado, con el propósito de llevar a cabo una diligencia pericial en relación con diversas escrituras en las que es parte compradora, con motivo de la investigación que ahí se sigue por el delito de uso de documento falso.(18)

Cierto, el ahora recurrente aduce haber sido informado de que se integra una carpeta de investigación en su contra, en etapa de investigación inicial, llevada a cabo por el fiscal local de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca.

En ese orden de ideas, resulta conveniente traer a colación el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual es del tenor siguiente:

"Artículo 218. Reserva de los actos de investigación

"Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este código y demás disposiciones aplicables.

"La víctima u ofendido y su asesor jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento.

"El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este código.

"En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este código o en las leyes especiales.

"Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme."

Del precepto legal transcrito, se aprecia que el Ministerio Público puede decidir fundada y motivadamente sobre la reserva de los actos de investigación, toda vez que dispone que los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables.

Es importante resaltar que el artículo indica que únicamente las partes podrán tener acceso a las actuaciones de la investigación antes descritas, con las limitaciones establecidas en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables.

A su vez, precisa que la víctima u ofendido y su asesor jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento.

En tanto que el imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando:

1. Se encuentre detenido;

2. Sea citado para comparecer como imputado; o,

3. Sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista.

Asimismo, el artículo en comento precisa que a partir de ese momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su defensor, a fin de no afectar su derecho de defensa.

En la inteligencia de que se entenderá como acto de molestia, lo dispuesto en el artículo 266 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se reproduce enseguida para mayor ilustración del caso:

"Artículo 266. Actos de molestia

"Todo acto de molestia deberá llevarse a cabo con respeto a la dignidad de la persona en cuestión. Antes de que el procedimiento se lleve a cabo, la autoridad deberá informarle sobre los derechos que le asisten y solicitar su cooperación. Se realizará un registro forzoso sólo si la persona no está dispuesta a cooperar o se resiste. Si la persona sujeta al procedimiento no habla español, la autoridad deberá tomar medidas razonables para brindar a la persona información sobre sus derechos y para solicitar su cooperación."

En este tenor, resulta desacertado que el Juez de Distrito considerara manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo,(19) bajo el argumento de que la omisión de darle al quejoso intervención legal dentro de la carpeta de investigación ********** del índice de la Fiscalía Local de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, en la que fue nombrado al efectuarse actos de investigación dentro de una notaría, no le depara perjuicio alguno.

Ello, en virtud de que, como ya se dijo, el quejoso refiere en sus antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, que se pretendió efectuar un acto de molestia en su contra, ya que el veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, el agente estatal de investigación con placa ********** y un perito del Instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, acudieron a la Notaría Número ********** en el Estado, con el propósito de llevar a cabo una diligencia pericial en relación con diversas escrituras en las que es parte compradora, con motivo de la investigación que ahí se sigue en su contra por el delito de uso de documento falso; lo cual permite advertir que el acto reclamado podría vulnerar su derecho fundamental de defensa, tutelado por el artículo 20, apartado B, de la Constitución Federal,(20) en relación con el numeral 218, párrafo tercero (transcrito), del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues conforme al último citado, pudiera asistirle el derecho a tener acceso a la carpeta de investigación, por ser sujeto de un acto de molestia y se pretendiera recibir su entrevista.

Afirmación que se realiza partiendo de la apreciación exclusiva del planteamiento formulado en la demanda de amparo y los antecedentes ahí narrados bajo protesta de decir verdad, que es lo único con que se cuenta.

Máxime, que en términos de los artículos 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9, numerales 1 y 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en esencia refieren que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones estipuladas por las Constituciones Políticas o por las leyes dictadas conforme a ellas, así como las garantías judiciales y protección judicial de que goza toda persona; y, atento al principio pro persona, la omisión y/o negativa del Ministerio Público de dar acceso al imputado al registro de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación de los delitos, en la etapa de investigación inicial desformalizada, podría dar lugar a que se le contravengan los derechos de defensa adecuada y debido proceso, los cuales son de especial atención; prerrogativas que, como lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos,(21) deben ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y sólo culmina cuando finaliza el proceso, incluyendo, en su caso, la etapa de ejecución de la pena.

