SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA UNA MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA POR AUTORIDAD JUDICIAL. LA PROHIBICIÓN PARA DECRETARLA, PREVISTA EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO ESTÁ REFERIDA A DETERMINACIONES EMITIDAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO (INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, QUINTO Y OCTAVO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 2 DE OCTUBRE DE 2018. MAYORÍA DE NUEVE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS NEÓFITO LÓPEZ RAMOS (PRESIDENTE), JOSÉ RIGOBERTO DUEÑAS CALDERÓN, EDITH E. ALARCÓN MEIXUEIRO, ELISA MACRINA ÁLVAREZ CASTRO, JOSÉ JUAN BRACAMONTES CUEVAS, J. JESÚS PÉREZ GRIMALDI, J. REFUGIO ORTEGA MARÍN, MARÍA CONCEPCIÓN ALONSO FLORES Y BENITO ALVA ZENTENO. DISIDENTES: LUZ DELFINA ABITIA GUTIÉRREZ, FRANCISCO JAVIER SANDOVAL LÓPEZ, MAURO MIGUEL REYES ZAPATA, CARLOS MANUEL PADILLA PÉREZ VERTTI Y ANA MARÍA SERRANO OSEGUERA. PONENTE: BENITO ALVA ZENTENO. SECRETARIO: MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ TIRADO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es competente para conocer de la denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque se refiere a la posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, porque fue formulada por un Magistrado integrante del Segundo Tribunal, que dictó uno de los criterios contendientes.
TERCERO.—Criterios contendientes. Las consideraciones esenciales sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:
Criterio del Segundo Tribunal
I. El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el Segundo Tribunal resolvió el recurso de revisión (incidente en revisión) RC. 44/2018, interpuesto en contra de la resolución de doce de enero de dos mil dieciocho, pronunciada por el Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 1170/2017, y confirmó la interlocutoria recurrida que negó la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa.
Las consideraciones que sustentaron su resolución, son las siguientes:
• Los actos reclamados consistieron en el auto que decretó las medidas cautelares solicitadas por la quejosa, consistentes en diversas órdenes encaminadas a la paralización de sus derechos corporativos y económicos, así como las consecuencias derivadas de la ejecución de ese proveído.
• La negativa de la suspensión definitiva de los actos reclamados resultó acorde a lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, que expresamente dispone que no será objeto de suspensión la ejecución de la medida cautelar concedida por autoridad judicial.
• Las jurisprudencias PC.III.C. J/22 K (10a.) y PC.III.C. J/23 K (10a.), de títulos y subtítulos: "PROVIDENCIA CAUTELAR. EL HECHO DE QUE SE RECLAME EN AMPARO NO IMPLICA, POR SÍ, LA NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN SOLICITADA."(1) y "CAUCIÓN Y CONTRAFIANZA. SU PREVISIÓN LEGAL NO CONSTITUYE UNA RAZÓN PARA NEGAR LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA UNA MEDIDA CAUTELAR.",(2) del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, únicamente son obligatorias en el Tercer Circuito donde dicho Pleno las aprobó, no así para el Primer Circuito, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo.
• La jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 53/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. HAY CASOS EN LOS QUE ES POSIBLE OTORGARLA CONTRA MEDIDAS CAUTELARES DICTADAS EN PROCESOS CIVILES O MERCANTILES.",(3) tampoco resultaba aplicable, ya que sus consideraciones se sustentan en el artículo 128 de la Ley de Amparo en su texto anterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, por ende, es inaplicable en relación con los juicios de amparo iniciados con posterioridad a la vigencia de la citada reforma, porque contradice el texto expreso de la Ley de Amparo vigente.
• La quejosa promovió la demanda de amparo indirecto, el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, por tanto, son aplicables las reformas realizadas al artículo 128 de la Ley de Amparo, el diecisiete de junio de dos mil dieciséis.
