ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ETAPA INICIAL ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. CONSTITUYE UN DERECHO DEL IMPUTADO Y SU DEFENSOR, QUE CONLLEVA LA POSIBILIDAD DE OBTENER COPIAS O SU REGISTRO FOTOGRÁFICO, CON LO QUE SE GARANTIZA EL EJERCICIO DE UNA DEFENSA ADECUADA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 17/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y EL SÉPTIMO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 23 DE OCTUBRE DE 2018. MAYORÍA DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS RICARDO OJEDA BOHÓRQUEZ, HORACIO ARMANDO HERNÁNDEZ OROZCO, JOSÉ ALFONSO MONTALVO MARTÍNEZ, TERESO RAMOS HERNÁNDEZ, LUIS PÉREZ DE LA FUENTE Y CARLOS LÓPEZ CRUZ. DISIDENTES: HÉCTOR LARA GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIER TEODORO ARCOVEDO MONTERO, ANTONIA HERLINDA VELASCO VILLAVICENCIO Y TAISSIA CRUZ PARCERO. PONENTE: RICARDO OJEDA BOHÓRQUEZ. SECRETARIO: MANUEL ANTONIO CORREA DIP.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Este Pleno de Circuito es legalmente competente para resolver la presente contradicción de tesis, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis, suscitada entre Tribunales Colegiados en Materia Penal de este Primer Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación de los denunciantes. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en tanto que fue formulada, la primordial, por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Primer Circuito, facultados para denunciar los criterios contradictorios sostenidos entre los Tribunales Colegiados del Circuito, de conformidad con los preceptos 226, fracción III, en relación con el 227, fracción III, ambos de la Ley de Amparo.
TERCERO.—En este punto cabe resaltar que en el oficio de denuncia de contradicción, los Magistrados denunciantes señalaron que los Tribunales Colegiados de Circuito sostienen posturas contradictorias respecto a una misma cuestión jurídica, lo que textualmente puntualizaron:
"Los suscritos Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, denunciamos la posible contradicción de tesis, entre el sustentado por este órgano jurisdiccional, al resolver el amparo en revisión **********, frente al adoptado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al conocer el amparo en revisión **********, en atención a las siguientes consideraciones.—El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió el amparo en revisión 126/2017, el 1 de junio de 2017. En la ejecutoria correspondiente, determinó que el derecho que tiene el imputado de acceder a los registros de investigación cuando se ubica en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no conlleva el derecho a obtener una copia de ellos ... Por otra parte, el 12 de abril de 2018, este tribunal constitucional resolvió el amparo en revisión **********, en sentido contrario, esto es: se consideró que el derecho al acceso a los registros de la investigación que tiene la persona imputada y su defensor cuando se ubica en alguna de las hipótesis a las que se refiere el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, conlleva el derecho a obtener una copia de dichos registros."
CUARTO.—Con el fin de verificar si existe la contradicción de tesis denunciada –o cualquier otra que pueda ser abordada por este Pleno–, es necesario precisar, en lo conducente, las consideraciones de las resoluciones respectivas.
I. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, en la parte que interesa, consideró:
"...
"I. Problema jurídico a resolver: Determinar si el imputado que, en la fase inicial de la investigación, comparece ante el agente investigador para que éste lo entreviste, tiene o no derecho a obtener una copia de la investigación.
"Sobre este tema, en la sentencia recurrida se sostuvo que el imputado, desde la etapa de investigación inicial, tiene derecho a conocer los hechos que se le imputan y, para ello, debe permitírsele el acceso a los registros de investigación, así como a obtener una reproducción, sobre todo cuando se le cita con esa calidad con el propósito de entrevistarlo, en términos del artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
"La recurrente adherente abunda que la reserva de la investigación no es absoluta, sino que debe ser entendida de forma armónica con los demás derechos fundamentales, particularmente el que tiene el imputado a contar con los medios necesarios para la preparación de la defensa. Agrega que esa reserva tiene su razón de ser, hasta que el imputado comparece a la indagatoria y, en el caso, eso ya aconteció, por lo que no hay razón legal que justifique la negativa de entregarle una copia del registro de la investigación.
