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Modo: Corpus Pro

AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA DETERMINAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE DESECHARLA, ARGUMENTANDO QUE SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, SALVO QUE ÉSTA SE ADVIERTA EN FORMA PATENTE Y ABSOLUTAMENTE CLARA, Y SE TENGA LA CERTEZA Y PLENA CONVICCIÓN DE QUE ES OPERANTE.

Tipo de asunto: QUEJA 157/2016. · Registro digital (IUS): 26754
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2016-10-28
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV, Pág. 2493.

QUEJA 157/2016. 26 DE MAYO DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JORGE HÉCTOR CORTÉS ORTIZ. SECRETARIO: RAÚL OCTAVIO GONZÁLEZ CERVANTES.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Antecedentes. En principio, se estima conveniente narrar los siguientes antecedentes:

1. Mediante escrito presentado el catorce de abril de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ********** promovió demanda de amparo contra el acto y la autoridad siguientes:

"III. Autoridades responsables:

"Delegado estatal en Jalisco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

"IV. Actos reclamados. La falta de respuesta en que ha incurrido la autoridad señalada como responsable, a la petición que se le hizo el día **********."

2. Del asunto correspondió conocer al Juez Octavo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien en auto de ********** desechó la demanda, por estimar, básicamente, que el juicio de amparo resulta improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1o. y el 5o., fracción II, todos de la ley de la materia, por el hecho de que al delegado estatal en Jalisco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no le asiste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la omisión que se le atribuye deriva de una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición que debe responderse en su carácter de ente asegurador.

3. Inconforme con la anterior determinación, **********, en su carácter de autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso **********, interpuso el presente recurso de queja.

SEXTO.-Análisis del recurso. Son sustancialmente fundados los agravios hechos valer.

Del análisis de los motivos de inconformidad, se desprende que el recurrente expone, medularmente, que la causal de improcedencia invocada por el Juez de Distrito no es manifiesta ni indudable como para desechar la demanda de amparo en términos del artículo 113 de la ley de la materia, en virtud de que el auto inicial no es la actuación oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo.

En apoyo de lo anterior, el recurrente citó la jurisprudencia XVI.1o.A.T. J/16, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, de rubro: "ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. EL ANÁLISIS DE SI TIENE ESAS CARACTERÍSTICAS ES PROPIO DE LA SENTENCIA."

Además, el inconforme aduce que el acto omisivo reclamado al delegado estatal en Jalisco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, deriva de una solicitud que debe responder en su carácter de organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, conforme al artículo 5o. de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, esto es, en su carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos de la fracción II del artículo 5o. de la ley de la materia, por lo que aduce que no opera la causal de improcedencia actualizada por el Juez de Distrito en el auto recurrido.

Los precisados planteamientos son fundados en lo sustancial, dado que, como enseguida se expondrá, existe criterio jurisprudencial obligatorio en términos del numeral 217 de la Ley de Amparo, emitido por el Alto Tribunal, donde determinó que el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del amparo.

En este punto, conviene aclarar que si bien no es posible analizar en esta instancia revisora el aspecto relativo a si la autoridad señalada como responsable en la demanda constitucional tiene tal carácter para efectos del amparo, precisamente, porque tal análisis no es propio del auto inicial que se revisa y, por lo mismo, tampoco de la resolución de queja que se promueve en su contra, lo cierto es que no procede declarar la inoperancia de los agravios con los que se pretende demostrar que los actos reclamados provienen de autoridades, ya que la imposibilidad de tal análisis desde esa etapa inicial del juicio de amparo es lo que conduce a determinar la ilegalidad del acuerdo recurrido.

En efecto, al resolver la contradicción de tesis 297/2011, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, medularmente, que el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.) publicada en la página 929 del Libro X, Tomo 2, julio de 2012, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son:

"AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.-En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos."

De conformidad con la tesis jurisprudencial transcrita, en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañan a ésta.

Por tanto, el Juez Federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo, bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro ni fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos.

Ahora bien, tal criterio del Alto Tribunal es aplicable al caso, pues si bien interpreta la Ley de Amparo abrogada, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, lo cierto es que las consideraciones que le dan sustento también encuentran fundamento en la Ley de Amparo en vigor.

En efecto, el artículo 116 de la Ley de Amparo abrogada, que se analiza en la contradicción de tesis de mérito, establecía:

"Artículo 116. La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán:

"...

"III. La autoridad o autoridades responsables; el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación, cuando se trate de amparos contra leyes."

Por su parte, el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, aplicable al caso concreto, en términos de los artículos primero y tercero transitorios, en tanto la demanda fue presentada con posterioridad a tal vigencia, señala que la demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará, entre otros, la autoridad o autoridades responsables.

El texto de dicho numeral es el que a continuación se reproduce:

"Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá de formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:

"...

"III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios."

En esas condiciones, el criterio jurisprudencial invocado es aplicable por analogía, pues la porción normativa que interpreta tiene correlación con el numeral 108, fracción III, de la legislación de la materia vigente, donde se reitera la disposición en el sentido de que la obligación del quejoso se colma al señalar la autoridad o autoridades responsables, sin necesidad de demostrar, desde la demanda inicial, el carácter de autoridad responsable para efectos del amparo.

Máxime que en la nueva legislación de amparo, en su artículo 5o., fracción II, se prevé que será autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.

Dicho precepto es del texto siguiente:

"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:

"...

"II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.

"Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general."

En la especie, la parte quejosa señaló como acto reclamado al delegado estatal en Jalisco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la omisión de responder el escrito presentado el **********, como violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución General de la República.

De tal manera que como en la demanda de amparo el quejoso señaló como autoridad responsable al referido delegado estatal en Jalisco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la medida en que, a decir del quejoso, fue quien infringió en su perjuicio el derecho de petición reclamado, el Juez de Distrito debió atender a esa manifestación, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento, llevara a cabo el análisis exhaustivo de los elementos materiales y jurídicos que se aporten en el juicio, con la finalidad de resolver si efectivamente el acto omisivo reclamado tenía el carácter de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo.

Lo anterior es así, porque como se vio, en el proveído inicial del juicio de amparo indirecto no es dable efectuar análisis exhaustivos, por no ser ese momento el oportuno para esos fines, ya que en esa etapa procesal únicamente se pueden tomar en consideración los argumentos que se plasmen en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta.

Además, el artículo 109 de la Ley de Amparo, al establecer los requisitos de una demanda de amparo indirecto, no obliga a que el quejoso acredite que el acto que reclama tiene la naturaleza de autoridad para los efectos del juicio de amparo, y si en la demanda se cumple, en principio, con esa disposición, el Juez Federal no está facultado para emprender un análisis que no está establecido en la ley.

De ahí que de acuerdo al ordenamiento de la materia vigente, en relación con la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), se concluye que el Juez de Distrito en el auto de trámite que se dicte con motivo de la presentación de una demanda de amparo indirecto, no puede llevar a cabo el análisis del acto reclamado, con el propósito de verificar si constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo.

Se corrobora lo anterior, porque la facultad del juzgador para que resuelva desechar una demanda de amparo, se actualiza únicamente cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que constituye, sin duda, una excepción a la regla general, que es la procedencia del juicio de amparo como medio de control de los actos de autoridad que vulneren los derechos fundamentales que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que encuentra sustento en el hecho de que las causales de improcedencia deben probarse plenamente y no inferirse con base en presunciones, pues sólo por excepción, en los precisos casos que marca el artículo 61 de la Ley de Amparo, puede impedirse el acceso a dicho medio de control constitucional.

Lo anterior encuentra sustento en el artículo 113 de la misma legislación de amparo en vigor, que dispone:

"Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."

De la transcripción que antecede, se desprende que el Juez Federal está facultado para desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; entendiéndose por "manifiesto", según lo que se observa en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es.

Sirve de sustento, la jurisprudencia 404 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia, visible en la página 425 del Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común, Primera Parte-Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sección-Improcedencia y sobreseimiento, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, cuyos rubro y texto, son:

"SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.-De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."

En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que no requiere mayor demostración, toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones.

Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes.

De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen, y así considerarla probada, sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido.

Y es que no toda causal de improcedencia, por el solo hecho de estar prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, puede justificar que, al proveer sobre la demanda, el Juez de Distrito la deseche de plano, pues no es en todos los casos un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio constitucional, en tanto que puede acreditarse durante el procedimiento y hasta la audiencia, mediante las pruebas que al efecto se aporten.

Estimar lo contrario, implicaría dejar al promovente en estado de indefensión, dado que se le privaría de la oportunidad de allegar pruebas al juicio que justificaran dicho requisito de procedibilidad; consecuentemente, ante esta hipótesis debe admitirse la demanda, porque el motivo aparente que, en principio, se advirtiera, aún no es claro ni evidente como para desechar de plano la demanda de amparo, por ser susceptible de desvirtuarse durante el lapso procesal que culmina con la audiencia constitucional.

En esas condiciones, en la especie, la causal de improcedencia invocada por el a quo no deriva de lo manifestado en la propia demanda o de las pruebas que se adjuntan a ella, sino del estudio y de la interpretación que llevó a cabo de la naturaleza de los actos reclamados, por lo que el motivo de improcedencia no es manifiesto e indudable, ya que no es evidente, claro ni fehaciente, toda vez que, para determinar su actualización, se requiere de un análisis más profundo, propio de la sentencia definitiva y, por tanto, no se reúnen los requisitos formales necesarios que justifiquen el desechamiento de la demanda desde su inicio.

Las consideraciones anteriores encuentran fundamento, en lo esencial, en la tesis 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448 del Tomo XVI, julio de 2002, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que previene:

"DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.-El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por ‘manifiesto’ lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por ‘indudable’, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada."

No obsta para arribar a la anterior determinación, lo sostenido en la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a.), del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 1224 del Libro 11, Tomo II, octubre de 2014 de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 3 de octubre de 2014 a las 9:30 horas», que dice:

"AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento."

Ciertamente, en tal criterio jurisprudencial se reconoce que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, en la jurisprudencia citada, (sic) la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; empero, que tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable, no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento.

Sin embargo, en el presente caso no se actualiza alguno de los supuestos de excepción de los que habla la jurisprudencia invocada, pues no existe criterio obligatorio del Alto Tribunal, en el sentido de que la autoridad que en el caso precisa la parte quejosa como responsable, no tenga tal carácter para efectos del amparo.

En las relatadas condiciones, se considera que determinar la naturaleza de los actos reclamados por la parte quejosa en el juicio de amparo del que deriva el presente recurso de queja, no es una cuestión que pueda dilucidarse con base en un análisis superficial en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, pues para establecer si el específico acto omisivo reclamado al delegado estatal en Jalisco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, encuadra o no en actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, o bien, si se trata de un acto equivalente a los de autoridad, requiere de un análisis exhaustivo de los elementos materiales y jurídicos que se aporten al juicio constitucional, estudio propio de la sentencia definitiva.

Máxime que en la jurisprudencia 2a./J. 111/2005, de rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado conceda, niegue, revoque, suspenda, modifique o reduzca las pensiones, de manera que será materia de la resolución definitiva, en su caso, establecer si el acto omisivo impugnado en el juicio de amparo reúne tales características.

Por tanto, como en esta etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y los documentos que se acompañaron a ésta, el juzgador no está en aptitud de desechar la demanda de amparo, con el argumento de que opera la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los artículos 1o. y 5o., fracción II, todos de la ley de la materia, referentes a que los actos reclamados no son de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que, con apoyo en las consideraciones expuestas, no se actualiza de modo manifiesto e indudable, ya que en esta etapa no es evidente, clara ni fehaciente.

Lo anterior implica que será hasta la sentencia definitiva donde podrán dilucidarse esas cuestiones con base en un estudio más profundo de los actos reclamados, ya que la peculiaridad que caracteriza al auto por el que se admite la demanda es de mero trámite, esto es, se trata de un proveído en el que no se tiene la posibilidad de emprender un análisis exhaustivo, por no ser propio de esta clase de acuerdos, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento se lleve a cabo el examen integral de dicho supuesto de improcedencia.

En consecuencia, por resultar esencialmente fundados los agravios analizados, lo procedente es revocar el acuerdo recurrido de **********, a fin de que, de no existir motivo de improcedencia manifiesto e indudable, se admita a trámite la demanda de amparo, en términos del artículo 103 de la ley de la materia, sin perjuicio de sobreseer en el juicio si el estudio propio de la sentencia dictada en la audiencia constitucional así lo impone legalmente.

Sirve de sustento, la jurisprudencia 2a./J. 73/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 901 del Libro 9, Tomo II, agosto de 2014, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de agosto de 2014 a las 8:05 horas», que ordena:

"RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO. DE SER FUNDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO A EFECTO DE QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA ADMISIÓN Y, EN SU CASO, SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR. El artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo establece que procede el recurso de queja en amparo indirecto contra las reso

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26754-63f79889/auto-inicial-de-tramite-de-la-demanda-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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