NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO A RECONOCER LA CALIDAD DE VÍCTIMA. CUANDO SE IMPUGNE EN AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE SOLICITAR TODAS LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN SI LAS CONSIDERA NECESARIAS PARA RESOLVER LA LITIS.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 94/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 2 DE FEBRERO DE 2024. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA Y DE LOS MAGISTRADOS MIGUEL BONILLA LÓPEZ (PRESIDENTE) Y SAMUEL MERAZ LARES. PONENTE: MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN CAMPOS BEDOLLA.
III. COMPETENCIA
12. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados pertenecientes a la Región Centro-Norte.
13. Lo anterior, de conformidad con los artículos 94, párrafo primero, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III de la Ley de Amparo, 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 14, fracción I, 43 a 46 del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y 2, del Acuerdo General 38/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma los artículos 9, 11 y 18, párrafo primero, del citado Acuerdo General 67/2022.
IV. LEGITIMACIÓN
14. La presente denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes. Lo anterior, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución,(1) así como 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(2)
V. CRITERIOS DENUNCIADOS
15. Para verificar la existencia de la contradicción entre los criterios que sustentaron los aludidos órganos de control constitucional, previo a hacer una breve relatoría del marco procesal y de los antecedentes de los asuntos que cada uno de ellos resolvió, así como de las cuestiones jurídicas relevantes que motivaron sus respectivas posturas, debe precisarse que de las constancias remitidas por los órganos contendientes se advierte que el punto divergente entre éstos, es el relativo a determinar si es aplicable o no la directriz fijada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. CUANDO SE IMPUGNA ESA DETERMINACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LA VÍCTIMA U OFENDIDO O SU ASESOR JURÍDICO DEBE EXPONER ORALMENTE SUS AGRAVIOS EN LA AUDIENCIA Y EL JUEZ DE CONTROL, POR REGLA GENERAL, DEBE RESOLVER SIN CONSULTAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN.", para efecto de que el Juez de Amparo solicite o no las constancias necesarias de la carpeta de investigación para poder resolver sobre el no reconocimiento de la calidad de víctima en dicha carpeta.
16. Sin que sea óbice a lo anterior, que en el acuerdo de presidencia de veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, de manera preliminar se consideró diverso tema de contradicción; toda vez que, los autos de presidencia no causan estado,(3) por ser determinaciones tendientes a la prosecución del procedimiento, para que finalmente se pronuncie la resolución correspondiente, y por eso pueden ser revocados, modificados, nulificados o incluso pueden ser objeto de reposición o regularización del procedimiento por aquéllos.
a) Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 220/2023.
17. Marco procesal. Mediante escrito presentado el veintiocho de julio de dos mil veintitrés, a través del juicio en línea, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra del acuerdo de seis de julio de ese mismo año, en el que el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Unidad de Investigación y Litigación UEIDAPLE "3" de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, no le reconoció el carácter de víctima en la carpeta de investigación **********.
18. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, quien en proveído de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, la admitió y la registró con el número **********, solicitó informe justificado a la autoridad responsable, señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional y ordenó dar la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público Federal de su adscripción.
19. Mediante oficio recibido el veintitrés de agosto siguiente, en la oficialía de partes del juzgado en cita, la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Unidad de Investigación y Litigación UEIDAPLE "3" de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, rindió su informe justificado en el que aceptó el acto reclamado y exhibió copia de diversas actuaciones de la carpeta de investigación.
20. Por acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, el Secretario en funciones de Juez, con fundamento en los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo, requirió a la citada autoridad responsable para que remitiera reproducción de todas y cada una de las constancias que tomó en consideración para la emisión del acto reclamado, de la denuncia que dio origen a la carpeta de investigación, así como del acuerdo de inicio; legibles, completas y en orden cronológico. Ello, en razón de que consideró que las diversas que remitió no eran suficientes para resolver el asunto y se encontraba obligado a recabar de oficio, todas aquéllas que no obraran en autos y que consideraba necesarias para tal efecto.
21. Inconforme, el fiscal interpuso recurso de queja, mismo que por razón de turno le correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien, por auto de presidencia de doce de septiembre de ese mismo año, lo admitió y registró bajo el número 220/2023, de su índice.
22. Consideraciones que sustentan el criterio. En sesión de diez de noviembre de dos mil veintitrés, resolvió por unanimidad de votos confirmar el auto recurrido, por los siguientes motivos:
23. Precisó que, en relación a la fundamentación y motivación, el resolutor de origen, al pronunciar la determinación combatida, señaló preceptos legales y expuso, con exactitud, por qué eran aplicables. Asimismo, congruente con la litis constitucional, apuntó las circunstancias especiales, causas inmediatas y motivos particulares que permitían requerir a la autoridad responsable las constancias indicadas.
24. Refirió que, ello obedecía a que en el artículo 75 de la Ley de Amparo, párrafo primero, se establece que, en las sentencias que se dicten, el acto reclamado se debe apreciar tal como aparezca probado ante la autoridad; por su parte, en el párrafo tercero, se impone al órgano jurisdiccional el deber de recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto.
25. Asimismo, señaló que en el párrafo quinto del artículo 117 de la Ley de Amparo, se establece un deber dirigido a la autoridad responsable en el sentido de que, al momento de rendir su informe justificado, debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar lo que afirme.
26. Indicó que, esas disposiciones normativas, de forma general, fueron el sustento de la determinación del juzgador de primer grado, lo que evidenciaba que el acuerdo recurrido estaba eficazmente fundamentado, con las precisiones de dicho tribunal colegiado en cuanto a los párrafos de los artículos en cita; pues constituían el marco jurídico que facultaba al órgano jurisdiccional de amparo para proceder como lo hizo.
27. Además resaltó que, la individualización de dichas reglas también fue adecuada, pues, con corrección, el resolutor de origen estimó que las constancias que el Agente del Ministerio Público responsable remitió eran limitadas, ya que no eran suficientes para resolver el asunto. Por tal motivo, consideró que se encontraba obligado a recabar, de oficio, las necesarias para definir completa y correctamente la instancia constitucional.
28. Señaló que, no asistía razón jurídica al recurrente en relación a lo que refirió respecto de las actuaciones requeridas por el juzgador de amparo (constancias que tomó en consideración para la emisión del acto reclamado, la denuncia que dio origen a la carpeta de investigación y el acuerdo de inicio), que no estaban vinculadas con la resolución de fondo del asunto.
29. Lo anterior, debido a que para emitir el acto reclamado, la propia autoridad responsable declaró "vistos" los autos de la carpeta de investigación ********** y pronunció la determinación correspondiente. Lo cual implicó que tuvo a la vista todas las actuaciones de dicha indagatoria.
30. En ese sentido, refirió que para resolver la instancia constitucional, la persona juzgadora efectivamente estaba obligada a realizar las gestiones necesarias para que, en el momento procesal oportuno, estar en condiciones de apreciar el acto reclamado tal como se hubiera probado ante la responsable; esto es, conforme a las actuaciones de la citada carpeta hasta el acuerdo de seis de julio de dos mil veintitrés [regla derivada del artículo 75, párrafo primero, de la Ley de Amparo]; lo que, justificaba el requerimiento formulado.
31. Precisó que, en la demanda de amparo, el quejoso relató que denunció a diversa persona jurídica por la posible comisión de hechos constitutivos de un delito, lo que motivó el inicio de la indagatoria para la investigación del ilícito previsto en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a la que se le negó el acceso con el argumento de que la correcta impartición de justicia es el único bien jurídico tutelado y dañado.
