PRUEBAS EN AMPARO INDIRECTO PENAL. PROCEDE REQUERIR AL MINISTERIO PÚBLICO RESPONSABLE COPIA DE TODAS LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN RELACIONADA CON EL ACTO RECLAMADO, CUANDO LAS REMITIDAS CON EL INFORME JUSTIFICADO SEAN INSUFICIENTES PARA RESOLVER SOBRE LA LEGALIDAD DE SU ACTUACIÓN.
QUEJA 101/2024. 5 DE JUNIO DE 2024. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ MANUEL TORRES ÁNGEL. SECRETARIA: ANGÉLICA RODRÍGUEZ GÓMEZ.
Ciudad de México. Sentencia del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria de cinco de junio de dos mil veinticuatro.
VISTOS los autos para resolver el recurso de queja 101/2024, interpuesto por **********, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda y Fiscales de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, perteneciente a la Fiscalía General de la República, en auxilio de su homólogo **********, autoridad responsable, contra el proveído de veintinueve de abril de dos mil veinticuatro, dictado por el Juzgado Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto **********/2024; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Trámite del juicio de amparo indirecto.
1. Mediante escrito presentado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el seis de marzo de dos mil veinticuatro, ********** solicitó el amparo y protección de la justicia de la unión contra los actos y autoridades siguientes:
"[...]
III. AUTORIDAD RESPONSABLE.
Se señala como autoridad responsable al licenciado Joaquín Martínez Iñiguez, Agente del Ministerio Público de la Federación titular de la célula V8 de la Fiscalía Especializada en investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda y Fiscales de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República.
IV.ACTOS RECLAMADOS
Se reclama el acuerdo ministerial de fecha 16 de febrero de 2024, dictado dentro de la carpeta de investigación **********.
[...]."
SEGUNDO. Conocimiento y prevención de demanda.
2. Por acuerdo de siete de marzo de dos mil veinticuatro, la Juez Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, la registró bajo el número de expediente **********, se avocó al conocimiento de la misma y previno al quejoso para que en el plazo de cinco días aclarara su demanda en lo relativo a precisar la denominación de la o autoridades que señala como responsables y el acto que les atribuye a cada una; además, realice una narración clara y precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo y negativo que antecedieron a los actos reclamados; asimismo, requirió a la autoridad responsable diversa información y constancias de la carpeta de investigación de donde deriva el acto reclamado, con apercibimiento de multa, en los términos que más adelante se destacarán.
TERCERO. Recurso de queja Q.P. **********.
3. Inconforme con lo anterior, en acuerdo de trece de marzo de dos mil veinticuatro, el Juez de Distrito tuvo a **********, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda y Fiscales de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada perteneciente a la Fiscalía General de la República, en auxilio de su homólogo **********, autoridad responsable, interponiendo recurso de queja, estimando que no era procedente suspender el procedimiento en virtud de que aún no existía un pronunciamiento en cuanto a la admisión de la demanda de amparo.
4. De dicho medio de impugnación tocó conocer a este tribunal colegiado, quien lo registró con el número de expediente Q.P. 47/2024, el cual fue resuelto mediante sesión ordinaria de once de abril de dos mil veinticuatro, en el sentido de declarar fundado dicho medio de impugnación.
5. El diecinueve de marzo del año en curso, el Juez de Distrito tuvo a la parte quejosa desahogando la prevención formulada y fijó como acto reclamado:
"El acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veinticuatro, emitido en la carpeta de investigación **********, en el que se niega el acceso a dicha indagatoria."
6. En consecuencia, en esa misma fecha admitió a trámite la demanda; tramitó el incidente de suspensión solicitado; se fijó audiencia constitucional y se requirió informe justificado a la autoridad responsable.
7. Por acuerdo de dieciséis de abril de dos mil veinticuatro, agregó a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable; sin embargo, la requirió para que dentro del plazo de tres días contado a partir de su notificación, remitiera copia autenticada o certificada de la denuncia que originó la indagatoria, el auto de radicación, así como todas aquellas que considere que se encuentran vinculadas con el acto reclamado.
8. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable remitió el acuerdo de inicio de la investigación de siete de junio de dos mil veintidós; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo se dio vista a las partes, para que estuvieran en condiciones de ejercer su derecho; con la precisión de que se debía guardar el sigilo correspondiente, permitiéndose el acceso a las partes, no así la transmisión, copia, fotografía, escáner o reproducción por cualquier medio.