Todo lo cual, no puede ser motivo de análisis en el auto inicial del juicio de amparo, con la sola lectura de la demanda, sino que se requiere de otros elementos, como los que, en su caso, aporte la parte quejosa, o bien, las autoridades responsables al rendir su informe justificado, de los que se constate objetivamente cómo es que realmente aparece probado el acto reclamado.

Por ello, contrario a lo resuelto por el a quo, es evidente que si el acto reclamado por el quejoso lo constituye la omisión de otorgarle intervención dentro de la carpeta de investigación **********, en fase de investigación inicial, que se instruye en su contra ante el fiscal local de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, no obstante que se pretendió efectuar un acto de molestia en su contra, podría depararle perjuicio; en la medida en que, se reitera, se podría vulnerar su derecho fundamental de defensa, tutelado por el artículo 20, apartado B, de la Constitución Federal, en relación con el numeral 218, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Sostener lo contrario, implicaría someter los derechos humanos de defensa adecuada y de debido proceso legal, a que el probable indiciado se encuentre en determinada fase procesal, dejando abierta la posibilidad de que se transgredan sus derechos a través de actos de autoridad que desconoce o que no puede controlar u oponerse con eficacia, lo cual es contrario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que el Estado, en todo momento, está obligado a tratar al individuo como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido, y no simplemente como objeto de él.

Sin que obste a lo anterior que la autoridad, en ciertos casos, pueda reservar algunas diligencias de investigación, para garantizar la eficacia de la administración de justicia; empero, este derecho debe armonizarse con el de defensa del investigado, que supone, entre otras cosas, la posibilidad de conocer los hechos que se le imputan, por lo que el probable responsable no puede esperar a que el Ministerio Público, tras citarlo y haberle hecho saber quién y por qué delito lo acusa, ejerza acción penal ante la autoridad judicial, para que sea ante esta última donde pueda ejercer su derecho a una adecuada defensa.

Así las cosas, tomando en cuenta que los datos que arroja el escrito de demanda, no son suficientes para establecer que sea manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de amparo, por ser necesario, como quedó precisado con antelación, contar con otros elementos, sea que los aporte la parte quejosa, o bien, las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, de los que se constate objetivamente cómo es que realmente aparece probado el acto reclamado ante las responsables, de acuerdo con el artículo 75, párrafo primero, de la Ley de Amparo, debe admitirse a trámite dicha demanda, sin perjuicio de que, con vista en los datos y/o elementos de prueba que se obtengan en el curso de su trámite, al momento de dictar la sentencia constitucional pueda dictarse el sobreseimiento.

Por ende, derivado del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el motivo de improcedencia invocado no es manifiesto ni indudable, como lo exige el artículo 113 de la ley de la materia, para sustentar válidamente el auto que desechó la demanda de amparo, pues no surge de manera patente notoria, absolutamente clara e indubitable.

Se invoca en apoyo, la tesis XIII.P.A.26 P (10a.), sostenida por este Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito,(22) de título, subtítulo y texto siguientes:

"CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SI EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO A UNA SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DENTRO DE ELLA, NO SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO O LEGÍTIMO, QUE DÉ LUGAR AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA. En términos de los artículos 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9, numerales 1 y 4, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en esencia establecen que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones señaladas por las Constituciones Políticas o por las leyes dictadas conforme a ellas, así como las garantías judiciales y protección judicial de que goza toda persona; y, atento al principio pro persona, la negativa del Ministerio Público a una solicitud de intervención dentro de la carpeta de investigación en la etapa de investigación inicial desformalizada, podría dar lugar a que se contravengan los derechos de defensa adecuada y debido proceso, los cuales son de especial atención; prerrogativas que, como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, deben ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible, y sólo culmina cuando finaliza el proceso, incluyendo, en su caso, la etapa de ejecución de la pena; aspectos que no pueden ser motivo de análisis en el auto inicial del juicio de amparo, con la sola lectura de la demanda, sino que se requiere de otros elementos, como los que, en su caso, aporte el quejoso, o bien, las autoridades responsables al rendir su informe justificado, de los que se constate objetivamente cómo es que realmente aparecen probados los actos reclamados; de ahí que sea improcedente determinar, en este estadio procesal, que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo (falta de interés jurídico o legítimo), como lo exige su artículo 113, que dé lugar al desechamiento de plano de la demanda."

