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DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI SE RECLAMA VIOLACIÓN A LOS ARTÍCULOS 8o., 14 Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DENTRO O FUERA DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL, NO SE SURTE LA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE LA MATERIA PARA DESECHAR AQUÉLLA.

Tipo de asunto: QUEJA 84/2015. · Registro digital (IUS): 25900
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2015-10-16
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo IV, Pág. 3337.

QUEJA 84/2015. 18 DE JUNIO DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JESÚS DE ÁVILA HUERTA. SECRETARIO: RICARDO ORTEGA SERRANO.

CONSIDERANDO:

DÉCIMO.-Análisis de los agravios.

Primeramente debe decirse que toda vez que el quejoso es la parte obrera, es susceptible de suplir la deficiencia de la queja en su favor, en términos de lo previsto por la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo, en concordancia con la jurisprudencia 2a./J. 39/95, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS."

En suplencia de la deficiencia de la queja en favor de la parte recurrente, este órgano colegiado concluye que fue incorrecta la decisión adoptada por el Juez Federal al desechar la demanda, toda vez que no se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que invocó, porque el esclarecimiento de si el acto reclamado consistente en la dilación procesal y la omisión de emplazar a las partes de que se duele el quejoso sobrevenida en el juicio natural, constituyen actos omisivos de carácter intraprocesal que no generan una ejecución de imposible reparación de conformidad con lo previsto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, requieren sean verificados de manera exhaustiva, lo cual impide considerar que en la especie se advierta la improcedencia invocada por el juzgador de manera manifiesta e indudable.

Para así evidenciarlo primeramente debe tenerse presente que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido qué debe entenderse respecto de las expresiones "manifiesta" e "indudable", para efectos de la improcedencia de un juicio de amparo y en qué momento debe analizarse, ello en razón de que dichos aspectos son de utilidad para la solución del problema que se analiza.

Así, ha concluido dicha Sala que el acuerdo inicial no es la actuación oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, toda vez que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente el supuesto, habida cuenta que sólo existen las alegaciones contenidas en la demanda y los anexos que a ella se acompañen y para estimar que se actualiza la causal de improcedencia de que se trate, se requiere un análisis profundo que es propio de la sentencia definitiva.

El criterio de que se trata se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, Tomo 2, julio de 2012, página 929, que refiere:

"AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.-En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos."

Para una mayor claridad a continuación se reproduce parcialmente la ejecutoria emitida al resolver la contradicción de tesis 297/2011, de donde deriva tal jurisprudencia:

"...Por tanto, el análisis que se realizará en esta contienda será, en primer término, determinar si el Juez Federal en el auto de trámite que se dicte con motivo de la presentación de una demanda de amparo indirecto, puede realizar el análisis del acto reclamado, con el propósito de verificar si constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo.

"El artículo 116, fracción III, de la Ley de Amparo establece:

"‘Artículo 116. La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán:

"‘(Reformada, D.O.F. 5 de enero de 1988) (Republicada, D.O.F. 11 de enero de 1988 y D.O.F. 1 de febrero de 1988)

"‘III. La autoridad o autoridades responsables; el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación, cuando se trate de amparos contra leyes.’

"De lo transcrito deriva que la ley de la materia establece como obligación del gobernado que, al presentar una demanda de amparo, debe señalar a las autoridades encargadas de los órganos de los Estados cuando se trate de amparos contra leyes.

"Así, en los asuntos de los que deriva esta contienda en que se actúa, las quejosas señalaron como responsable del acto reclamado al secretario de Hacienda y Crédito Público, acto que se hizo consistir en el acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, y modifica disposiciones complementarias a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica de diecinueve de enero de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno del mismo mes y año.

