AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 130/2014. SUSCITADA ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO, Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 21 DE ENERO DE 2015. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: RICARDO ANTONIO SILVA DÍAZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal, aplicado en términos del criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis I/2012 (10a.) de rubro y texto:
"Décima Época
"Registro: 2000331
"Instancia: Pleno
"Tesis: aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012
"Materia: común
"Tesis: P. I/2012 (10a.)
"Página: 9
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el Texto Constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito.
"Contradicción de tesis 259/2009. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 11 de octubre de 2011. Mayoría de diez votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga María Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Rosalía Argumosa López y Rafael Coello Cetina.
"Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, porque no resuelve el tema de la contradicción planteada.
"El Tribunal Pleno, el veintisiete de febrero en curso, aprobó, con el número I/2012 (10a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de febrero de dos mil doce."
Así como en el artículo 226, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de diverso circuito, en un tema que no amerita la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO. Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues en el caso, fue realizada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexo Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, poder establecer el criterio que debe predominar, se estima conveniente precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones y argumentaciones en que se basaron los Tribunales Colegiados de Circuito al emitirlos.(1)
1. Amparo en revisión 60/2014, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito
Origen. La entonces parte quejosa promovió juicio de amparo contra un acuerdo emitido dentro del exhorto 3084/2012, mediante el cual, la autoridad responsable en respuesta a la petición de la quejosa en relación a que se suspendiera la diligencia encomendada, tuvo por hechas sus manifestaciones para que fueran tomadas en consideración por el órgano exhortante, sin dar una respuesta en términos de lo que dispone el artículo 8o. constitucional; asimismo, ordenó desahogar la diligencia encomendada.
Una vez sustanciado el juicio, la Juez de Distrito, por un lado, al precisar los actos consideró que el acto reclamado no se traducía en una violación al derecho de petición, sino en una transgresión a lo previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues tiene un origen en un procedimiento judicial en el cual deben cumplirse las formalidades esenciales al procedimiento aplicables, lo que se traduce en una regulación distinta al derecho de petición en donde se debe obtener una respuesta en forma independiente al procedimiento judicial; por otro lado, sobreseyó en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracciones II y III, todos de la Ley de Amparo, al considerar que la vía indirecta resulta improcedente en contra de actos dictados en etapa de ejecución.
En contra de tal determinación, la quejosa interpuso recurso de revisión, cuyas consideraciones establecen la materia del criterio ahora analizado.
Criterio. En lo que al tema interesa, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el recurso de revisión, en primer término consideró que la sentencia era incongruente, pues por un lado, en la precisión de actos se determinó que no se transgredía el artículo 8o. constitucional (cuestión que atañe al fondo del asunto) y, por otro lado, en un considerando posterior sobreseyó en el juicio de amparo. Por ese motivo, corrigió la incongruencia, con la finalidad de proceder al estudio de los agravios, primero en contra del sobreseimiento y, posteriormente, en contra de las razones de fondo de la sentencia, para lo cual sostuvo lo siguiente:
"SÉPTIMO. Entonces, en debida congruencia se analizarán en primer lugar los agravios enumerados como cuatro y cinco, los que resultan esencialmente fundados.
"En efecto, sostiene la recurrente que la Jueza de Distrito al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con las fracciones II y III del diverso 114 de la Ley de Amparo anterior, no tomó en cuenta:
"1. La naturaleza del acto reclamado, pues señaló como tal un acuerdo en el que, según el parecer del quejoso, se violó el derecho de petición, ya que la autoridad responsable fue omisa en dar respuesta a lo efectivamente solicitado, por lo que la naturaleza del acto reclamado es totalmente distinta a las cuestiones que asimiló la juzgadora; y
"2. Es evidente, por tanto, que el acto reclamado es ajeno al procedimiento de remate, por lo que no debe estarse a la espera de la última resolución que se dicte en esa fase.
"Tiene razón el disconforme, ya que efectivamente la Jueza Federal inadvirtió que en la especie el acto se reclamó por contravenir directamente un precepto constitucional -artículo 8o. constitucional-, pues a consideración de la quejosa la autoridad responsable no contestó la petición que le realizó para que suspendiera la diligenciación del exhorto 3084/2012, enviado por el Juez Cuadragésimo Noveno con sede en México, Distrito Federal, a fin de que practicara una diligencia de actualización de avalúos en los bienes embargados a la aquí recurrente dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 555/2004, del índice del Juez exhortante.
