ACCIÓN PENAL. CONTRA LA ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE RESOLVER SOBRE SU EJERCICIO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 28, PÁRRAFO ÚLTIMO Y 29 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 526/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMO PRIMERA REGIÓN, EN APOYO DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 15 DE MAYO DE 2013. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE Y PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS. SECRETARIA: ROSALBA RODRÍGUEZ MIRELES.
II. COMPETENCIA Y LEGITIMACIÓN
7. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracciones II y III de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero, fracción VI, y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados del mismo circuito y el tema de fondo corresponde a la materia penal, en la que se encuentra especializada esta Sala.
8. No pasa inadvertido que por decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once y el dos de abril de dos mil trece que entraron en vigor el cuatro de octubre de dos mil once y el tres de abril de dos mil trece, respectivamente, se reformaron, entre otras disposiciones, los artículos constitucionales y legales anteriormente citados, que disponen que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre dos Tribunales Colegiados de un mismo circuito.
9. En esa distribución de competencias, esta Primera Sala advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra reconocida constitucionalmente como órgano terminal en la solución de este tipo de conflictos; de ahí que dicha competencia constitucional para conocer de contradicciones de tesis, deba estimarse extendida a los criterios contradictorios suscitados entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, como sucede en el presente caso.
10. Tal extensión de competencia encuentra justificación jurídica en un criterio de mayoría de razón, dado que mientras no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, este Alto Tribunal debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados contendientes; de lo contrario, se generaría indefinición en la solución de asuntos como el que ahora se analiza, en claro perjuicio del orden público y el interés social.
11. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por el artículo 227, fracción II, de la nueva Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece pues, en el caso, fue realizada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que alude el referido precepto.
III. Existencia de la contradicción
12. El presente asunto cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado, y que son los siguientes:(4)
a. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y
c. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
13. A continuación, se explicitan las razones por las cuales se considera que el asunto cumple con los requisitos de existencia.
14. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala, los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis, tal como se verá a continuación.
15. Criterio del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, al resolver el amparo en revisión **********, analizó un asunto con las siguientes características:
16. ********** presentó querella ante la Agencia Central de la Subprocuraduría General de Justicia, Zona Norte, de Cancún, Quintana Roo, en contra de **********, alias ********** y/o **********, alias ********** y/o quien resultara responsable de hechos probablemente constitutivos del **********, dando origen a la averiguación previa **********.
17. Mediante acuerdo de nueve de noviembre de dos mil once, la autoridad ministerial ordenó la remisión de la indagatoria a la Subdirección de Consignación y Trámite de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, con la finalidad de que dicha autoridad ejercitara acción penal, al considerar que en la referida averiguación previa se encontraban acreditados los elementos integradores del cuerpo del ********** y la probable responsabilidad en su comisión de los inculpados, siendo ésta la última actuación que obra en la investigación ministerial.
18. ********** promovió juicio de amparo indirecto, mediante el cual reclamó la abstención de resolver sobre el ejercicio de la acción penal en contra de los inculpados. Demanda que correspondió conocer al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, el que, dentro de los autos del juicio de amparo **********, dictó sentencia en la que determinó, por una parte, sobreseer el juicio y por la otra, conceder el amparo solicitado por el quejoso.
19. Inconforme con el fallo anterior, el subdirector de consignación y trámite de la Subprocuraduría General de Justicia de la Zona Norte, del Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, promovió recurso de revisión, el cual fue admitido y registrado bajo el número **********, por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz. El quince de junio de dos mil doce, dicho órgano jurisdiccional, dictó sentencia en la que resolvió dejar intocado el sobreseimiento decretado en la sentencia impugnada, al no haber sido reclamado; revocar la sentencia recurrida; y, sobreseer en el juicio de amparo al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo.
20. Las consideraciones del Tribunal Colegiado en relación con el tema de la presente contradicción, son las siguientes:
"CUARTO. Ahora bien, se estima innecesaria la transcripción tanto de las consideraciones que sustentan la resolución recurrida como de los agravios hechos valer por la autoridad revisionista, dado que no serán analizados, en virtud que este cuerpo colegiado advierte la actualización de una causa de improcedencia cuyo estudio es oficioso y preferente, atento a lo dispuesto en el artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo.
