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Modo: Corpus Pro

FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ATRIBUYE AL INCULPADO ESTÁ COMPRENDIDA, POR UNA PARTE, EN UNA NORMA GENERAL Y, POR OTRA, EN UNA ESPECIAL, LA CUAL PREVÉ, TIPIFICA Y SANCIONA ALGUNA DE LAS MODALIDADES EN QUE PUEDE COMETERSE DICHO DELITO, EL JUEZ DEBE APLICAR ESTA ÚLTIMA, ACORDE CON EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 186/2016. · Registro digital (IUS): 26720
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2016-10-14
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV, Pág. 2558.

AMPARO EN REVISIÓN 186/2016. 22 DE ABRIL DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: CARLOS ARTEAGA ÁLVAREZ. SECRETARIA: MARÍA MAYELA BURGUETE BRINDIS.

CONSIDERANDO:

SEXTO.-Los conceptos de violación expresados por el quejoso resultan inoperantes, por una parte, e infundados, en otra.

Suplencia de la queja deficiente

Es pertinente precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diferencias tratándose de la suplencia de la queja, advirtiendo que puede ser total ante la ausencia de conceptos de violación o agravios, o relativa, cuando son insuficientes, esto es, cuando solamente hay una deficiente argumentación jurídica.

Ahora bien, el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo establece que la suplencia de la queja deficiente en materia penal opera aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios del sentenciado. Esto es, la suplencia de la queja se trata de una facultad concedida al juzgador para subsanar en la sentencia el error u omisión en que haya incurrido el quejoso o su defensor, y opera en forma total, porque en este supuesto se pretendió atemperar los tecnicismos del juicio de garantías, para dar relevancia a la verdad jurídica.

En congruencia con lo anterior, y con base en los principios constitucionales que rigen en materia penal, se concluye que para que proceda suplir la queja en dicha materia basta que quien promueva el juicio de amparo tenga la calidad de inculpado o sentenciado y la litis constitucional verse sobre cualquier cuestión relacionada con el proceso penal enderezado en su contra.

Sustenta el argumento expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 26/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, marzo de 2008, página 242, registro digital: 170008, del tenor siguiente:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES A QUIEN SE SUPLE.-La figura de la suplencia de la queja prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, tanto en relación con el juicio de garantías como con los recursos en ella establecidos consiste, en esencia, en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente, en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, que podrían resultar favorables, independientemente de que finalmente lo sean. Así, es incorrecto entender que sólo debe suplirse cuando ello favorezca a quien se le suple, pues para determinar si procede dicha figura tendría que examinarse previamente la cuestión relativa, lo que implicaría necesariamente haber realizado la suplencia. Por consiguiente, es suficiente que el análisis de un problema no propuesto pudiera resultar benéfico para que se deba suplir, realizando el estudio correspondiente."

Cabe precisar que el criterio jurisprudencial que antecede no se opone a la Ley de Amparo, en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, pues el texto del artículo 76 Bis, fracción II, de la abrogada legislación en cita, guarda relación con el actual numeral 79, fracción III, inciso a), del cuerpo normativo referido en primer término.

Antecedentes del acto reclamado

1. El veintidós de abril de dos mil trece, el fiscal del Ministerio Público Investigador y Justicia Restaurativa Norte-Oriente, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante oficio 1900/0079/2013, solicitó al Juez de control en turno, del Juzgado de Garantía y Juicio Oral, señalara fecha y hora para celebrar la audiencia inicial de formulación de imputación y vinculación a proceso contra **********, como probable partícipe del hecho tipificado como fraude, cometido en agravio de **********. (fojas 1 a 3 del tomo I del expediente ************)

2. Por auto de veintiséis de abril siguiente, el Juzgado de Garantía y Juicio Oral, con sede en esta ciudad, registró la causa penal bajo el expediente **********; señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia inicial de formulación de imputación y vinculación a proceso; además, ordenó se notificara al imputado para que acudiera a la Sala de audiencias en la fecha y hora establecidos, así como a la parte ofendida. (folio 4)

3. En audiencia celebrada a las doce horas con treinta y tres minutos del siete de mayo posterior, el Juez de Garantía y Juicio Oral advirtió la incomparecencia del quejoso **********; por tanto, ordenó dar vista a la representante social (foja 12); por auto de diecisiete de mayo de dos mil trece, la supraindicada potestad señaló nueva fecha y hora para la celebración de la citada audiencia; además, ordenó se notificara al quejoso para que acudiera a la Sala de audiencias en la fecha y hora establecidos, así como a la parte ofendida. (foja 17)