"El acuerdo en mención constituye un acto materialmente legislativo, ya que se trata de una disposición de observancia general, porque reúne las características de una ley, como son la generalidad, abstracción y obligatoriedad que amerita el tratamiento de un amparo contra leyes, y porque se emitió con fundamento en los artículos 31, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 15, fracción V, de la Ley de Planeación y 12, 30, 31 y 32 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

"De tal suerte que ese juicio de amparo tiene las características de un amparo contra leyes, a través del cual se aspiró, a fin de combatir la pretendida inconstitucionalidad del acuerdo citado, en mérito, según las quejosas, del primer acto de aplicación.

"Por tanto, si en la demanda de amparo se señaló como autoridad responsable al secretario de Hacienda y Crédito Público, en la medida en que expidió el acuerdo reclamado, el Juez de Distrito debe atender a esa manifestación, sin perjuicio de que, en el transcurso del procedimiento, lleve a efecto el análisis exhaustivo de los elementos materiales y jurídicos que se aporten en el juicio, con la finalidad de resolver si el acto que reclamó tiene el carácter de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo.

"Lo anterior es así, porque en el proveído inicial del juicio de amparo indirecto no pueden llevarse a efecto análisis exhaustivos, por no ser ese momento el oportuno para esos fines, ya que en esa etapa procesal únicamente se pueden tomar en consideración los argumentos que se plasmen en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta.

"Además de que el artículo 116 de la Ley de Amparo, al establecer los requisitos de una demanda de amparo indirecto, no obliga a que el quejoso acredite que el acto que reclama tiene la naturaleza de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sólo conmina a que se señale al titular que expidió la ley general que, en el caso, se trata, como se dijo, de una disposición general expedida por el secretario de Hacienda y Crédito Público, y si en la demanda de amparo se cumple, en principio, con esa disposición, el Juez Federal no está facultado para agregar análisis que no están establecidos en la ley.

"De allí que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considere que el Juez Federal, en el auto de trámite que se dicte con motivo de la presentación de una demanda de amparo indirecto, no puede llevar a cabo el análisis del acto reclamado, con el propósito de verificar si constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo.

"Consecuencia de lo anterior es que, en la especie, no se está en el caso de desechar la demanda de amparo indirecto, por estimar que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que se recoge del contenido de los artículos 1o., 73, fracción XVIII y 145 de la Ley de Amparo.

"Así es, el punto de inicio de análisis en este apartado debe llevarse a cabo partiendo de la capacidad del juzgador para que resuelva desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que constituye, sin duda, una excepción a la regla general, que es la procedencia del juicio de amparo como medio de control de los actos de autoridad, que vulneren las garantías individuales que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que este Alto Tribunal ha sostenido el criterio jurisprudencial de que las causales de improcedencia deben probarse plenamente y no inferirse a base de presunciones, pues sólo por excepción, en los precisos casos que marca el artículo 73 de la Ley de Amparo, puede impedirse el acceso a dicho medio de control constitucional y, por lo tanto, de más enérgica aplicación es lo dispuesto en el artículo 145 del citado ordenamiento legal, para desechar de plano una demanda.

"Sustenta jurídicamente el anterior aserto la siguiente jurisprudencia:

"‘Séptima Época

"‘Instancia: Segunda Sala

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"‘Tomo: 84, Tercera Parte

"‘Página: 35

"‘IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN PRESUNCIONES.-Las causales de improcedencia en el juicio constitucional deben estar plenamente demostradas y no inferirse a base de presunciones.’

"El artículo 145 de la Ley de Amparo establece:

"‘Artículo 145. El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado.’

"De la transcripción que antecede se desprende que el Juez Federal está facultado para desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; entendiéndose por manifiesto, según lo que se observa en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por ‘indudable’, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es.

"En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesta e indudable es aquel que no requiere mayor demostración, toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones.

"Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes.

"De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen, y así considerarla probada, sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido.