"Señala que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sostenido que el derecho de la víctima a obtener copia de la averiguación previa no está sujeto a reservas de confidencialidad; por lo que, a la luz del principio de igualdad que rige entre las partes del proceso penal, así como de una interpretación pro persona del artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe considerarse que el imputado cuenta también con la facultad de obtener esa reproducción, sobre todo cuando el ejercicio de ese derecho es necesario para la plena efectividad del derecho a una defensa adecuada.
"Por su parte, la recurrente principal aduce que las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida son contrarias a derecho, porque parten de una interpretación incorrecta de los artículos 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo siguiente:
"i) El artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales se refiere al acceso a los registros de la investigación, pero no alude a la posibilidad de obtener copia de ella; mientras que el artículo 219 del código aludido se refiere a la oportunidad de obtener esa copia al señalar que ello se actualiza cuando el imputado es convocado a la audiencia inicial.
"ii) Si el legislador hizo una distinción (en dos artículos) entre el acceso a los registros de la investigación y la oportunidad para obtener copia de ella, debe entenderse que se trata de hipótesis que se actualizan en momentos distintos, pues de lo contrario, el legislador lo hubiere precisado sin hacer esa distinción.
"iii) La comparecencia a que hace referencia el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es la prevista en el artículo 141, fracción II, del citado ordenamiento, que se refiere a una forma de conducción del imputado a la audiencia inicial; supuesto que no se actualiza en la especie, pues en realidad solamente se citó al imputado para recabar su entrevista en sede ministerial.
"iv) La negativa de expedirle copias se justificó en el hecho de que aún no se ha verificado la etapa procesal en la que pudieran obtenerse esas copias, esto es, la celebración de la audiencia inicial, como lo señala el artículo 219 del citado ordenamiento; no obstante, desde el momento en que se recabó su entrevista tuvo acceso a la carpeta de investigación, y ésta no se le ha negado. Ello no puede estimarse como una restricción al derecho de defensa y debido proceso, pues simplemente el legislador estableció una limitación en cuanto a la obtención de la copia de la investigación, pero el imputado, desde que interviene, tiene acceso a ella, es decir, tiene a la vista los registros correspondientes, con lo que se garantiza el pleno ejercicio de esos derechos.
"Como se puede apreciar, la recurrente adherente coincide con lo sostenido en la sentencia recurrida, en cuanto a que la obtención de una copia del registro de la investigación, constituye un derecho del imputado necesario para el ejercicio efectivo del derecho a la defensa adecuada; en una posición contraria, la recurrente principal estima que el imputado, si bien tiene derecho a imponerse de la carpeta de investigación, no puede obtener una reproducción de ella antes de la celebración de la audiencia inicial.
"Por ello, como se adelantó, el problema jurídico a resolver consiste en determinar si el imputado tiene o no derecho a obtener una copia de la investigación cuando comparece ante el agente investigador para que éste lo entreviste.
"II. Solución del caso
"El artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Federal, reconoce como derecho del imputado que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. Al respecto, establece lo siguiente:
"‘El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante Juez, podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; ...’
"Cabe destacar que esta disposición constitucional guarda estrecha relación con el artículo 8, punto 2, inciso ‘c)’, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece la ‘concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa’, respecto del que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que este derecho incluye, entre otros aspectos, la obligación del Estado de permitir ‘el acceso’ de la persona inculpada al conocimiento del expediente llevado en su contra.
"En el Código Nacional de Procedimientos Penales, legislación que rige el procedimiento de donde emana el acto reclamado, el ‘acceso’ al expediente está regulado en los siguientes artículos:
"‘Artículo 218. Reserva de los actos de investigación
"‘Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este código y demás disposiciones aplicables.
