AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 87/2016. SUSCITADA ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 1 DE FEBRERO DE 2017. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO, DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: GABINO GONZÁLEZ SANTOS Y HORACIO VITE TORRES.
III. Competencia y legitimación
5. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución; 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII y tercero, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados que cuentan con la misma especialización -penal- pero son de distinto Circuito.(1)
6. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis fue realizada por Iván Aarón Zeferín Hernández, Juez de Distrito Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, quien se encuentra legitimado en términos de lo que disponen los artículos 227, fracción II, de la Ley de Amparo(2) y 55 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(3), que establecen que los Jueces de Distrito podrán presentar denuncias de contradicción de criterios, conforme a los procedimientos previstos en la Ley de Amparo.
7. En relación con lo anterior, esta Sala, al resolver la revisión administrativa 29/2014, sostuvo que de acuerdo con lo previsto en el artículo 94 de la Constitución, el Poder Judicial de la Federación se deposita en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito, correspondiéndole al Consejo de la Judicatura Federal determinar el número, división en Circuitos, competencia territorial y, en su caso, especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Sin embargo, dichas atribuciones de carácter administrativo, no llegan al extremo de facultar al Consejo para establecer distintas clases de Jueces de Distrito.
8. Por otro lado, al resolver la contradicción de tesis 100/2014, esta Sala determinó que el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, habilita a los Jueces de Distrito para presentar una contradicción de tesis (sic), sin hacer distinción o exceptuar de tal facultad a ciertos Jueces de Distrito.
9. En atención a lo anterior, esta Sala considera que el Juez de Distrito en funciones de Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán está legitimado para presentar la contradicción de criterios que nos ocupa.
IV. Existencia de la contradicción
10. En aras de determinar si existe la contradicción de criterios, resulta necesario en primer lugar determinar cuáles son las exigencias que ha impuesto este Alto Tribunal al respecto, las cuales se refieren a lo siguiente:
a. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
11. Tales requisitos se encuentran en las jurisprudencias de rubros: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO."(4) y "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."(5)
12. A continuación, se precisan las razones por las cuales se considera que en el caso concreto sí se actualizan todos los requisitos enunciados.
13. Posturas contendientes. En primer orden se sintetizan las consideraciones y argumentaciones en que los Tribunales Colegiados contendientes basaron sus resoluciones, las que servirán para dar respuesta a la interrogante de si existe o no una contradicción de criterios.
14. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión penal **********, analizó un asunto con las siguientes características:
15. De las constancias de autos se desprende que el siete octubre de dos mil nueve, aproximadamente a las cinco de la tarde, un sujeto que se reservó proporcionar su identidad, trataba de estacionar su vehículo afuera de un gimnasio ubicado en la avenida Politécnico Nacional, en la ciudad de Chihuahua, cuando fue abordado por dos sujetos los cuales lo amagaron con una pistola y lo despojaron de las llaves y papeles de su vehículo marca Volkswagen, tipo Jetta.
16. Al día siguiente, siendo aproximadamente las tres de la tarde, el policía de nombre ********** observó un vehículo con las mismas características del que habría sido reportado como robado, por lo que procedió a indicarle el alto, ante tal circunstancia el tripulante del vehículo hizo caso omiso y trato de huir; tras una persecución, el vehículo robado se impactó con un camellón, por lo que se procedió a la detención de **********.
17. Posteriormente, el dieciséis de octubre de dos mil nueve, el Juez de garantía del Distrito Judicial de Morelos, dictó auto de vinculación a proceso por el delito de robo agravado en contra del imputado, dentro de la causa penal número **********.
18. Inconforme con la resolución anterior, el imputado promovió demanda de amparo mediante un escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Chihuahua, el diez de noviembre de dos mil nueve.
19. La Jueza Auxiliar de la Sexta Región dictó sentencia el siete de diciembre de dos mil nueve, en la que determinó negar el amparo al quejoso. En contra de esta decisión, el solicitante de la protección constitucional interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia (sic) Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, el que ordenó su registro como amparo en revisión **********. Seguido el trámite correspondiente, el dieciséis de abril de dos mil diez dictó sentencia, en la que confirmó la sentencia recurrida, y negó el amparo al quejoso.
