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Modo: Corpus Pro

ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. CASO EN QUE SE JUSTIFICA LA NECESIDAD DE CAUTELA PARA SU EMISIÓN, AL EXISTIR LA POSIBILIDAD DE QUE EL INCULPADO SE EVADA DE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA, ANTE LO ELEVADO DEL MONTO DE LA CONDENA A LA REPARACIÓN DEL DAÑO. ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. SI FUE AUTORIZADA EN AUDIENCIA PRIVADA CON BASE EN LOS DATOS DE PRUEBA APORTADOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN EL RECURSO DE REVISIÓN RESPECTIVO NO DEBE DEMERITARLOS O CONCEDERLES VALOR PROBATORIO PUES, DE LO CONTRARIO, VIOLARÍA EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 635/2017. · Registro digital (IUS): 28307
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2019-02-01
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, Pág. 3085.

AMPARO EN REVISIÓN 635/2017. 31 DE MAYO DE 2018. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JUAN RAMÓN RODRÍGUEZ MINAYA. PONENTE: JORGE MERCADO MEJÍA. SECRETARIO: GUSTAVO VALDOVINOS PÉREZ.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.—Estudio de los agravios.

I. Antecedentes.

1. Previo al estudio del asunto, para mejor claridad, se destacan los hechos relevantes que anteceden a la sentencia recurrida, en los términos siguientes:

20.1. El dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, **********, en su calidad de secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, presentó querella ante el fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Delitos Diversos II, de Chetumal, Quintana Roo, por los hechos que la ley señala como delito de aprovechamiento ilícito del poder, previsto y sancionado con pena privativa de la libertad y multa, por el artículo 252, fracción II, en relación con el diverso 206, en correlación con los numerales 13, fracción III, 14, párrafo segundo y 16, fracción I, del Código Penal del Estado de Quintana Roo, en contra del entonces gobernador de este Estado, **********; así como por el hecho que la ley señala como delito de desempeño irregular de la función pública, previsto y sancionado con pena privativa de la libertad y multa, por el artículo 207, fracción V,(26) en relación con el numeral 206,(27) en correlación con los numerales 13, fracción III, 14, párrafo segundo y 16, fracción II, del Código Penal estatal,(28) en contra de la persona anteriormente mencionada, así como de (1) **********, (2) **********, (3) **********, (4) **********, (5) **********, (6) **********, (7) **********, (8) **********, (9) **********, (10) ********** y (11) **********; ambos ilícitos cometidos, presuntamente, en agravio de la administración pública del Estado de Quintana Roo.

20.2. En la narrativa de la denuncia, el secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo expuso sustancialmente, en lo que interesa, del delito de desempeño irregular de la función pública, que en el acta final de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, derivado de la visita domiciliaria ordenada por la Administración Desconcentrada de la Auditoría Fiscal de la Secretaría de la Administración Tributaria (sic) en el Estado de Quintana Roo, se concluyó, previa revisión de la documentación requerida, que en el ejercicio fiscal de dos mil catorce, la paraestatal **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, pagó facturas a favor de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, por presuntos servicios de taxi aéreo para servidores públicos del Estado de Quintana Roo, convenidos entre ambas empresas en contratos de cinco de abril de dos mil once(29) y uno de enero de dos mil catorce;(30) sin embargo, pese a que en los mismos contratos, por una parte, la paraestatal se obligó a presentar por escrito el destino, itinerario y escalas deseadas, con veinticuatro horas de anticipación y con el correspondiente acuse de recibo; mientras que la prestadora del servicio **********, se obligó a presentar mensualmente los estados de cuenta de las horas efectivas de vuelo o uso de las aeronaves, los pagos efectuados y aquellos que se tengan que cubrir; no obstante lo anterior, no se le exhibió a la autoridad fiscalizadora la documentación que soportara las operaciones asentadas en las facturas observadas, por lo que declaró inexistentes dichas operaciones y rechazó la cantidad pretendida a deducir en el ejercicio fiscal de referencia.

20.3. Así, bajo las cláusulas pactadas en ambos contratos, con el consenso del órgano de gobierno de la paraestatal, sin que haya mediado licitación alguna, ni la justificación por parte del órgano competente del Gobierno del Estado para que la empresa de participación estatal mayoritaria solicitara a un tercero el servicio de dos aeronaves en el primer contrato en mención y de un helicóptero en el segundo, así como de una revisión de los pagos efectuados por el Gobierno del Estado a la paraestatal y ésta a la prestadora del servicio **********, se llegó a la conclusión de que del dos mil once al dos mil dieciséis, el detrimento al erario público fue de ********** (********** pesos ********** centavos moneda nacional), pues a sabiendas de que los contratos no se cumplirían, los señalados consintieron que se siguieran pagando las facturas a favor de la prestadora del servicio.