4. Siendo las catorce horas con cincuenta y tres minutos del diez de octubre de dos mil trece, se llevó a cabo la audiencia oral y pública, a la que comparecieron la víctima y el inculpado; luego, el Juez de garantía emitió auto de vinculación a proceso a **********, como probable autor del delito de fraude, cometido en agravio de **********; asimismo, se impusieron medidas cautelares y se abrió el plazo de investigación formalizada por el término de noventa días naturales, el cual inició a partir de esa audiencia y fenecía el diez de enero de dos mil catorce. (fojas 34 a 38)

5. Por oficio de cuatro de enero de dos mil catorce, el fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Investigación Norte-Oriente, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, solicitó prórroga del plazo de investigación (foja 46); mediante audiencia de nueve de enero posterior, el Juez de garantías amplió el plazo por el término de sesenta días de investigación. (foja 55)

6. Mediante oficio de seis de marzo siguiente, el fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Investigación Norte-Oriente, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, solicitó se fijara fecha y hora para la celebración de audiencia, con la finalidad de resolver sobre la procedencia de la orden de aprehensión en contra de ********** (foja 98); en audiencia de siete de marzo posterior, se ordenó la aprehensión del citado quejoso, únicamente con la finalidad de que compareciera a la práctica de una prueba pericial en grafoscopia y estar en aptitud de darle seguimiento a la técnica de investigación. (fojas 103 y 104)

7. Por oficio DGPE/DEOA/251/2014, los agentes de la Policía Especializada, adscritos a la Dirección General de la Policía Especializada, Departamento de Ejecución de órdenes de Aprehensión de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, pusieron al inculpado a disposición del Juez de Garantía y Juicio Oral. (folio 109)

8. En audiencia celebrada el veintidós de abril de la anualidad en cita, entre otros aspectos, la autoridad en cita ordenó que la pericial en grafoscopia respecto a un contrato de compraventa, fuera realizado en la Dirección de Servicios Periciales dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado. (fojas 114 a 116)

9. A las nueve horas con veinticinco minutos del treinta de abril siguiente, se hizo constar la entrega del multirreferido dictamen, al fiscal del Ministerio Público. (folio 121)

10. El doce de mayo de dos mil catorce, el Juez de Garantías y Juicio Oral, Región Uno, tuvo por concluida la investigación preliminar en contra de **********; por lo que a partir de esa fecha empezó a contabilizar el término de diez días concedido, para formular lo que al representante social conviniera. (foja 123)

11. Por escrito de veintitrés de mayo siguiente, el fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa, con sede en esta ciudad, formuló acusación en contra de **********. (fojas 125 a 140)

12. El veintiséis de mayo de dos mil catorce, el Juez de Garantía y Juicio Oral, Región Uno Tuxtla, acordó procedente la acusación formulada por la representante social, y señaló para las diez horas del tres de julio siguiente, la celebración de la audiencia intermedia (foja 145); en la data y hora señalada con antelación se difirió la supraindicada audiencia. (fojas 189 y 190)

13. Posteriormente, a ser oídas las partes intervinientes en la audiencia intermedia, el veinte de agosto posterior, el Juez del conocimiento dictó auto de apertura al juicio oral. (fojas 210 a 214)

14. Mediante acuerdo de quince de octubre posterior, con el oficio y auto de apertura a juicio, remitidos por el administrador general de los Juzgados de Garantía y Juicio Oral, Distrito Judicial de Tuxtla, Región Uno, el Juez de instancia radicó y formó el expediente correspondiente; señalando las diez horas del dieciocho de noviembre de dos mil catorce, para el efecto de que se practicara la audiencia de debate o juicio oral, citando para tal efecto a los testigos propuestos en forma concurrente por la fiscal del Ministerio Público. (fojas 216 y 217 del tomo II del expediente 113/2013)

15. Posteriormente, de haberse realizado la referida audiencia de debate en la sala del Juzgado de Garantía y Juicio Oral del Distrito Judicial de Tuxtla, el veintiséis de mayo de dos mil quince, el Juez de la causa dictó sentencia definitiva, en donde determinó que **********, es penalmente responsable del delito de fraude específico, cuyos puntos resolutivos son los siguientes:

"...