"‘La víctima u ofendido y su asesor jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento.
"‘El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este código.
"‘En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este código o en las leyes especiales. ...’
"‘Artículo 219. Acceso a los registros y la audiencia inicial.
"‘Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente.’
"De las disposiciones legales reproducidas se desprenden las siguientes reglas:
"i) Los registros de la investigación son estrictamente reservados, por lo que solamente las partes pueden tener ‘acceso’ a ellos.
"ii) La víctima u ofendido, y su asesor jurídico, pueden tener ‘acceso’ a los registros de la investigación en cualquier momento.
"iii) El imputado y su defensor podrán tener ‘acceso’ a los registros de la investigación cuando: (1) se encuentre detenido; (2) sea citado para comparecer como imputado, o (3) sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. A partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su defensor.
"iv) Convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tienen derecho a ‘consultar’ los registros de la investigación y a obtener una copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa.
"Como se puede apreciar, las primeras tres reglas hablan del ‘acceso’ a los registros de la investigación; sólo la última regla, que tiene lugar después de que se cita al imputado y su defensor a la audiencia inicial, se menciona la posibilidad de ‘consultar’ dichos registros y de ‘obtener’ una copia.
"Esto podría llevar a concluir, si interpretamos dichos preceptos legales de forma literal, que solamente puede obtenerse una copia de los registros de la investigación hasta que el imputado y su defensor son citados a la audiencia inicial.
"Sin embargo, la interpretación de ambas disposiciones, a la luz del principio pro persona, lleva a una conclusión distinta.
"Para explicar lo anterior, debe tenerse en cuenta que el ‘acceso’ a los registro de la investigación, en el caso del imputado o su defensor, tiene lugar cuando el primero es detenido; es citado para comparecer con ese carácter (imputado); o, es sujeto de un acto de molestia y se pretende recibir su entrevista.
"Esto refleja que el propósito que se persigue es garantizar el ejercicio del derecho a una defensa adecuada, así como proteger el derecho a la no autoincriminación, pues con ello el imputado puede tener conocimiento de los hechos que se le imputan, los datos de prueba obtenidos hasta el momento en que se actualiza alguna de esas hipótesis y, con base en ello, manifestar lo que a su interés convenga o, eventualmente, reservarse su derecho a declarar.
"Ahora bien, a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, todas las autoridades tienen el deber de interpretar las normas con contenido de derechos humanos a la luz del principio pro persona.
"En este sentido, entender que el ‘acceso’ a los registros de la investigación se limita simplemente a permitir que el imputado o su defensor se impongan de su contenido, esto es, que los tenga a la vista, es insuficiente para garantizar una defensa adecuada, pues para el goce efectivo de ese derecho fundamental, es necesario que se le permita la obtención de una reproducción de dichos registros, que pueda consultar libremente durante sus comparecencias ante el órgano investigador y que le permita tener una postura defensiva congruente.
"Por ello, como se sostiene en la sentencia recurrida, debe entenderse que el ‘acceso’ a los registros de la investigación conlleva la posibilidad de que el imputado o su defensor obtengan copia de ellos, no sólo que los tenga a la vista.
"Es importante destacar, como señala el recurrente adherente, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el Caso Radilla Pacheco Vs. Estados Unidos Mexicanos, en relación con el tema jurídico que se aborda, sostuvo lo siguiente:
"‘254. En cuanto a la expedición de copias del expediente de la averiguación previa conducida por la Procuraduría General de la República en este caso, la Corte advierte que las solicitudes realizadas a este efecto han sido declaradas improcedentes por dicha institución con fundamento en el artículo 16, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Penales. ...
"‘256. La Corte considera que, en casos como el presente, la negativa de expedir copias del expediente de la investigación a las víctimas constituye una carga desproporcionada en su perjuicio, incompatible con el derecho a su participación en la averiguación previa. En el caso que nos ocupa, esto se tradujo en una violación del derecho de la señora ********** a participar plenamente en la investigación. Al respecto, los Estados deben contar con mecanismos menos lesivos al derecho de acceso a la justicia para proteger la difusión del contenido de las investigaciones en curso y la integridad de los expedientes. ...’
"Como se puede apreciar, la Corte Interamericana considera que la negativa de expedir copia del expediente a la víctima, además de que constituye una carga desproporcionada, es incompatible con el derecho que tiene a participar en la averiguación previa.
"Si bien en ese fallo se abordó el tema que nos ocupa desde la perspectiva de la víctima, la conclusión es la misma si la discusión girara, como en el caso, en torno al imputado, pues el derecho que tiene la víctima a participar en el procedimiento penal es correlativo al derecho a una defensa adecuada que tiene el imputado, por lo que, en ambos casos, la negativa a expedirles copia de la investigación se traduce en una carga excesiva para el ejercicio pleno de esos derechos fundamentales.
"Además, aunque el primer párrafo del artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que los registros de la investigación son ‘estrictamente reservados’, también precisa que ‘únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos’, por lo que ni aun bajo la perspectiva de la integridad de la investigación, se justifica negar al imputado o su defensor la posibilidad de obtener una copia de tales registros.
"Ahora bien, es cierto que el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que, una vez citados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor pueden consultar la investigación y obtener copia de ella. Sin embargo; no debe entenderse como una regla que fija el momento a partir del cual el imputado y su defensor pueden conseguir dicha copia, sino como una garantía de que en ese acto procesal, que además es de especial trascendencia (en él, de ser el caso, se califica la detención, se decide si se vincula o no a proceso y, eventualmente, sobre la medida cautelar solicitada), el imputado y su defensor podrán intervenir con una reproducción de la investigación que les permita argumentar objetivamente sobre los datos de prueba obtenidos en la investigación inicial.
"En conclusión, el ‘acceso’ a los registros de la investigación no se limita a permitir que el imputado o su defensor los tengan a la vista, sino conlleva la posibilidad de obtener una copia, pues negar esa reproducción es un obstáculo para el goce efectivo del derecho a una defensa adecuada, en tanto que impide que puedan consultar libremente el contenido de la investigación durante sus comparecencias ante el órgano investigador y que le permita tener una postura defensiva congruente, por lo que, en este contexto, la decisión que se revisa se ajusta a derecho.
"No pasa inadvertida la jurisprudencia 1a./J. 52/2005,(1) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del siguiente tenor:
"‘AVERIGUACIÓN PREVIA. EL ACCESO A SUS ACTUACIONES POR LAS PARTES LEGITIMADAS PARA ELLO, NO IMPLICA EL DERECHO A QUE SE LES EXPIDAN COPIAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 16 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES).—La fracción VII del apartado A del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en beneficio de todo inculpado sujeto a un proceso penal el derecho a una defensa adecuada, lo cual implica que se le faciliten los datos que consten en aquél y que requiera para su defensa. Ahora bien, conforme a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 3 de julio de 1996, mediante la cual se adicionó un párrafo cuarto a la fracción X del citado precepto constitucional, las garantías previstas en sus fracciones VII y IX, que en un principio sólo eran aplicables durante la tramitación del proceso penal, también fueron incorporadas a la averiguación previa, aunque limitándose a lo establecido en las leyes secundarias. Por otra parte, el segundo párrafo del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales señala que las únicas personas que tendrán acceso a las actuaciones de la averiguación previa serán el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido y/o su representante legal, en caso de que los hubiera, y establece que el funcionario que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos que obren en la averiguación incurrirá en responsabilidad; de donde se advierte que el Ministerio Público está impedido para otorgar dichas copias, lo cual es acorde con la garantía de defensa contenida en las fracciones VII y IX del artículo 20, apartado A, de la Constitución Federal, en tanto que ésta dispone que tratándose de la averiguación previa, dicha garantía se otorgará con las limitantes, términos y requisitos que las leyes secundarias determinen, es decir, si bien es cierto que las partes tienen derecho a que se les proporcione toda la información que requieran para su defensa, también lo es que el hecho de que el Ministerio Público no pueda proporcionar copias –en aras de proteger la reserva de las actuaciones–, en nada restringe el aludido derecho, pues aun cuando no se les proporcionen copias, el referido artículo 16 prevé que podrán tener acceso a las actuaciones de las que se podrán tomar todos los datos que estimen indispensables. De manera que si la fracción VII, apartado A, del artículo 20 constitucional no exige que los datos solicitados por el inculpado, su defensor y la víctima y ofendido y/o su representante legal, para preparar su defensa y que consten en la averiguación o en el proceso, sean pedidos precisamente por escrito y ministrados en forma de copias simples o certificadas, basta que el expediente respectivo sea puesto a la vista de las partes para que puedan consultarlo.’
"Sin embargo, en el caso, no es aplicable dicho criterio, pues parte de la interpretación del artículo 20 constitucional, anterior a la reforma en materia penal de 2008 y del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, que operan en el sistema de justicia penal tradicional; mientras que el procedimiento de origen se tramita conforme a las reglas del sistema de justicia penal acusatorio, con base en la citada disposición constitucional posterior a la reforma y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin que lo anterior implique desconocer su obligatoriedad para aquellos casos en los que resulte aplicable el marco normativo analizado en la jurisprudencia.
"Tampoco se soslaya que la recurrente principal aduce que el argumento del juzgador federal sobre el descubrimiento probatorio no corresponde al momento procesal en el que nace el acto reclamado; sin embargo, debe tenerse en cuenta que dicho argumento se expuso a mayor abundamiento y, además, con el propósito de demostrar que, en las etapas posteriores del juicio, es una constante la posibilidad que tiene el imputado para acceder a los medios de prueba con los que, eventualmente, puede decidirse sobre su participación en los hechos que se le imputan.
"Con base en lo anterior, al haber resultado fundados los agravios esgrimidos por la recurrente adherente, no así los planteados por la recurrente principal, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida y conceder para efectos la protección constitucional solicitada. ..."
II. Por su parte, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, sostuvo lo siguiente:
"...
"VI. Decisión del tribunal
"Previo al análisis del asunto, de conformidad con el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se fijan de manera clara y precisa los actos reclamados tal y como lo señaló en su demanda de amparo y en sus diversos escritos donde desahogó las prevenciones efectuadas por el Juez de amparo.
"Del fallo recurrido se advierte que el considerando segundo, el a quo precisó como actos reclamados los siguientes:
"‘a) La falta de contestación al escrito presentado el veinte de enero de dos mil diecisiete, en la carpeta **********
"‘b) El acuerdo de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, dictado en la referida carpeta de investigación, en el que niega expedición de copias
"‘c) La negativa de tener acceso a tal carpeta.’
"Sin embargo, este Colegiado aprecia que, si bien fue adecuado que destacara como actos los indicados en los incisos a), b) y c), también lo es que, como lo alega el recurrente en sus agravios, el Juez de amparo construyó su determinación sin atender el acto que en realidad reclamó el quejoso –causa de pedir–.
"Veamos.
"Para una mejor comprensión de este tópico, es conveniente relatar lo siguiente:
"i. El quejoso ********** promovió juicio de amparo indirecto en el que señaló en el capítulo de acto reclamado lo siguiente:
"‘Acto reclamado.
"‘a) La transgresión a los principios generales del proceso penal acusatorio, en especial el de igualdad procesal, pues el agente del Ministerio Público, limita el derecho del imputado a sostener una defensa al no facilitar los datos que constan en el proceso y que solicita para formular su declaración ministerial, lo que en vía de consecuencia viola los derechos humanos y garantías individuales previstos en los incisos A y B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"‘b) La negativa del Ministerio Público para expedir al imputado de todas las constancias y registros que integran la carpeta de investigación **********.