"Así es, la justa interpretación del artículo 145 de la Ley de Amparo es que los términos de la propia demanda acrediten un motivo notorio de improcedencia o, como dice el propio artículo, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como, por ejemplo, el caso de extemporaneidad de la demanda si la promoción del juicio de garantías se realiza después del término fijado por la ley, cuando en la propia demanda se expresa por el agraviado la fecha en que se le notificó la resolución o acuerdo que reclama o aquella desde la que haya tenido conocimiento de los hechos que estima violatorios de garantías o de su ejecución, o que se hubiese ostentado sabedor de ellos; o de manera más contundente, cuando se reclamen actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como los acuerdos administrativos o resoluciones jurisdiccionales; o las sentencias dictadas en los juicios de amparo, o alguna otra en que no quepa duda alguna de que existe la improcedencia pues, de lo contrario, la demanda debe ser admitida.

"Y es que no toda causa de improcedencia, por el solo hecho de estar prevista en el artículo 73 de la Ley de Amparo, puede justificar que, al proveer sobre la demanda el Juez de Distrito, la deseche de plano, con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo, como es el caso de la prevista en la fracción VI de aquel numeral, esto es, la falta de interés jurídico, pues no es en todos los casos un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías, en tanto que puede acreditarse durante el procedimiento del juicio de amparo y hasta la audiencia constitucional, mediante las pruebas que al efecto se aporten.

"Estimar lo contrario implicaría dejar al promovente en estado de indefensión, dado que a priori se le privaría de la oportunidad de allegar pruebas al juicio que justificaran dicho requisito de procedibilidad; consecuentemente, ante esta hipótesis debe admitirse la demanda de garantías, porque el motivo aparente que, en principio se advirtiera, aún no es claro y evidente como para desechar de plano la demanda de amparo, por ser susceptible de desvirtuarse durante el lapso procesal que culmina con la audiencia constitucional.

"Así las cosas, resulta adecuado poner de relieve que, de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener incertidumbre de su actualización, no debe ser desechada la demanda, sino que, atendiendo a que, por regla general, debe estimarse procedente el juicio de garantías, se debe admitir pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que, considere, le ocasiona perjuicio.

"Consecuentemente, debe admitirse a trámite la demanda de amparo, a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada, sin perjuicio de sobreseer en el juicio si el estudio propio de la sentencia dictada en la audiencia constitucional así lo impone legalmente.

"Las consideraciones anteriores encuentran fundamento, en lo esencial, en los siguientes criterios:

"‘Novena Época

"‘Instancia: Segunda Sala

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"‘Tomo: XVI, julio de 2002

"‘Tesis: 2a. LXXI/2002

"‘Página: 448

"‘DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.-El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por «manifiesto» lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por «indudable», que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.’

"‘Novena Época

"‘Instancia: Segunda Sala

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"‘Tomo: XVI, diciembre de 2002

"‘Tesis: 2a./J. 128/2002

"‘Página: 235

"‘AMPARO CONTRA LEYES HETEROAPLICATIVAS. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES EJECUTORAS NO HUBIEREN APLICADO LA NORMA COMBATIDA, NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA INTERPUESTA EN CONTRA DE LOS ACTOS DE EJECUCIÓN QUE SE LES IMPUTEN.-Para efectos de la procedencia del juicio de amparo contra normas heteroaplicativas, el gobernado debe impugnar su primer acto concreto de aplicación, el cual, de acuerdo con diversos criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede tener origen, por regla general, en tres formas: Por la actuación de la autoridad que por disposición de la ley es la encargada de su aplicación; por la actuación del propio agraviado que por exigencia de la ley se coloca por sí mismo en los supuestos previstos en la norma; y, por parte de un particular en su carácter de tercero que actúa por mandato de la ley. Luego, si bien es cierto que cuando el quejoso se autoaplica una disposición que a la postre reclamará por inconstitucional o cuando es un tercero auxiliar de la administración pública el que realiza la aplicación de una norma en perjuicio del gobernado que la considera inconstitucional, no hay actos de las autoridades encargadas de la ejecución de ésta que hayan requerido su cumplimiento, esa circunstancia no implica que exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia para desechar la demanda de amparo interpuesta en contra de los actos de ejecución que se imputen a dichas autoridades, toda vez que la posibilidad de reclamar los actos de ejecución de una ley no se finca en el hecho de que haya sido la autoridad la que hubiere aplicado la disposición de que se trate en perjuicio del quejoso, sino en la intervención que hubiere tenido o pudiera tener para hacer cumplir la disposición que se estima inconstitucional, lo cual puede advertirse de las pruebas y de los informes que al efecto se rindan en el procedimiento respectivo. Estimar lo contrario implicaría dejar al promovente en estado de indefensión, en tanto que a priori se le priva de la oportunidad de allegar los elementos de convicción que justifiquen la ejecución que lleva a cabo la autoridad ejecutora de la ley impugnada, por el solo hecho de no haber sido la que realizó el acto de aplicación del precepto reclamado.’

"‘Quinta Época

"‘Instancia: Primera Sala

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"‘Tomo: LIX

"‘Página: 2080

"‘IMPROCEDENCIA EN AMPARO, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE.-El artículo 145 de la Ley de Amparo no establece en qué casos los Jueces de Distrito deben estimar que existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que amerite que la demanda sea desechada de plano, y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, interpretando dicho artículo, ha resuelto que por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe reputarse aquel que, de la simple lectura de la demanda, aparezca comprendido en alguno de los casos de improcedencia que señala el artículo 73 de la propia ley, o bien, cuando el amparo, también por la simple lectura de la demanda, no se encuentre comprendido en el artículo 114 de la misma ley. Ahora bien, si el tercero perjudicado alega que una demanda de amparo debió ser desechada de plano, en virtud de que el mismo Juez de Distrito que le dio entrada, desechó otra demanda de amparo, promovida por la misma parte agraviada, contra varios actos, entre los cuales estaba comprendido el que en la nueva demanda se reclama, se necesita tener a la vista esas demandas y conocer los motivos por los que fue desechada la segunda, para establecer la comparación respectiva y poder inferir que se trata de un caso análogo en el que legalmente había sido procedente que fuera desechada; por tanto, la queja debe declararse infundada.’

"Pone de manifiesto la no actualización del motivo ‘manifiesto e indudable’ de improcedencia, la circunstancia de que los Tribunales Colegiados Segundo y Cuarto en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al confirmar los autos desechatorios que se sometieron a su jurisdicción, respectivamente, para justificar la legalidad de los autos, extendieron los argumentos que externó el Juez Federal para desechar la demanda de amparo.

"Lo que significa que la improcedencia no derive de lo manifestado en la propia demanda o de las pruebas que se adjunten a ella, sino del estudio e interpretación que llevaron a cabo los citados órganos jurisdiccionales; por lo que el motivo de improcedencia no es manifiesto e indudable, ya que no es evidente, claro y fehaciente, toda vez que, para determinar su actualización, se requirió de un análisis más profundo, propio de la sentencia definitiva; consecuentemente, los motivos de improcedencia aludidos no reúnen los requisitos formales necesarios que justifiquen el desechamiento de la demanda desde su inicio y, por ende, en casos como el que se analiza, se debe admitir a trámite..."

Esta jurisprudencia es compatible con el actual artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone:

"Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."

Cierto, tanto el artículo 145 de la Ley de Amparo abrogada, como el actual artículo 113, son coincidentes en el sentido de que la causa de improcedencia debe ser notoria y manifiesta, como presupuesto para desechar la demanda de amparo.

Para ello puede acudirse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, pero no basarse en meras presunciones, dado que su demostración debe ser plena, fehaciente y ajena a dudas.

Lo anterior es así, porque el concepto de motivo "manifiesto" e "indudable" de improcedencia, implica aquellas circunstancias que, sin ulterior comprobación o demostración, surgen a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo y que, por el contrario, cuando una demanda de garantías aparentemente no ostenta un vicio de ese orden, es decir, que las causas que pueden afectar su ejercicio no son evidentes por sí solas para el juzgador, el acto procesal que a ella debe recaer es lógicamente el auto de admisión, a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada, sin perjuicio de que después se dicte el sobreseimiento que corresponda, si del resultado del estudio respectivo apareciere realmente la existencia de alguna causa de improcedencia.