"Primero. **********, de generales reseñadas en autos, es penalmente responsable en la comisión del delito de fraude específico, previsto en el artículo 304, fracción I y sancionado en la fracción III del numeral 303, en relación con los numerales 10, primera hipótesis, párrafo único (acción), 14, párrafos primero y segundo, fracción I (instantáneo), 15, párrafos primero y segundo (dolo directo) y 19, párrafos primero y segundo, fracción II (autor material), todos del Código Penal vigente en la entidad, en agravio de **********, de hechos ocurridos en esta ciudad.

"Segundo. Por dicho ilícito, en términos de los artículos 303, fracción III y 304, párrafo primero, del Código Penal vigente en la entidad, se le impone a **********, las penas de cinco años de prisión y multa de un día de salario mínimo vigente en la época de los hechos, equivalente a $59.08 (cincuenta y nueve pesos 08/100 Moneda Nacional); sin que pueda coexistir con alguna otra de igual naturaleza, lo anterior, en términos del numeral 32 de la ley sustantiva penal en cita.

"Tercero. Se condena al sentenciado **********, al pago de la cantidad de $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), a favor de la víctima **********, por concepto de pago de la reparación del daño, en términos del considerando décimo de este fallo.

"Cuarto. Hágase saber al enjuiciado los beneficios establecidos en la ley que se le concede, en términos del considerando décimo primero de la presente resolución; así como el término de 15 quince días hábiles, contados a partir de su legal notificación, para que cumpla con el presente fallo; apercibido que de no hacerlo, se procederá a su ejecución por conducta del Juez de Ejecución de Sentencias, con residencia en el ejido Lázaro Cárdenas del Municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, anexo al Centro de Reinserción Social de Sentenciados, Número 14 catorce, el Amáte.

"Quinto. Se ordena la suspensión de los derechos políticos del sentenciado de mérito, como lo establece el artículo 38, fracción III, de la Constitución Federal; por el tiempo que tarde en extinguirse la acción penal en la presente sentencia.

"Sexto. De conformidad con el artículo 432, último párrafo, del Código de Procedimientos Penales para el Estado, tomando en consideración que en audiencia no se debatió sobre el mantenimiento de la situación preexistente, en términos de los artículos 202, inciso a), 217, inciso d) y 233, párrafo primero, del citado ordenamiento legal, se ordena la cancelación de la medida cautelar, consistente en que el acusado ********** se presente cada quince días a firmar el libro correspondiente.

"Séptimo. En términos de los artículos 532 y 533 del Código de Procedimientos Penales acusatorio adversarial, una vez que cause ejecutoria la misma, remítase copia certificada de la sentencia condenatoria a la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, con sede en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, así como al Juez de ejecución con el fin de iniciar el control de legalidad de la pena impuesta, en caso de ser necesario.

"Octavo. Con fundamento en el artículo 75 del Código de Procedimientos Penales acusatorio adversarial, expídase a las partes, copias de la resolución y los registros de audio y video, previa razón y recibo que dejen en autos.

"Noveno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y estadística que sirve para tal efecto y cumplimentada en sus términos archívese la presente causa **********, como asunto totalmente concluido. Cúmplase." (fojas 393 a 413)

16. En contra de la resolución que antecede, el sentenciado interpuso recurso de apelación, el cual correspondió conocer a la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, la que dictó sentencia definitiva el ocho de julio de dos mil quince, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente:

"...

"Primero. Se confirma la sentencia definitiva emitida en audiencia pública oral, el 26 veintiséis de mayo de 2015 dos mil quince, por el Juez de Juicio Oral, del Distrito Judicial de Tuxtla, en la causa penal número **********, en la que consideró penalmente responsable al sentenciado **********, en la comisión del hecho que constituye el delito de fraude específico, en agravio de **********.

"Segundo. Junto con las constancias que envió el Juez de Juicio Oral a esta Sala, remítasele el testimonio autorizado de la presente resolución, para su conocimiento y efectos legales correspondientes.

"Tercero. Oportunamente, previa anotación que se realice en el libro de gobierno, archívese el presente toca como asunto concluido.

"Cuarto. Quedan notificadas de esta resolución las partes que asistieron a esta audiencia, debiendo ser notificadas por conducto del actuario adscrito a esta Sala, las que no estuvieron presentes y cúmplase.