"Ciertamente, es pertinente mencionar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual, el juzgador federal se encuentra impedido para examinar si el acto reclamado es constitucional o no.
"Luego, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que integran a la misma institución, ya que ésta se encuentra conformada por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma conjunta con el texto del último párrafo del artículo 73 de la ley en cita.
"Consecuentemente, previo al estudio de fondo, por ser una cuestión de orden público, se procede a analizar las causas de improcedencia que se advierten en autos, o bien, que en su caso, hagan valer las partes, de conformidad con el artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 262, Parte VIII, Quinta Época del Apéndice de 1985, de que literalmente establece:
"‘IMPROCEDENCIA.’ (la transcribe)
"En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, que dispone:
"‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:
"‘...
"‘XV. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.
"‘No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación.’
"Para mejor comprensión de la conclusión antes indicada es conveniente precisar los antecedentes relevantes de este asunto.
"En ese orden, de la copia certificada de la averiguación previa **********, remitida por el agente del Ministerio Público responsable, la cual tiene pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2o., así como la jurisprudencia de rubro: ‘DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.’, se advierte lo siguiente:
"Mediante comparecencia de treinta de julio de dos mil nueve, ante la Agencia Central, Mesa de Guardia Dos, de la Subprocuraduría General de Justicia, Zona Norte, de Cancún, Quintana Roo, **********, se querelló en contra de **********, alias ********** y/o **********, alias ********** y/o quien resultara responsable de hechos que refirió probablemente constitutivos del **********; radicándose por acuerdo de esa propia fecha, la respectiva averiguación previa bajo el número ********** (fojas 49 a 52 del juicio de amparo indirecto).
"Seguido el procedimiento investigador correspondiente, mediante acuerdo de fecha nueve de noviembre de dos mil once, el agente del Ministerio Público del Fuero Común, Unidad Mesa Cuatro, ordenó la remisión de la indagatoria de origen a la Subdirección de Consignación y Trámite de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, a efecto de que ésta ejercitara la correspondiente acción penal, en razón de que estimó que en la citada indagatoria se encontraban acreditados los elementos integradores del cuerpo del ********** y la probable responsabilidad en su comisión de los indiciados **********, **********, alias **********, ********** alias **********, alias **********, siendo ésta la última actuación que obra en la investigación ministerial remitida como informe justificado (foja 134 del juicio de amparo indirecto).
"Ahora bien, se insiste, el quejoso referido promovió juicio de amparo indirecto, reclamando la inactividad procesal consistente en la abstención de resolver sobre el ejercicio o no de la acción penal en contra de los indiciados referidos, mismo que quedó registrado bajo el número ********** del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, en el cual, el veintitrés de enero de dos mil doce se dictó la sentencia correspondiente, en la que, por una parte, se sobreseyó, y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al impetrante de garantías, determinación ésta, que fue impugnada en esta vía por el subdirector de Consignación y Trámite de la Subprocuraduría General de Justicia de la Zona Norte, del Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, en su calidad de autoridad responsable.
"Como se anticipó, en la especie, se estima actualizada la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo; ello, en virtud de que el quejoso, **********, debió agotar previamente a la promoción del juicio de garantías, el recurso de queja previsto en los artículos 28 y 29 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Quintana Roo, habida cuenta que a través de ese medio de defensa podría haber obtenido la modificación o revocación del acto reclamado, además, porque su interposición permite de ser posible la suspensión del acto combatido conforme a la ley, sin exigir mayores requisitos para concederla que los previstos por la Ley de Amparo, con independencia de que el mismo, por su naturaleza, no sea susceptible de ser suspendido.
"Para dilucidar mejor lo anterior, es conveniente precisar que respecto al principio de definitividad en el juicio de amparo, debemos considerar que la premisa fundamental en la que se sostiene el propósito de garantizar la eficacia del juicio de amparo, de acuerdo a su naturaleza y objetivo, radica en que la procedencia de la acción no es irrestricta, sino que las normas constitucionales y especiales que regulan el juicio de garantías conforman una estructura cuyo contenido está dotado de ciertos principios que al mismo tiempo definen su diferencia con los medios legales de defensa ordinarios.
