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Modo: Corpus Pro

ACTUACIONES PROCESALES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA LABORAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO RECABARLAS OFICIOSAMENTE CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/96. · Registro digital (IUS): 4187
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y SEPTIMO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Marzo de 1997, , Pág. 6.

CONTRADICCION DE TESIS 8/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y SEPTIMO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver con fecha once de mayo de mil novecientos noventa y cinco, el amparo en revisión 281/97, interpuesto por Carlos Tetlazontlani Vázquez Hernández, en la parte que interesa sostuvo:

"TERCERO. El estudio de los agravios que se expresan conduce a determinar lo siguiente: En esencia aduce el recurrente que el Juez de Distrito dejó de observar lo dispuesto en el artículo 78, último párrafo, de la Ley de Amparo, al estimar que la prueba relativa al informe que debería rendir el encargado del Archivo General de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, no fue admitida ni desahogada en los términos expuestos, lo que es incorrecto porque de oficio debió recabar las pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución. Es infundado lo que indica el agraviado, si se toma en cuenta lo siguiente:-El artículo 78, último párrafo, de la Ley de Amparo, establece: 'El Juez de amparo deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto.'- De lo anterior, se colige que el a quo sólo estaba obligado a recabar de oficio pruebas que se hubieran rendido ante la responsable, por lo que, tal como lo sostuvo el Juez de Distrito, el acuerdo de admisión no es una 'prueba rendida', en los autos laborales, sino una actuación procesal, por tanto, no quedó a cargo del Juez aludido recabarla oficiosamente, en términos del precepto legal invocado. Y en cambio, este tribunal advierte que el quejoso, ahora recurrente, conforme a la carga procesal que le confiere el artículo 149, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, debió probar su aserto en cuanto a la admisión de esa prueba y la deficiencia de su desahogo, acreditando el contenido íntegro del expediente de reposición o de la forma en que éste fue tramitado, lo que no hizo, de donde la determinación del a quo sea correcta."

TERCERO. Por su parte, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver, el seis de julio de mil novecientos noventa y cinco, el amparo en revisión 477/95, interpuesto por Emilio Ceballos Santos, en la parte relativa sostuvo:

"CUARTO. Los agravios anteriormente transcritos son fundados, aun cuando para estimarlos así sea necesario suplir la deficiencia de la queja de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, por ser la parte trabajadora quien promueve el presente recurso. El recurrente se duele de que el Juez a quo, al resolver el amparo indirecto 261/95 y dictar la sentencia constitucional que se revisa, hizo una incorrecta interpretación del artículo 78 de la Ley de Amparo, que lo dejó en estado de indefensión, pues agrega que desde un inicio, al promover el citado juicio de garantías, ofreció las pruebas suficientes para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado. Al respecto debe precisarse que del expediente principal, relativo al amparo indirecto número 261/95, formado con motivo de la demanda de garantías promovida por Emilio Ceballos Santos, hoy recurrente, contra actos de la Junta Especial Número Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, el acto reclamado consiste en el acuerdo dictado por dicha responsable con fecha catorce de marzo de mil novecientos noventa y cinco, en el expediente laboral 108/95, promovido por el aquí recurrente en contra de Petróleos Mexicanos y otros, en el cual sólo admitió la demanda en contra de las personas morales demandadas y no así en contra de los codemandados físicos Gerardo R. Tovar, Enrique Romo B., Guillermo Cuesta Barajas y José Guadalupe Galván Tejeda. De los mismos autos se advierte que el Juez Segundo de Distrito en Materia de Trabajo, en el Distrito Federal, al pronunciar la sentencia constitucional que se revisa, hizo una síntesis de los conceptos de violación expresados por el amparista, hoy recurrente, los cuales declaró infundados al estimar que el quejoso no ofreció la prueba documental, relativa a la demanda que promovió en contra de Petróleos Mexicanos y otros codemandados, para que pudiera determinar si el acuerdo combatido es incongruente con la demanda; así también estableció que de la copia certificada del acto reclamado se desprende que la autoridad responsable consideró que a los codemandados físicos no se les atribuyó relación de trabajo, que por tanto era necesario tener a la vista la copia de la demanda para determinar si las personas a las que mencionó como terceros perjudicados, son aquellas en contra de quienes promovió su demanda laboral, que además, dicho documento también es necesario para justificar que el actor cumplió con los requisitos del artículo 712 de la Ley Federal del Trabajo, aun cuando no está obligado a conocer el nombre del patrón o de los directores y administradores de la empresa en que labora o laboró. Asimismo, continuó señalando lo que a continuación se transcribe: 'No resulta aplicable el artículo 78 de la Ley de Amparo, toda vez que el libelo aludido no es una prueba que se hubiere rendido ante la autoridad responsable, sino el escrito con que inició el proceso laboral. Por lo tanto, no obstante que le correspondía la carga de la prueba, conforme a lo dispuesto por el artículo 149 de la ley de la materia, este resolutor se encuentra imposibilitado para analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que reclama; en consecuencia, resultan infundados los conceptos de violación mencionados.'-De lo anteriormente sintetizado y transcrito, se advierte que el Juez a quo estableció la necesidad de tener a la vista la demanda laboral promovida por el hoy recurrente, para analizar la constitucionalidad del acto reclamado; pero este Tribunal Colegiado estima incorrecta la interpretación que hizo del artículo 78 de la Ley de Amparo. En efecto, si bien es cierto que el artículo 78 de la Ley de Amparo se refiere a la obligación que tiene el Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que se hubiesen rendido ante la responsable, que obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto, también lo es que una sana interpretación de ese precepto permite establecer, en el caso particular, que si el a quo advierte, como lo asienta en su fallo, que la copia de la demanda laboral respectiva no es una prueba rendida ante la autoridad responsable, por tratarse del escrito inicial, pero requiere de ese escrito para resolver sobre la legalidad o ilegalidad del acto reclamado, debió recabarlo oficiosamente, por ser obvia la relación de ese escrito con el acto reclamado y existir ante la responsable. En las condiciones antes apuntadas, se estima que el Juez a quo debió de recabar oficiosamente la documental que estimó necesaria para resolver el asunto, por ser una obligación que le impone el artículo 78 de la ley de la materia y al no haberlo hecho así, evidentemente que incurrió en violación del citado numeral en perjuicio del recurrente."

CUARTO. Este Tribunal Pleno considera que sí existe la contradicción de tesis denunciada entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver el amparo en revisión 281/95 y el Séptimo Tribunal Colegiado de la misma materia y mismo circuito al fallar el amparo en revisión 477/95.

En efecto, el primero de los tribunales citados sostiene, que en términos del artículo 78, último párrafo, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito sólo está obligado a recabar de oficio pruebas que se hubieran rendido ante la responsable, no comprendiéndose dentro de ese supuesto el acuerdo de admisión por tratarse de una actuación procesal y, por lo mismo, no quedó a cargo del Juez aludido recabarla oficiosamente, agregando que correspondió aportarla al quejoso conforme a la carga procesal que le impone el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento.

Por su parte, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en suplencia de la queja, sostuvo que aun cuando la copia de la demanda laboral es un escrito inicial que no puede conceptuarse como una prueba rendida en autos, desde el momento que el Juez de Distrito la estimó necesaria para resolver sobre la legalidad o ilegalidad del acto reclamado y existir dicho escrito ante la responsable, debió recabarla de oficio por ser una obligación que le impone el artículo 78 de la Ley de Amparo.

De lo anterior deriva que los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados referidos parten de los mismos supuestos, a saber:

1) Se trata de asuntos donde se reclamó la inconstitucionalidad de una actuación procesal: en uno de ellos, el auto que se dijo admitió y ordenó el desahogo de una prueba, y en otro, el auto en el que se consideró que no se tenían como demandados a las personas físicas que se dijo fueron señaladas en el libelo respectivo y, 2) entre las pruebas ofrecidas por los quejosos y las enviadas por las responsables no obraba la necesaria para demostrar la inconstitucionalidad aducida.

Partiendo de los supuestos anteriores, ambos órganos colegiados llegaron a conclusiones contrarias, pues mientras el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito sostuvo que el Juez de Distrito no tuvo obligación de recabar de oficio el acuerdo de admisión por tratarse de una actuación procesal y no de una prueba rendida ante la responsable, agregando que, en cambio, la carga de la prueba correspondió al quejoso en términos del tercer párrafo del artículo 149 de la Ley de Amparo; el Séptimo Tribunal Colegiado de la misma materia y mismo Circuito consideró que si el a quo advierte que la copia de la demanda laboral respectiva no es una prueba rendida ante la autoridad responsable, por tratarse del escrito inicial, pero requiere del mismo para resolver sobre la legalidad o ilegalidad del acto reclamado, debe recabarlo oficiosamente por ser una obligación que le impone el artículo 78 de la Ley de Amparo y ser obvia la relación de ese escrito con el acto reclamado y existir ante la responsable.

Lo anterior revela la existencia de la contradicción de criterios en el tema, consistente en si es obligación del Juez de Distrito recabar oficiosamente actuaciones procesales que no se conceptúan como pruebas rendidas ante la responsable, y no fueron remitidas por ésta, ni aportadas por los quejosos, cuando sean necesarias para decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado.

QUINTO. A fin de determinar cuál de los criterios debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia en términos de lo establecido por el artículo 192 de la Ley de Amparo, es menester acudir previamente a algunas cuestiones generales que giran en torno a la función interpretativa de la ley a fin de llegar al conocimiento de la verdad material frente a la verdad formal.

La creación de toda norma comunmente obedece a una realidad social producto de necesidades insatisfechas, cuya solución y encauzamiento se busca a través de la institución jurídica que se establece dentro de un régimen de derecho. El legislador, previamente a la creación de la norma, primero estudia, observa y analiza la realidad social y después la reglamenta. Por eso se afirma que toda ley tiene su ratio legis, o sea el motivo y el porqué de su elaboración. Como la función de la norma jurídica se valora en su adaptación, es importante que el juzgador, tanto al aplicarla como al interpretarla, conozca los motivos que inspiraron al legislador en su configuración, a fin de que la impartición de la justicia sea más congruente con la realidad social reglamentada.

La tarea de la interpretación de una norma presenta variadas dificultades que surgen debido a lo multívoco del lenguaje y a la evolución de las necesidades de los gobernados que producen cambios sociales; de ahí que el intérprete tiene que recurrir a métodos interpretativos que en un momento dado pueden apartarlo de la connotación literal e, inclusive, de la concepción auténtica del legislador, para aplicar la norma de acuerdo con la realidad del momento que se vive, haciéndola funcional, ajustándola a los principios de equidad y justicia que se encuentran en las normas jurídicas. Así, pueden presentarse dos actitudes por parte del intérprete, una que es la que recurre a la intención del legislador y que es la que se ha llamado interpretación auténtica o tradicional y la otra que es la interpretación que se hace de la norma tratando de encontrar un ideal de equidad y justicia que son los principios que se supone inspiran en todo caso la actividad del juzgador.

De lo anterior se colige que, en la interpretación de las normas, la función del juzgador consiste en coadyuvar a la realización del propósito primordial que encierra el precepto a fin de alcanzar un ideal de justicia, precisándose para ello que se aparte del formalismo que aisla al derecho de la realidad que le dio vida y se sumerja en los datos que proporcionaron al legislador las fuentes materiales.

Siguiendo esas directrices, se procede ahora a abordar la materia de la presente contradicción de tesis, para lo cual es menester hacer una breve reseña de los aspectos fundamentales que en torno al tercer párrafo de los artículos 78 y 149 de la Ley de Amparo, se han dado desde su origen hasta su última reforma.

Mediante decreto del Ejecutivo Federal, de treinta de diciembre de mil novecientos treinta y cinco, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, se promulgó la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, derogándose la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 104 de la Constitución Federal, de fecha dieciocho de octubre de mil novecientos diecinueve.

El artículo 78 únicamente se encontraba compuesto de dos párrafos, que decían: "En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada. En las propias sentencias sólo se tomarán en consideración las pruebas que justifiquen la existencia del acto reclamado y su constitucionalidad o inconstitucionalidad.".

Por su parte, el artículo 149, inicialmente preceptuaba: "Las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, y acompañarán, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. La falta de informe de la autoridad responsable establece la presunción de ser cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Si la autoridad responsable no rinde informe con justificación, o lo hiciere sin remitir, en su caso, la copia certificada de las constancias a que se refiere el párrafo segundo de este artículo, el Juez de Distrito le impondrá, en la sentencia respectiva, una multa de diez a trescientos pesos.".

Posteriormente, mediante decreto del Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial el cuatro de febrero de mil novecientos sesenta y tres, se adicionaron un tercer párrafo al artículo 78 y otros tres párrafos al 149. Tales adiciones giraron en torno a las pruebas que de oficio debían recabarse en los asuntos de materia agraria y de los requisitos que debían contener los informes justificados así como las constancias que debían remitirse, cuando se tratara de asuntos interpuestos por los núcleos de población y ejidatarios o comuneros.

La siguiente adición de que fue objeto el artículo 78, se hizo mediante decreto publicado en el Diario Oficial el cuatro de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro. La misma consistió en que debían tenerse como actos reclamados los que afectasen los derechos de menores o incapaces, aunque no se hubieren señalado expresamente en la demanda.

Mediante decreto del Ejecutivo, publicado en el Diario Oficial el veintinueve de junio de mil novecientos setenta y seis, se reformó la estructura de la Ley de Amparo, dividiéndose su contenido en dos libros. En esa ocasión se reformaron los artículos 78 y 149 de la Ley de Amparo, excluyéndose de ellos lo relativo a la materia agraria que pasó a integrar el segundo libro, adicionándose además, al segundo de dichos preceptos, un primer párrafo relativo al término en que las autoridades responsables debían rendir su informe con justificación.

Los precitados dispositivos fueron objeto de otra diversa adición, en el decreto de reformas publicado en el Diario Oficial el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro. Al artículo 78 se adicionó un tercer párrafo en el que se establecía, como regla general aplicable a todos los juicios de amparo, lo siguiente: "... El Juez de amparo podrá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto.".

La modificación que se hizo al artículo 149, se encaminó a la multa que debía imponerse a la autoridad responsable cuando no rindiera su informe justificado, para quedar de diez a ciento cincuenta días de salario, adicionándose un último párrafo en los siguientes términos: "Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta por el Juez de Distrito siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen.".

Posteriormente, mediante el decreto de reformas del veintiuno de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, publicados en el Diario Oficial el veintidós de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, se reformó el precitado artículo 149, en sus primero y cuarto párrafos. Con base en estas últimas reformas, el precepto de que se trata, en su integridad, actualmente dice como sigue:

"Las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación dentro del término de cinco días, pero el Juez de Distrito podrá ampliarlo hasta por otros cinco si estimara que la importancia del caso lo amerita. En todo caso, las autoridades responsables rendirán su informe con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la fecha para la celebración de la audiencia constitucional; si el informe no se rinde con dicha anticipación, el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, solicitud que podrá hacerse verbalmente al momento de la audiencia.

"Las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, y acompañarán, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe.

"Cuando la autoridad no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto.

"Si la autoridad responsable no rinde informe con justificación, o lo hace sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo segundo de este artículo, el Juez de Distrito le impondrá, en la sentencia respectiva, una multa de diez a ciento cincuenta días de salario. No se considerará como omisión sancionable, aquella que ocurra debido al retardo en la toma de conocimiento del emplazamiento, circunstancia que deberá demostrar la autoridad responsable.

"Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta por el Juez de Distrito siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."

De igual manera, con base en las últimas reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, se reformó el tercer párrafo del artículo 78, de la Ley de Amparo, para sustituir, en lo relativo a la facultad del Juez de Distrito para recabar pruebas de oficio, la palabra "podrá" por "deberá". Actualmente, el precitado artículo dice como sigue:

"En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada.

"En las propias sentencias sólo se tomarán en consideración las pruebas que justifiquen la existencia del acto reclamado y su constitucionalidad o inconstitucionalidad.

"El Juez de amparo deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto."

En cuanto a los problemas que se presentaron en relación con la interpretación del texto del tercer párrafo del artículo 78, cuando contenía la expresión "podrá", importa traer a colación el que se originó entre el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal.

El primero de dichos órganos sostenía que la circunstancia de que el Juez de Distrito no recabase de oficio las pruebas rendidas ante la autoridad responsable, no constituía una violación a las leyes del procedimiento porque la facultad que el artículo 78 concedía al juzgador no debía entenderse como un derecho procesal de las partes; el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal consideró lo contrario, o sea, que si la responsable no acompañaba a su informe con justificación las constancias en que descansaba el acto reclamado, el Juez debía solicitar de oficio las pruebas que habiendo sido rendidas ante la responsable, no obraran en autos, pero se estimasen necesarias para la resolución del asunto.

Dichos criterios dieron motivo a la contradicción de tesis 5/89, que fue resuelta por la anterior Primera Sala, mediante resolución del diecinueve de junio de mil novecientos ochenta y nueve, donde, por unanimidad de cuatro votos, determinó que debía prevalecer el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. Las consideraciones torales en que se apoyó dicha ejecutoria, dicen como sigue:

"... En primer término, debe precisarse que el artículo 149, segundo y tercer párrafos, de la Ley de Amparo, dispone: (se transcribe). Por su parte el artículo 78, párrafo tercero, del citado ordenamiento, establece: (se transcribe). Del contenido de los preceptos anteriormente transcritos, se desprende que la autoridad responsable debe acompañar copia certificada de las constancias necesarias para apoyar su informe con justificación, pero si no lo hace, la carga de la prueba de los hechos que determinan la inconstitucionalidad del acto reclamado corresponde al quejoso, cuando dicho acto no es violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependan de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto, de tal manera que si el inconforme no aporta dichas probanzas y el Juez no las recaba de oficio, no puede estimarse tal omisión como una violación procesal. Es cierto que el tercer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, establece la posibilidad de que el Juez de Distrito recabe de oficio las probanzas que estime necesarias para la resolución del asunto; sin embargo, tal posibilidad no es obligatoria, sino potestativa, en virtud de que en el texto de dicho precepto se utiliza la expresión 'podrá' y no 'deberá', lo cual implica lógicamente que la ley deja al arbitrio del Juez Federal el recabar oficiosamente las pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con lo expuesto, si el Juez de Distrito no hace uso de la facultad que le otorga el artículo 78 de la Ley de Amparo, es porque no lo estima necesario, sin que ello implique violación alguna al procedimiento en perjuicio del quejoso, pues dicha facultad, concedida por la ley a los Jueces de Distrito, no puede entenderse como un derecho procesal de las partes, en virtud de que de ser así se originaría la obligación, para el juzgador, de recabar oficiosamente las pruebas en que descansa el acto reclamado. En este orden de ideas, es acertado que el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito apoye su criterio en la tesis sustentada por el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 66, en la página 428, Primera Parte, del informe rendido por su presidente al terminar el año de 1985, cuyo texto literalmente dice: 'PRUEBAS QUE PUEDEN RECABAR DE OFICIO LOS JUECES DE DISTRITO. ARTICULO 78, TERCER PARRAFO, DE LA LEY DE AMPARO. La aludida disposición legal prevé una facultad para los Jueces de Distrito, consistente en que, de estimar lo necesario, pueden recabar de oficio pruebas que hubieren sido rendidas ante la autoridad responsable, facultad que no debe interpretarse como un derecho procesal de las partes quienes, en términos del artículo 152 de la Ley de Amparo, siempre pueden solicitar a las autoridades la expedición de copias o documentos que pretendan ofrecer como prueba en el juicio de amparo. Por tanto, si el Juez de Distrito no hizo uso de la facultad que le otorga el citado artículo 78 de la Ley de Amparo, se entiende que fue porque no lo estimó necesario, sin que ello implique violación alguna al procedimiento en perjuicio del quejoso, puesto que esa facultad, concedida a los Jueces de Distrito, no debe entenderse como un derecho de las partes para que las pruebas que deseen ofrecer, tengan precisamente que ser recabadas, oficiosamente, por el Juez de garantías.'-No es óbice a la conclusión anterior, el hecho de que el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, establezca la obligación para las autoridades que conozcan del juicio de garantías de suplir la deficiencia de la queja en materia penal, aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios, pues es incuestionable que dicho precepto se refiere, en forma específica, a los conceptos de violación que debe contener la demanda de amparo o a los agravios formulados en los recursos establecidos por la propia ley, y en esa virtud, esta Primera Sala estima que los alcances de la deficiencia de la queja, en materia penal, no deben interpretarse al grado de que el Juez de Distrito tenga la obligación de recabar de oficio las constancias en las que descansa el acto reclamado, antes de celebrar la audiencia constitucional, pues como ya quedó precisado, la facultad que el artículo 78, párrafo tercero, del ordenamiento en cita, concede al juzgador federal, no debe entenderse como un derecho procesal de las partes. De conformidad con las consideraciones anteriores, se impone decidir que de las tesis examinadas debe prevalecer la sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, en los términos que a continuación se expresan: 'SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO COMPRENDE LA OBLIGACION DEL JUZGADOR DE RECABAR PRUEBAS DE OFICIO. La facultad que el artículo 78, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, concede al Juez de Distrito, consistente en que, de estimarlo necesario para la resolución del asunto, puede recabar de oficio pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos, no debe interpretarse como un derecho procesal de las partes, en virtud de que tal facultad es potestativa y no obligatoria para el juzgador, debiéndose advertir que aun cuando el artículo 76 bis, fracción II, del propio ordenamiento, establece la obligación de suplir la deficiencia de la queja en materia penal, es incuestionable que este último precepto se refiere en forma específica a los conceptos de violación que debe contener la demanda de garantías o a los agravios formulados por el reo en los recursos establecidos por la propia ley, mas no le impone obligación alguna para recabar las constancias en que descansa el acto reclamado.'-Por lo expuesto ..."

Posteriormente, en el paquete de reformas en materia penal, que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, se proponía que debía sustituirse la palabra "podrá" por "deberá", para decir: "El Juez de amparo deberá, en los juicios en materia penal, recabar oficiosamente ...".

En la iniciativa de dicha reforma, se dijo: "I. La iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de las leyes anteriormente señaladas, obedece fundamentalmente a la necesidad de adecuar o actualizar a la legislación secundaria, como consecuencia de las reformas a los artículos 16, 19, 20 y 119, así como de la derogación de la fracción XVIII, del artículo 107, de la Constitución ... V. Reformas a la Ley de Amparo ... 5. En relación a la propuesta que se hace para reforzar la facultad de obtener pruebas por parte del Juez de amparo en tratándose de violación a las garantías

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4187-afd2b6c0/actuaciones-procesales-en-el-juicio-de-amparo-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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