"..." (fojas 88 a 95 del toca penal 185-B-2P01/2015)

Inconforme con dicha determinación, ********** promovió el juicio de amparo directo ********** (antes **********); del cual correspondió conocer al entonces Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad (actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad); y mediante ejecutoria de diecisiete de diciembre del año pasado, resolvió lo siguiente:

"...

"Efectos de la concesión

"En consecuencia, a fin de restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía constitucional violada, en términos de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que el tribunal responsable lleve a cabo lo siguiente:

"1. Deje insubsistente la sentencia reclamada, emitida en la audiencia de vista celebrada el ocho de julio de dos mil quince.

"2. Pronuncie otra sentencia, en la que subsane la deficiencia formal que existe en el acto reclamado, exponiendo de manera concisa los fundamentos de hecho y de derecho procedentes, respecto a la parte relativa de los agravios reseñados en esta ejecutoria; y,

"3. Tome en consideración que deberá reasumir jurisdicción, para que, con plenitud de jurisdicción, analice las documentales consistentes en un comprobante de abono expedido en favor del quejoso por la Comisión Federal de Electricidad y un recibo de luz.

"..." -fojas 117 vuelta y 118-

En cumplimiento a dicha ejecutoria, la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, dictó nueva sentencia, el veintiuno de enero de dos mil dieciséis, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente:

"...

"Primero. En estricto acatamiento a la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, antes Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito que cambió de denominación y competencia por Acuerdo General Número 43/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en esta ciudad, inherente al juicio de amparo directo **********, en el que se concedió al quejoso **********, el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos precisados en dicha resolución, se deja insubsistente la sentencia dictada por esta Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de 8 ocho de julio de 2015 dos mil quince, en el toca penal en que se actúa, y en su lugar se procede a dictar una nueva resolución.

"Segundo. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, antes Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito que cambió de denominación y competencia por Acuerdo General Número 43/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en esta ciudad, en sesión de 17 diecisiete de diciembre de 2015 dos mil quince, en el juicio de amparo directo ********** (antes **********), promovido por el sentenciado **********, contra actos de esta alzada, consistente en la resolución de 8 ocho de julio de 2015 dos mil quince, pronunciada por esta Segunda Sala Penal, en la que se confirmó la sentencia definitiva emitida en audiencia pública oral, el 26 veintiséis de mayo de 2015 dos mil quince, por el Juez de Juicio Oral del Distrito Judicial de Tuxtla, en la causa penal número ***********, en la que consideró penalmente responsable al sentenciado **********, en la comisión del hecho que constituye el delito de fraude específico, en agravio de **********.

"Tercero. Se confirma la sentencia definitiva emitida en audiencia pública oral, el 26 veintiséis de mayo de 2015 dos mil quince, por el Juez de Juicio Oral del Distrito Judicial de Tuxtla, en la causa penal número **********, en la que consideró penalmente responsable al sentenciado **********, en la comisión del hecho que constituye el delito de fraude específico, en agravio de **********.

"Cuarto. Con fundamento en el numeral 192 de la Ley de Amparo, remítase copia certificada de esta resolución al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito,(3) con sede en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo ********** (antes **********), para todos los efectos legales a que dé lugar.

"Quinto. Una vez que se tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, junto con las constancias que envió el Juez de Juicio Oral a esta Sala, remítasele el testimonio autorizado de la presente resolución, para su conocimiento y efectos legales correspondientes.

"Sexto. Oportunamente, previa anotación que se realice en el libro de gobierno, archívese el presente toca como asunto concluido.

"Séptimo. Notifíquese y cúmplase.

"..." -fojas 100 a 129-

Dicha sentencia constituye el acto reclamado en el juicio de amparo directo en que se actúa.

Pronunciamiento previo

En el caso concreto, se estima que al momento de desahogar la audiencia celebrada el veintiuno de enero de dos mil dieciséis, en la que confirmó la sentencia primigenia, la autoridad responsable vulneró lo dispuesto en el cardinal 16 de la Carta Magna, porque transgredió las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica del disconforme, al omitir el análisis y la valoración de los medios probatorios que integran la indagatoria instruida en contra del aquí quejoso.