En consecuencia, con fundamento en el artículo 103 de la Ley de Amparo, y dado que no se advierte motivo diverso de improcedencia, lo que procede es declarar fundado el recurso de queja y ordenar al resolutor de amparo que, atento a lo expuesto en esta ejecutoria, provea lo conducente en relación con la admisión de la demanda de amparo.

Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 73/2014 (10a.),(23) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título, subtítulo y contenido siguientes:

"RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO. DE SER FUNDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO A EFECTO DE QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA ADMISIÓN Y, EN SU CASO, SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR. El artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo establece que procede el recurso de queja en amparo indirecto contra las resoluciones que desechen una demanda de amparo. Por su parte, el diverso 103 del mismo ordenamiento prevé que, en caso de resultar fundado el recurso, se dictará la resolución que corresponda sin necesidad de reenvío, salvo que ésta implique la reposición del procedimiento. Así, del análisis relacionado de esas disposiciones, tomando en consideración la naturaleza del recurso de queja en el que no existe devolución de jurisdicción, cuando un Tribunal Colegiado de Circuito declare fundado el recurso de queja contra el desechamiento de una demanda de amparo, éste dictará la resolución que corresponda, ordenando al Juez de Distrito proveer lo conducente en relación con la admisión, en términos de los artículos 112 a 115 del propio ordenamiento, lo que implica que no puede asumir la jurisdicción que a éste corresponde."

En tales condiciones, como el agravio en estudio resulta suficiente para declarar fundado este recurso de queja, es innecesario hacer pronunciamiento sobre los restantes motivos de inconformidad.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.—Se declara fundado el recurso de queja.

Notifíquese; háganse las anotaciones correspondientes, envíese testimonio de esta resolución al Juzgado de Distrito y, en su oportunidad, archívese este toca como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos de sus integrantes, lo resolvió el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, Magistrados Marco Antonio Guzmán González (presidente), David Gustavo León Hernández y José Luis Legorreta Garibay. Fue ponente el tercero de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 3, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadran en esos supuestos normativos

_______________________

17. "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:

"...III. En materia penal:

"a) En favor del inculpado o sentenciado; y"

18. Foja 22.

19. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:

"I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico."

"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

"...XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;"

20. "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

"...B. De los derechos de toda persona imputada:

"I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Juez de la causa;

"...III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el Juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador.

"La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada;

"...VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso.

"El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante Juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa."

21. En la sentencia de diecisiete de noviembre de dos mil nueve, dictada en el caso Barreto Leiva vs. Venezuela. "29. Ahora bien, el derecho a la defensa debe necesariamente poder ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y sólo culmina cuando finaliza el proceso, incluyendo, en su caso, la etapa de ejecución de la pena. Sostener lo opuesto implicaría supeditar las garantías convencionales que protegen el derecho a la defensa, entre ellas el artículo 8.2.b, a que el investigado encuentre en determinada fase procesal, dejando abierta la posibilidad de que con anterioridad se afecte un ámbito de sus derechos a través de actos de autoridad que desconoce o a los que no puede controlar u oponerse con eficacia, lo cual es evidentemente contrario a la Convención. En efecto, impedir que la persona ejerza su derecho de defensa desde que se inicia la investigación en su contra y la autoridad dispone o ejecuta actos que implican afectación de derechos es potenciar los poderes investigativos del Estado en desmedro de derechos fundamentales de la persona investigada. El derecho a la defensa obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto del mismo."

22. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de abril de 2018 a las 10:10 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 53, Tomo III, abril de 2018, materias común y penal, página 1903, con registro digital: 2016544.

23. Visible a página 901, Libro 9, Tomo II, agosto de 2014, materia común, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital: 2007069 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de agosto de 2014 a las 8:05 horas».

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27925-028c6c24/carpeta-de-investigacion-si-el-acto-reclamado-lo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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