Corpus
Modo: Corpus Pro

CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SI EL QUEJOSO NO HA SIDO CITADO A COMPARECER ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO COMO IMPUTADO NI SE HA OCASIONADO ALGÚN ACTO DE MOLESTIA EN SU PERJUICIO, ÉL O SU DEFENSA NO PUEDE TENER ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN, AUN CUANDO ADUZCA QUE TIENE CONOCIMIENTO DE QUE EXISTE UNA DENUNCIA EN SU CONTRA Y AQUÉLLA SE ESTÁ INTEGRANDO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 143/2017. · Registro digital (IUS): 27461
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2017-11-17
Promovente:
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, Pág. 1948.

AMPARO EN REVISIÓN 143/2017. 24 DE AGOSTO DE 2017. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: IRMA RIVERO ORTIZ DE ALCÁNTARA. PONENTE: LUIS PÉREZ DE LA FUENTE. SECRETARIA: MARÍA GUADALUPE JIMÉNEZ DUARDO.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.-Resulta infundado el primer punto de agravio, relativo a que la resolución recurrida es violatoria de los artículos 74, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo.

Acorde con lo preceptuado por los numerales 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito recurrido procedió al estudio íntegro de la demanda constitucional, en donde fijó con claridad el acto reclamado. Asimismo, apreció las constancias conducentes, así como los medios de prueba, anexados a su informe justificado de la autoridad responsable.

Sin que fuera requerida la cita del diverso dispositivo 77 de la ley de la materia, debido a que en la resolución que se analiza no se concedió la protección constitucional.

Además, conforme al análisis efectuado por parte del resolutor de amparo, consideró que no había suplencia que aplicar, en los términos que marca el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.

En lo concerniente a lo dispuesto por el ordinal 124, se observa que la audiencia constitucional se llevó en los términos por éste exigidos.

Se afirma lo anterior, puesto que se estima la actualización de la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, preceptos que, en lo que interesa, disponen:

"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia."

"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:

"I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

"El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.

"El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades.

"Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;

"La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta ley."

De lo anterior se aprecia, que el amparo indirecto es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de los gobernados, esto es, de aquellos que no provocan una afectación definitiva a la esfera jurídica de los solicitantes de amparo.

En el caso particular, acorde con los precedentes del asunto, se tiene:

El hoy quejoso, el veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, presentó escrito relativo a la carpeta de investigación **********, que tramita la autoridad responsable.

En dicho ocurso, el promovente señaló que tenía conocimiento que era indiciado en dicha investigación, por lo que a fin de ejercer su derecho de defensa, solicitaba se le hiciera saber la acusación presentada en su contra para poder defenderse, el nombre de su acusador y el contenido de la imputación; por ende, se agendara cita para el efecto de comparecer con el carácter de indiciado, para ejercer su derecho a defenderse y designar defensor particular.

A tal solicitud, recayó el acuerdo de nueve de enero de dos mil diecisiete (acto reclamado), emitido por el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Número **********, de la ********** Agencia de Procesos en Juzgados Civiles de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles, el cual es del tenor literal:

"En atención a su escrito de fecha 21 de diciembre de 2016, al respecto, se hace de su conocimiento, que no es procedente acceder a su solicitud, en virtud de que de los registros de la carpeta de investigación, hasta el momento, no se advierte que a usted, se le haya citado o se le haya ocasionado algún acto de molestia, motivo por el que no resulta legalmente procedente permitirle el acceso a los registros de la carpeta; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y los artículos 6o., fracción XXVI, y 183, fracción VIII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México..."

Al rendir su informe justificado, la mencionada autoridad responsable, remitió copia certificada de las actuaciones que se contenían en la carpeta de investigación citada (identificada por el Juez de amparo como anexo I).

Bajo este tenor, la investigación y persecución de los delitos son de interés público, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Carta Magna, corresponde al Ministerio Público investigar los hechos probablemente delictuosos, para determinar -en su caso-, si ha lugar a ejercer o no la acción penal.

Empero, es menester destacar que durante esa etapa (investigación inicial), el representante social actúa como órgano acusador, y los indiciados no tienen la calidad de partes ya que, como se dijo, el Ministerio Público investiga hechos con la finalidad de determinar la identidad de los probables responsables, aunado a que la determinación de la citada autoridad en el sentido de que se ha cometido un delito y de que los imputados son los responsables, sólo constituye una opinión que no obliga a la autoridad competente a resolver en un sentido determinado.

A mayor abundamiento, en el título II del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece en el capítulo único, las etapas del procedimiento, particularmente en el artículo 218 se señala:

"Artículo 218. Reserva de los actos de investigación.

"Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este código y demás disposiciones aplicables.

"La víctima u ofendido y su asesor jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento.

"El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de ese momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este código.

"En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este código o en las leyes especiales.

"Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme."

Lo que conlleva establecer que el numeral 266 del ordenamiento procesal en cita, indica:

"Artículo 266. Actos de molestia

"Todo acto de molestia deberá llevarse a cabo con respeto a la dignidad de la persona en cuestión. Antes de que el procedimiento se lleve a cabo, la autoridad deberá informarle sobre los derechos que le asisten y solicitar su cooperación. Se realizará un registro forzoso sólo si la persona no está dispuesta a cooperar o se resiste. Si la persona sujeta al procedimiento no habla español, la autoridad deberá tomar medidas razonables para brindar a la persona información sobre sus derechos y para solicitar su cooperación."

Esto es, acorde con el invocado ordinal 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, o sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista.

Aspecto que no se actualiza en el caso particular, acorde con el contenido del acto reclamado (proveído de nueve de enero de dos mil diecisiete, dictado en la carpeta de investigación **********), ya que hasta el momento de la emisión de dicho auto, no se le había citado, o bien, ocasionado algún acto de molestia en contra del quejoso, acorde con lo señalado por el diverso dispositivo 266 del propio ordenamiento procesal.

Es de destacar que lo dispuesto en el multiseñalado artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, referente a que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los actos de investigación, cuando sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, y que es a partir de ese momento que ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su defensor, a fin de no afectar su derecho de defensa. Aspectos que son acordes con lo determinado por el artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice de manera textual:

"Artículo 20. ...

"...

"B. De los derechos de toda persona imputada:

"...

"VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso.

"El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante Juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa."

(Lo destacado es nuestro).

Por lo que es claro que no se puede tener acceso por parte del imputado o su defensa a la investigación, hasta que se pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo de aquél primero (sic), situación que en el asunto de estudio no ha acontecido, puesto que por parte del Ministerio Público no ha sido citado o, en su defecto, generado un acto de molestia en los términos previstos por el numeral 266 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tal como se estableció en el acto reclamado.

El determinar que el inicio de una carpeta de investigación es un acto de molestia para el investigado, haría considerar letra muerta a lo establecido en el artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el precepto 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que taxativamente establecen que el imputado y su defensor tendrán acceso a la investigación cuando sea citado a efecto de pretender recibir su declaración, precisamente con el carácter de imputado, o sea sujeto a un acto de molestia, como sería entrevistarlo.

Luego, en el caso particular, se tiene que en la investigación llevada a cabo por el órgano ministerial no se ha definido que el quejoso tuviese el carácter de imputado; consecuentemente, que se trata de un sujeto del procedimiento penal, a quienes define el precepto 105 de la ley adjetiva señalada (sic), esto es, se haya determinado como imputado en la indagatoria y, por ende, citado ante el Ministerio Público o, en su defecto, requerir su entrevista.

De ahí que se tiene la certeza de que existe una denuncia en contra del hoy quejoso, así como que la representación social se encuentra integrando la investigación contenida en la carpeta ********** (de acuerdo con la copia certificada remitida), pero todavía el quejoso no tiene el carácter de imputado, de conformidad con el señalado artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Por ello, la investigación contenida en la carpeta respectiva, per se, no puede generar un acto de molestia, en los términos anteriormente anotados, esto es, en donde la autoridad le informa a una persona sobre los derechos que le asisten y mediante la cual solicita su cooperación, ello antes de que el procedimiento se lleve a cabo; aspectos que en el caso a estudio no han ocurrido.

Por ende, aquella integración de la carpeta de investigación por parte de la autoridad responsable, no afecta los intereses jurídicos o, en su caso, legítimos del quejoso, en los términos indicados en la fracción I del numeral 5o. de la Ley de Amparo. Actualizándose con ello, la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo.

Sin que con tal aserto, se pase por alto que ciertos actos dentro de la integración de la carpeta de investigación puedan, por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control; sin embargo, de manera particular, el acto materia de impugnación, en el cual la autoridad responsable le señala al quejoso en atención a su intención de apersonarse en la carpeta de investigación, el que no se le ha citado, ni tampoco se le ha ocasionado un acto de molestia -respecto del cual se estimó actualizada la causal de improcedencia aludida-, no es de aquellos que, por su naturaleza, sea susceptible de control constitucional y, por ende, no transgreden en forma directa e inmediata alguna de las prerrogativas fundamentales del peticionario de amparo; circunstancia por la cual, se estima actualizada la causa de improcedencia invocada.

Sustenta lo anterior, el criterio que se comparte, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, contenido en la página dos mil quinientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época Libro 33, Tomo IV, agosto de 2016, materia común «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas», de título, subtítulo y contenido:

"INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esa regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular."

En consecuencia, contrario a la alegación contenida en el punto de disenso identificado con el inciso b), no hubo una incorrecta interpretación de lo dispuesto por los multicitados numerales (sic) 218, en relación con el 266, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, por parte del órgano de amparo.

En cuanto a los argumentos expuestos en los motivos de disenso identificados bajo los incisos c) al g) de la síntesis de agravios, resultan inoperantes, toda vez que no resulta procedente abordar el estudio sobre la actuación dolosa que se dice, se condujo la autoridad responsable, sobre las omisiones legislativas, o bien, realizar una interpretación de la norma que mayormente favorezca al quejoso, precisamente ante la actualización de la causal de improcedencia señalada; por tanto, es procedente en lo que es materia de la revisión, decretar el sobreseimiento a que se refiere la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, sobreseer en el juicio de garantías **********, del índice del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en los términos establecidos en el diverso 63, fracción V, de la mencionada ley.

Tal como se indicó, el quejoso no desahogó la vista otorgada por este tribunal, respecto a la causal de improcedencia citada en párrafos que anteceden.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 62, 81, fracción I, inciso e) y 84 de la Ley de Amparo, y 37, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-En lo que es materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida pronunciada por el Juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, dictada el nueve de mayo de dos mil diecisiete, en el juicio de amparo **********.

SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **********, contra el acto que reclamó al agente del Ministerio Público, titular de la Unidad de Investigación ********** Sin Detenido de la Agencia Investigadora **********, de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría General de Justicia en la Ciudad de México, de acuerdo con los motivos y fundamentos expuestos en el considerando último de esta sentencia.

Notifíquese; con testimonio de la presente ejecutoria, devuélvanse los autos del juicio respectivo al Juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad; y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así lo resolvió el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por mayoría de votos de los Magistrados Luis Pérez de la Fuente (presidente y ponente) y Emma Meza Fonseca; con voto particular de la Magistrada Irma Rivero Ortiz de Alcántara.

En términos de lo previsto en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en ese supuesto normativo.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27461-ed47a48b/carpeta-de-investigacion-si-el-quejoso-no-ha · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.