Por lo tanto, cuando la improcedencia de la acción constitucional no es patente y clara, ese aspecto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa y permitirle la oportunidad de aportar ante el juzgador federal los elementos de convicción que justifiquen, en su caso, la procedencia del juicio.

Así las cosas, la recta interpretación del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, exige que la improcedencia del juicio biinstancial tenga como apoyo que, desde un plano objetivo, el órgano de control constitucional cuente con información suficiente para advertirla de manera irrefutable y clara desde la promoción del citado juicio, de tal manera que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes.

En este punto es oportuno precisar que si bien la jurisprudencia de la que se ha hecho referencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó una causa de improcedencia del juicio de amparo distinta a la que es materia de estudio en el presente asunto, también es cierto que las razones contenidas en la ejecutoria destacada cobran aplicación por analogía en el caso, en tanto que, como se destacó con antelación, la causa de inejercitabilidad invocada por el a quo federal, no puede estimarse como manifiesta e indudable.

En ese cometido, debe decirse que no toda causa de improcedencia por el solo hecho de estar prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo puede justificar que al proveer sobre la demanda el Juez de Distrito la deseche de plano con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, como es el caso de la prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la propia legislación y que relacionó el a quo con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la expresada legislación, ya que las características específicas del asunto de que se trata denotan que el órgano de amparo en la etapa inicial del juicio biinstancial no podía tener una absoluta seguridad o indudable certeza de que fuera improcedente, como se explica a continuación.

En el caso, el Juez de Distrito al emitir el auto impugnado, en esencia consideró (fojas 7 a 13 del presente toca):

- Que el juicio de amparo indirecto era improcedente porque el acto reclamado consistió en la dilación procesal y la omisión de emplazar a las partes dentro del procedimiento judicial, el cual constituía un acto omisivo de carácter intraprocesal, que no genera una ejecución de imposible reparación, de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo.

- Ello en razón de que, dijo, las consecuencias de dicho acto no afectaban directamente alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que los artículos 14 y 17 de la Carta Magna regulan el debido proceso y el derecho de acción; razón por la cual, en los procedimientos ventilados ante órganos jurisdiccionales y los seguidos en forma de juicio, incluso ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, las violaciones por omisión o dilaciones del procedimiento no pueden ser reclamadas de manera autónoma, en atención a lo cual, no se verifica el supuesto normativo contenido en el artículo 107 de la Ley de Amparo, ya que en caso de existir el agravio alegado, no trasciende a los derechos sustantivos del quejoso. Apoyó tales consideraciones, entre otras, en las jurisprudencias 1a./J. 8/2015 (10a.) y 1a./J. 7/2015 (10a.), sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los títulos y subtítulos: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA)." y "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA."

Ahora bien, para evidenciar el incorrecto proceder del a quo, es pertinente traer a colación las consideraciones que tuvo la aludida Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 130/2014, las cuales, en lo que interesa, son del tenor siguiente:

"...

"Con base en lo anterior, queda acreditada la existencia de la contradicción de tesis, pues los tribunales llegaron a conclusiones distintas, a partir de una interpretación que realizaron del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la respuesta que deben de dar las autoridades, cuando la petición se formula dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; situación que conlleva, de igual forma, a determinar si la transgresión a dicho artículo hace procedente el juicio de amparo indirecto.

"Respecto del tercer requisito, relacionado con el surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción, debe decirse que los puntos de vista de los órganos reflejan contradicción en sus consideraciones y razonamientos, lo cual puede dar lugar a la formulación de las siguientes preguntas:

"• ¿Puede reclamarse de manera autónoma la violación al artículo 8o. constitucional, cuando el particular se encuentra dentro de un proc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25900-216aee0e/demanda-de-amparo-indirecto-si-se-reclama-violacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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