20. El Tribunal Colegiado manifestó que fue correcto el dictado del auto de vinculación a proceso, pero difería con el Juez de Distrito ya que la nuevas reformas al sistema penal del Estado de Chihuahua, publicadas en el Periódico Oficial del Estado el dieciocho de febrero de dos mil nueve, busca la desformalización del sistema penal, en tales circunstancias realizó una interpretación del artículo 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, en los siguientes términos:
"Así las cosas, el Constituyente reformador, en el auto de vinculación a proceso no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse la existencia únicamente de ‘un hecho que la ley señale como delito’ y la ‘probabilidad en la comisión o participación del activo’ esto es, la probabilidad del hecho, no la probable responsabilidad, dado que el proveído de mérito en realidad sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio.
"Para analizar la debida fundamentación y motivación, se debe realizar una comprobación del ahora auto de vinculación a proceso, con el de formal prisión o sujeción a proceso.
"Anteriormente, para el dictado del formal procesamiento se exigía el acreditamiento del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del indiciado; el primero, se constituía por los elementos materiales o externos de la figura típica que son los objetos y en algunos casos los subjetivos y normativos.
"Los primeros, que pueden ser advertidos con la sola aplicación de los sentidos, esto es, la existencia de una acción u omisión que lesione un bien jurídico, la forma de intervención del activo; si se actuó dolosa o culposamente; la calidad de los sujetos activo y pasivo; el resultado y su atribuibilidad a la acción u omisión; el objeto material; los medios utilizados; las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión; los elementos subjetivos, son aquellos que no se pueden apreciar con los sentidos por encontrarse en el interior de la persona humana, en su pensamiento y en su sentimiento; y, los elementos normativos son los que requieren de un determinado juicio de valor o una condición especial. Finalmente, debía justificarse cabalmente la probable responsabilidad del inculpado; amen, señalarse las modificativas del delito o sus calificativas si pesaran sobre el inculpado en la comisión de la conducta delictiva.
"Actualmente, conforme al nuevo sistema de justicia penal (Nuevo Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chihuahua), sólo se requieren datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y, exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, lo cual debe resolver el Juez de garantía, en su caso analizar el Tribunal de apelación, los Jueces de Distrito y Tribunales Colegiados; esto es, únicamente con base en los datos de investigación que en la audiencia de vinculación a proceso refiera el Ministerio Público, o bien, con pruebas que se desahoguen en la aludida audiencia; si no está en alguno de los supuestos de excepción en que esos datos se formalizan, como lo son, en la mencionada etapa preliminar, el reconocimiento de personas, artículo 262; la declaración ministerial del imputado, numeral 298; y, el anticipo de la prueba, ordinal 267.
"Así, se debe evitar formalizar pruebas o exponer razonamientos sobre su valoración, que carguen de formalidad y valor irrefutable la información recabada en la carpeta de investigación." énfasis añadido.
21. En los mismos términos resolvió el Tribunal Colegiado de Circuito referido, los amparos directos **********, **********, ********** y **********. Las ejecutorias descritas anteriormente dieron origen a la tesis jurisprudencial, cuyo rubro y texto establece:
"AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).-De los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el dieciocho de junio de dos mil ocho, se advierte que el Constituyente, en el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse, únicamente la existencia de ‘un hecho que la ley señale como delito’ y la ‘probabilidad en la comisión o participación del activo’, esto es, la probabilidad del hecho, no la probable responsabilidad, dado que el proveído de mérito, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Consecuentemente, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del referido artículo 19, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión; para ello, el Juez de garantía debe examinar el grado de racionabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación."(6)
22. Amparo en revisión penal **********. El Tribunal Colegiado de mérito analizó un caso cuyas características son las que a continuación se describen:
23. De antecedentes, se desprende que el once de abril de dos mil doce, aproximadamente a las diecinueve horas, ********** fue detenido en un taller mecánico ubicado en la **********, número **********, en la ciudad de Chihuahua, en dicho lugar se encontró un vehículo con reporte de robo, que estaba en estado de desmantelamiento.