9. El veintinueve de abril de dos mil veinticuatro, el juez de amparo tuvo por recibido el oficio de este Tribunal Colegiado mediante el cual se le remitió testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja Q.P. ********** y, en cumplimiento a dicha ejecutoria, dejó insubsistente el proveído de siete de marzo del año en curso, únicamente en la parte en que se solicitó diversa información a la autoridad responsable.
10. De igual manera, requirió al licenciado **********, agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula V8 de la Fiscalía Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la Fiscalía General de la República, para que dentro del término de tres días contado a partir de la legal notificación, remitiera copia autenticada de la totalidad de las constancias que integran la carpeta de investigación **********.
CUARTO. Interposición, trámite y turno del recurso de queja.
11. Inconforme con lo anterior, **********, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda y Fiscales de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada perteneciente a la Fiscalía General de la República, en auxilio de su homólogo **********, autoridad responsable, interpuso recurso de queja, que por razón de turno correspondió conocer a este Tribunal Colegiado, quien por auto de Presidencia de veinte de mayo de dos mil veinticuatro, lo registró y admitió con el número de expediente Q.P. 101/2024.
Turno.
12. Mediante acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veinticuatro, se tuvo por recibido la intervención ministerial 211/2024 presentada por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Tribunal Colegiado; asimismo, se turnaron los autos al Magistrado José Manuel Torres Ángel, para que en términos del numeral 101 de la ley de la materia formulara el proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia.
13. Este Tribunal Colegiado es legalmente competente para conocer del presente recurso de queja, en términos de los artículos 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; así como 27 y 38, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se interpuso contra un proveído por el que se requirió a la autoridad responsable diversa información y constancias de la carpeta de investigación de donde deriva el acto reclamado, dictado en un juicio de amparo indirecto, del índice de un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional.
SEGUNDO. Procedencia del recurso de queja.
14. El recurso de queja es procedente conforme al artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, ya que se interpone contra un auto pronunciado por un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal que pertenece a este circuito.
TERCERO. Oportunidad.
15. El recurso de queja se interpuso dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98, fracción I, de la Ley de Amparo, porque la notificación del auto impugnado se practicó a la parte recurrente por medio de oficio el treinta de abril pasado, surtiendo sus efectos ese mismo día en términos del artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo.
16. Así, el plazo para interponer el recurso transcurrió del dos al ocho de mayo de dos mil veinticuatro; por tanto, si la interposición del recurso de queja lo hizo de manera electrónica el dos de mayo de la presente anualidad, es evidente que su promoción resulta oportuna, como se muestra en el siguiente cuadro:
Ver cuadro
CUARTO. Existencia del acto recurrido.
17. La existencia del auto reclamado se encuentra plenamente acreditada en autos, en virtud de que la Jueza Decimosegunda de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, anexó a su informe copia certificada del juicio de amparo indirecto **********.
QUINTO. Legitimación.
18. El recurso de queja fue interpuesto por **********, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda y Fiscales de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, perteneciente a la Fiscalía General de la República, en auxilio de su homólogo **********, autoridad señalada como responsable, conforme a lo dispuesto en el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que está legitimado para recurrir el proveído.
SEXTO. Innecesaria transcripción de constancias.
19. No se transcriben el auto reclamado, ni los agravios que hace valer la parte recurrente, por ser innecesaria su reproducción, ya que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, basta que se precisen los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, se estudien y se les dé respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis.(3)
20. Sin embargo, a fin de dar una puntual contestación a los motivos de disenso, se considera necesario resumirlos de la siguiente forma:
a) Refiere que el auto recurrido transgrede el principio de legalidad, puesto que carece de una debida fundamentación y motivación, citando el criterio de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCE EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN."
Ello, señala, porque el Juez de Distrito no analizó o razonó lo aducido por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, sino que únicamente adujo que atendiendo la naturaleza del acto le resultaban necesarias la expedición de la totalidad de las constancias que integran la investigación; de ahí que resulte una falta de motivación y exhaustividad en sus determinaciones.
Sin soslayar, dijo, el deber que le impone la ley de la materia al Juez de Distrito de recabar pruebas que estime necesarias para la resolución del asunto; no obstante, dicha circunstancia no lo releva de la obligación de motivar sus actuaciones; por tanto, es obligación del Juez de Distrito expresar argumentos o razonamientos de forma pormenorizada a efecto de explicar el por qué es necesario remitir la totalidad de los registros que integran la carpeta de investigación, a pesar de la información remitida por las partes y que forman parte del juicio de amparo, le resulta patente que en el presente asunto, la reserva de los actos de investigación no ha dejado de surtir sus efectos.
Luego, el Juez de Distrito no estableció de forma fundada y motivada por qué a su consideración resulta necesaria la totalidad de una investigación para resolver la litis planteada, cuando no todos los registros que la integran fueron tomados en consideración para la emisión del acto reclamado.
b) Resulta innecesario requerir y remitir la totalidad de los registros que integran la carpeta de investigación, puesto que no todas ellas se encuentran relacionadas o sirvieron de base para la emisión del acto reclamado.
Por tanto, el acuerdo recurrido es contrario a los principios de justicia pronta y expedita previstos en el numeral 17 constitucional, ya que el Juez de Distrito, con el pretexto de allegarse de pruebas y resolver la litis del juicio solicitó copias de todos los registros que integran una carpeta de investigación, cuando no todas ellas fueron tomadas en cuenta para la emisión de los actos reclamados, que en esencia resultan ser la emisión de un acuerdo por el cual se negó acordar de conformidad las peticiones del accionante de amparo, entre ellas, el acceso a los registros de una carpeta de investigación.
Sustentando lo anterior en la tesis de rubro siguiente: "QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO POR EL QUE REQUIERE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LA TOTALIDAD DE LAS CONSTANCIAS DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."
c) Existe un impedimento legal para la remisión de la totalidad de las constancias que integran la carpeta de investigación, pues no todas las constancias guardan relación directa con el acto reclamado y que el Juez de Distrito, a pesar de que trata de justificar una transgresión al principio de reserva y secrecía que debe guardar una investigación, resulta patente que de realizar una versión que permita ponerse a la vista del quejoso, indefectiblemente contravendría el principio de reserva de los registros de una investigación, vulnerando con ello las investigaciones practicadas por el agente del Ministerio Público de la Federación en las indagatorias que requieren de ese sigilo, e incluso pasa por alto que de remitir las constancias solicitadas, el quejoso y personas ajenas a la investigación tendrían acceso directo a toda la información de las diligencias practicadas y líneas de investigación que se siguen, violentando el principio de reserva y sigilo, obstruyendo con ello la debida procuración de justicia, así como la debida integración de la investigación de mérito, dejando en un estado de indefensión a la representación social, pues no se debe perder de vista que la carpeta de investigación se encuentra en trámite y, por tanto, es considerada reservada y confidencial.
SÉPTIMO. Delimitación de la materia de análisis de la resolución recurrida.
21. De la lectura integral de las constancias que conforman el presente asunto, así como del auto impugnado y los agravios hechos valer por la autoridad recurrente, se aprecia que únicamente controvierte la parte relativa a la solicitud de copias de la totalidad que integran la carpeta de investigación **********.
22. Por tanto, la litis se circunscribirá únicamente a ese aspecto; de modo que las restantes consideraciones del auto impugnado deben declararse firme ante la falta de agravio.
23. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 251, sustentada por el Pleno de la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 427, Tomo Parte VIII, del Apéndice correspondiente al año de 1985, de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO."; así como la diversa 1a./J. 62/2006, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el registro digital: 174177, de epígrafe: "REVISIÓN EN AMPARO. LAS CONSIDERACIONES NO IMPUGNADAS DE LA SENTENCIA DEBEN DECLARARSE FIRMES."
OCTAVO. Estricto derecho.
24. Se estima pertinente establecer que la litis en el recurso de queja interpuesto sólo comprenderá aspectos sustentados por el Juez de Distrito, de acuerdo con la manera en que la parte inconforme los recurrió, pues al ser autoridad responsable quien lo interpuso, para la cual los medios de impugnación son de estricto derecho, es evidente que no se actualiza alguna de las hipótesis de suplencia de la queja, en tanto el artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo, prevé que en materia penal ésta sólo se actualiza a favor del inculpado o sentenciado y del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente.(4)
NOVENO. Decisión de este Tribunal Colegiado.
25. Son infundados los agravios hechos valer por la parte recurrente.
26. En principio, resulta infundado lo expuesto en el motivo de disenso a), pues este Tribunal Colegiado estima que el juez de amparo fundó y motivó su determinación, en virtud de que citó las normas legales que consideró aplicables al problema jurídico sometido a su potestad, tanto de naturaleza sustantiva como adjetiva –Ley de Amparo y Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria–; además, dio los razonamientos y argumentos jurídicos por los que estimó necesario solicitar las constancias requeridas a la autoridad responsable.
27. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 260, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 166, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN."