"Consecuentemente no puede encuadrar ese acto en una violación intermedia como así lo determinó la Juez del amparo, sino que se trata de una violación directa a un precepto constitucional (artículo 8o.); de ahí que por ende, no se actualice la causa de improcedencia citada por la Juez de Distrito, porque partió de una premisa errónea para tenerla por demostrada.
"Por tales razones, debe levantarse el sobreseimiento al no actualizarse la causa de improcedencia determinada por la Jueza Federal, y analizar ahora las razones que llevaron a esa funcionaria a desestimar los conceptos de violación propuestos por el quejoso, las que se hicieron consistir en:
"I. El acto reclamado no se traduce en una violación al derecho de petición como lo planteó la demandante de garantías al referir que no se le contestó su petición.
"II. La quejosa pretende que en vía de amparo se obligue a la autoridad responsable a que se le conteste.
"III. La imposición del acto reclamado ponía en evidencia que la responsable sí se manifestó en relación con la petición que se le dirigió, pero no como lo quería la quejosa.
"IV. Por ello el acto en reclamo constituía una transgresión directa (sic) a las garantías de legalidad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales y no a la garantía de derecho de petición del diverso 8o. de la propia Carta Magna.
"V. El actor reclamado tiene su origen en un procedimiento judicial donde la autoridad debe circunscribir su actuación a las formalidades esenciales del procedimiento o sustantivas aplicables, que es una garantía individual distinta a la regulación general relacionada con el derecho de petición, en donde se debe obtener una respuesta en forma independiente al procedimiento judicial.
"...
"Por su parte, la quejosa para refutar esas consideraciones argumenta que:
"a) Es inexacto que la responsable se hubiera manifestado en relación con la petición que le dirigió, pues evadió toda respuesta formal y válida, ya que sólo refirió que se tenía por hecha la manifestación formulada de su parte para que fuera tomada en consideración por el Juez exhortante; por lo que es evidente que no se le dio respuesta porque se señaló que otro Juez (el exhortante) es el que tendría que responder su petición.
"b) Si bien es cierto el acto reclamado emana de un procedimiento judicial, las autoridades están obligadas a que a toda promoción en que se formule una petición debe darse respuesta y si se omite hacerlo, ello se traduce en una violación al derecho de petición, pues esa omisión no sólo se aparta de toda formalidad de las contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, sino además, se desvincula de la función jurisdiccional que en el procedimiento tiene la autoridad como órgano rector de éste; de ahí que deba dar respuesta a lo que se le peticione y si no lo hace, su proceder encuadra en violación al artículo 8o. constitucional.
"c) Culmina señalando que contrariamente a lo determinado por la Jueza de Distrito, en los procedimientos jurisdiccionales sí se puede dar el caso de violación al derecho de petición.
"Por razón de técnica jurídica se analizará en primer lugar el agravio relativo a que en los procedimientos jurisdiccionales sí puede acontecer que los juzgadores violen el derecho de petición contenido en el artículo 8o. constitucional, el que es sustancialmente fundado.
"Efectivamente, el precepto en cita dice: (se transcribe)
"Como puede verse del precepto transcrito, el derecho de petición implica la obligación que tiene la autoridad de dictar el acuerdo correspondiente a la solicitud elevada y darlo a conocer en breve término al solicitante, es decir, lo que pretende la garantía constitucional es el derecho para los particulares de obtener respuesta a sus peticiones en breve término.
"Tal derecho de petición, sólo tiene correlación frente a las autoridades, esto es, en las relaciones entre ciudadanos y gobernantes.
"Se refiere también no sólo al resultado final de las peticiones formuladas, sino además a los trámites que se vayan cumpliendo en los casos en que la ley requiera la sustanciación de un procedimiento.