• Tanto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, en las ejecutorias que dieron origen a las precitadas jurisprudencias, sustentaron sus consideraciones en el artículo 128 de la Ley de Amparo en su texto anterior a las reformas de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, por ende, se tornaron inaplicables en relación con los juicios de amparo iniciados con posterioridad a la vigencia de la citada reforma, porque contradicen el texto expreso de la Ley de Amparo vigente y, en consecuencia, le son aplicables las reformas realizadas al artículo 128 de la Ley de Amparo el diecisiete de junio de dos mil dieciséis.
• Las jurisprudencias son aplicables, en términos del artículo 217 de ese ordenamiento legal, únicamente en aquellos casos en que resulte aplicable el artículo 128 de la Ley de Amparo en su texto anterior a la citada reforma.
Criterios del Quinto Tribunal
II. El dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, el Quinto Tribunal resolvió el recurso de revisión (incidente en revisión) RC. 77/2017, interpuesto en contra de la resolución dictada el nueve de febrero de dos mil diecisiete, por el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 54/2017-V, en el sentido de revocar la interlocutoria recurrida y negar la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa.
Las consideraciones que sustentaron su resolución, son las siguientes:
• Los actos reclamados consistieron en la orden judicial de aseguramiento de una suma de dinero, emitida en un juicio ordinario civil federal, la omisión de notificar a la quejosa dicha orden de "embargo" y/o aseguramiento, así como las consecuencias de hecho y derecho derivadas de los citados actos.
• El artículo 128 de la Ley de Amparo establece los requisitos que deben cubrirse por los peticionarios del amparo cuando pretendan obtener la suspensión de los actos reclamados en un juicio de amparo –solicitud expresa, así como que con dicha medida no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público–. También precisa la manera en que se tramitará la aludida medida.
• Mediante reforma legal publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, se adicionó el penúltimo párrafo al referido artículo 128 y expresamente se precisó que la suspensión en el amparo no opera contra las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial.
• El origen de la adición a esa porción normativa, se relacionó con una reforma realizada dentro del contexto de la instauración del nuevo sistema en materia de justicia penal, el cual entró en vigor a partir del dieciocho de junio de dos mil dieciséis.
• Lo cual se corrobora con el contenido de la exposición de motivos de la iniciativa de ley por la que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones legales –entre ellas, la Ley de Amparo– que se vinculan con el funcionamiento, aplicación y regulación del nuevo sistema de justicia penal vigente en el país.
• La finalidad principal que buscó la citada reforma legal –dentro de la cual se encuentra la adición al artículo 128 de la Ley de Amparo–, fue reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de lograr su mejor operación, lo cual también implicaba –a nivel federal– la adecuación de diversos ordenamientos orgánicos y sustantivos que coadyuvaran a la mejor operación y funcionamiento del sistema penal acusatorio en el país, debido a que desde la entrada en vigor del citado ordenamiento penal en algunas entidades de la República, pudo identificarse que resultaba necesario hacer ciertos ajustes para su adecuada aplicación.
• El penúltimo párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo, que se refiere a casos específicos por los cuales no puede concederse la suspensión, es una porción normativa que rige y aplica para una materia distinta a la civil y/o mercantil –lato sensu–, puesto que se relaciona con el mejor funcionamiento y adecuada operación del nuevo sistema penal acusatorio de reciente instauración en el país.
• El ámbito de aplicación de esa porción normativa se vincula a la materia penal, además de que en el proceso legislativo, que culminó con la aprobación de la mencionada reforma legal, no se hizo referencia ni precisión alguna en el sentido de que la mencionada adición aplicaría a otras materias, como es la civil.
• Esa conclusión tiene apoyo también en la interpretación literal de la porción normativa en estudio que hace referencia expresa a que: "... no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial ...". Por la manera en que se estructuró su redacción, se concluye que tiene vinculación con la materia penal.
• Al mencionarse a las "medidas cautelares" en la porción normativa en comento, se hizo a manera de una conjunción en su acepción disyuntiva, pues su mención se encuentra precedida de una "o" en su redacción y, además, se ubica al final del párrafo; lo que implica que tomando en cuenta la estructura de su redacción y el origen de la reforma legal que la incluyó, tal mención debe entenderse en un contexto que denota alternancia en cuanto a la posibilidad de negar la suspensión en el amparo respecto de ésa y otras medidas –órdenes, medidas de protección y ejecución de técnicas de investigación–, pero dentro del ámbito de la materia penal.