28. Así como la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, diciembre de 2005, Materia Común, Novena Época, visible en la página ciento sesenta y dos, bajo el epígrafe: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE."
29. También resulta infundado el agravio b), pues este Tribunal Colegiado considera correcto el requerimiento efectuado a la autoridad responsable, ya que el artículo 117, párrafos primero y quinto, de la Ley de Amparo establecen:
"Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días.
[...]
En el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias."
30. De lo anterior se advierte que es obligación de las autoridades responsables, al rendir su informe con justificación, expresar las razones y fundamentos legales que consideren pertinentes para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, o bien, la improcedencia del juicio acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar las consideraciones aducidas en el informe.
31. En relación con las pruebas y la facultad del juez de amparo de recabarlas oficiosamente, el dispositivo 75 de la Ley de Amparo –citado por el juez de amparo– establece:
"Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacer ante la autoridad responsable. Adicionalmente, en materia penal, el juez de distrito deberá cerciorarse de que este ofrecimiento en el amparo no implique una violación a la oralidad a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. El Órgano Jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto. En materia penal, se estará a lo dispuesto en la última parte del párrafo anterior." 32. Como se observa, el precepto legal transcrito dispone que el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable; no se admitirán ni se tomarán en cuenta las pruebas que no se hubiesen rendido ante ésta, salvo cuando el quejoso no hubiera tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable y que el juez de amparo deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones necesarias para resolver el asunto, entendiendo dicha necesidad como la estrecha vinculación que tiene con el acto reclamado; de modo tal que, de no tenerse a la vista ese medio de convicción, el juzgador se encuentra en imposibilidad jurídica para pronunciarse sobre la constitucionalidad e inconstitucionalidad del acto que se reclame.
33. De ahí que el juzgador de amparo debe ser proactivo, atendiendo al principio de completitud que impone al juzgador la obligación de resolver todos los litigios que se presenten para su conocimiento en su integridad, sin dejar nada pendiente, con el objeto de que el fallo que se dicte declare el derecho y deje abierto el camino franco para su ejecución o cumplimiento, sin necesidad de nuevos procedimientos judiciales o administrativos, pues sólo de esa manera se estaría en posibilidad de examinar de manera exhaustiva todas las cuestiones atinentes al juicio de amparo.
34. En el caso, se tiene que la parte quejosa reclamó esencialmente "El acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veinticuatro, emitido en la carpeta de investigación **********, en el que se niega el acceso a dicha indagatoria."
35. Ello, porque afirmó que en la citada carpeta se sigue una línea de investigación que le otorga la calidad de imputado, al considerársele responsable de la comisión de los delitos previstos en los artículos 400 bis del Código Penal Federal y 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
36. De igual forma señala que ha sido sujeto de actos de molestia en su persona y en sus bienes, pues sostiene que uno de los actos de molestia de los que ha sido objeto fue la inspección y cuestionamiento de un agente de la policía federal en su domicilio de trabajo, ubicado en **********, colonia **********, alcaldía **********, **********, quien el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés se acercó a tomar fotografías del inmueble, recabar información de posibles testigos e información acerca de su persona y de sus bienes.
37. Por consiguiente, el juez de amparo estimó que resultaba necesario contar con la totalidad de las constancias que integran la carpeta de investigación dictada, pues este Tribunal Colegiado estima que la petición del Juez de Distrito derivó porque las que tiene a su alcance son insuficientes para resolver el juicio de amparo, pues dijo que únicamente a partir del análisis integral de esa indagatoria es que será posible dilucidar si con motivo de la negativa de la autoridad de darle acceso al quejoso, se está vulnerando o no algún derecho fundamental de éste.
38. De ahí que se justifica la necesidad de que el juzgador tenga a la vista todas las actuaciones que considere necesarias para resolver sobre la legal actuación de la autoridad responsable, para así no dejar cuestión alguna pendiente, con el objeto de que el fallo que se dicte declare el derecho y deje abierto el camino franco para su ejecución o cumplimiento, sin necesidad de nuevos procedimientos judiciales o administrativos, ya que sólo así puede examinar de manera exhaustiva todas las cuestiones atinentes al juicio de amparo.
39. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la tesis aislada de este Tribunal Colegiado, con número de registro digital: 2022378, de rubro y texto:
"PRUEBAS EN EL AMPARO. PROCEDE QUE EL JUEZ DE DISTRITO SOLICITE AL MINISTERIO PÚBLICO COPIA DE LA TOTALIDAD DE LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 75, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA OMISIÓN DE CITAR AL QUEJOSO CON EL CARÁCTER DE IMPUTADO, Y AL RENDIR LA AUTORIDAD SU INFORME EN EL QUE ACEPTÓ EL ACTO, SÓLO ACOMPAÑÓ ALGUNAS CONSTANCIAS PARA JUSTIFICARLO. Procede que el Juez de amparo solicite el envío de la totalidad de las constancias que integran la carpeta de investigación a la autoridad que la esté integrando, en atención a que es el Juez de Distrito quien emitirá la resolución correspondiente en el juicio de amparo en que se actúa y, por lo mismo, es él quien determinará qué pruebas resultan necesarias y suficientes para examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado y resolver el mismo, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 75 de la Ley de Amparo, que establece: ‘El órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto.’; pero, además, resulta necesario que el juzgador de amparo sea proactivo atendiendo al principio de completitud, para allegarse de los elementos necesarios para resolver un asunto completo, sobre todo cuando se trata de una omisión y la autoridad responsable, al rendir su informe señala que efectivamente existe el acto omisivo, pero que fue legal, y envía sólo algunas constancias para justificarlo, pues sólo teniendo a la vista la totalidad de éstas, estaría en condiciones de dar cumplimiento a la obligación de resolver todos los litigios que se presenten para su conocimiento en su integridad, sin dejar nada pendiente, con el objeto de que el fallo que se dicte declare el derecho y deje abierto el camino franco para su ejecución o cumplimiento, sin necesidad de nuevos procedimientos judiciales o administrativos, ya que sólo así puede examinar de manera exhaustiva todas las cuestiones atinentes al juicio de amparo, cuando se trata de una omisión (no citar a comparecer en su carácter de indiciado al quejoso en una carpeta de investigación)."
40. Ahora, por lo que hace al criterio que el recurrente cita en apoyo a sus consideraciones, de rubro: "QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO POR EL QUE REQUIERE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LA TOTALIDAD DE LAS CONSTANCIAS DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", debe decirse, por una parte, que en la ejecutoria de dicha contradicción de tesis 232/2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el representante social está limitado a expedir todas las constancias de la investigación, dado que ante los órganos jurisdiccionales está obligado a promover la reserva de identidad y otros datos personales de la víctima u ofendido, cuando éstos sean menores; cuando se trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia organizada y en los demás casos que se considere necesario para su protección.
41. Y que al expedir la totalidad de las constancias de la averiguación previa, le ocasionaría un daño o perjuicio no reparable en la sentencia definitiva, toda vez que con ello se violaría el principio de reserva a que está obligado el Ministerio Público, vulnerándose de esta manera las investigaciones practicadas en la averiguación previa que requiere necesariamente de ese sigilo, pues al proporcionar las constancias requeridas, se tendrá el acceso a toda la información, aun la que no esté relacionada con los quejosos.
42. No obstante, de igual manera se previó que de acuerdo con los numerales 80 y 87 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoria a la Ley de Amparo, por la naturaleza de las copias o documentos expedidos por los funcionarios o autoridades, queda a cargo del Juez de Distrito la discrecionalidad en la guarda, custodia y difusión de las pruebas aportadas al juicio.
43. En la medida en que los Tribunales, en la práctica de las diligencias, obrarán como lo estimen procedente, para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar los derechos de las partes y procurando en todo su igualdad; asimismo, que cuando la recepción de una prueba pueda ofender la moral o el decoro social, las diligencias respectivas podrán ser reservadas, según el prudente arbitrio del Tribunal.
44. De igual manera, nuestro Máximo Tribunal sostuvo que dichas disposiciones facultan la discrecionalidad en el manejo de las pruebas, por lo que las copias o documentos deben ser entregados por los funcionarios o autoridades directamente al juzgador para que en ejercicio de dicha facultad las analice y valore, resolviendo la litis constitucional planteada.
45. De lo anterior queda patente que si bien la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó lo relativo al posible riesgo que existe de añadirse las copias de la averiguación previa al juicio de amparo, considerándose que en ciertas situaciones podría transgredirse la reserva de identidad de las víctimas con dicha acción.
46. También se observa que tal premisa no resulta absoluta, ya que se previó que los tribunales cuentan con discrecionalidad en cuanto al manejo de las pruebas y, en su caso, estarán facultados para solicitarlas para estar en condiciones de resolver de manera completa la litis planteada, preservando en todo momento la confidencialidad que merecen.
47. Cabe precisar que el criterio señalado fue emitido en el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32835-43f2bafb/pruebas-en-amparo-indirecto-penal-procede-requerir-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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