"En ese tenor, en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establecen los principios generales del juicio de amparo, entre otros, el de definitividad, mismo que implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad que pudiera tener efectos de revocación o modificación del acto reclamado; y que se traduce en la obligación impuesta al demandante de la acción constitucional de agotarlo previamente a recurrir a la instancia constitucional.
"Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha precisado que para efectos del juicio de amparo, un medio ordinario de defensa, es todo aquel instrumento establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objeto modificar, revocar o nulificar dicho acto reclamado.
"La regla general que refleja el principio de definitividad de manera alguna es absoluta; de ahí que no opere en todos los casos ni en todas las materias, pues la Constitución Federal, la Ley de Amparo y la jurisprudencia, delimitan las excepciones que inciden en la aplicación y eficacia del indicado principio.
"En efecto, de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo citada, se desprende que para la interposición de un recurso sea condicionante de la procedencia del juicio de amparo es preciso que cumpla requerimientos específicos:
"a) Que ese recurso o medio de defensa sea legal, es decir, que esté previsto en ley; y
"b) Que a través de ese medio sea posible modificar o revocar el acto de autoridad, sin que se exijan mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva por la Ley de Amparo.
"En el caso, el quejoso **********, reclamó de las autoridades responsables, la inactividad procesal consistente en la abstención de resolver sobre el ejercicio o no de la acción penal dentro de la averiguación previa **********, iniciada con motivo de la denuncia o querella formulada por dicho impetrante, por hechos acaecidos posiblemente delictuosos.
"Sin embargo, previamente al juicio de garantías, el quejoso debió impugnar dicho acto reclamado a través del recurso de queja ante la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, conforme a lo previsto en los artículos 28 y 29 del Código de Procedimientos Penales de dicha entidad, los cuales son del tenor siguiente:
"‘Artículo 28.’ (lo transcribe)
"‘Artículo 29.’ (lo transcribe)
"De dichos dispositivos, se advierte con claridad, en las partes concernientes, que es procedente el recurso de queja ante la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, en contra de abstención de resolver el ejercicio de la acción penal en la averiguación previa respectiva, el cual, debe hacerse por escrito ante la citada Sala, sin que exista término para ello, atendiendo a la naturaleza del acto; asimismo, se impone que en el escrito de queja se deberán exponer los hechos que dieron origen a la investigación ministerial, así como los agravios que le ocasione al inconforme, así como, en caso de estimarlo conveniente, anexar al mismo las pruebas tendentes a acreditar la existencia de omisiones en la actuación de la representación social.
"Del mismo modo, se establece que la Sala de mérito deberá requerir al procurador general de Justicia del Estado, para que remita las constancias conducentes en un término no mayor de diez días, con el fin de que, en única instancia, se sustancie y resuelva el recurso en un plazo no mayor a los sesenta días naturales, si ha lugar a confirmar, revocar o modificar el acto recurrido.
"De lo anterior se evidencia de forma meridiana la existencia de un medio ordinario de defensa procedente en contra del acto reclamado en el juicio de amparo indirecto.
"Lo anterior, máxime que no se actualiza alguna excepción al principio de definitividad, pues la Ley de Justicia Administrativa de esa entidad federativa no exige mayores requisitos que los contemplados en la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la suspensión, lo cual se puede constatar de los artículos 68 a 78 del citado ordenamiento legal estatal (dichos artículos los transcribe a nota a pie de página), que regulan lo relativo a la suspensión de los actos reclamados ante la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en relación con lo estatuido en los numerales 124, 125 y 135 de la Ley de Amparo, que establecen los requisitos para conceder la suspensión a petición de parte; de cuyo examen comparativo se advierte que los requisitos establecidos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el recurso de queja ante la Sala mencionada, no son mayores que los previstos para suspender el acto reclamado en el juicio de garantías.
"En efecto, ambos ordenamientos coinciden en que la suspensión debe solicitarse por escrito; que dicha solicitud es oportuna desde la demanda hasta antes de la sentencia ejecutoriada; que la medida cautelar procede cuando, de otorgarse, no cause perjuicio al interés general, estableciéndose también, que si la suspensión puede ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes se exigirá garantía al solicitante en términos y condiciones que son muy semejantes, por tanto, se insiste, vista la comparación objetiva efectuada entre ambos ordenamientos legales, se viene en conocimiento que, como se dijo, en el caso no se actualiza el supuesto de excepción analizado, al estatuir ambos ordenamientos condiciones similares.