Lo anterior es así, toda vez que del análisis efectuado tanto al contenido del disco versátil digital (DVD), denominado "audiencia de vista", como a la sentencia escrita que constituye el acto reclamado (transcrita íntegramente en el considerando cuarto de esta ejecutoria), se advierte que la autoridad de instancia transgredió lo dispuesto en el artículo 428 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas, del tenor siguiente:

"Artículo 428. Requisitos de la sentencia

"La sentencia contendrá:

"a) La mención del tribunal, el nombre del Juez de Juicio Oral y la fecha en que se dicta;

"b) El nombre y apellidos del acusado y los demás datos que sirvan para determinar su identidad, y el nombre y cargo de los otros intervinientes;

"c) Una relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos que el tribunal tiene por probados; con una breve y sucinta descripción del contenido de la prueba desahogada en el debate oral, antes de proceder a su valoración;

"d) La exposición concisa de sus fundamentos de hecho y de derecho;

"e) La parte resolutiva, con mención de las disposiciones legales aplicadas; y,

"f) La firma del Juez."

El cardinal preinserto establece que la sentencia contendrá, en lo que aquí interesa, la mención del tribunal, el nombre del titular y la fecha en que se dicta; el nombre y apellidos del acusado y los demás datos que sirvan para determinar su identidad, y el nombre y cargo de los otros intervinientes; una relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos que el tribunal tiene por probados; con una breve y sucinta descripción del contenido de la prueba desahogada en el debate oral, antes de proceder a su valoración; la exposición concisa de sus fundamentos de hecho y de derecho; la parte resolutiva, con mención de las disposiciones legales aplicadas; y, la firma del Juez, cuyos requisitos, si bien es cierto que deben estar satisfechos al pronunciarse la sentencia de juicio oral; y aunque el "capítulo III", denominado "Recurso de apelación", del supracitado Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas no contempla dichos requisitos; empero, al no existir distingo ni prohibición expresa, es evidente que el cardinal que nos ocupa es aplicable tanto para la sentencia primigenia, como para el fallo de apelación.

No obstante lo dispuesto en la porción normativa que antecede, del análisis al acto reclamado se desprende que después de contestar como infundados los agravios sometidos a su potestad (considerando X), la Sala responsable se constriñó a precisar que la resolución impugnada debía confirmarse en sus términos, porque fue correcto que el Juez primigenio hubiese estimado acreditado el hecho que constituye el delito de fraude específico, así como la plena participación penal del sentenciado **********, respecto del ilícito cometido en agravio de **********; en relación con lo cual, consideró adecuado que la autoridad de primera instancia haya impuesto la pena mínima prevista para dicho delito, consistente en cinco años de prisión y multa de un día de salario mínimo vigente en la época de los hechos; así como la condena al pago de la reparación del daño por la cantidad de $600,000.00 (seiscientos mil pesos), en favor de la víctima; aunado a que consideró procedente confirmar el otorgamiento del beneficio de sustitución de la pena por semilibertad.

Atento lo anterior, es evidente que la Sala del conocimiento omitió cumplir con lo dispuesto en el inciso c) del numeral 428 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas, transcrito en líneas precedentes, pues no efectuó la relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos que estimó probados; con una breve y sucinta descripción del contenido de las pruebas desahogadas en el debate oral, ni su respectivo juicio de valoración; por consiguiente, tal como se indicó, la sentencia impugnada resulta violatoria de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica del quejoso.

Sin embargo, en el caso concreto, se estima que lo anterior no amerita otorgar el amparo y la protección de la Justicia Federal al disconforme, para el efecto de que la autoridad responsable subsane dicha irregularidad.

Se afirma lo que precede, toda vez que en aras de la pronta impartición de justicia contenida en el numeral 17 de la Carta Magna, a ningún fin práctico conduciría el otorgamiento de un fallo protector que no conferiría beneficios al quejoso en cuanto al fondo del asunto, pues una vez satisfecha la omisión destacada, la potestad de instancia pronunciaría una sentencia con el mismo resultado que el emitido en el que ahora constituye el acto reclamado que nos ocupa.

Lo anterior es así, pues como se analizará en párrafos posteriores, del análisis a los medios de prueba que fueron incorporados y desahogados de forma integral durante la audiencia de debate, se advierte que se encuentran acreditados los elementos del hecho que constituye el antisocial de fraude específico, previsto en el artículo 304, fracción I, y sancionado en la fracción III del cardinal 303 del Código Penal para el Estado de Chiapas, así como la plena participación del quejoso en su comisión.

Motivos de disenso vinculados con la existencia de violaciones procesales

En la parte inicial de sus conceptos de violación y en motivo de disenso "cuarto", el quejoso afirma que debió ser juzgado cumpliendo con todas las formalidades del procedimiento legalmente establecido.

Respuesta a los motivos de queja preinsertos

Las manifestaciones que anteceden son inoperantes.

En efecto, merecen dicha calificativa, porque en la especie, no es factible analizar las formalidades esenciales del procedimiento, tomando en consideración que dicho tema ya fue materia de examen en un juicio de amparo directo anterior; por ende, constituye cosa juzgada para este tribunal, pues, inclusive, como quedó precisado en líneas que anteceden, en la ejecutoria emitida en el juicio de amparo directo ********** (antes **********); del cual correspondió conocer al entonces Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad (actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad), asunto que fue resuelto en sesión de diecisiete de diciembre de dos mil quince, en el que se concedió al quejoso el amparo y la protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes:

"...

"En consecuencia, a fin de restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía constitucional violada, en términos de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que el tribunal responsable lleve a cabo lo siguiente:

"1. Deje insubsistente la sentencia reclamada, emitida en la audiencia de vista celebrada el ocho de julio de dos mil quince.

"2. Pronuncie otra sentencia, en la que subsane la deficiencia formal que existe en el acto reclamado, exponiendo de manera concisa los fundamentos de hecho y de derecho procedentes, respecto a la parte relativa de los agravios reseñados en esta ejecutoria; y,

"3. Tome en consideración que deberá reasumir jurisdicción, para que, con plenitud de jurisdicción, analice las documentales consistentes en un comprobante de abono expedido en favor del quejoso por la Comisión Federal de Electricidad y un recibo de luz.

"..."

En atención a lo anterior, ya no es factible analizar la existencia de violaciones procesales previas al dictado de la sentencia reclamada; de ahí lo inoperante de los motivos de disenso que nos ocupan.

Conceptos de violación en los que la parte quejosa involucra a la potestad primigenia

En una parte de sus motivos de disenso, el disconforme expone que "indebidamente y de manera infundada", el Juez de primera instancia omitió considerar que los límites que separan al derecho penal y al civil son tan sutiles que pueden determinar "la desfiguración del derecho privado" para servir a quienes merecen la represión del derecho penal.

Contestación al motivo de queja previamente reseñado

Los argumentos que anteceden son inoperantes, porque en ellos, el disconforme involucra al Juez de primer grado, cuyo fallo quedó sustituido procesalmente por el de segunda instancia que emitió la Sala responsable; por tanto, no cabe hacer pronunciamiento al respecto, ya que no es posible estudiar la legalidad de un acto que no constituye la materia de la controversia que hoy se dirime.

Es aplicable al caso, la tesis I.6o.C J/4, sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, enero de 1996, página 121, registro digital: 203515, del tenor siguiente:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO IMPUGNAN UNA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE YA FUE SUSTITUIDA POR OTRA DE SEGUNDO GRADO.-Si los conceptos de violación se encuentran orientados a impugnar la valoración que de un hecho hizo el Juez de primera instancia, en la sentencia que cesó en sus efectos puesto que se apeló la misma y se dictó fallo de segundo grado, los conceptos señalados resultan inoperantes, por no poderse analizar una sentencia que ya fue sustituida por la de segunda instancia."

Análisis de los elementos del hecho que constituye el delito de fraude específico

Ahora bien, del análisis a los medios de prueba que fueron incorporados y desahogados de forma integral durante la audiencia de debate, se advierte que se encuentran acreditados los elementos del hecho que constituye el antisocial de fraude específico, previsto en el artículo 304, fracción I, y sancionado en la fracción III del cardinal 303 del Código Penal para el Estado de Chiapas, del tenor siguiente:

"Artículo 304. Se aplicarán las mismas sanciones previstas en el artículo anterior:

"I. Al que por título oneroso, enajene, arriende, hipoteque, empeñe o grave de cualquier modo una cosa, sabiendo que no tiene derecho para disponer de ella, o si ha recibido el precio, el alquiler, la cantidad en la qu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26720-9990ae70/fraude-especifico-cuando-la-conducta-que-se-atribuye · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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