32. De ahí que, enfatizó que el resolutor de primer grado, con acierto determinó que se encontraba obligado a recabar, de oficio, las actuaciones descritas, pues son congruentes con lo que la parte accionante sometió a consideración jurisdiccional en la demanda y, por ende, necesarias para dirimir la litis; ya que, precisamente, lo que requirió fueron todas aquellas pruebas rendidas ante la responsable, las cuales estimó necesarias para la resolución del asunto (regla derivada del artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo).
33. Lo anterior, máxime que esa postura proactiva del juzgador de amparo se causó como consecuencia de la omisión de la responsable de remitir el expediente generador del acto reclamado, el cual, en el caso, comprendía todas aquellas constancias que tuvo a la vista al momento de emitir el mismo, pese a que el Agente del Ministerio Público tenía el deber legal de hacerlo, como le fue requerido desde el auto de admisión (en términos de la regla derivada del artículo 117, párrafo quinto, de la Ley de Amparo).
34. Por tal motivo, refirió que no se podía participar de la tesis XVII.1o.P.A.2 P (11a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, con registro digital: 2023873, de rubro: "NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO A RECONOCER AL QUEJOSO LA CALIDAD DE VÍCTIMA DEL DELITO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA EL JUEZ DE DISTRITO REQUIERE LA TOTALIDAD DE LAS CONSTANCIAS QUE LA INTEGRAN, DICHO REQUERIMIENTO VA MÁS ALLÁ DE LO ESTRICTAMENTE PARA DISCERNIR LA LITIS CONSTITUCIONAL."
35. Lo anterior, debido a que en ese criterio se tuvo como directriz la fijada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 23/2019 (10a.), de título: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. CUANDO SE IMPUGNA ESA DETERMINACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LA VÍCTIMA U OFENDIDO O SU ASESOR JURÍDICO DEBE EXPONER ORALMENTE SUS AGRAVIOS EN LA AUDIENCIA Y EL JUEZ DE CONTROL, POR REGLA GENERAL, DEBE RESOLVER SIN CONSULTAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN."; en el sentido de que, por regla general, el Juez de Control debe resolver sin consultar la carpeta de investigación, cuando se impugna el no ejercicio de la acción penal en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin menoscabo de que durante la secuela procesal la parte quejosa pueda justificar, razonadamente, la necesidad de que se soliciten a la autoridad responsable determinadas constancias de la carpeta de investigación.
36. Bajo ese enfoque, puntualizó que en dicha jurisprudencia, el Alto Tribunal partió de la idea de amalgamar los principios del sistema penal acusatorio con las reglas del juicio de amparo para no desnaturalizar la instancia penal, de modo que estableció el lineamiento de que la autoridad de amparo debía resolver la instancia constitucional en el marco del debate desarrollado por las partes en sede penal.
37. Indicó que en el caso, no existía algún debate que sirviera de base para analizar la regularidad constitucional del acto reclamado, sino las constancias que integraban la carpeta de investigación, las cuales, por las reglas que se deducen de la Ley de Amparo, son necesarias para resolver lo conducente.
38. Asimismo, en relación al disenso que hizo valer el recurrente, relativo a que los registros de investigación son reservados, de conformidad con el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales y por tal motivo, el requerimiento vulneraba el principio de "reserva de información", debido a que la parte quejosa no contaba con alguna calidad específica en la carpeta, declaró inoperante el mismo, pues señaló que parte de una premisa inexacta, en la medida en que el resolutor de origen no requirió las constancias para, necesariamente, dar acceso a la parte quejosa a la indagatoria, sino, para definir debidamente la instancia constitucional, de modo que toda infracción al principio de reserva es futura e incierta.
39. En ese sentido, refirió que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado, puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa adoptando todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información; sin embargo, atendiendo a la manifestación de la autoridad en su informe justificado, podrá negar el acceso a esa información, al ponerse en riesgo el sigilo de la investigación.
40. Por tal motivo, puntualizó que la exhibición de las constancias requeridas no necesariamente implicará ponerlas a la vista de la parte quejosa, pues ello quedará al prudente arbitrio de la persona juzgadora de amparo.
41. De igual forma, declaró inoperante el agravio relativo a que el requerimiento no atiende la exacta aplicación de la ley penal, pues indicó que parte de una idea falsa, debido a que la aplicación de dicha ley, en contexto de la reserva de la información, es una obligación dirigida al Agente del Ministerio Público, no a las personas juzgadoras de amparo, a quienes no rige en su actuación disposiciones sustantivas ni adjetivas penales.
42. Y al efecto citó la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2012663, de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA.". Ello, aclaró, al margen de las obligaciones que de las legislaciones nacionales y supranacionales en materia de acceso a la información pública derivan para todos los sujetos obligados, cuya observancia queda al amplio y prudente arbitrio de la autoridad de primera instancia.
43. Por tanto, determinó confirmar el acuerdo dictado el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, por el Secretario en funciones de Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto **********, en la parte relativa al requerimiento de constancias hecho a la autoridad responsable.
b) Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver los recursos de queja 101/2021 y 141/2021.
I. Recurso de queja 101/2021.
44. Marco procesal. Mediante escrito presentado el dieciocho de diciembre de dos mil veintiuno, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de la autoridad y acto que se transcriben a continuación:
"AUTORIDADES RESPONSABLES. I. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Chihuahua, con domicilio en la calle Segundo número 1202, Zona Centro, de la ciudad de Chihuahua, en una edificación que no tiene emblema de la fiscalía, sino un letrero o una leyenda que dice: ‘centro de negocios’.
"...
"III. ACTO RECLAMADO: El acuerdo de fecha treinta de octubre de dos mil veinte, en el que se resolvió: 1. No reconocer el carácter de víctimas en la carpeta de investigación **********, que se inició con la denuncia de hechos ********** miembro del Consejo de la Judicatura, constitutivos de varios delitos cometidos durante el desarrollo de la convocatoria CJE/003/2018 para designar Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, respecto de la cual se reconoció expresamente en carácter de participantes. 2. Se nos niega copia Certificada de todo lo actuado en la Carpeta de Investigación **********, en la que se emitió una resolución que considera firme de no ejercicio de la acción penal, y niega la copia de la resolución de archivo por las razones que expresa en su resolución. 3. Niega dejar sin efectos la resolución, que considera firme de no ejercicio de la acción penal dictada en la carpeta de investigación por los motivos que apunta en su resolución."
45. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo indirecto al Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien en proveído de quince de enero de dos mil veintiuno, la admitió y la registró con el número **********.
46. Por auto de cuatro de febrero siguiente, se requirió al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, para que remitiera copia certificada legible y completa de las constancias de la carpeta de investigación ********** o bien, manifestara la imposibilidad que tuviera para hacerlo, apercibido que de no cumplir se le impondría la multa correspondiente.
47. En proveído de quince de febrero de dos mil veintiuno, el Juez Décimo Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, tuvo por cumplido dicho requerimiento, en virtud de que el citado Agente del Ministerio Público remitió copia certificada de diversas constancias relativas a la carpeta de investigación **********.
48. Sin embargo, el uno de marzo de ese año, el juzgador de mérito advirtió que el Agente del Ministerio Público responsable, únicamente remitió la resolución de treinta de octubre de dos mil veinte, dos impresiones relativas a los mensajes de correo electrónico y el oficio 25367/2020, del índice de dicho Juzgado de Distrito; por lo que, lo requirió nuevamente para que dentro del plazo de tres días, remitiera copia certificada, legible y completa de las constancias que conformaban la carpeta de investigación **********.