20.4. Por lo que la Representación Social inició la carpeta de investigación **********, con número de caso **********, y mediante oficio de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, solicitó al Juez de Control del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, la medida cautelar consistente en la orden de aprehensión en contra de los coinculpados, con fundamento en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

20.5. En consecuencia, el Juez de despacho del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, radicó la solicitud con la carpeta administrativa **********, y con fundamento en los artículos 141, fracción III, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se señalaron las dieciocho horas del veintiocho de junio de dos mil diecisiete, para que tuviera verificativo la audiencia de mérito.

20.6. Llegado el día de la audiencia privada de solicitud de la orden de aprehensión, ésta fue precedida por la Jueza de Control **********, e intervinieron los agentes del Ministerio Público (a) **********, (b) **********, y (c) **********, en la que expusieron los motivos por los que solicitan la medida cautelar, y previas las consideraciones legales, la Jueza de Control libró orden de aprehensión en contra de los imputados; ordenó entregar el oficio y resolución de mérito a las autoridades correspondientes para su ejecución, y autorizó la solicitud del Ministerio Público de proporcionar la copia del audio y video de la audiencia, previa declaración de dejar cerrada la audiencia.

20.7. Contra esa resolución, el coinculpado (11) ********** promovió demanda de amparo indirecto, de la que conoció el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, la cual registró con el expediente **********; seguido el procedimiento, previa ampliación de la demanda para expresar los conceptos de violación de la orden de aprehensión reclamada, en la audiencia constitucional de veinte de septiembre de dos mil diecisiete, autorizada el treinta de octubre siguiente, se procedió a dictar sentencia en la que el Juez de Distrito determinó sobreseer en el juicio respecto a las autoridades de las que se estimó inexistente el acto reclamado, y se negó el amparo solicitado contra la orden de aprehensión dictada en audiencia privada de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, en la carpeta administrativa **********, así como su ejecución, actos atribuidos, respectivamente, a la Jueza de Control adscrita a los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo y el director de la Policía Ministerial de Investigación Zona Sur y Zona Norte. (folios 225 a 249 del expediente de amparo)

20.8. Inconforme con dicha sentencia constitucional, el quejoso interpuso el recurso de revisión que motiva el dictado de la presente ejecutoria.

II. Agravios.

21. Por técnica jurídica, se analizarán los agravios expuestos en un orden diferente al propuesto por el inconforme.

II.1. Valoración de datos de prueba en la orden de aprehensión.

22. En el segundo agravio, el revisionista aduce que de manera indebida el a quo consideró que se encuentran colmados y plenamente justificados los elementos que constatan la existencia del hecho, la calidad del imputado, así como el detrimento que su actuar ocasionó al erario público, por lo que el revisionista solicita a este tribunal analice correctamente los datos de prueba. Ello, porque la parte recurrente basa su apreciación en los siguientes argumentos, que se sintetizan a continuación:

• La consideración de la Juez de Control respecto al resultado de la visita realizada por el Servicio de Administración Tributaria a **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, consistente en que fueron detectadas diversas irregularidades y que, por ello, se generaron un pago y detrimento económico al patrimonio estatal, a su decir, deviene falso, porque el revisionista afirma que en el acta final de la visita en comento, en ninguna parte se establece que exista un detrimento en la hacienda pública del Estado, sino que arriba a la conclusión de que existen diversas irregularidades en la facturación, por no reunir los requisitos fiscales, lo que motivó a la autoridad fiscalizadora al rechazo de la deducción de impuestos a favor de la empresa visitada; además, sobre el mismo tópico el revisionista afirma que la autoridad fiscalizadora federal carece de facultades para determinar un detrimento económico en la hacienda pública estatal.

• También el recurrente aduce que la empresa **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, no requiere estar inscrita en el padrón de proveedores del Gobierno del Estado, porque conforme al artículo 92 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Quintana Roo,(31) y el diverso 1 de la Ley de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo,(32) le asiste a dicha empresa la calidad de paraestatal, lo que deviene anti-natura (sic) la necesaria inscripción al padrón a que hace referencia la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles para el Estado de Quintana Roo, pues al tratarse de una empresa de participación estatal mayoritaria, constituye una unidad auxiliar de la administración pública estatal.

• Por tal motivo, el recurrente también afirma que no es cierto que los contratos celebrados entre la empresa de participación estatal mayoritaria en comento y **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, hayan sido en contravención a los requisitos de licitación que los entes gubernamentales deben observar para la adquisición de bienes y servicios en el ejercicio del gasto público pues, a su decir, la paraestatal no requiere de un contrato, ya que se trata de una unidad auxiliar de la administración pública.

23. Por lo antes asentado, el recurrente solicita a este tribunal realizar la valoración de los datos de prueba aportados por los agentes del Ministerio Público, para llegar a la convicción de que no se acredita la necesidad de cautela, el detrimento en la hacienda pública del Estado de Quintana Roo, y su probable participación en la comisión de un delito.

24. Las anteriores aseveraciones, que en conjunto se analizan, por así permitirlo el artículo 76 de la Ley de Amparo, son infundadas, porque dada la etapa procesal de la que deriva el acto reclamado, en el estándar de prueba del sistema penal acusatorio para resolver la orden de aprehensión, basta que con los datos aportados por el Ministerio Público al Juez de Control se establezca la existencia del hecho previsto en la ley penal como delito, la probable participación del imputado en el hecho en un amplio sentido y la exposición de los argumentos por los que sea necesaria la cautela, a fin de que el imputado no se sustraiga de la acción de la justicia.

25. En efecto, el proceso penal acusatorio y oral se rige, entre otros principios, por el de contradicción, conforme al cual, se presentan los argumentos y elementos probatorios, de manera que las partes tengan igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente. Así, este principio se presenta como el pilar fundamental sobre el cual descansan y giran los demás principios del nuevo sistema de enjuiciamiento penal, pues es conforme a éste que los contendientes adquieren la misma oportunidad de conocer y comentar los puntos más sensibles de las evidencias aducidas por su contraparte.

26. En suma, en el sistema acusatorio debe resolverse con base en lo expuesto y probado por las partes. Bajo estas proposiciones, si la orden de aprehensión fue autorizada en audiencia privada, con base en los datos de prueba aportados por el Ministerio Público para establecer la existencia del hecho previsto en la ley penal y la probable participación (en sentido amplio) del imputado en el hecho, es inconcuso que dichos datos aún no han sido sometidos a contradicción, dada la etapa procesal en que se encuentra la investigación, por lo que este tribunal no está en posibilidad de demeritar o conceder valor probatorio al resultado de la visita domiciliaria ordenada por la autoridad fiscal a la paraestatal multicitada, como tampoco (sic) si los contratos de los que deriva el presunto daño patrimonial al erario público estatal, fueron autorizados o no conforme a los lineamientos de licitación que las unidades gubernamentales deben observar, pues la Jueza de Control basó su determinación en un estándar probatorio permitido por el artículo 16 constitucional.

27. En ese sentido, no le asiste razón al revisionista en la parte en que aduce que este tribunal realice la valoración de algunos de los datos de prueba aportados por los agentes del Ministerio Público para llegar a la convicción de que no existe detrimento patrimonial, pues como se ha dicho, dada la etapa procesal en la que aún no se ha iniciado el juicio oral penal, los datos de prueba aún no les reviste valor probatorio, sino que constituyen datos sometidos a la razonabilidad del Juez de Control, con un estándar probatorio menor para resolver sobre la orden de aprehensión.

28. Por lo que, en este sentido, si los datos de prueba aún no han sido sometidos a contradicción en el juicio para generar valor probatorio, es inconcuso que este tribunal no está en posibilidad de asignar o demeritar convicción a los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, ya que con ello se contravendría el principio de contradicción(33) que rige el sistema penal acusatorio y oral.

29. Así, en el caso, la orden de aprehensión emitida por la Jueza de Control se basó en un grado de razonabilidad de acuerdo con los datos que los agentes del Ministerio Público refirieron que demuestran de manera indiciaria que se ha cometido un hecho ilícito y que existe la posibilidad –en un sentido amplio– de que el imputado, junto con otros, lo cometió o intervino en él, y conforme a esa exposición, la Jueza de Control estableció claramente los elementos que a su juicio integran el hecho ilícito que se imputa y citó los datos de prueba que materializan cada uno de ellos.

30. Dicho de otra manera, si el recurrente expone argumentos por los cuales controvierte el valor probatorio de algunos de los datos de prueba, consistentes en la negativa de la deducción de impuestos a la contribuyente **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, y la innecesaria inscripción de la empresa precitada en el padrón de proveedores del Gobierno del Estado; ello debe ser materia del juicio oral en el que sean sometidos a contradicción y, en consecuencia, sean valorados por el juzgador, junto con los demás datos en los que la Jueza de Control responsable se apoyó para autorizar la orden de aprehensión solicitada por los agentes del Ministerio Público.

31. Además, no le asiste razón al revisionista en la parte en que afirma que no se contravinieron los requisitos de licitación de los contratos entre la empresa paraestatal y la prestadora del servicio de taxi aéreo, pues conforme el artículo 11 Bis, en relación con el diverso 2, ambos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo,(34) la necesaria inscripción al padrón de proveedores del Estado, corresponde a la empresa **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, que fue la que convino mediante contratos de cinco de abril de dos mil once y uno de enero de dos mil catorce, que se otorgara el servicio de taxi aéreo a la paraestatal **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, misma que, al tratarse de una entidad auxiliar de la administración pública, sólo puede celebrar contratos de prestación de servicios con personas físicas y morales que se encuentren inscritas con registro vigente, en el padrón de proveedores del Estado.

32. Ello, sin que pase desapercibido que tal dato de prueba será sometido a contradicción en el momento procesal oportuno; que es en la audiencia de juicio oral penal; de ahí que también devenga infundado el agravio de disenso, dada la calificativa provisional por parte de la Jueza de Control.

II.2. Necesidad de cautela.

33. En una parte del tercer agravio, el revisionista también aduce que los motivos por los que el Juez de Distrito consideró colmada la necesidad de cautela para girar la orden de aprehensión, relativos a su pasaporte vigente y el último viaje al extranjero, son insuficientes, porque a su decir, dichos elementos son tan generales que cualquier persona de clase media que guste de viajar se ubicaría en tal supuesto; además, afirma que la residencia de su familia, empleo, domicilio fiscal, el de sus estados de cuenta bancarios, escuela de sus hijos y propiedades, se encuentran concentrados en Chetumal, Quintana Roo, lo que genera convicción de que no sea posible su pretensión de sustraerse de la justicia; tan es así que, afirma, compareció –sin decir cuándo– ante la Secretaría de la Gestión Pública para realizar aclaraciones al acta de entrega-recepción, por lo que no ha desacatado alguna citación procesal.

34. Por tal situación, el recurrente expone que no se justificó el peligro de sustracción, conforme al artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales.(35)

35. Lo antes dicho es infundado, porque contrario a lo que afirma el inconforme, sí se actualiza la hipótesis contenida en la fracción III del artículo 141,(36) en relación con el diverso 168, fracciones I y III,(37) todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, tal como lo consideró el Juez de Distrito en la sentencia recurrida.

36. En efecto, el Juez de Distrito, así como la Jueza de Control, consideraron suficientes, entre otros datos de prueba, para tener por justificada la necesidad de la medida cautelar, que la penalidad del delito de desempeño irregular de la función pública incluye también la pena pública de pagar solidariamente con los demás inculpados la reparación del daño, lo que conlleva, en dado caso, al pago del monto calculado como detrimento patrimonial en el Estado, que fue señalado por la cantidad de ********** (********** pesos ********** centavos moneda nacional), circunstancia que, desde luego, el a quo consideró que generaría una actitud negativa en el ánimo del sujeto activo, es decir, que se abstuviera de comparecer voluntariamente para someterse a proceso ante el órgano jurisdiccional y, de esa forma, sustraerse de la acción de la justicia.

37. Por consiguiente, tal aspecto constituye un argumento con el cual la Jueza de Control responsable ponderó una posible conducta negativa por parte del indiciado frente a la posible pena pública de pagar solidariamente con los demás inculpados la reparación del daño, a pesar de que el quejoso, aquí revisionista, tenga su domicilio particular en Chetumal, Quintana Roo, ya que también se consideró que de acuerdo con la información proporcionada por la delegada federal de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Quintana Roo, el revisionista cuenta con pasaporte vigente a diez años, desde el veinticuatro de marzo de dos mil quince, es decir, hasta el veinticuatro de marzo de dos mil veinticinco, así como también se expuso a la Jueza de Control que la directora de información migratoria informó que la última salida del país fue el veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis y, de entrada, el uno de enero de dos mil diecisiete.

38. Dada la información oficial expuesta ante la Jueza de Control, así como la suma exorbitante de la pena pública, fue (sic) lo que motivó la necesidad de solicitar la cautela para girar la orden de aprehensión solicitada por los agentes de Ministerio Público, con la finalidad de evitar que el inculpado evadiera la acción de la justicia.

39. En estas condiciones, como el Juez de Distrito tuvo por acreditada la necesidad de cautela con los mismos argumentos que la Jueza de Control, entre los que se encuentra el exorbitante monto de la reparación del daño y que haya viajado al extranjero, por contar con pasaporte vigente, a pesar de que el domicilio habitual del impetrante estuviera en Chetumal, Quintana Roo; esas consideraciones fueron en las que se apoyó el a quo para tener por colmada la necesidad que tuvo la Jueza responsable para girar la orden de aprehensión y, por ende, negar la protección solicitada, pues los agentes del Ministerio Público demostraron la existencia de circunstancias que evidencian la posibilidad de que se evada de la acción de la justicia.

40. Al respecto, es aplicable por identidad de razón, la tesis I.6o.P.86 P (10a.), que se comparte, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de título, subtítulo y texto siguientes:

"ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. AUN CUANDO ÉSTA ES DE CARÁCTER EXCEPCIONAL, EL JUEZ DE CONTROL PUEDE DECRETARLA CONFORME AL ARTÍCULO 141, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES SIN NECESIDAD DE QUE EXISTA CITA PREVIA U ORDEN DE COMPARECENCIA POR MEDIO DE LA FUERZA PÚBLICA, SIEMPRE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO DEMUESTRE LA NECESIDAD DE CAUTELA. El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de Control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: citatorio al imputado para la audiencia inicial (fracción I); orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna (fracción II); orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela (fracción III); de donde se colige que la orden de aprehensión, como forma de conducción del imputado al proceso, tiene un carácter excepcional, porque su procedencia sólo se actualiza una vez que el citatorio y la orden de comparecencia respectivas no hayan cumplido su objeto; sin embargo, el Juez de Control puede ordenar la aprehensión del imputado, sin necesidad de que también exista cita previa u orden de comparecencia a través de la fuerza pública, siempre y cuando el Ministerio Público demuestre la necesidad de cautela, esto es, que existan circunstancias que evidencien la posibilidad de que se evada de la acción de la justicia."(38) (Lo subrayado es propio).

41. De ahí lo infundado del disenso.

II.3. Comisario de la paraestatal.

42. El recurrente aduce en el preámbulo de sus agravios, que el Juez Federal soslayó que en su calidad de comisario propietario de la paraestatal **********, Sociedad Anónima de Capital Variable (**********), no tuvo la posibilidad de participar en el hecho delictivo que la ley señala como delito, consistente en el desempeño irregular de la función pública, ya que el ámbito de actuación de la empresa mencionada con participación estatal mayoritaria (paraestatal) está sujeta a lo dispuesto en su reglamento interior, y en su calidad de comisario tiene derecho a voz, pero no a voto, en las decisiones que haya tomado el Consejo de Administración; ello, con apoyo en los artículos 12, 15, 24, 29, fracción I (los dos artículos previos, acorde al diverso 45 del mismo ordenamiento), 41 y 42 de la Ley de Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo;(39) así como de los diversos 5, 6, 9, fracciones I, II, VII, VIII y IX; 10, incisos a) y c); 15, 21, 22 y 23, puntos 1, 2 y 7, del Reglamento Interior de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria **********, Sociedad Anónima de Capital Variable.(40)

43. Lo antes dicho por el revisionista es infundado porque, contrario a lo que aduce, el marco normativo que regula las funciones que desempeñaba como servidor público, tanto en la paraestatal como comisario propietario y en el Gobierno del Estado, como secretario de la gestión pública, dejan patente la posible participación del recurrente en el hecho que la ley señala como delito de desempeño irregular de la función pública, en virtud de que contaba con facultades de vigilancia que no puede desconocer, lo que deja en relieve la posible participación en el hecho delictivo, cuya intervención es provisional por la etapa procesal de que se trata.

44. Pues si bien, el Juez de Distrito reiteró en la sentencia recurrida los datos de prueba que la Jueza de Control estimó idóneos, pertinentes y, en su conjunto, suficientes para generar la convicción de que los imputados cometieron, en conjunto, un hecho que la ley señala como delito de desempeño irregular de la función pública, sin que se puntualizara de qué manera cada uno de los implicados participó en ese hecho delictivo, de acuerdo con sus funciones, ya que conforme al sistema penal acusatorio oral, un Juez de Control sólo puede basarse en el grado de razonabilidad de los datos que el Ministerio Público refiera que demuestran que se ha cometido un hecho ilícito y exista la posibilidad de que el imputado lo cometió.(41)

45. De tal suerte, que si esa individualización de la conducta no fue expuesta por el Ministerio Público, a su vez, la Jueza de Control no tiene la posibilidad de hacerlo, precisamente porque se basa en la exposición de motivos del agente del Ministerio Público y no tiene acceso a la carpeta de investigación.

46. Sin embargo, ello no significa que por esa única razón devenga ilegal la orden de captura, pues en el momento procesal oportuno, que es en la audiencia inicial, será cuando se formule la correspondiente imputación al inculpado, señalando el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, tal como lo refiere el numeral 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales.(42)

47. Aunado a ello, también es pertinente puntualizar que del material audiovisual de la audiencia privada de solicitud de la orden de aprehensión, se advierte que a las cero horas, dieciocho minutos, treinta y cuatro segundos (00:18:34) del día previsto para su verificación (o 06:13:12 del rodaje), la Jueza de Control consideró en la parte conclusiva:

"...siendo que los sujetos activos a sabiendas de que no se reunían los requerimientos fiscales así como las disposiciones necesarias para realizar los contratos en cita, autorizaron y firmaron los mismos. Máxime que los sujetos activos no realizaron acción alguna en cuanto a rescindir los contratos de prestación de servicios firmados con antelación en razón de haberse percatado de que no se daba cumplimiento a lo convenido en las cláusulas de los mismos, así como tampoco realizaron alguna acción para la rescisión del contrato y en su caso dejar de realizar los pagos indebidos realizados por el Gobierno del Estado a favor de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, y éste, a su vez, a **********, Sociedad Anónima de Capital Variable; acción de la cual se deriva un daño patrimonial al Gobierno del Estado de Quintana Roo por ********** (********** pesos ********** moneda nacional)..." (finaliza a las 00:20:55 horas o 06:15:29 del rodaje)

48. De lo anteriormente reproducido, queda de manifiesto que los datos de prueba expuestos por los agentes del Ministerio Público generaron convicción a la Jueza de Control, de que ninguno de los implicados emprendió acción alguna para evitar el detrimento patrimonial mediante la rescisión de los contratos de los que no se verificó su cumplimiento, pero que derivado de los mismos sí se pagaron sumas considerables de dinero provenientes del erario público.

49. Por consiguiente, tal como lo refirió la Jueza de Control, la participación en el hecho que la ley señala como delito de desempeño irregular de la función pública, también estriba sobre todos los imputados, porque ninguno de ellos emprendió acción alguna para que con base en la comprobación del posible incumplimiento de los contratos, se solicitara su rescisión, para que de tal manera se dejaran de pagar las facturas expedidas por la empresa contratada para prestar el servicio de taxi aéreo, cuya verificación correspondió al quejoso, aquí revisionista, dado el marco legal que regula las dos funciones que desempeñó en la administración estatal de dos mil once a dos mil dieciséis.

50. Lo anterior, sin que quede desapercibido que el o los nombramientos, como datos de prueba, también serán sometidos a contradicción en el momento procesal oportuno, por lo que si en algún momento el quejoso, aquí recurrente, tuvo diversa función en tal periodo, ello deberá declararse en la audiencia de juicio y someterse a contradicción.

51. De ahí que, contrario a lo que argumenta el inconforme, desde el estándar de prueba en la orden de aprehensión, la Jueza de Control apreció que sí es posible su participación por omisión en el ilícito que se le reprocha; ello, con independencia de que cuando se formule la formal imputación, sean señalados el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, el modo de su comisión y la forma de intervención.

II.4. Facultades del servidor público querellante y previo procedimiento administrativo.

52. En parte del segundo agravio, el revisionista expone que la denuncia no fue presentada por autoridad competente para ello, porque tal facultad le corresponde al auditor superior del Estado o a la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo, y no al

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28307-12251288/orden-de-aprehension-en-el-sistema-de-justicia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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