24. Posteriormente, el dieciocho de abril de dos mil doce, el Juez de garantía del Distrito Judicial de Morelos, dictó auto de vinculación a proceso en contra del imputado, dentro de la causa penal número **********, por el delito de robo de vehículo en su modalidad de desmantelamiento, previsto en los artículos 212 Bis, fracción primera y 329, último párrafo, del Código Penal para el Estado de Chihuahua.
25. Inconforme con la resolución, el imputado promovió demanda de amparo mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Décimo Séptimo Circuito, el doce de junio de dos mil doce. El Juez Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, a quien correspondió conocer del asunto, dictó sentencia el veintiuno de agosto de dos mil doce, en la que determinó negar el amparo al quejoso.
26. Contra la decisión anterior, el solicitante de la protección constitucional interpuso recurso de revisión del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, cuyo titular ordenó su registro como amparo en revisión **********. Seguido el trámite correspondiente, el uno de febrero de dos mil trece, el tribunal dictó sentencia en la que confirmó la resolución recurrida, y negó el amparo al quejoso.
27. El Tribunal Colegiado manifestó que fue correcto el dictado del auto de vinculación a proceso, en razón de que se cumplieron los elementos que debe componer dicho acto, haciendo una interpretación del artículo 280(7) del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, bajo las siguientes consideraciones:
"Mientras que el Código de Chihuahua, no se especifican los conceptos, de hecho ilícito ni de probable participación, en el proyecto de Código de Procedimientos federales (sic) se exige la tipicidad con los elementos objetivos, normativos y subjetivos. Este Tribunal Colegiado estableció criterios(8) donde se precisó que, por hecho ilícito no debería entenderse anticipar la tipicidad en esta (acreditar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo) con la ya de por si reducción del estándar probatorio y prefirió limitar la acreditación del hecho ilícito desde una perspectiva conceptual (acreditar los elementos esenciales y comunes que integran el concepto desde la lógica formal) a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio, sobre el estudio técnico profesional de los elementos del tipo, no con pruebas sino con datos. Debemos recordar que en esa etapa se evita la formalización de los medios de prueba para no ‘contaminar’ o anticipar juicio sobre el delito y su autor, y el Juez de Control debe, por lo común, resolver sólo con los datos.
"En ese orden de ideas, de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 16, primero del 19 y el inciso A del 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho, es dable considerar que el Constituyente reformador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal, bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los ‘datos’ que establezcan que se ha cometido un hecho ilícito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió; el impedimento a los Jueces del proceso oral para revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria no formalizada con el fin de evitar que prejuzguen, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; así como el principio de igualdad y contradicción dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte el agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y por otra el imputado y la defensa en relación a un hecho o hechos que la ley señale como delitos y exista la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión, ya que así se advierte de la redacción de los citados numerales." énfasis añadido.
28. De lo anterior, se advierte que el Tribunal Colegiado consideró que el Juez de Garantía para el dictado del auto de vinculación a proceso no necesita "acreditar" los elementos que integran cada delito, ya que dicho requisito se seguía antiguamente al dictar el auto de formal prisión, por lo que acorde a la desformalización del nuevo sistema de justicia penal se debe analizar sólo el "marco conceptual" del delito en cuestión, entendiendo por éste los elementos esenciales que lo integran, y a su vez éstos se deberán relacionar con los datos de prueba, para determinar, en su caso, si existe alguna posibilidad de que el imputado hubiere participado en su comisión.
29. En los mismos términos resolvió el Tribunal Colegiado de Circuito referido, los amparos directos **********, **********, ********** y **********. Las ejecutorias descritas anteriormente dieron origen a la tesis jurisprudencial, cuyo rubro y texto establece:
"AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO ‘HECHO ILÍCITO’ DEBE LIMITARSE AL ESTUDIO CONCEPTUAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Este Tribunal Colegiado, en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), publicada en la página 1942, Libro V, Tomo 3, febrero de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).’, estableció que para dictar un auto de vinculación a proceso el Juez de garantía no necesita acreditar el cuerpo del delito ni justificar la probable responsabilidad del inculpado, sino únicamente atender al hecho ilícito y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, atento al artículo 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, por hecho ilícito no debe entenderse el anticipo de la tipicidad en esta etapa (acreditar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo) con la ya de por sí reducción del estándar probatorio, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual (acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal), esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas, sino con datos; pues en esta fase inicial debe evitarse la formalización de los medios de prueba para no ‘contaminar’ o anticipar juicio sobre el delito y su autor, y el Juez de garantía debe, por lo común, resolver sólo con datos."(9)
30. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, cuando resolvió el amparo penal en revisión **********, analizó un asunto con las siguientes particularidades:
31. De las constancias en autos, se desprende que el treinta y uno de octubre de dos mil catorce, aproximadamente entre las once y las once treinta horas, Jordi Miralles Martínez conducía un vehículo tipo tracto camión con una caja blanca, marca Kenworth, cuando en el kilómetro cuarenta y ocho más cien, de la carretera trescientos siete, en el tramo de Bacalar, perdió el control del camión, saliéndose de su carril original; provocando con la maniobra, que un vehículo diverso de marca **********, modelo 2007, tripulado por **********, perdiera igualmente el control y se colisionara con la vegetación del lugar y, por consecuencia, el tripulante perdiera la vida.
32. Posteriormente, el tres de noviembre de dos mil catorce se celebró audiencia inicial ante el Juez de Control y de Juicio Oral adscrito al Distrito Judicial de Chetumal, en dicha diligencia entre otras cosas, el Juez del conocimiento resolvió que era procedente dictar auto de vinculación a proceso por el delito de homicidio culposo, y declaró procedente la imposición de prisión preventiva por el término de seis meses.
33. Inconforme con la resolución anterior, el imputado promovió demanda de amparo mediante escrito presentado el veinticinco de noviembre de dos mil catorce, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo.
34. El Juez Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, a quien correspondió conocer del asunto, desechó de plano la demanda únicamente por el acto consistente en la determinación que calificó de legal su detención, y la admitió respecto de los dos actos restantes, consistentes en la constitucionalidad del auto de vinculación a proceso y la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva; seguida la secuela procesal, el cuatro de febrero de dos mil quince dictó sentencia en la que determinó negar el amparo al quejoso.
35. Contra la decisión anterior, el solicitante de protección constitucional interpuso recurso de revisión del cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, cuyo titular ordenó su registro como amparo penal en revisión **********; seguido el trámite correspondiente, el siete de septiembre de dos mil quince, el Tribunal Colegiado de referencia dictó una resolución en la que modificó la sentencia recurrida, y negó el amparo al quejoso, por lo que hace a la constitucionalidad del auto de vinculación a proceso.
36. En dicha resolución, se consideró como legislación aplicable el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce; debido a que el diez de abril del mismo año, la Legislatura del Estado de Quintana Roo, hizo la declaratoria de inicio de vigencia de dicho código en la entidad.
37. El Tribunal Colegiado consideró que el Juez dictó el auto de vinculación a proceso respetando los requisitos legales y constitucionales para su emisión, manifestando que se respetó lo contenido en el artículo 19(10) de la Constitución y del artículo 316(11) del Código Nacional de Procedimientos Penales; y de una interpretación de los preceptos antes señalados, determinó que para la emisión del auto de vinculación a proceso era necesario que, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendieran datos de prueba que arrojaran la posible participación del imputado; y para ello resulta necesario en primer lugar, determinar el delito, pues si este no se establece con todos sus elementos objetivos, normativos y subjetivos, no se estaría en aptitud de determinar si el hecho extraído de los datos de prueba encuadra como delito.
38. Lo anterior, porque el dictado del auto de vinculación a proceso surte el efecto procesal de establecer porqué delito o delitos habrá de seguirse el proceso y, por tanto, deben quedar determinados sus elementos. Además, dicho análisis contribuye al respeto del derecho de defensa del imputado, pues crea seguridad jurídica ya que ayuda a preparar de una mejor manera la defensa. Tales consideraciones las plasmó de la manera siguiente:
"En este punto debe señalarse que contrario a lo sustentado por el Juez de Distrito, para determinar si el hecho imputado se encuentra señalado en la ley como delito, sí se debe realizar un análisis de los elementos de la descripción típica del delito, esto es, tanto sus elementos objetivos, normativos y subjetivos.
"De la interpretación armónica de los preceptos transcritos (artículo (sic) 19 de la Constitución y 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales), se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso es necesario que de los antecedentes de investigación expuestos por el representante social se desprendan indicios razonables que permitan suponer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito.
"Lo anterior, a juicio de este órgano constitucional, no se logra sin antes determinar el delito, es decir, la conducta típica, antijurídica y culpable prevista por el legislador como merecedora de una sanción penal.
"Esto es así, pues si no se establece con precisión el delito con todos sus elementos normativos y subjetivos que lo integran, no se podrá estar en aptitud de determinar si el hecho extraído de los datos de prueba encuadra como delito.
"Dichos elementos comprenden a su vez, los siguientes: 1. La existencia de una acción u omisión que lesione un bien jurídico o lo ponga en peligro; 2. La forma de intervención del sujeto activo; 3. Si la acción u omisión fue dolosa o culposa; 4. La calidad de los sujetos activo y pasivo; 5. El resultado y su atribuibilidad a la acción u omisión; 6. El objeto material; 7. Los medios utilizados; 8. Las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión; 9. Los elementos normativos; 10. Los elementos subjetivos específicos; y, 11. Las demás circunstancias que la ley prevea, entre las que se cuentan las modificativas atenuantes y agravantes.
"Lo anterior implica que el Juez del conocimiento, en primer término, conozca cuál es el delito materia de la imputación, lo que implica inmediatamente e intrínsecamente que éste efectúe un análisis de los elementos objetivos, normativos y subjetivos previstos por la ley, que le permitan calificar al hecho narrado por el Ministerio Público, como delictivo.
"Y posteriormente, determinar con base en dicha narración, si se desprenden indicios razonables que permitan suponer que efectivamente se cometió el hecho imputado, lo cual no se logra, como ya se dijo, sin antes analizar los elementos objetivos, normativos y subjetivos del hecho típico.
"Dicho en otras palabras, el Juez de Control tiene que determinar si los hechos que narra el representante social son efectivamente constitutivos de un delito o no; y, en caso afirmativo, determinar si de dicha narración se desprende que con los datos de prueba expuestos, sí existen indicios razonables que permitan suponer que el mismo se cometió.
"Esto es así, pues no debe perderse de vista que el dictado del auto de vinculación a proceso surte el efecto procesal de establecer por qué delito o delitos habrá de seguirse el proceso y por tanto, deben de (sic) quedar determinados con precisión sus elementos constitutivos.
"Además, pues del análisis de dichos elementos contribuye al respeto del derecho de defensa del imputado, ya que crea mayor seguridad jurídica, incluso, ello conlleva a que prepare de una manera más adecuada su defensa para desvanecer la imputación que obra en su contra, o bien, la pena que se le pretenda imponer en la correspondiente etapa de juicio.
"Así las cosas es de concluirse, que para que el Juez de Control determine si los hechos narrados por el representante social son o no constitutivos de delito, es de menester que aquél efectúe un análisis de los elementos normativos objetivos y subjetivos." énfasis añadido
39. De las consideraciones transcritas derivó el criterio aislado, cuyo rubro y texto establecen:
"AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA QUE EL JUEZ DE CONTROL PUEDA DETERMINAR SI EL HECHO IMPUTADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO AL ACUSADO ES O NO CONSTITUTIVO DE DELITO, DEBE ANALIZAR LOS ELEMENTOS DE LA DESCRIPCIÓN TÍPICA DEL ILÍCITO CORRESPONDIENTE, ESTO ES, SUS ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS. De la interpretación armónica de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, es necesario que de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público se adviertan datos de prueba (indicios razonables) que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, lo anterior no puede lograrse sin antes determinar el delito, es decir, la conducta típica, antijurídica y culpable pr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27257-a30ee648/auto-de-vinculacion-a-proceso-para-satisfacer-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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