49. El ocho de marzo siguiente, el Juez de Distrito, respecto de la petición de la parte quejosa en el sentido de que no se debía ordenar guardar sigilo en relación con las documentales que remitiera la autoridad en mención; le informó que la decisión adoptada por dicho órgano jurisdiccional no la dejaba en estado de indefensión, pues podría tener acceso a las constancias de la indagatoria de origen que estuvieran directamente relacionadas con los actos reclamados en dicho asunto, ya que sobre esas versaría el examen sobre la constitucionalidad de los mismos. Sin embargo, las múltiples actuaciones de la carpeta de investigación que no tuvieran información concerniente a la propia persona de los quejosos, al contar con la naturaleza de "reservada o confidencial", pues podría versar sobre datos de personas diversas de la parte quejosa, o bien, tratarse de datos que no están relacionados directamente con ésta, estaba obligado a mantener la reserva y sigilo, en acatamiento a la protección de datos prevista en el artículo 114 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública. 50. El nueve de marzo de dos mil veintiuno, el juzgador de mérito informó lo anterior al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y lo requirió nuevamente para que en el plazo de tres días, previsto en la fracción II, del artículo 297, del Código Federal de Procedimientos Civiles, remitiera copia certificada, legible y completa de las constancias que conformaban la carpeta de investigación **********, o bien, manifestara la imposibilidad que tuviera para hacerlo.
51. Inconforme con lo anterior, la autoridad responsable interpuso recurso de queja, mismo que por razón de turno le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, quien por auto de presidencia de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, lo admitió y radicó bajo el número 101/2021, de su índice.
52. En sesión de tres de septiembre siguiente, determinó revocar el auto dictado el nueve de marzo de dos mil veintiuno, por el Juez Décimo Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, en el juicio de amparo indirecto **********.
II. Recurso de queja 141/2021.
53. Marco procesal. Mediante escrito depositado el doce de marzo de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua, recibido el dieciocho del mismo mes y año, en dicha unidad administrativa, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de las autoridades y acto que se transcriben a continuación:
"III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Autoridades Emisoras I El Licenciado Sergio Castro Guevara, Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. II. Licenciada Gema Guadalupe Chávez Durán, Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción.
"IV. ACTOS RECLAMADOS: a) El no ejercicio de la acción penal, relativo a la Carpeta de Investigación número **********, emitido el día veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, por parte de las autoridades responsables, que no fue notificado a la quejosa, y que fue excluida de la misma."
54. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo indirecto al Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien en proveído de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, la admitió y la registró con el número **********, de su índice. Asimismo, solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional correspondiente.
55. Por auto de diecinueve de abril siguiente, se tuvo por rendido el informe justificado de la Agente del Ministerio Público integrante de la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en ausencia de su Titular, con el que se dio vista a las partes; además, se requirió a la citada autoridad responsable para que en el plazo de tres días, remitiera copia certificada, legible y completa de las constancias que integraban la carpeta de investigación **********, al estimarlas necesarias para resolver el juicio de amparo indirecto; o bien, manifestara la imposibilidad legal o material que tuviera para hacerlo, con el apercibimiento de una multa en caso de no cumplir.
56. Así las cosas, el veintidós de abril de dos mil veintiuno, se difirió la celebración de la audiencia constitucional, al no contarse con las constancias necesarias para resolver.
57. Mediante oficio FACH/887/2021, la autoridad responsable manifestó encontrarse imposibilitada para remitir las constancias solicitadas; motivo por el cual, por auto de veintinueve de abril de ese mismo año, el Juez de Distrito la requirió para que en el plazo de tres días, remitiera copia certificada, legible y completa de las constancias que integraban la carpeta de investigación **********, apercibida que de no hacerlo se le impondría una multa.
58. Inconforme con lo anterior, el Director Jurídico y de Extinción de Dominio de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, interpuso recurso de queja, mismo que por razón de turno le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, quien por auto de presidencia de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, lo registró bajo el número 141/2021, de su índice; sin embargo, reservó su admisión hasta en tanto el Juzgado de Distrito remitiera el acuse de notificación del auto recurrido, lo cual aconteció el dieciocho de junio siguiente, fecha en la que se admitió el citado recurso de queja.
59. En sesión de tres de septiembre de dos mil veintiuno, determinó revocar el auto dictado el veintinueve de abril de ese mismo año, por el Juez Décimo Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, en el juicio de amparo indirecto **********.
60. Consideraciones que sustentan el criterio sostenido en los recursos de queja 101/2021 y 141/2021. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, expuso razones idénticas para fundar sus decisiones al resolver cada uno de los citados recursos de queja; por tanto, para evitar reiteraciones innecesarias, en este apartado se reseñarán esas consideraciones una sola vez, en el entendido de que, eso mismo se sostuvo en los dos asuntos; solo al final se hará referencia a las salvedades apuntadas por dicho Tribunal Colegiado en los citados recursos de queja, únicas diferencias de la parte considerativa entre tales resoluciones.
61. El citado Tribunal Colegiado de Circuito, señaló que la litis constitucional se constreñía a determinar en primer término, si a los accionantes del amparo se les debió o no reconocer el carácter de víctimas en la citada indagatoria, para una vez superado ese tema, por lo que ve al recurso de queja 101/2021, analizar la negativa de expedición de copias por parte de la autoridad investigadora y la negativa de dejar sin efectos la resolución que declaró firme el no ejercicio de la acción penal y respecto al recurso de queja 141/2021, analizar el acuerdo de no ejercicio de la acción penal y su falta de notificación.
62. Refirió que el Juzgado A Quo fue más allá de lo estrictamente necesario para discernir la litis planteada y justificar el requerimiento de la totalidad de las constancias que integran la carpeta de investigación **********.
63. Precisó que lo anterior era así, toda vez que del examen de las constancias remitidas por el Juez A Quo anexas a su informe, se advertía que los quejosos no explicaban, hasta la etapa que se examinaba, porqué debía considerárseles con el carácter de víctimas u ofendidos del delito, es decir, no revelaban cuál era la afectación que resintieron directamente sobre su persona, producida por la aparente conducta delictiva investigada, ya que únicamente la hacían derivar de que participaron en el concurso de oposición deducido de las convocatorias CJE/003/2018 y CJE/002/2018, respectivamente. Por lo que, en ese entorno debía considerarse que la litis del juicio de amparo se circunscribía a determinar si los quejosos debían ser considerados por la responsable como víctimas.
64. Y al efecto citó la tesis I.9o.P.254 P (10a.), Instancia: Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Décima Época, Materias: Constitucional, Penal, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 72, noviembre de 2019, Tomo III, página 2527, Tipo: Aislada, con número de registro digital: 2021080, de rubro: "VÍCTIMA U OFENDIDO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. NO TIENE ESE CARÁCTER QUIEN DENUNCIA HECHOS QUE CONSIDERA CONSTITUTIVOS DE DELITO, SI NO DEMUESTRA QUE COMO CONSECUENCIA DE ÉSTOS SUFRIÓ UN DAÑO FÍSICO, PÉRDIDA FINANCIERA O MENOSCABO DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES."
65. Indicó que, su determinación se adoptaba partiendo de la directriz fijada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 23/2019 (10a.), con número de registro digital: 2019954,(4) de rubro y texto: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. CUANDO SE IMPUGNA ESA DETERMINACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LA VÍCTIMA U OFENDIDO O SU ASESOR JURÍDICO DEBE EXPONER ORALMENTE SUS AGRAVIOS EN LA AUDIENCIA Y EL JUEZ DE CONTROL, POR REGLA GENERAL, DEBE RESOLVER SIN CONSULTAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. Con base en los principios de publicidad, oralidad y contradicción que rigen el sistema acusatorio previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juez de control, al evaluar la legalidad de la determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal en la audiencia a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no debe consultar la carpeta de investigación, sino resolver con base en las argumentaciones que formulen las partes en dicha audiencia, aunque excepcionalmente pueda consultar registros de la carpeta si su contenido o exist
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32310-ce20c79d/negativa-del-ministerio-publico-a-reconocer-la-calidad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
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Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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