"Sobre el particular es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 50, del Tomo XI, junio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"‘PETICIÓN, DERECHO DE. CUÁNDO SE CUMPLE CON LA GARANTÍA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 8o. DE LA CARTA MAGNA.’ (se transcribe)
"Igualmente, cobra aplicación la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 207, del Tomo V, Primera Parte, enero-junio de 1990, materia constitucional, Octava Época, de rubro y texto siguientes:
"‘INDUSTRIA FARMACÉUTICA. EL ARTÍCULO 8o. DEL DECRETO DE FOMENTO Y REGULACIÓN (DIARIO OFICIAL DE 23 DE FEBRERO DE 1984) NO VIOLA EL DERECHO DE PETICIÓN.’ (se transcribe)
"Ahora bien, si como ya se puntualizó, el propio artículo 8o. constitucional exige que para cumplir con la garantía del derecho de petición se requiere, además de que la autoridad dé respuesta a lo solicitado, ello lo haga en breve término, sin distinguir la clase de autoridades, no se puede establecer legalmente la exclusión de las de índole jurisdiccional, pues si el legislador no lo hizo fue porque estimó que éstas también pueden incurrir en violación a esa garantía, como de hecho ocurre.
"Efectivamente, no se soslaya el hecho de que el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, establece específicamente la garantía de acceso a la justicia, según la cual, los particulares deben observar los requisitos, forma y procedimientos que establezcan las leyes, para obtener un pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional que resuelva las pretensiones.
"Sin embargo, cuando no se contesta alguna petición hecha valer dentro de esos procedimientos, esa falta de respuesta vulnera la garantía del derecho de petición contemplado en el artículo 8o. constitucional y no la diversa de tutela al acceso a la justicia prevista por el 17 de la propia Carta Magna, que impone el deber de las autoridades jurisdiccionales de dictar sus resoluciones en los plazos y términos que fijan las leyes, esto es, de manera pronta, o sea sin dilaciones.
"Dicho de otra manera, no es lo mismo la falta de respuesta a una solicitud (derecho de petición), que la obtención de esa respuesta de manera pronta y congruente (plenitud y expeditez en la administración de justicia).
"Pero además, de estimarse que como en los procedimientos jurisdiccionales, el particular tiene a su alcance los recursos o medios ordinarios para reparar esa violación, como se ha sostenido por algunos Tribunales Colegiados en las tesis que más adelante se detallarán y que por ello, refieren, no encuadra la violación en el artículo 8o. de la Constitución, sino en el diverso 17 de la misma, no se comparte esa idea, porque amén de que no puede existir recurso o medio de defensa contra la nada -que lo es la omisión de respuesta- no debe perderse de vista que aquéllos proceden contra determinaciones y no contra omisiones. Más aún, soslayando lo anterior, de todas suertes ya no se cumpliría con la obligación de respuesta en breve término como lo prevé tajantemente el multicitado artículo 8o. de la Constitución General de la República, pues la tramitación de recursos y medios de defensa conlleva ciertas formalidades que no pueden inobservarse y hay un tiempo determinado para que se resuelvan.
"De ahí que, se reitera, en los procedimientos jurisdiccionales sí puede darse el caso de violación al derecho de petición, por lo que no se comparte la(s) tesis invocada(s) por la Jueza de Distrito." (se transcriben)
2. Amparo en revisión 131/2009, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito
Origen. Se promovió juicio de amparo indirecto señalando como autoridad responsable al Juez Cuarto de Primera Instancia Civil del Estado de Querétaro, al cual se le atribuyó violación al derecho de petición, puesto que mediante un escrito se hizo valer su oposición a la ejecución de la sentencia dictada por la responsable en un juicio reivindicatorio.
El Juez de Distrito, al dictar la sentencia, en el considerando segundo, en suplencia del error determinó que de la demanda de amparo se advertía que la quejosa aducía violación a lo previsto por el artículo 17 constitucional, no obstante en su demanda de amparo haya citado el diverso 8o., ya que el acto reclamado provenía de una autoridad jurisdiccional.
Luego, decretó el sobreseimiento en el juicio con fundamento en lo previsto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo; ya que de constancias de autos advirtió que no era cierto el acto reclamado, toda vez que al escrito presentado ante la autoridad responsable, recayó el acuerdo de fecha tres de marzo de dos mil nueve; por tanto, previamente a la presentación de la demanda de amparo, ya se había emitido el acuerdo de contestación correspondiente.
En contra de tal determinación se interpuso el recurso de revisión, en el cual el Tribunal Colegiado del conocimiento resolvió el criterio contendiente que se precisa a continuación.
Criterio. En lo que interesa, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, sostuvo lo siguiente:
"QUINTO. Los agravios formulados por las recurrentes, resultan ineficaces.
"...
"Los agravios sintetizados deben ser desestimados.
"Al formular sus motivos de inconformidad, las quejosas se basan e insisten en que el Juez responsable, vulneró su derecho de petición, previsto en el artículo 8o. constitucional.
"Sin embargo, este tribunal no comparte dicha apreciación inicial, pues se estima que el derecho a recibir una respuesta dentro de un procedimiento judicial, adquiere características especiales, distintas de las que se presentan cuando el ciudadano acude ante cualquier otra autoridad.
"El artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: (se transcribe)
"Del análisis e interpretación del precepto constitucional que consagra el derecho público subjetivo de petición, se desprende que todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante las autoridades, formulando una petición escrita, de manera pacífica y respetuosa. Ante esa petición que el gobernado presente, el Estado y sus autoridades, tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud.
"Así pues, la garantía consagrada en el artículo 8o. constitucional, se refiere de manera general, al derecho que tienen los gobernados de recibir una respuesta de la autoridad a la que dirigieron su petición.
"Por otra parte, el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, señala: (se transcribe)
"Este numeral, garantiza de manera específica en favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de promover la actividad jurisdiccional, para que una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas; dejando al legislador ordinario la posibilidad de establecer los plazos y términos conforme a los cuales se instrumentará esa garantía relacionada con la administración de justicia.
"Lo anterior revela, que la Constitución establece de manera específica, la garantía de acceso a la justicia en el artículo 17 constitucional, misma que es oponible frente a la actividad jurisdiccional del Estado, y según la cual, los particulares deben observar los requisitos, formas y procedimientos que establezcan las leyes, al momento en que decidan acudir ante los tribunales.
"Así pues, cuando un particular acude ante una instancia jurisdiccional con la finalidad de promover alguna acción, procedimiento o medio de defensa, y no encuentra respuesta, no puede estimarse vulnerada la garantía general consagrada en el artículo 8o. constitucional, sino el derecho de acción o de acceso a la justicia, pues estos últimos están especialmente identificados y distinguidos en la Constitución y tienen sustancia propia.
"Con la finalidad de garantizar el debido acceso a la justicia consagrado constitucionalmente, las leyes establecen medios ordinarios de defensa en contra de las acciones y omisiones en que incurra un órgano jurisdiccional; por ende, cuando los particulares presentan un escrito o promoción ante una autoridad judicial, la garantía que pudiera encontrarse en riesgo de ser vulnerada, es la especialmente relacionada con el derecho de acceso a la justicia, prevista en el artículo 17 constitucional, y no la general, previsto en el artículo 8o.
"Por tal motivo, el hecho de que en la sentencia se haya considerado que la garantía que pudo haber sido vulnerada en contra de las quejosas, es la prevista en el artículo 17 constitucional, no causa agravios a las recurrentes.
"...
"Ahora bien, no pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado, que en sus agravios, las quejosas alegaron de manera insistente, que el Juez Cuarto de Primera Instancia Civil de Querétaro, sí había vulnerado su derecho de petición, porque el acuerdo de 3 de marzo de 2009, emitido en respuesta a su escrito de oposición a la ejecución, no les fue notificado de manera personal, lo cual según dicen, impidió que conocieran dicho acuerdo con oportunidad para poder impugnarlo.
"Los referidos argumentos deben ser desestimados, pues parten de la premisa consistente en que el Juez responsable vulneró su derecho de petición; lo cual como ya se dijo, resulta inexacto, ya que en todo caso, la garantía que la autoridad jurisdiccional responsable pudo haber vulnerado, fue la de acceso a la justicia o debido proceso legal.
"Tomando en cuenta dicha distinción, este tribunal no puede atender los argumentos relacionados con la legalidad o ilegalidad del contenido del acuerdo del tres de marzo de dos mil nueve o de su notificación, ya que en todo caso, esos temas tienen que ver con posibles violaciones al debido acceso a la justicia o al debido proceso legal; derechos estos últimos que deben hacerse valer vía los medios ordinarios de defensa que proceden en contra de las acciones y omisiones en que incurra un órgano jurisdiccional.
"Esto es así, pues no sería jurídicamente admisible que un particular pueda eludir las reglas previamente establecidas para los procedimientos jurisdiccionales en que se encuentra inmerso, por el solo hecho de argumentar en una demanda de garantías violación al derecho de petición, obligando al Juez de amparo a analizar cualquier resolución emitida por la autoridad jurisdicción, junto con su notificación, ignorando los medios que el legislador puso al alcance de los particulares para combatir las acciones y omisiones de ese tipo de autoridades.
"Así pues, se coincide con el Juez de Distrito en el sentido de que al momento de la presentación de la demanda de garantías, la omisión atribuida a la autoridad responsable no existía, pues ya se había dictado un acuerdo que recayó al escrito de las quejosas y éste había sido notificado. Si las inconformes no se encuentran de acuerdo con dichas actuaciones, entonces deben acudir a impugnarlas en la vía que consideren procedente, pues la litis del presente juicio de amparo, sólo era determinar si existía o no la omisión atribuida a la responsable, y no analizar la legalidad de sus actuaciones (acuerdo de 3 de marzo de 2009 y notificación), mismas que no fueron señaladas como actos reclamados en la demanda de garantías.
"Cabe precisar que el Código de Procedimientos Civiles de la entidad, no sólo permite la posibilidad de que un tercero, aduciendo derecho propio, acuda al juicio a intentar excluir los derechos del actor y demandado (derecho que las quejosas hicieron valer); sino que también establece la posibilidad de promover recursos en contra de las actuaciones de las autoridades jurisdiccionales, tales como autos y notificaciones. ..."
3. Amparo directo 408/2006, del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito
Origen. El quejoso presentó demanda de amparo directo en contra de la sentencia de fecha veintisiete de septiembre de dos mil seis, que recayó al recurso de apelación 4393/2006, emitida por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en la que se sobreseyó en el juicio contencioso, pues ya se había dado respuesta a la petición de inscripción de testimonio presentada ante el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal.
Criterio. En lo que al tema interesa, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, sostuvo lo siguiente:
"QUINTO. ... Procediendo al estudio de los argumentos formulados en el único concepto de violación, es menester precisar que la petición que se encuentra contenida en el escrito de fecha dieciocho de julio de dos mil cinco, presentado por el quejoso en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, el veintiuno de julio de dos mil cinco, registrada bajo el número **********, no constituye propiamente una petición conforme al artículo 8o. constitucional, sino más bien, a una solicitud que planteó el quejoso al Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, conforme al artículo 36 del reglamento de dicha institución.
"...
"De la transcripción anterior se desprende claramente que la solicitud que dirigió el quejoso, al director general del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, estriba medularmente, en que gire sus instrucciones a fin de que se lleve a cabo la inscripción del testimonio de la escritura **********, otorgada en el protocolo de la notaría a su cargo, conforme al artículo 36 del citado reglamento, toda vez que presume que se cumplieron todos los requisitos para llevar a cabo la inscripción del testimonio de tal escritura.
"En consecuencia, no le asiste razón al quejoso al precisar en su único concepto de violación, que mediante dicho escrito de fecha dieciocho de julio de dos mil cinco, haya ejercido sólo su derecho de petición, conforme al artículo 8o. constitucional, porque lo que presentó al Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, fue la solicitud de que inscribiera la escritura, número ********** del protocolo de su notaría, con fundamento en el artículo 36 del reglamento de dicha institución.
"Así las cosas, es evidente que si bien es cierto, como lo aduce el quejoso, que conforme al artículo 8o. constitucional, respecto de toda petición planteada a las autoridades demandadas, éstas tienen la obligación de dar contestación y dárselas a conocer a los peticionarios de manera personal; también lo es, que en la especie, el quejoso no planteó una petición con fundamento en ese precepto, sino una solicitud conforme al artículo 36 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, por lo que la notificación de la respuesta a la misma, deberá sujetarse a las disposiciones de ese reglamento.
"De ahí, que también resulte infundado lo que aduce el qu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25581-646656d1/amparo-indirecto-es-improcedente-cuando-se-reclama-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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