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Modo: Corpus Pro

PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN EMITIDA BAJO EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. DEBEN DESECHARSE SI PRETENDEN DEMOSTRAR SU INCONSTITUCIONALIDAD, VARIANDO LAS CIRCUNSTANCIAS O LOS HECHOS EN LOS QUE EL JUEZ DE CONTROL SE BASÓ PARA EMITIRLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 75, PÁRRAFO SEGUNDO, IN FINE, DE LA LEY DE AMPARO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 171/2020. · Registro digital (IUS): 29697
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-03-12
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 84, Marzo de 2021, Tomo II, Pág. 1155.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 171/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 2 DE DICIEMBRE DE 2020. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: MAURO ARTURO RIVERA LEÓN.

II. Presupuestos procesales

3. Esta Primera Sala es competente(3) para conocer de esta contradicción de tesis denunciada por parte legitimada.(4)

III. Existencia de la contradicción

4. Esta Primera Sala ha interpretado que los requisitos(5) para la existencia de una contradicción, a saber: a) necesidad de ejercicio interpretativo mediante el arbitrio judicial de los tribunales contendientes; b) existencia de un punto de toque en los ejercicios interpretativos en torno a un mismo problema jurídico y, finalmente, c) posibilidad de formular una genuina cuestión jurídica acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

5. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala, se satisface el requisito. Los Tribunales Colegiados de Circuito realizaron un ejercicio interpretativo aplicando su arbitrio judicial para llegar a una solución determinada.

6. El Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito (denunciante), resolvió la queja 92/2019 de las características siguientes:

• Una persona promovió amparo indirecto contra la orden de aprehensión dictada en su contra en un proceso acusatorio adversarial. Ofreció como pruebas en el juicio de amparo una inspección y una testimonial para acreditar que no existía la necesidad de cautela a que alude la orden de aprehensión y para acreditar que no se le hizo saber la investigación en su contra. El Juzgado de Distrito desechó las pruebas por ser inconducentes. El quejoso interpuso recurso de queja.

• En primer término, el órgano colegiado determinó que las pruebas no resultaban inconducentes y que, en este caso, se actualizaba una excepción al principio de limitación de pruebas del juicio de amparo. Sostuvo que, si bien a la luz del artículo 75 de la Ley de Amparo, el acto reclamado debía ser apreciado en los términos en los que lo tuvo acreditado la responsable, el propio artículo contenía una excepción, a saber, que el quejoso hubiese podido aportar pruebas ante la autoridad responsable. Adujo que el quejoso presente se encontraba en esa hipótesis y que, a pesar de que efectivamente debería acreditar su teoría del caso ante el tribunal penal de origen, era factible tener por admitidas las pruebas porque el amparo resultaba el medio idóneo extraordinario para atacar la orden de aprehensión.

• Refirió además que esa determinación no se oponía al segundo párrafo del artículo 75 que dispone que el ofrecimiento de pruebas en amparos en materia penal no debe violar la oralidad o principios del proceso acusatorio. El órgano colegiado sostuvo que, en principio, tal violación no sólo debía ser "más específica" sino que "debe ir más allá" del mero hecho de que las pruebas se desahoguen fuera del proceso penal y ante un Juez diferente (del de la causa penal), como es el del conocimiento del amparo.

• Sostuvo que la Ley de Amparo facultaba a admitir pruebas en amparo directo, inclusive, contra actos del proceso penal acusatorio y oral y que la propia Ley de Amparo ya "acepta y parte de la premisa jurídica de que las pruebas en amparo se desahogarán fuera del terreno del proceso natural y ante una autoridad distinta a la del conocimiento". Por ello, afirmó que tal desahogo fuera de proceso penal y ante autoridad diversa no demuestra que se vulnere la oralidad o los principios del proceso penal. Además, afirmó que la naturaleza constitucional del amparo permitía desahogar fuera del proceso de origen y ante autoridad diversa pruebas relativas al proceso penal. Argumentó que parte integrante del derecho de defensa era la posibilidad de ofrecer pruebas, tanto en el amparo como en el proceso penal y que facultar a las partes a presentar pruebas en el amparo relativo a actos del sistema acusatorio adversarial garantizaba el principio de contradicción en ambos tipos de proceso.

• Ante ello, concluyó que si bien es cierto que existía una prohibición de desahogar pruebas en el proceso penal acusatorio adversarial ésta se actualizaba sólo cuando se vulnerasen "de manera específica y concreta la oralidad y/o los principios del proceso penal acusatorio" pero de ningún modo por el mero hecho de que este desahogo se realice fuera del proceso penal y ante autoridad distinta que el Juez penal competente. Ante ello, afirmó que no compartía el criterio de cuatro Tribunales Colegiados, cuyas ejecutorias y tesis enunció.

7. El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, resolvió la queja 12/2017 de las características siguientes:

• Una persona promovió amparo indirecto contra la orden de aprehensión dictada en su contra en un proceso acusatorio adversarial. Argumentó que el Ministerio Público no llamó al quejoso para conocer la imputación en su contra y ofreció como prueba una pericial en medicina forense para demostrar que el acto reclamado era inconstitucional. El Juez de Distrito desechó las pruebas en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo. El quejoso interpuso recurso de queja.

• El Tribunal Colegiado refirió que de acuerdo al sistema procesal acusatorio y al artículo 16 constitucional, el estudio relativo a la constitucionalidad de una orden de aprehensión debe ceñirse a los datos en que se sustenta la imputación y la razonabilidad de los argumentos de la representación social para que se presente el imputado ante el Juez de Control. Refirió que el Juez de Distrito únicamente puede tener en cuenta los datos de la investigación que haya considerado la responsable, porque en esa fase procesal, éstos son datos y no pruebas (éstos sólo adquirirán tal carácter cuando sean desahogados en la audiencia de juicio oral).

• Sostuvo el Tribunal Colegiado que, si el recurrente no tuvo oportunidad de aportar tal prueba ante la autoridad responsable, ello no permitía que se aportase y desahogase ante el juzgador de amparo pues ese solo hecho vulneraría los principios del proceso penal acusatorio adversarial. Adujo que el artículo 75 de la Ley de Amparo ordenaba apreciar el acto reclamado en los términos en que hubiese sido apreciado por la autoridad responsable. Además, el propio párrafo segundo del artículo 75 citado ordenaba al juzgador cerciorarse de que el desahogo de pruebas en el juicio de amparo no vulnerara la oralidad o los principios que rigen el proceso penal acusatorio. Así, la sola admisión de la prueba que pretende vulneraría tales principios. En consecuencia, la prueba no sería oral (porque el desahogo de la prueba pericial se desarrollaría mediante exhibición de copia de los interrogatorios en términos de los numerales 119 y 120 de la Ley de Amparo). No habría tampoco contradicción ni inmediación porque la prueba "no sería desahogada ante la presencia del Juez [penal] respectivo" y la contraparte no estaría en posibilidad de refutarla ni contradecirla.

• En conclusión, el acto reclamado debía ser apreciado tal y como fue tenido en cuenta por la autoridad emisora "sin la aportación de otras pruebas que se agreguen al sumario en contravención a las reglas procesales para su incorporación".

8. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, resolvió la queja 104/2017 de las características siguientes:

• Varias personas promovieron amparo indirecto contra la orden de aprehensión dictada en su contra en un proceso acusatorio adversarial. Alegaron que al emitir la orden de aprehensión se encontraban desahogando datos de prueba ofertados (la orden de aprehensión se emitió sin ellos). En su demanda de amparo ofrecieron pruebas que consideraron supervenientes para acreditar la inconstitucionalidad del acto reclamado. El Juzgador de Distrito desechó las pruebas. Los quejosos interpusieron recurso de queja.

• En su estudio, el Tribunal Colegiado argumentó que el artículo 75 de la Ley de Amparo establece, como regla general, que en el juicio de amparo el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. Refirió que el segundo párrafo del propio numeral 75 permite el ofrecimiento de pruebas cuando el quejoso no haya podido ofrecerlas ante la autoridad responsable.

• Para confirmar la legalidad del auto emitido el Tribunal Colegiado refirió dos razones. En primer lugar, determinó que los quejosos sí habían tenido acceso a la carpeta de investigación y ofrecido pruebas. En segundo lugar, como argumento autónomo, refirió que el artículo 75 de la Ley de Amparo, reformado en el año dos mil dieciséis, disponía que el juzgador debía cerciorarse de que las pruebas no representasen violación a la oralidad o los diversos principios del sistema acusatorio adversarial. Por tanto, en atención a ese precepto no es factible incorporar pruebas a través del juicio de amparo al reclamar una orden de aprehensión, pues ello violaría el principio de oralidad. Además, la admisión de tales pruebas en amparo implicaría analizar elementos formalizados (pruebas per se) y no datos de prueba, lo que vulneraría las reglas de incorporación de pruebas del procedimiento penal acusatorio. Por tanto, sólo puede analizarse el acto reclamado conforme lo tuvo por demostrado la autoridad responsable.

9. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, resolvió la queja 76/2017 de las características siguientes:

• Una persona promovió amparo indirecto contra la orden de aprehensión y/o de comparecencia dictada en su contra en un proceso acusatorio adversarial. Ofreció como pruebas una pericial en medicina forense y una mecánica de hechos. El Juzgador de Distrito desechó las pruebas en términos del artículo 75, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. El quejoso interpuso recurso de queja.

• El Tribunal Colegiado al resolver el recurso afirmó que el artículo 75 de la Ley de Amparo establece que el acto reclamado deberá tenerse como aparezca apreciado ante la autoridad responsable. Ahora bien, no obstante exista la excepción referida a que el quejoso podrá aportar pruebas si no hubiese podido hacerlo ante la autoridad responsable, la propia Ley de Amparo obliga al juzgador a "cerciorarse de que el ofrecimiento de pruebas no implique violación a la oralidad o a los principios que rigen dicho proceso penal". Por tanto, debe desecharse la prueba pericial si ésta se aporta en un amparo contra una orden de aprehensión dictada en un procedimiento acusatorio adversarial porque de admitirse, tal prueba se sujetaría a los artículos 119 y 120 de la Ley de Amparo (que sólo requieren exhibir copia de los interrogatorios). Además, admitir tal prueba sería contrario a los principios de contradicción, igualdad procesal e inmediación.

• Para evidenciar la infracción a estos principios el órgano colegiado refirió que se contravendrían los principios de publicidad, contradicción e inmediación pues la prueba no sería desahogada públicamente, ni con posibilidades de contrainterrogatorio en presencia del órgano jurisdiccional. Por tanto, mencionó que cuando el acto reclamado sea una orden de comparecencia o aprehensión los tribunales federales no pueden sustituirse en la autoridad responsable y decidir tomando en cuenta pruebas no analizadas por ésta.

10. Por último, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, actual Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, resolvió la queja 326/2017 de las características siguientes:

• La víctima del delito, en calidad de tercero interesada, compareció a un juicio de amparo indirecto promovido por una persona vinculada a proceso, contra una sentencia de apelación que confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en su contra. La víctima, ofreció la prueba confesional, pericial en psicología, química y de informes para demostrar que el quejoso sí debía haber sido vinculado a proceso. El Juzgado de Distrito desechó las pruebas al tenor del artículo 75 de la Ley de Amparo y refirió que admitirlas implicaría violación a los principios del proceso penal acusatorio como oralidad, contradicción e inmediación en términos del artículo 75, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. La tercero interesada interpuso recurso de queja.

• El Tribunal Colegiado sostuvo que el artículo 75 de la Ley de Amparo consagra el principio de limitación de prueba. Esto es, el acto reclamado se apreciará de la forma en que se haya tenido por apreciado ante la autoridad responsable y no se tomarán en consideración medios de convicción no rendidos ante ésta. Esta limitación, refirió el Tribunal Colegiado, implica que: 1) al juzgar el acto reclamado no pueden valorarse pruebas que la responsable no tomó en cuenta y 2) existe imposibilidad de sustituirse en la competencia exclusiva de la autoridad responsable al analizar el acto reclamado.

• El Colegiado mencionó que el segundo párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo permite al quejoso ofrecer pruebas si no tuvo oportunidad de rendirlas ante la autoridad responsable y que, en materia penal, el juzgador debe cerciorarse de que tal ofrecimiento no implique una violación a la oralidad o los principios regentes en el proceso penal acusatorio. Por tanto, recordó que el auto de vinculación a proceso se emite de conformidad con los principios del sistema acusatorio adversarial. Esto es, en el dictado de dicho auto imperan los principios de contradicción y el Juez de Control resuelve sólo conforme a los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público. Más aún, el Colegiado recordó que el sistema adversarial estatuye la no formalización de las pruebas en sus diversas fases. Por ello, no es posible que el Juez de amparo se sustituya en la autoridad responsable y tome en cuenta pruebas que aquélla no consideró o cuestiones que no fueron objeto de debate.

• El Tribunal Colegiado mencionó que, incorporar tales pruebas contravendría el artículo 75, párrafo segundo, in fine. Esto porque se desvirtuaría el principio de contradicción regente del sistema acusatorio. No obsta a ello –refirió– que el propio numeral permita al quejoso ofrecer pruebas si no pudo hacerlo ante la autoridad responsable (una potestad que consideró que también tenía la aquí tercero interesada). Sin embargo, esta potestad no permite ofrecer pruebas que la responsable no tuvo a su alcance al resolver y concluyó que el ofrecimiento y admisión de esas pruebas formalizadas ante la autoridad de amparo contravendría, por ese hecho, los principios que rigen el procedimiento de origen.

• Así, sostuvo que la admisión de pruebas haría que éstas fueran desahogadas conforme a la Ley de Amparo y ello muestra que "no conocería de ellas el Juez de Control responsable de la causa penal, la contraparte no podría refutarlas ni contradecirlas y resultarían nulas al llevarse a cabo fuera de la audiencia de juicio, conforme al artículo 20, apartado A, fracción III, constitucional."

• El Tribunal Colegiado aseguró que, contrario a lo que afirmaba la recurrente, no era correcto que su admisión permitiría que ambas partes fueran escuchadas [conforme al proceso penal]. El Tribunal Colegiado recordó que el juicio de amparo no es una instancia ordinaria o recurso judicial del sistema acusatorio adversarial, sino un procedimiento constitucional autónomo de éste en que sólo se analizan las posibles violaciones a los derechos fundamentales del quejoso. Además, el órgano colegiado recordó que, de admitir cualquier prueba, su desahogo se realizaría conforme a la Ley de Amparo (preceptos 119 y 120), hecho que lo torna improcedente, pues contravendría los principios del proceso acusatorio adversarial.

11. La anterior relatoría muestra que los Tribunales Colegiados relacionados con la contradicción (exceptuando al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito), al pronunciar sus decisiones, se vieron en la necesidad de emplear el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada de cada caso que sometieron a su consideración. Esto es, en todos los casos, ejercieron un razonamiento jurídico para dotar de contenido al artículo 75 de la Ley de Amparo y determinar si podían admitirse pruebas en amparos indirectos frente a una orden de aprehensión para demostrar su inconstitucionalidad.

12. Por su parte, también el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito ejerció su arbitrio judicial (aunque en una materia distinta) para determinar si la tercero interesada podía ofrecer pruebas para acreditar lo correcto de una vinculación a proceso dentro de un juicio de amparo indirecto promovido contra la resolución del recurso de apelación que confirmó la vinculación respectiva.

13. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. El segundo requisito únicamente se cumple respecto de los Tribunales Colegiados cuyo criterio se resumirá como postura "A" y el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito (denunciante), que representa la postura "B". Como se analizará al finalizar esta sección, no se considerará dentro de la contradicción el criterio sostenido por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito por sus múltiples diferencias fácticas con los asuntos analizados por el resto de Tribunales Colegiados.

14. Esta Primera Sala considera que existen dos posturas contradictorias diversas definidas con claridad en esta contradicción, entre las cuales existe un punto de toque.

15. Por un lado, llamaremos postura "A" a la defendida por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (queja 12/2017), por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (queja 104/2017) y por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito (queja 76/2017). Por otro lado, llamaremos postura "B" a la defendida en solitario por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito (queja 92/2019).

16. Tribunales Colegiados adherentes a la postura A. Todos los Tribunales Colegiados de la postura A debieron desentrañar si, a la luz del artículo 75, párrafo segundo, in fine, de la Ley de Amparo era jurídicamente posible admitir pruebas en el juicio de amparo indirecto promovido por el probable responsable en contra de una orden de aprehensión dictada bajo el sistema acusatorio adversarial a efectos de demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado.

17. En ninguno de los casos, los Tribunales Colegiados examinaron ofrecimientos de prueba tendientes a acreditar la existencia del acto reclamado o cuestiones procesales, sino sólo pruebas referentes a refutar la constitucionalidad de la orden de aprehensión y a demostrar ante el juzgador de amparo, mediante pruebas adicionales a las consideradas por el Juez de Control, lo incorrecto del mandato de captura. Esto es, todos los Tribunales Colegiados enfrentaron hipótesis en las que se le solicitó al juzgador de amparo considerar si era correcto o no el haber dictado una orden de aprehensión bajo el sistema acusatorio añadiendo en el juicio de amparo nueva evidencia no considerada por el Juez de Control al momento de dictarla.

18. Al hacerlo, todos ellos llegaron a idéntica conclusión, a saber, que no podían admitirse tales pruebas porque su desahogo llevaría, inter alia, a la vulneración de los principios del sistema acusatorio adversarial, pues 1) su desahogo obedecería a las regulaciones propias del juicio de amparo y no del proceso penal (vulnerando la oralidad), 2) no serían desahogados ante el Juez regente de la causa penal (lo cual vulneraría el principio de inmediación) y 3) vulneraría las reglas de incorporación de las pruebas al desahogarse pruebas formalizadas y no "datos de prueba".

19. En efecto, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (queja 12/2017) refirió que la admisión de la prueba implicaría que su desahogo no se llevaría frente al Juez de la causa penal y ello vulneraría los principios del proceso acusatorio adversarial. En el mismo sentido, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (queja 104/2017), si bien inicialmente refirió un argumento fáctico (que los quejosos sí habían tenido acceso a la carpeta de investigación) realizó un análisis autónomo sobre el artículo 75 de la Ley de Amparo. Así, determinó que el artículo 75, in fine, prohibía admitir pruebas que violasen los principios del procedimiento acusatorio adversarial y que tal violación ocurría por el solo hecho de que las pruebas en el amparo tendrían en consecuencia el carácter de ser formalizadas, pues más que datos de prueba serían pruebas per se. Determinó que ello violentaría en sí mismo las reglas de incorporación de las pruebas en el proceso acusatorio.

20. A la misma conclusión llegó el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito (queja 76/2017), porque al interpretar el artículo 75, párrafo segundo, in fine, de la Ley de Amparo, concluyó que la sola admisión de pruebas contra la orden de aprehensión proveniente del sistema acusatorio adversarial implicaría que la prueba sería desahogada conforme a los numerales 119 y 120 de la Ley de Amparo y que su desahogo vulneraría los principios de contradicción, igualdad procesal e inmediación. Tal vulneración se tornaba en tanto la prueba no sería desahogada en audiencia pública, ni en presencia del órgano jurisdiccional que conoce de la causa penal, ni habría posibilidades de contrainterrogatorio.

21. Como puede apreciarse, los Tribunales Colegiados pertenecientes al grupo A analizaron supuestos fácticos idénticos. Todos ellos analizaron amparos indirectos promovidos por el probable responsable contra una orden de aprehensión dictada bajo el sistema acusatorio adversarial. A todos ellos se les solicitó evaluar la legalidad de desechar pruebas ofrecidas en el juicio de amparo, pero que no fueron consideradas por el Juez de Control al momento de dictar la orden de aprehensión. Todos ellos concluyeron que, en virtud del segundo párrafo, in fine, del artículo 75 de la Ley de Amparo, no podían admitirse tales pruebas. Las posturas, por tanto, llegaron a una misma conclusión, a saber, que la admisión de pruebas que genéricamente pretendieran variar las consideraciones que tuvo en cuenta el Juez de Control al librar una orden de aprehensión se encontraba prohibida por el artículo 75, párrafo segundo, in fine, de la Ley de Amparo.

22. Tribunal Colegiado de la postura B. El Tribunal Colegiado adherente a esta postura(6) también interpretó el artículo 75, párrafo segundo, in fine, de la Ley de Amparo. Así, también analizó una hipótesis en que el probable responsable promovió amparo indirecto contra una orden de aprehensión y ofreció pruebas tendentes a demostrar la inconstitucionalidad de ésta (que no habían sido consideradas por el Juez de Control).

23. Sin embargo, contrario a los Tribunales Colegiados de la postura A, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito (postura B) refirió que esta prohibición sólo se actualizaba ante una "vulneración específica y concreta" de estos principios y expresamente afirmó que no vulneraba tales principios el mero hecho de que este desahogo se realice fuera del proceso penal y, no se realice frente al Juez que conoce del proceso penal. Refirió que esa violación podía ser analizada caso por caso y no (como sí lo hizo la postura A) genéricamente.

24. Los Tribunales Colegiados de la postura A no sostuvieron en momento alguno que un análisis pormenorizado de cada caso pudiese variar el resultado. Sostuvieron que el artículo 75, párrafo segundo, in fine, impedía admitir pruebas en el caso porque su simple desahogo ante Juez distinto vulneraba el principio de inmediación, el desahogo no sería oralmente, y las pruebas desahogadas tendrían un carácter "formalizado" y no serían datos de prueba.

25. El hecho de que el Tribunal Colegiado de la postura B afirmara que todas las anteriores circunstancias no actualizaban la vulneración a los principios del proceso acusatorio adversarial se opone frontalmente a las razones que dieron el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (queja 12/2017) y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito (queja 76/2017).

26. Por último, también se opone al criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (queja 104/2017), que forma parte de la postura A, en que niega totalmente la incorporación. Esta Primera Sala observa que ese Tribunal Colegiado dio como razón toral que la incorporación de tales pruebas haría que el juzgador de amparo valorase pruebas y no datos de prueba, rompiendo las reglas de incorporación de pruebas del sistema acusatorio, cuestión sobre la que el Colegiado adherente a la postura B no se pronunció. Sería suficiente para trabar la contradicción el recordar que, inclusive, este Tribunal Colegiado llegó a una conclusión de naturaleza genérica (imposibilidad de incorporar cualquier prueba no considerada por el Juez de Control al dictar la orden de aprehensión, porque hacerlo rompería las reglas de incorporación de pruebas del sistema acusatorio adversarial al introducir pruebas "formalizadas" y no "datos de prueba"). Sin embargo, adicional a esto, robustece la contradicción, el hecho de que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, también refirió que la incorporación de este tipo de pruebas en amparo indirecto vulneraría el principio de oralidad por ese solo hecho (foja 4 de la respectiva queja), aspecto sobre el cual el Tribunal Colegiado de la postura B sí se pronunció expresamente y concluyó justamente lo contrario, es decir, que no se vulneraba la oralidad por ese solo hecho.

27. En resumen, todos los Tribunales Colegiados contendientes se enfrentaron con la hipótesis de pruebas que pretendían demostrar la inconstitucionalidad de la orden de aprehensión solicitando al Juez de amparo que considerase pruebas que no había analizado el Juez de Control. En contraposición, ninguno de los tribunales se enfrentó a hipótesis de pruebas que pretendían demostrar aspectos autónomos del amparo no relacionados con el proceso penal (por ejemplo, improcedencia de juicio o existencia del acto), por lo que ello no será objeto de análisis.

28. Así, el Tribunal Colegiado denunciante (adherente a la postura B), consideró que sí podía desahogar pruebas (inspección y testimonial) que demostrasen la inconstitucionalidad de la orden de aprehensión al considerar y valorar en el juicio de amparo retroactivamente si había existido necesidad de cautela al momento de dictarse la orden de aprehensión. Esto es, tal Tribunal Colegiado resolvió admitir una prueba a efecto de permitir que la jurisdicción de amparo se sustituyera en el Juez de Control y adicionara a los datos de prueba valorados previamente en la audiencia que ordena los artículos 141 a 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales una prueba formalizada para hacer un reexamen de la necesidad de emitir una orden de aprehensión.

29. Por el contrario, el resto de los Colegiados (postura A) se enfrentaron a situaciones en que se les solicitó lo mismo que al Colegiado de la postura B. Así, al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito se le solicitó admitir una prueba pericial para retroactivamente demostrar que no debió dictarse una orden de aprehensión; al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito se le solicitó admitir una prueba pericial en medicina forense y mecánica de hechos para retroactivamente demostrar que, de haberlas tomado en cuenta, no se habría librado la también orden de aprehensión emitida. Finalmente, al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito se le solicitó admitir una prueba para retroactivamente demostrar que igualmente no debió dictarse un mandato de captura y este Tribunal Colegiado consideró que el tipo de prueba era absolutamente irrelevante, tan es así, que en su resolución ni siquiera consideró necesario aludir cuál prueba se solicitó, lo que refuerza aún más la contradicción existente, pues estimó que, con independencia del tipo de prueba, ésta no podía admitirse si pretendía variar las razones que tuvo en cuenta el Juez de Control al dictar su resolución.(7)

30. Esta Primera Sala observa que, por tanto, no influyó en la existencia del punto de toque entre la postura A y la postura B el tipo de pruebas analizadas. En las ejecutorias no existe un análisis pormenorizado de los requisitos de cada tipo de prueba, pues sus razonamientos no partieron de sostener que una prueba determinada (y sólo ésta) vulneraba los principios con exclusión de otras, sino que dieron razones aplicables a todo tipo de pruebas destinadas a variar las circunstancias que apreció el Juez de Control al dictar el mandato de captura.(8) Así, sus argumentos resultaron genéricos, pues ofrecieron razones para afirmar que el desahogo de pruebas fuera del proceso penal, ante un Juez diverso del penal, frente a las reglas de pruebas formalizadas y no datos de prueba a que alude el proceso acusatorio, vulneraba o no el artículo 75, párrafo segundo, in fine, por ese solo hecho.

31. A efecto de facilitar la apreciación del punto de toque, esta Primera Sala ofrece un cuadro compara

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29697-dd1f434f/pruebas-en-el-amparo-indirecto-promovido-en-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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