• Resulta lógico y entendible que la multicitada disposición se refiera a la negativa de decretar la suspensión en el amparo respecto de determinaciones emitidas en procesos vinculados con la materia penal –en los que generalmente se dictan resoluciones que buscan proteger, investigar, preservar y/o resguardar a las personas o cosas involucradas en un evento ilícito– y no en procesos de naturaleza civil.
• No puede considerarse que la citada disposición normativa opere en casos en que el acto reclamado consista en medidas cautelares concedidas por Jueces en asuntos del orden civil –lato sensu–, en tanto que el propósito de incluir dicha regla de excepción de la suspensión en la legislación de amparo fue específico y vinculado con una materia diversa, es decir, la penal.
III. El veinte de abril de dos mil diecisiete, el Quinto Tribunal resolvió el recurso de revisión (incidente en revisión) RC. 108/2017, interpuesto en contra de la resolución dictada el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, por el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 107/2017, en el sentido de modificar la interlocutoria. Por una parte, concedió y, por otra, negó la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa. Asimismo, declaró infundado el recurso de revisión adhesiva.
Las consideraciones que sustentaron su resolución, en lo que interesa, son las siguientes:
• Los actos reclamados consistieron en la orden judicial de aseguramiento de una suma de dinero, emitida en un juicio ordinario civil federal, la omisión de notificar a la quejosa dicha orden de "embargo" y/o aseguramiento, así como las consecuencias de hecho y de derecho derivadas de los citados actos.
En cuanto a la interpretación del penúltimo párrafo del artículo 128, el Quinto Tribunal reiteró los razonamientos formulados en la preindicada ejecutoria de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, que resolvió el recurso de revisión (incidente en revisión) RC. 77/2017.
De las ejecutorias del Quinto Tribunal derivó la tesis aislada I.5o.C.17 K (10a.), de título, subtitulo y texto siguientes:
"SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LA PROHIBICIÓN PARA DECRETARLA, PREVISTA EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ REFERIDA A DETERMINACIONES EMITIDAS EN PROCESOS VINCULADOS CON LA MATERIA PENAL (INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA). El precepto citado establece los requisitos que deben cubrir los quejosos cuando pretendan obtener la suspensión de los actos reclamados y la manera en que se tramitará la medida. En ese contexto, mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, se adicionó el penúltimo párrafo al artículo referido, señalando expresamente que no puede concederse la suspensión contra las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. El origen de la adición a esa porción normativa, se relaciona con una reforma realizada dentro del contexto de la instauración del nuevo sistema en materia de justicia penal en México, lo que se corrobora con la exposición de motivos de la iniciativa de ley respectiva, de la que se advierte que la finalidad principal que se buscó fue reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de lograr su mejor operación, lo cual también implicaba –a nivel federal– la adecuación de diversos ordenamientos orgánicos y sustantivos que coadyuvaran a la mejor operación y funcionamiento del sistema penal acusatorio. Por tanto, el penúltimo párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo, es una porción normativa que rige y aplica para una materia distinta a la civil y/o mercantil, pues su origen se relaciona con el mejoramiento y la adecuada operación del sistema penal acusatorio de reciente instauración en el país; de ahí que resulte lógico y entendible que la prohibición para decretar la suspensión en el amparo contenida en la norma invocada, se refiera a determinaciones emitidas en procesos vinculados con la materia penal –en los que generalmente se dictan resoluciones que buscan proteger, investigar, preservar y/o resguardar a las personas o cosas involucradas en un evento ilícito–, máxime que en el proceso legislativo que culminó con la aprobación de la reforma legal mencionada, no se hizo precisión alguna en el sentido de que la adición citada se aplicaría a otras materias como la civil –lato sensu–."(4)
Criterio del Octavo Tribunal
IV. El veinte de junio de dos mil dieciocho, el Octavo Tribunal resolvió el recurso de revisión (incidente en revisión) 135/2018, interpuesto en contra de la resolución dictada el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, por el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 250/2018, en el sentido de confirmar la interlocutoria recurrida y negar la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa.