"Así, conforme a lo anterior, es evidente que el agraviado, aquí quejoso, antes de ocurrir al amparo, debió interponer el mencionado recurso de queja en contra de la inactividad procesal consistente en la abstención de resolver sobre el ejercicio o no de la acción penal dentro de la averiguación previa **********, en términos de lo previsto en los artículos 28 y 29 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Quintana Roo, en virtud del cual, pudo haber obtenido la revocación o modificación del acto reclamado y, al no haberlo hecho así, evidentemente inobservó el principio de definitividad, rector del juicio de amparo, quedando actualizada en plenitud la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la ley de la materia.
"Lo anterior es así, dado que la autoridad competente para conocer y resolver el multicitado medio de defensa, esto es, la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, es un órgano de carácter jurisdiccional y, por tanto, el recurso de queja que nos ocupa también es de esa índole, de ahí que este medio de defensa cumple lo previsto en el artículo 21, párrafo cuarto, de la Constitución Federal, al señalar que las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley, ello, en vinculación con lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de equiparar el alcance y efectos de la determinación sobre el no ejercicio de la acción penal a la abstención de resolver sobre los resultados que arroje la averiguación previa respectiva.
"Tiene aplicación, la jurisprudencia 1a./J. 16/2001, emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, publicada en la página once, Tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, relativo al mes de mayo de dos mil uno, que dice:
"‘ACCIÓN PENAL. ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PRONUNCIARSE SOBRE EL EJERCICIO O NO EJERCICIO DE AQUÉLLA.’ (la transcribe)
"Sin que deba interpretarse el anterior criterio jurisprudencial, en el sentido de que puede soslayarse el principio de definitividad, pues la propia Sala estableció que, en estos casos, será procedente el juicio de garantías de manera inmediata siempre y cuando no existan en ley dichos medios de defensa, pues de lo contrario, sostuvo, éstos tienen que agotarse inexcusablemente previo al referido juicio de amparo.
"Así las cosas, se sostiene, la inactividad procesal consistente en la abstención de resolver sobre el ejercicio o no de la acción penal dentro de la averiguación previa de origen, debe ser impugnada de forma previa al juicio de garantías, a través del recurso de queja en la vía jurisdiccional, esto, ante la Sala Constitucional y Administrativa del Estado de Quintana Roo; pues así lo prevé formal y materialmente el Código Procesal Penal para esa entidad federativa; ello, en relación con lo dispuesto por el artículo 49, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, que prevé que dicha Sala, será competente para conocer, en única instancia, de los actos que expresamente se señalen en la Constitución Local y la ley.
"En esas condiciones, ante la existencia de un medio ordinario de defensa procedente contra la inactividad procesal consistente en la abstención de resolver sobre el ejercicio o no de la acción penal dentro de la averiguación previa **********, y sin que este acto se encuentre en alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que se establecen en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, resulta exigible a la parte quejosa agotar el referido medio ordinario de defensa -recurso de queja- contemplado en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Quintana Roo, mismo que rige dicho acto y que tiene como efecto modificarlo o revocarlo.
"Sirve de apoyo a lo anterior, por su sentido y alcance, la jurisprudencia 1a./J. 16/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página cuarenta y uno, Libro VI, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de dos mil doce, Décima Época, de rubro siguiente:
"‘ACCIÓN PENAL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA SU NO EJERCICIO PROCEDE EL RECURSO DE QUEJA, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTA ROO.’ (la transcribe)
"Lo anterior, pone de manifiesto que al no haberse agotado el referido medio de defensa, antes de acudir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad, y obliga a este tribunal a revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de garantías que se analiza, de conformidad con lo previsto por el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo."
21. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver la improcedencia **********, analizó un asunto con las siguientes características:
22. **********, por conducto de su apoderado legal **********, formuló denuncia en contra de quien resultara responsable por el **********, lo cual dio origen a la averiguación previa número **********.
23. La empresa denunciante, por conducto de su apoderado legal promovió amparo indirecto. Señaló como acto reclamado la omisión por parte de la autoridad responsable de ejercitar acción penal en la referida averiguación previa que se siguió por el **********, a pesar de haberlo solicitado en diversas ocasiones.
24. El Juez Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, al que correspondió conocer del asunto, por auto de once de septiembre de dos mil doce, desechó de plano la demanda de garantías, al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, en virtud de que en términos de los artículos 28 y 29 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Quintana Roo, previo a la interposición de la demanda de amparo, debió promover el recurso de queja ante la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
25. La empresa quejosa promovió recurso de revisión, en contra de la anterior determinación, del cual correspondió su conocimiento al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo. El treinta de octubre de dos mil doce, dictó sentencia en la que determinó revocar el auto recurrido dictado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo; y consecuentemente admitir la demanda de amparo.
26. Las consideraciones del Tribunal Colegiado en relación con el tema de la presente contradicción, son las siguientes:
"TERCERO. Antes de examinar los agravios, se destacan los antecedentes siguientes:
"En el acuerdo recurrido, el Juez Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo, desechó la demanda de garantías, al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la ley en cita, toda vez que previo a la promoción del juicio de garantías, **********, **********, debió agotar el recurso de queja, previsto en el artículo 28, del Código de Procedimientos Penales del Estado, en contra de la abstención a resolver el ejercicio de la acción penal en la averiguación previa, iniciada con motivo de la denuncia que realizó por hechos constitutivos del **********.
"La disconforme en su agravio aduce que el Juez de Distrito, al analizar integralmente la demanda de amparo, debió considerar como reclamo la denegación y pronta impartición de justicia, a consecuencia de la abstención de la responsable para resolver el ejercicio de la acción penal, pues la omisión del agente del Ministerio Público de pronunciarse sobre los hechos que averigua, propicia a la víctima una limitación al acceso a la justicia, en vulneración a sus derechos humanos, lo que inadvirtió el Juez de Amparo al tener por actualizada la causa de improcedencia que invocó, contenida en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo.
"Argumentos reseñados, que son fundados, en atención a su causa de pedir, por las razones siguientes:
"En efecto, en la legislación que rige el acto reclamado, que lo es el Código de Procedimientos Penales del Estado, en su artículo 28, último párrafo, establece el recurso de queja, como medio ordinario, para impugnar ante la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, la abstención del agente investigador para resolver el ejercicio de la acción penal en la averiguación previa respectiva; recurso que tiene que agotarse previamente al juicio de garantías, en cumplimiento al principio de definitividad que a éste rige.
"Ahora bien, el artículo 73, fracción XV, último párrafo, de la Ley de Amparo, establece como excepción a dicho principio, que el acto reclamado carezca de fundamentación, en cuyo caso, el juicio de garantías será procedente sin necesidad de agotar previamente el medio de impugnación previsto en la ley que rige el acto.
"Excepción, que en el particular se actualiza, toda vez que precisamente lo que se combate es la inactividad de la responsable para resolver sobre el ejercicio de la acción pe
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24518-307a424d/accion-penal-contra-la-abstencion-del-ministerio-publico · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- ACCIÓN PENAL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA SU NO EJERCICIO PROCEDE EL RECURSO DE QUEJA, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE LA PROCEDE (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- RECURSO ORDINARIO ANTE EL JUEZ DE CONTROL CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS. AL SER OPTATIVO PARA LA VÍCTIMA U OFENDIDO, NO ES OBLIGATO (QUEJA)
- ACCIÓN PENAL. EL INDICIADO PUEDE IMPUGNAR LA ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE RESOLVER EN DEFINITIVA SOBRE SU EJERCICIO A TRAVÉS DEL RECURSO DE QUEJA O DEL JUICIO DE AMPARO IND (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- SENTENCIA DE AMPARO QUE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. PROCEDE EL RECURSO DE QUEJA EN CONTRA DEL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO QUE NIEGA (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LO TIENE EL INDICIADO PARA IMPUGNAR LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 28 Y 29 DE (PC.XXVII. J/4 P (10a.))
- ACCIÓN PENAL. CONTRA LA ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE RESOLVER SOBRE SU EJERCICIO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 28, PÁRRAFO ÚLTIMO Y 29 DEL CÓ (1a./J. 62/2013 (10a.))
- ACCION PENAL, AMPARO POR FALTA DE EJERCICIO DE LA. (s/clave)
- ACCIÓN PENAL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA SU NO EJERCICIO PROCEDE EL RECURSO DE QUEJA, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE LA PROCEDE (1a./J. 16/2011 (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis