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Modo: Corpus Pro

QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE DECLARAR INOPERANTES LOS AGRAVIOS ENCAMINADOS A DEMOSTRAR QUE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE TIENE ESE CARÁCTER PARA EFECTOS DEL JUICIO, SI NO EXISTE JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE ESTABLEZCA LO CONTRARIO [APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 54/2012 (10a.) Y PC.III.L. J/5 L (10a.)].

Tipo de asunto: QUEJA 50/2015. · Registro digital (IUS): 26757
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2016-10-28
Promovente: GONZALO JULIÁN ROSA HERNÁNDEZ.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV, Pág. 2629.

QUEJA 50/2015. GONZALO JULIÁN ROSA HERNÁNDEZ. 19 DE MARZO DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JUAN JOSÉ ROSALES SÁNCHEZ. SECRETARIA: KARLA LIZET ROSALES MÁRQUEZ.

CONSIDERANDO:

SEXTO.-Uno de los agravios es fundado.

En el primer agravio, el recurrente expone, medularmente, las razones por las que estima que es ilegal el desechamiento de la demanda, con motivo de que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que, para desechar una demanda de amparo es necesario que el motivo de improcedencia se actualice de forma manifiesta e indudable, es decir, que de manera clara y patente así se advierta y se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, en caso contrario, no debería desecharse una demanda de juicio de protección de derechos fundamentales porque, de hacerlo así, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio contra un acto que le causa perjuicio; por tanto, debía seguirse con el proceso y, en su momento, estudiar debidamente lo planteado.

Asimismo, el recurrente precisó que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que en el acuerdo inicial no era la actuación oportuna para analizar si el acto reclamado provenía de una autoridad para efectos del juicio de amparo, toda vez que en esa etapa no era evidente, claro y fehaciente el supuesto, habida cuenta que sólo existían las alegaciones contenidas en la demanda y los anexos que a ella se acompañaran y, para estimar que se actualizaba la causal de improcedencia de que se trata, se requería un análisis profundo que es propio de la sentencia definitiva, pero que, en el caso el Juez de Distrito desarrolló un estudio y análisis profundo para demostrar que se actualizaban las causales de improcedencia previstas en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en concordancia con los numerales 107, fracción I, inciso d), constitucional y 5o., fracción II, de la citada ley y, por ende, que el juicio de amparo era improcedente, basándose en cuestiones jurídicas que debían ser resueltas en la sentencia que se dictara en el juicio, no en el auto inicial.

Por tanto, resultaba evidente que tales causales de improcedencia no eran notorias, manifiestas e indudables; de ahí que no procedía el desechamiento de la demanda.

Tales planteamientos, como se adelantó, son fundados, dado que, como lo alega el disidente, existe criterio jurisprudencial obligatorio en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, emitido por el Alto Tribunal, donde determinó que el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del amparo.

En esas condiciones, si bien no es posible analizar en esta instancia revisora, el aspecto relativo a si la autoridad señalada como responsable en la demanda de garantías tiene tal carácter para efectos del amparo, pues, precisamente, tal análisis no es propio del auto inicial que se revisa y, por lo mismo, tampoco de la resolución de queja que se promueve en su contra, lo cierto es que no procede declarar la inoperancia de los agravios con los que se pretende demostrar que el acto reclamado proviene de una autoridad, ya que, precisamente, la imposibilidad de ese análisis desde la etapa inicial del juicio de garantías, es lo que conduce a determinar la ilegalidad del auto inicial recurrido.

En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 297/2011 determinó, medularmente, que el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo; criterio que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, Tomo 2, julio de 2012, página 929, de rubro y texto siguientes:

"AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos."

De conformidad con la tesis jurisprudencial transcrita, en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda, y las pruebas que se acompañen a ésta.

Y, por tanto, el Juez Federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo, bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos.

Ahora bien, tal criterio del Alto Tribunal es aplicable al caso, pues si bien interpreta la Ley de Amparo abrogada, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, lo cierto es que las consideraciones que le dan sustento también encuentran fundamento en la Ley de Amparo en vigor.

En efecto, el artículo 116 de la Ley de Amparo abrogada, que se analiza en la contradicción de tesis de mérito, establecía:

"Artículo 116. La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán:

"...

"III. La autoridad o autoridades responsables; el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación, cuando se trate de amparos contra leyes."

Por su parte, el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, aplicable al caso concreto en términos de los artículos primero y tercero transitorios, en tanto la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a tal vigencia, señala que la demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará, entre otros, la autoridad o autoridades responsables.

El texto de dicho numeral es el que a continuación se reproduce:

"Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá de formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:

"...

"III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios."

En esas condiciones, el criterio jurisprudencial invocado es aplicable por analogía, pues la porción normativa que interpreta tiene correlación con el artículo 108, fracción III, de la legislación de la materia vigente, donde se reitera la disposición en el sentido de que la obligación del quejoso se colma al señalar la autoridad o autoridades responsables, sin necesidad de demostrar, desde la demanda inicial, el carácter de autoridad responsable para efectos del amparo.

Máxime que en la nueva legislación de amparo, en su artículo 5o., fracción II, se prevé que será autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.

Dicho precepto es del texto siguiente:

"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:

"...

"II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas."

En la especie, el quejoso señaló como actos reclamados, el acuerdo derivado de la sesión plenaria ordinaria celebrada el catorce de octubre de dos mil catorce, en el que la responsable resolvió que no contaba con atribuciones para proveer de conformidad con lo solicitado por el quejoso en el escrito de dos de octubre de dos mil catorce, en el sentido de declarar la existencia de sus derechos laborales y el reconocimiento a su favor, de la prerrogativa de percibir el pago de haber de retiro y salarios que le debían ser cubiertos con motivo de su nombramiento como Magistrado propietario de ese órgano jurisdiccional, del que fue separado el seis de octubre de dos mil catorce. Por tanto, si en la demanda de amparo se señaló como autoridad responsable al Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, en la medida en que, a decir del quejoso, fue quien emitió el acuerdo reclamado, el Juez de Distrito debió atender a esa manifestación, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento se llevara a efecto el análisis exhaustivo de los elementos materiales y jurídicos que se aporten en el juicio, con la finalidad de resolver si efectivamente los actos reclamados tenían el carácter de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo.

Lo anterior es así, porque, como se vio, en el proveído inicial del juicio de amparo indirecto no pueden llevarse a efecto análisis exhaustivos, por no ser ese momento el oportuno para esos fines, ya que en esa etapa procesal únicamente se pueden tomar en consideración los argumentos que se plasmen en el escrito inicial de demanda, y las pruebas que se acompañen a ésta.

Además, el artículo 109 de la Ley de Amparo, al establecer los requisitos de una demanda de amparo indirecto, no obliga a que el quejoso acredite que el acto que reclama tiene la naturaleza de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, y si en la demanda de amparo se cumple, en principio, con esa disposición, el Juez Federal no está facultado para agregar análisis que no estén establecidos en la ley.

De ahí que, de acuerdo al ordenamiento de la materia vigente, en relación con la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 54/2012 (10a.), se concluye que el Juez Federal, en el auto de trámite que se dicte con motivo de la presentación de una demanda de amparo indirecto, no puede llevar a cabo el análisis del acto reclamado, con el propósito de verificar si constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.

Se corrobora lo anterior, porque la facultad del juzgador para que resuelva desechar una demanda de amparo, se actualiza únicamente cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que constituye, sin duda, una excepción a la regla general, que es la procedencia del juicio de amparo como medio de control de los actos de autoridad que vulneren las garantías individuales que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que encuentra sustento en el hecho de que las causales de improcedencia deben probarse plenamente y no inferirse con base en presunciones, pues sólo por excepción, y en los casos que marca el artículo 73 de la Ley de Amparo, puede impedirse el acceso a dicho medio de control constitucional.

Lo anterior encuentra sustento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, que dispone:

"Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."

De la transcripción que antecede se desprende que el Juez Federal está facultado para desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; entendiéndose por "manifiesto", según lo que se observa en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro, seguro y evidente que es.

Sirve de sustento la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LIX, Segunda Parte, Núm. 9, febrero de 1939, página 2080, que señala:

"IMPROCEDENCIA EN AMPARO, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE.-El artículo 145 de la Ley de Amparo no establece en qué casos los Jueces de Distrito deben estimar que existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que amerite que la demanda sea desechada de plano, y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, interpretando dicho artículo, ha resuelto que por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe reputarse aquel que, de la simple lectura de la demanda, aparezca comprendido en alguno de los casos de improcedencia que señala el artículo 73 de la propia ley, o bien, cuando el amparo, también por la simple lectura de la demanda, no se encuentre comprendido en el artículo 114 de la misma ley. Ahora bien, si el tercero perjudicado alega que una demanda de amparo debió ser desechada de plano, en virtud de que el mismo Juez de Distrito que le dio entrada, desechó otra demanda de amparo, promovida por la misma parte agraviada, contra varios actos, entre los cuales estaba comprendido el que en la nueva demanda se reclama, se necesita tener a la vista esas demandas y conocer los motivos por los que fue desechada la segunda, para establecer la comparación respectiva y poder inferir que se trata de un caso análogo en el que legalmente había sido procedente que fuera desechada; por tanto, la queja debe declararse infundada."

En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que no requiere mayor demostración, toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones.

Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes.

De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen, y así considerarla probada, sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente, o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido.

Y es que no toda causa de improcedencia, por el solo hecho de estar prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, puede justificar que, al proveer sobre la demanda el Juez de Distrito la deseche de plano, pues no es en todos los casos un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías, en tanto que puede acreditarse durante el procedimiento del juicio de amparo y hasta la audiencia constitucional, mediante las pruebas que al efecto se aporten.

Estimar lo contrario implicaría dejar al promovente en estado de indefensión, dado que se le privaría de la oportunidad de allegar pruebas al juicio que justificaran dicho requisito de procedibilidad; consecuentemente, ante esta hipótesis debe admitirse la demanda de garantías, porque el motivo aparente que, en principio se advirtiera, aún no es claro y evidente como para desechar de plano la demanda de amparo, por ser susceptible de desvirtuarse durante el lapso procesal que culmina con la audiencia constitucional.

En esas condiciones, en la especie, la causal de improcedencia invocada por el juzgador no deriva de lo manifestado en la propia demanda o de las pruebas que se adjuntan a ella, sino del estudio e interpretación que llevó a cabo de la naturaleza de los actos reclamados; por lo que el motivo de improcedencia no es manifiesto e indudable, ya que no es evidente, claro y fehaciente, toda vez que, para determinar su actualización, se requiere de un análisis más profundo, propio de la sentencia definitiva; consecuentemente, el motivo de improcedencia aludido no reúne los requisitos formales necesarios que justifiquen el desechamiento de la demanda desde su inicio.

Las consideraciones anteriores encuentran fundamento, en lo esencial, en la tesis 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, julio de 2002, página 448, del tenor siguiente:

"DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.-El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por ‘manifiesto’ lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por ‘indudable’, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada."

No obsta para arribar a la determinación anterior, lo determinado en la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a.), del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 3 de octubre de 2014 a las 9:30 horas, ubicada en la publicación semanal «y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, Tomo II, octubre de 2014, página 1224», que precisa:

"AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento."

Ciertamente, en tal criterio jurisprudencial se reconoce que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; empero, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento.

Sin embargo, en el presente caso no se actualiza alguno de los supuestos de excepción de los que habla el criterio jurisprudencial invocado, pues no existe jurisprudencia obligatoria del tribunal, en el sentido de que la autoridad que en el caso precisa el quejoso como responsable, no tenga tal carácter para efectos del amparo.

En consecuencia, el agravio en estudio deviene fundado.

Consecuentemente, lo procedente es revocar el auto recurrido para que, de no existir motivo de improcedencia manifiesto e indudable, se admita a trámite la demanda de amparo, a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada, sin perjuicio de sobreseer en el juicio si el estudio propio de la sentencia dictada en la audiencia constitucional así lo impone legalmente.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), y 101 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.-Se declara fundado el recurso de queja.

Notifíquese; háganse las anotaciones relativas, remítase testimonio de esta resolución al Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, para los efectos legales correspondientes y, en su oportunidad, archívese el presente toca como asunto concluido.

Así lo resolvió el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados René Olvera Gamboa (presidente), Juan José Rosales Sánchez (ponente) y Jorge Héctor Cortés Ortiz.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26757-76c52385/queja-contra-el-auto-que-desecha-la-demanda · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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