"‘c) La violación al derecho del imputado para controvertir la acusación y los datos de prueba en que aquélla se funda.’
"En el capítulo de ‘hechos’ en los puntos 2, 3 y 4 escribió:
"‘2. ... en fecha 6 de enero de 2017, solicité por escrito ... la expedición de copias de las constancias que integran la indagatoria ... 3. Ante el silencio de la autoridad responsable, el día 16 de enero de 2017, acudí en compañía de mi defensor particular a la Fiscalía Desconcentrada en Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana, a efecto de solicitar el acceso a los datos, registros e información que obran en la carpeta de investigación en cuestión. Así como solicitar que fuera acordada de conformidad la petición realizada semanas antes.
"‘En razón de lo anterior, y después de varias horas, la autoridad responsable tomó mi comparecencia en la que solicite la expedición de copias de la investigación para poder rendir mi entrevista ministerial, sin embargo, dicha autoridad se negó a hacerlo aludiendo al sigilo de la investigación, por lo que, hasta este momento NO he podido rendir declaración, pues no se ha garantizado en mi favor el derecho a una defensa adecuada, previsto por la propia Constitución Federal y por el Código Nacional de Procedimientos Penales.
"‘El mismo 16 de enero de 2017, la autoridad responsable, dictó un acuerdo en el que niega la expedición de copias de la carpeta de investigación que fueron requeridas ...
"‘4. ... mediante escrito presentado el 20 de enero de 2017, en oficialía de partes de la Fiscalía Desconcentrada en Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana, solicite a la autoridad responsable la revocación de dicha determinación, pues dicho acuerdo debe declararse nulo por violar los derechos del imputado previstos en la Constitución Federal y en el Código Nacional de Procedimientos Penales que asisten a los gobernados.
"‘En ese mismo orden señalo a Usted que hasta la fecha la autoridad responsable no ha emitido acuerdo respecto de la solicitud realizada por el quejoso ...’
"ii. Por lo que, el Juez recurrido por acuerdo de nueve de febrero de dos mil diecisiete, registró con el número **********y requirió al quejoso para: 1. Que aclarara los actos, toda vez que el identificado como ‘c)’ era impreciso y 2. Manifestara si era su deseo señalar como acto reclamado ‘La omisión de acordar el escrito que presentó el quejoso **********, ante el agente del Ministerio Público adscrito a la unidad 1, sin detenido, de la Fiscalía Desconcentrada en Investigación de Delitos Ambientales y de Materia de Protección Urbana, Agencia C. de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, el veinte de enero del año en curso.’
"iii. El quejoso desahogó el requerimiento ordenado, mediante escrito presentado en el juzgado recurrido el catorce de febrero de la presente anualidad, donde indicó:
"‘Se aclara y precisa el inciso c) del acto reclamado para quedar como sigue:
"‘c) Los efectos y consecuencias de la negativa del Ministerio Público de permitir el acceso al quejoso y a su asesor jurídico a la carpeta de investigación número **********, lo que imposibilita una defensa adecuada al impedir el acceso a los registros de investigación y los datos de prueba en que aquélla se funda.
"‘d) La omisión de acordar el escrito signado por mi asesor jurídico, lic. **********, en representación del quejoso, el cual fue presentado el 20 de enero del año en curso, ante el C. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad 1, sin detenido, de la Fiscalía Desconcentrada en Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana, Agencia C. de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.’
"iv. Luego, el juzgado recurrido el quince de febrero de dos mil diecisiete, admitió a trámite la demanda, solicitó el informe con justificación a la responsable respecto de los siguientes actos:
"‘- La negativa de acceso a la carpeta de investigación **********.
"‘- La negativa de expedi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28337-e6a7ce3f/acceso-a-los-registros-de-la-investigacion-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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