Las consideraciones que sustentaron su resolución, en lo que al presente asunto importa, son las siguientes:
• Los actos reclamados consistieron en las resoluciones de segunda instancia que confirmaron los acuerdos que concedieron a los actores, terceros interesados, las medidas cautelares que solicitaron en un juicio ordinario mercantil.
• El análisis de los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo lleva a la conclusión de que la razón común que subyace en la decisión legislativa de no permitir la suspensión en las hipótesis a que los mismos preceptos aluden, no es otra que la de evitar que se cause perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público.
• Al establecerse que no procede la suspensión contra medidas cautelares dictadas por autoridad judicial, debe entenderse que la norma se refiere a las medidas cautelares en las que está involucrado o se afectan el interés social o el orden público, siendo que en materia civil, por regla general, no están involucrados el interés social o el orden público, por tratarse de una contienda entre particulares.
• El párrafo quinto del citado artículo 128 fue adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, y la exposición de motivos de ese decreto revela que la reforma propuesta guarda relación con el nuevo sistema de justicia penal.
• Con motivo de la resolución reclamada quedaron en pie las medidas cautelares decretadas en un juicio en materia mercantil, debido a lo cual no es aplicable el supuesto previsto en el quinto párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo, porque las medidas cautelares a que se refiere ese apartado y en contra de las cuales es improcedente conceder la suspensión, son las dictadas en asuntos de naturaleza penal.
CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito es existente, cuando al resolver los asuntos que son de su legal competencia adoptan criterios jurídicos discrepantes respecto de un mismo punto de derecho, aun cuando no integren jurisprudencia y con independencia de que no exista coincidencia en los aspectos secundarios o accesorios que tomaron en cuenta, ya que si el problema jurídico central es perfectamente identificable, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las determinaciones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico.
Apoyan esas consideraciones, la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(5) y la tesis aislada P. XLVII/2009, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(6)
Los órganos colegiados contendientes adoptaron posturas contrarias en sendos recursos de revisión interpuestos contra interlocutorias que decidieron sobre la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, cuyo punto de divergencia consiste en determinar si el penúltimo párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo, en la porción normativa que establece que no será objeto de suspensión la medida cautelar concedida por autoridad judicial, es aplicable únicamente a las decisiones dictadas en el procedimiento penal acusatorio o esa prohibición también rige respecto de medidas cautelares pronunciadas en procesos civiles o mercantiles.
La Primera Sala de la Suprema Corte, al resolver la diversa contradicción de tesis 139/2016 en sesión celebrada el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, determinó que podrían existir casos en los que las medidas cautelares puedan ser suspendidas, lo cual, claramente no significa que siempre deba concederse la suspensión contra medidas cautelares y el hecho de que el Código de Comercio y el Código Federal de Procedimientos Civiles prevean una garantía para indemnizar los daños y perjuicios que ocasione la medida cautelar no es una razón suficiente para sostener que en ningún caso las medidas cautelares pueden ser suspendidas.
Además, la Primera Sala del Más Alto Tribunal precisó que los Jueces de amparo deben tomar en cuenta que las medidas cautelares buscan proteger que no se quede sin materia el juicio de origen y que la suspensión tiene la misma finalidad respecto al juicio de amparo, pero que la Ley de Amparo privilegia la libertad judicial para que se analicen todas las particularidades del caso y se evalúe si procede la suspensión, por lo tanto, serán las circunstancias de cada caso las que determinen si debe concederse la suspensión solicitada.
El criterio anterior sustenta la jurisprudencia 1a./J. 53/2017 (10a.),(7) que es del siguiente tenor:
"SUSPENSIÓN DEFINITIVA. HAY CASOS EN LOS QUE ES POSIBLE OTORGARLA CONTRA MEDIDAS CAUTELARES DICTADAS EN PROCESOS CIVILES O MERCANTILES. De la Constitución y de la Ley de Amparo se desprende que para que proceda la suspensión definitiva a petición de parte se deben cumplir con estos requisitos: 1. Que la solicite el quejoso; 2. Que los actos reclamados cuya paralización se solicita sean ciertos; 3. Que la naturaleza de los actos reclamados permita su suspensión; y 4. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, análisis que debe realizarse de modo ponderado con la apariencia del buen derecho. Por lo tanto, los daños y perjuicios que se puedan causar al quejoso con la ejecución del acto no son un requisito para otorgar la suspensión. En este orden de ideas, esta Primera Sala advierte que podrían existir casos en los que las medidas cautelares puedan ser suspendidas, lo cual, claramente no significa que siempre deba concederse la suspensión contra medidas cautelares. En efecto, el hecho de que el Código de Comercio y el Código Federal de Procedimientos Civiles prevean una garantía para indemnizar los daños y perjuicios que ocasione la medida cautelar no es una razón suficiente para sostener que en ningún caso las medidas cautelares pueden ser suspendidas. Por último, los Jueces de amparo deben tomar en cuenta que las medidas cautelares buscan proteger que no se quede sin materia el juicio de origen y que la suspensión tiene la misma finalidad respecto al juicio de amparo. Sin embargo, la Ley de Amparo privilegia la libertad judicial para que se analicen todas las particularidades del caso y se evalúe si procede la suspensión, por lo tanto, serán las circunstancias de cada caso las que determinen si debe concederse la suspensión solicitada."
Los criterios vertidos por los órganos jurisdiccionales contendientes se apoyan en la interpretación del adicionado penúltimo párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo, según reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, pero uno sostiene (segundo tribunal) que es improcedente conceder la suspensión definitiva en contra de una medida cautelar concedida por una autoridad judicial, y los otros (quinto y octavo tribunales) postulan el criterio opuesto, en el sentido de que es procedente conceder la suspensión definitiva contra dicha medida dictada en procesos civiles o mercantiles, porque esa porción normativa está referida a determinaciones emitidas en procesos vinculados con la materia penal, por tanto, la mencionada contradicción de tesis 139/2016, no resolvió el tema de que se trata, porque no contiene alguna interpretación en cuanto a que esa disposición es aplicable únicamente respecto de las decisiones dictadas en el procedimiento penal acusatorio.
Esto se explica, porque el trámite de la denuncia de esa contradicción de tesis fue iniciado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante auto de dos de mayo de dos mil dieciséis, es decir, con anterioridad a la adición del tercer párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo; de modo que las posturas de los órganos jurisdiccionales contendientes no versaron sobre la interpretación de esa hipótesis normativa.
No pasa inadvertido que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 139/2016, sostuvo lo siguiente:
"... Ahora, en la Ley de Amparo se prevén dos tipos de suspensión: la suspensión de oficio y la suspensión a petición de parte.(14) La primera se otorga de plano en el auto de la admisión de la demanda, y sólo procede contra los actos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo.(15) Por otra parte, la suspensión a petición de parte se otorga contra todos los otros actos,(16) y tal como su nombre lo indica, sólo procede cuando la solicite el quejoso y se cumplan ciertos requisitos.(17)
"Asimismo, la Ley de Amparo distingue entre la suspensión provisional y la definitiva. La provisional se otorga en el primer auto que se dicta dentro del incidente de suspensión y el órgano jurisdiccional debe otorgarla con los elementos con los que cuente en ese momento. En cambio, la suspensión definitiva se otorga una vez que se celebra la audiencia incidental y se cumple con el proceso previsto en la Ley de Amparo.
"En este sentido, tal como se desprende del punto de contradicción, en el caso se estudia la procedencia de la suspensión definitiva –y a petición de parte– en contra de medidas cautelares dictadas en procesos civiles y mercantiles. Así, de la Constitución y de la Ley de Amparo se desprenden los siguientes requisitos para que se conceda dicha suspensión.(18)
"1. Que la solicite el quejoso.(19)
"2. Que los actos reclamados cuya paralización se solicita sean ciertos.(20)
"3. Que la naturaleza de los actos reclamados permita su suspensión.(21)
"...
"16. Salvo contra los actos precisados en los dos últimos párrafos del artículo 128 de la Ley de Amparo, contra los cuales, según dicho artículo, no procede la suspensión. ..."
Si bien en la referida ejecutoria se precisó que la suspensión a petición de parte se otorga contra todos los otros actos, salvo contra los actos precisados en los dos últimos párrafos del artículo 128 de la Ley de Amparo, contra los cuales, según dicho artículo, no procede la suspensión. Lo cierto es que la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País no determinó que la porción relativa a que no será objeto de suspensión la medida cautelar concedida por autoridad judicial, es aplicable únicamente respecto de las decisiones dictadas en el procedimiento penal acusatorio; de suerte que a la fecha subsiste la incertidumbre jurídica denunciada en este caso, porque, se insiste, las posturas de los órganos jurisdiccionales contendientes en aquella contradicción de tesis, no versaron sobre la interpretación del actual penúltimo párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo, adicionado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis.
QUINTO.—Resolución del Pleno Civil.
En la Ley de Amparo publicada en la segunda sección del Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, su artículo 128 estaba redactado de la forma siguiente:
"Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes:
"I. Que la solicite el quejoso; y
"II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
"La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado."
Luego, a través del decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el catorce de julio de dos mil catorce, se reformó el primer párrafo del artículo 128 y se adicionó un párrafo a esa disposición legal, para quedar redactado en los términos siguientes:
"Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes:
"I. Que la solicite el quejoso; y
"II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
"La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.
"Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva."
Posteriormente, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, se adicionó un párrafo más a esa disposición legal (el cual quedó como penúltimo), por lo que el que obraba como último en la anterior reforma continuó obrando al final del precepto, cuya redacción vigente es la que a continuación se transcribe:
"Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes:
"I. Que la solicite el quejoso; y
"II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
"La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.
"Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial.
"Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva."
Del contenido gramatical
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28202-fe5fbdb2/suspension-en-el-amparo-contra-una-medida-cautelar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CONTRA ÓRDENES DE APREHENSIÓN, REAPREHENSIÓN Y MEDIDAS CAUTELARES QUE IMPLIQUEN LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. ESTÁ REGULADA EXCLUSIVAMENTE POR LAS (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. NO PROCEDE OTORGARLA RESPECTO DE MEDIDAS CAUTELARES EMITIDAS EN UN JUICIO DE RESPONSABILIDAD PROMOVIDO CONFORME A LOS ARTÍCULOS 161 Y 162 DE LA (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- SUSPENSIÓN PROVISIONAL RESPECTO DE MEDIDAS CAUTELARES. EL HECHO DE QUE SU CONCESIÓN TENGA EFECTOS RESTITUTORIOS NO ES UNA RAZÓN PARA NEGARLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 128 DE LA (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- SUSPENSIÓN CON EFECTOS RESTITUTORIOS. CUANDO EL ACTO RECLAMADO YA SE HUBIERE EJECUTADO, PROCEDE CONCEDERLA CON ESOS ALCANCES SÓLO SI ELLO TIENE EFECTOS PROVISIONALES Y NO PLENOS. (QUEJA)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA UNA MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA POR AUTORIDAD JUDICIAL. LA PROHIBICIÓN PARA DECRETARLA, PREVISTA EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE (PC.I.C. J/81 C (10a.))
- SUSPENSIÓN. LA NEGATIVA DE CONCEDERLA TRATÁNDOSE DE MEDIDAS CAUTELARES DICTADAS POR AUTORIDAD JUDICIAL EN TÉRMINOS DEL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO APL (I.12o.C.13 K (10a.))
- SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PUEDE CONCEDERSE CONTRA MEDIDAS CAUTELARES DICTADAS EN PROCESOS CIVILES O MERCANTILES CUANDO NO PRESERVAN LA MATERIA DEL JUICIO DE ORIGEN O IMPON (I.10o.C.1 K (12a.))
- MEDIDAS DE PROTECCIÓN DICTADAS A FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. EXCEPCIONALMENTE, Y ATENTO A CADA CASO CONCRETO, PUEDEN SER OBJETO DE SUS (I.1o.P.92 P (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis