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Modo: Corpus Pro

DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 149/2019. · Registro digital (IUS): 29103
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-10-25
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PLENO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, Pág. 961.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 149/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PLENO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 12 DE JUNIO DE 2019. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: HORACIO VITE TORRES.

II. Competencia

6. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la denuncia de contradicción de tesis formulada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo(4) y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013;(5) en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre el Pleno Especializado de un Circuito y un Tribunal Colegiado de diverso Circuito, sobre un tema de fondo que atañe a la materia penal, cuya especialidad corresponde a esta Sala.

III. Legitimación

7. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, porque fue formulada por Luis Alberto Márquez Pedroza, titular del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco. Por tanto, formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(6) y 227, fracción II,(7) de la Ley de Amparo.

IV. Existencia de la contradicción

8. La pregunta que debe responderse en la presente ejecutoria es:

¿Existe contradicción en los criterios sustentados por los órganos contendientes?

9. La respuesta a esta interrogante es en sentido positivo, pues el presente asunto sí cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis fijados por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales consisten en:(8)

a. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

b. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

10. A continuación, se expondrán los argumentos por los cuales se considera que en el caso concreto se actualizan todos los requisitos enunciados.

11. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala, los órganos contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se advierte de las resoluciones emitidas tanto por el Pleno de Circuito, como por el Tribunal Colegiado que participan en esta contradicción de tesis, tal como se verá a continuación:

12. El Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 17/2018, analizó lo siguiente:

13. El asunto tuvo su origen en la denuncia que realizaron los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, respecto de la posible contradicción entre los criterios sustentados por ese órgano colegiado, al resolver el amparo en revisión 53/2018, y el sostenido por el Séptimo Tribunal Colegiado de la misma materia y sede, al fallar el amparo en revisión 126/2017; con relación al tema consistente en determinar si el derecho del imputado a obtener copia de los registros de investigación, opera a partir de que sea convocado a la audiencia inicial, o bien, siempre que se encuentre detenido, sea objeto de un acto de molestia, o haya sido citado a entrevista por el agente del Ministerio Público.

14. El Pleno de Circuito, al resolver, precisó que, en los juicios de amparo indirecto, la parte quejosa reclamó la negativa del Ministerio Público de permitirle obtener copias de registros que obran en la carpeta de investigación, al comparecer ante la representación social para ser entrevistado.

15. En ese sentido, señaló que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió confirmar la resolución recurrida, al determinar que el imputado cuenta con el derecho para tener acceso a los registros correspondientes y para obtener reproducción fotostática de los mismos, sobre todo cuando se le cita con el propósito de entrevistarlo. Expuso que si bien de una interpretación literal de los artículos 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales,(9) se desprende que el imputado podrá obtener copias de los registros de la carpeta solamente cuando sea convocado a la audiencia inicial; lo cierto era que, de la interpretación de ambos numerales a la luz del principio pro persona, la conclusión era distinta.

16. Así, expuso que el órgano colegiado interpretó que el "acceso" a los registros de la investigación no puede limitarse a permitir que el imputado o su defensor los tengan a la vista, puesto que vulnera su derecho a una defensa adecuada. Por ello, determinó que debe entenderse que el "acceso" a los registros de investigación conlleva la posibilidad de que dichos sujetos obtengan copia de ellos. Asimismo, el órgano de amparo destacó que no pasa inadvertida la jurisprudencia 1a./J. 52/2005,(10) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, en el caso no es aplicable dicho criterio, pues parte de la interpretación del artículo 20 constitucional anterior a la reforma en materia penal de 2008 y del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, que operan en el sistema penal tradicional.

17. A su vez, destacó que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 126/2017, determinó reasumir jurisdicción por los actos reclamados relativos al acuerdo de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, dictado en la carpeta de investigación **********, en el que se niega al imputado la expedición de copias; al igual que el acto consistente en la negativa genérica del Ministerio Público relativa a la expedición de copias de dicha carpeta. Así, el Pleno señala que el Tribunal Colegiado resolvió que, si bien al quejoso se le brindó acceso a los datos de prueba que conforman la carpeta en mención, al haberse tomado su entrevista, ese hecho no actualiza el derecho de éste a obtener copia de dichas constancias. Sostuvo que el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que será hasta que el imputado y su defensor sean convocados a la audiencia inicial cuando podrán obtener la reproducción de dichos registros.

18. Recalcó que el órgano de amparo sostuvo que la determinación anterior de ninguna manera constituye una interpretación restrictiva de los alcances del derecho de una defensa adecuada, sino que únicamente se trata del cumplimiento de las pautas que para su ejercicio estableció el legislador en el Código Nacional. Asimismo, se apoyó en la jurisprudencia 52/2005 aludida, para fallar en este sentido.

19. Por lo que hace al acto reclamado relativo a la negativa de tener acceso a tal carpeta en términos genéricos, expuso que el órgano colegiado determinó que tanto el quejoso como su defensor particular tuvieron acceso a la carpeta de investigación, puesto que se les permitió consultar los registros que obraban en ésta al momento de ser entrevistado por el Ministerio Público.

20. En consecuencia, el Tribunal Colegiado procedió a modificar la sentencia recurrida, sobreseer en el juicio de amparo en torno al acto mencionado en el párrafo anterior y negar la protección constitucional al quejoso.

21. Analizados los criterios de los Tribunales Colegiados contendientes, los integrantes del Pleno de Circuito concluyeron que existía contradicción de tesis. Así, el Pleno de Circuito determinó que debía prevalecer el criterio consistente en que el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que el imputado y su defensor podrán tener "acceso" a los registros de la investigación cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista.

22. Asimismo, concluyó que no es dable señalar que el "acceso" a los registros de la investigación se limite a permitir que el imputado o su defensor los tengan a la vista, pues ello resulta insuficiente para garantizar una defensa adecuada. Por ello, debe permitírseles obtener una reproducción de dichos registros, ya sea en copia fotostática o como registro fotográfico, lo que es acorde con los principios del sistema penal acusatorio, relativos a la igualdad y equilibrio entre las partes.

23. Por lo anterior, concluyó que debía prevalecer, con carácter de jurisprudencia, la tesis PC.I.P. J/53 P (10a.), de título y subtítulo: "ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ETAPA INICIAL ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. CONSTITUYE UN DERECHO DEL IMPUTADO Y SU DEFENSOR, QUE CONLLEVA LA POSIBILIDAD DE OBTENER COPIAS O SU REGISTRO FOTOGRÁFICO, CON LO QUE SE GARANTIZA EL EJERCICIO DE UNA DEFENSA ADECUADA."

24. Por otra parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 580/2018, analizó un caso con las siguientes características:

25. El asuntó derivó de la demanda de amparo promovida contra el acuerdo dictado el siete de mayo de dos mil dieciocho, dentro de la carpeta de investigación **********, en la que el Ministerio Público niega la admisión de los actos de investigación ofrecidos por el defensor particular a través de la promoción de cuatro de mayo de dos mil dieciocho; y el proveído de la misma fecha, en el que la autoridad ministerial niega la entrega de copias de la carpeta de investigación mencionada, no obstante que los quejosos comparecieron ante la representación social en su calidad de indiciados.

26. El Juez de Distrito que conoció de la petición de amparo resolvió sobreseer respecto del primer acto reclamado(11) y no amparar ni proteger a los quejosos respecto del segundo de los mencionados.

27. En contra de esa decisión, los quejosos interpusieron recurso de revisión, que fue admitido por el Tribunal Colegiado aludido por acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, dando como resultado la formación del toca de revisión 580/2018.

28. Al resolver, en lo que respecta al acto reclamado relativo a la negativa del fiscal responsable de admitir actos de investigación propuestos por el defensor en la carpeta de investigación, el órgano de amparo determinó que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo.(12) En efecto, sostuvo que el juicio de amparo procede contra actos de imposible reparación, y para que éstos sean calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a los derechos sustantivos de la persona. Por lo anterior, el Tribunal Colegiado estableció que aquéllo no ocurre en el acto reclamado aludido, puesto que son susceptibles de anularse o controvertirse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de Control y se inicie la etapa de investigación complementaria, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal.

29. En lo concerniente al segundo acto reclamado, relativo a la negativa de la autoridad ministerial de entregar copia de los datos que obran en la carpeta de investigación, el órgano de amparo resolvió declarar infundados los motivos de disenso de los recurrentes. Lo anterior, porque consideró que del artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene que una vez que el imputado y su defensor sean convocados a la audiencia inicial, tendrán derecho a consultar los registros de la investigación y obtener copia de los mismos. Por tanto, la negativa del fiscal responsable fue correcta, porque si bien éstos ya habían comparecido ante la representación social, no habían sido convocados a la audiencia inicial.

30. Por último, estableció que su decisión de ninguna manera atentaba contra lo dispuesto en el artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Federal, ya que dicho numeral hace referencia al acceso y consulta de los registros, mas no a la obtención de copias de la carpeta de investigación.

31. Asimismo, señaló que del artículo 113, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que el imputado tendrá derecho a tener acceso junto con su defensa, salvo las excepciones previstas en la ley, a los registros de la investigación, así como a obtener copia gratuita, registro fotostático o electrónico de los mismos en términos de los artículos 218 y 219 del código adjetivo antes referido.

32. Sin embargo, recalcó que el derecho previsto en dicho precepto no es ilimitado, ya que debe atenderse a los preceptos en mención. Para el caso concreto, el numeral 219 del Código Nacional limita la entrega de copias de los registros que obren en la carpeta hasta en tanto se convoque a la audiencia inicial.

33. Por último, señaló que su determinación tampoco constituye una interpretación restrictiva respecto de los alcances del derecho de defensa adecuada en el nuevo sistema de justicia penal, sino que únicamente se trata del cumplimiento de las pautas que estableció el legislador en el Código Nacional de Procedimientos Penales, para su ejercicio.

34. Con lo anterior, queda demostrado el primer requisito de existencia, ya que el Tribunal Colegiado y el Pleno de Circuito realizaron sendos ejercicios interpretativos sobre un mismo problema jurídico.

35. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Lo antes expuesto permite a esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecer que el segundo requisito sí se encuentra cumplido en el caso, pues del examen exhaustivo de las consideraciones que expusieron cada uno de los órganos colegiados, permite concluir que sí existe un punto de toque entre los criterios contendientes, conclusión a la que se arriba con base en las consideraciones siguientes:

36. Los órganos contendientes resolvieron casos en los que se vieron obligados a establecer si el indiciado y su defensor tienen derecho a obtener copias fotostáticas o reproducción fotostática de los registros que obran en la carpeta de investigación, cuando ya han comparecido ante el Ministerio Público con esa calidad.

37. Por un lado, el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados del mismo Circuito, determinó que debía prevalecer el criterio consistente en que el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que el imputado y su defensor podrán tener "acceso" a los registros de la investigación cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista.

38. Sin embargo, concluyó que no es dable señalar que el "acceso" a los registros de la investigación se limite a permitir que el imputado o su defensor los tengan a la vista, pues ello resulta insuficiente para garantizar una defensa adecuada. Por ello, resolvió que debe permitírseles obtener una reproducción de dichos registros, ya sea en copia fotostática o como registro fotográfico, lo que es acorde con los principios del sistema penal acusatorio, relativos a la igualdad y equilibrio entre las partes.

39. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito consideró que el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que una vez que el imputado y su defensor sean convocados a la audiencia inicial, tendrán derecho a consultar los registros de la investigación y obtener copia de los mismos. Por tanto, el Tribunal Colegiado resolvió que la negativa del fiscal responsable de brindarle copias de los datos que obran en la carpeta aludida a la defensa del imputado, fue correcta, porque el imputado ya había comparecido ante la representación social, pero no había sido convocado a la audiencia inicial.

40. Además, señaló que la determinación adoptada no constituye una interpretación restrictiva respecto de los alcances del derecho de defensa adecuada en el nuevo sistema de justicia penal, sino que únicamente se trata del cumplimiento de las pautas que estableció el legislador en el Código Nacional de Procedimientos Penales para su ejercicio.

41. En ese contexto, tenemos que, por un lado, el Pleno de Circuito determinó que cuando el imputado y su defensor ya tienen su primer contacto con la autoridad ministerial, es dable permitir que obtengan copia fotostática de los registros que obran en la carpeta de investigación; mientras que el Tribunal Colegiado resolvió que, del análisis de la normativa legal y constitucional que regula el derecho a una defensa adecuada, es posible establecer que el imputado y su defensor no tienen la posibilidad de obtener copias de dichos registros al comparecer ante la representación social, sino hasta que sea citado el investigado para audiencia inicial.

42. Así, ante tales decisiones es evidente que los órganos jurisdiccionales contendientes brindan soluciones jurídicas diversas, lo que revela que sí estamos ante una contradicción de razonamientos. En ese sentido y a efecto de dar seguridad jurídica respecto al punto de contradicción detectado, procede fijar el criterio que debe prevalecer como jurisprudencia.

43. Tercer requisito: Surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción. De las constancias de autos se advierte que a la fecha de la denuncia de la presente contradicción de tesis –cuatro de abril de dos mil diecinueve–, lo sustentado por los tribunales contendientes, al reflejar contradicción en sus consideraciones y razonamientos, daba lugar a la formulación de una pregunta genuina:

¿El indiciado y su defensor tienen derecho a obtener copias fotostáticas de los registros que obran en la carpeta de investigación, cuando se ubica en alguno de los supuestos del artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en aras de proteger su derecho de defensa adecuada?

V. Consideraciones y fundamentos

44. Esta Primera Sala considera que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio adicionado con consideraciones de esta Primera Sala, sostenido por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, que determinó que el imputado tiene derecho a obtener copias fotostáticas de los registros que obran en la carpeta de investigación cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista.

45. Así, por cuestión de método, esta Primera Sala analizará el presente asunto conforme a los siguientes temas: I. El derecho a una defensa adecuada y sus alcances; II. El sigilo en la investigación inicial; III. El principio de la igualdad procesal; y, IV. El acceso a los datos que obran en la carpeta de investigación y la obtención de copias fotostáticas.

I. El derecho de defensa adecuada

46. En primer término, el artículo 20, apartado B, fracciones VI y VIII, de la Constitución, establece expresamente lo siguiente:

"Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

"...

"B. De los derechos de toda persona imputada:

"...

"VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso.

"El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante Juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa;

"...

"VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el Juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera."

47. El numeral transcrito, en su fracción VI, dispone la obligación irrestricta de facilitar al imputado o a su defensor, todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso, y que tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido, cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo.

48. Asimismo, en su fracción VIII, el precepto constitucional citado prevé y regula el derecho del imputado a contar con una defensa adecuada, lo cual implica que se le faciliten los datos que consten en el proceso y requiera para su defensa. Para ello, el Poder Reformador de la Constitución estableció implícitamente, por una parte, que el Ministerio Público debe mantener bajo reserva los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación y, por otra, los momentos a partir de los cuales quien tenga el carácter de indiciado y su defensor, pueden tener acceso a dicha información.

49. Por otra parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece, en su artículo 117, fracción IV, que una de las diversas obligaciones del defensor es analizar las constancias que obren en la carpeta de investigación, a fin de contar con mayores elementos para la defensa. Lo anterior implica que el derecho a una defensa adecuada también versa sobre el acceso que el imputado y su defensor deben tener a los datos de la investigación.

50. A su vez, el código adjetivo aludido, en su artículo 113, fracción VIII, establece que uno de los derechos del imputado es tener acceso, junto con su defensa, a los registros de la investigación, así como a obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos, en términos de los artículos 218 y 219 del cuerpo normativo en cuestión. En consecuencia, toda persona a la que se le haya formulado imputación por el Ministerio Público tiene derecho a tener acceso a los datos que obran en la carpeta de investigación, en aras de proteger su derecho de defensa adecuada. Así, la importancia de garantizar dicho acceso es esencial para que el imputado pueda tener una debida defensa a lo largo de todo el procedimiento.

51. Ahora bien, de la disposición constitucional invocada, se advierte que toda persona imputada tiene derecho a que se le garantice una defensa adecuada y técnica durante la tramitación de todas las etapas que comprende el proceso penal. Respecto a esa garantía, la Suprema Corte ha establecido diversos precedentes, en los cuales se delimitan su contenido y alcance.

52. En efecto, esta Primera Sala, al resolver los amparos directos 8/2008,(13) 9/2008,(14) 10/2008(15) y 33/2008,(16) determinó que el derecho a la defensa adecuada consiste en dar oportunidad a toda persona inculpada de que sea asistida por un defensor, quien, a su vez, deberá tener la posibilidad de aportar pruebas, promover medios de impugnación, exponer argumentos de derecho y utilizar los beneficios procesales que la legislación correspondiente establezca para la defensa.

53. Por otra parte, en el Código Nacional de Procedimiento Penales se reconoce expresamente el derecho fundamental a una defensa adecuada y técnica,(17) la cual será proporcionada a través de un defensor que elija libremente el imputado. Dicha asistencia jurídica se debe garantizar a lo largo de todas las etapas del proceso. Asimismo, se establece que es necesario que el defensor sea licenciado en derecho, o abogado titulado con cédula profesional.(18)

54. De la misma forma, se establece que el contacto del imputado y su defensor no se debe obstruir, por lo que las autoridades jurisdiccionales están obligadas a proporcionar los medios necesarios para que ésta se preste sin ningún tipo de intromisión. Asimismo, constituye una formalidad necesaria que el defensor esté presente en todas las audiencias que se celebren durante el proceso penal, en las cuales el imputado tendrá el derecho de entrevistarse previamente y de forma privada con éste.

55. Respecto de las obligaciones que recaen al defensor, el Código Nacional hace un listado de deberes que éste tiene que seguir, entre los que destaca: entrevistarse con el imputado para conocer directamente su versión de los hechos, para, en su caso, planear una estrategia de defensa; asesorar al imputado sobre la naturaleza y consecuencias jurídicas de los delitos que se le acusan; analizar las constancias que obren en la carpeta de investigación; comparecer y asistir jurídicamente al imputado en el momento en el que rinda su declaración, así como en cualquier diligencia o audiencia; mantener informado al imputado sobre el desarrollo y seguimiento del procedimiento o juicio; interponer recursos o cualquier medio de defensa, entre otras.(19)

56. En caso de que dichas obligaciones no se cumplan, el Juez deberá certificar que el defensor esté presente en todas las audiencias, y en caso de que el imputado no cuente con un defensor le tendrá que asignar un defensor público. Asimismo, el juzgador tiene la facultad de prevenir al imputado para sustituir su defensa en los casos de que advierta que el defensor manifieste una incapacidad técnica para cumplir con el cargo.(20)

57. Así, se ha reconocido que los criterios emitidos por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, son acordes con los parámetros establecidos en instrumentos internacionales sobre el reconocimiento y protección del derecho de defensa adecuada de las personas inculpadas en un procedimiento penal. En específico, de lo prescrito en los artículos 8.2, incisos d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,(21) y 14.3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,(22) así como con lo que ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho a la defensa, en los más recientes años, en su jurisprudencia evolutiva y progresiva, al interpretar el sentido del artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El tribunal interamericano ha dicho que las personas procesadas penalmente tienen derecho a una defensa oportuna,(23) técnica,(24) eficaz(25) y material.(26)

58. Así, es necesario para el defensor e indiciado tener acceso a los datos que obren en la carpeta de investigación para preparar una debida defensa. Sin contar con dicha posibilidad, el último de los citados se encuentra en una situación de desventaja respecto a los demás sujetos procesales, ya que no cuenta con los elementos suficientes para ofrecer los datos de prueba que puedan desvirtuar la investigación y posible imputación realizada por la representación social, realizar argumentos de derecho que estime convenientes y de conformar una teoría del caso para el debido ejercicio del derecho en mención. De lo anterior, se desprende la importancia de que el imputado y su defensor tengan acceso a la carpeta de investigación, con el objetivo principal de tener una defensa adecuada eficiente y efectiva.

II. El sigilo en la investigación inicial

59. La investigación inicial, dentro del nuevo sistema de justicia penal, constituye una etapa en la que medularmente la fiscalía trata de hacerse del material probatorio necesario para sustentar un caso, que presentará ante el Juez, con el fin de que éste tenga buenas posibilidades de éxito. Es decir, dicho procedimiento administrativo-penal constituye el instrumento con el que cuenta el órgano acusador para construir, adecuadamente, casos penales. Por tal razón, tradicionalmente se ha considerado que uno de los principios que de manera medular rige a dicho procedimiento es el de "sigilo".

60. Así, quien debe preservar ese sigilo o reserva de la información de la carpeta es la representación social, esto si atendemos a que esta Primera Sala, al resolver el amparo en revisión 202/2013,(27) señaló que, conforme al artículo 21 constitucional, el Ministerio Público es la autoridad competente para ejercer la acción penal en una averiguación previa, sin que se contemplen distinciones entre personas y mucho menos entre tipos de servidores públicos. En otras palabras, el artículo 21 de la Constitución Federal no tiene una delimitación a cierto ámbito competencial(28) y sirve como parámetro de actuación para todas las autoridades de la República. Por ende, funciona en todos los órdenes jurídicos (federal y estatal) como una garantía para la protección de varios derechos fundamentales, entre ellos, la libertad personal y el debido proceso.

61. El objetivo histórico de esta disposición constitucional es asignar la facultad de investiga

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29103-a8cdecfd/defensa-adecuada-en-la-etapa-de-investigacion-inicial · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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