RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO POR NO HABERSE DESAHOGADO UN REQUERIMIENTO PARA SU ACLARACIÓN. DEBE DECLARARSE FUNDADO, SI DICHA SANCIÓN PROCESAL TIENE COMO PRESUPUESTO UNA PREVENCIÓN INJUSTIFICADA, CONTRARIA AL DERECHO HUMANO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.
QUEJA 43/2016. 14 DE ABRIL DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: FERNANDO ALBERTO CASASOLA MENDOZA. SECRETARIO: PABLO ANDREI ZAMUDIO DÍAZ.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO.-Estudio de los agravios. Bajo la operatividad del principio de suplencia de la queja autorizada en la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo, los agravios vertidos son sustancialmente fundados y suficientes para revocar el auto recurrido.
En principio, los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo establecen:
"Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:
"I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación;
"II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad;
"III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;
"IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;
"V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;
"VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o. de esta ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame;
"VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o. de esta ley, deberá precisarse la facultad reservada a los Estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y
"VIII. Los conceptos de violación."
"Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando:
"I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda;
"II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley;
"III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente;
"IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y
"V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda.
"Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada.
"En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura."
El primero de esos artículos prevé los requisitos que toda demanda de amparo indirecto debe satisfacer; el segundo, la facultad de los órganos de amparo para requerir a los quejosos que aclaren su demanda, debiendo señalarles con precisión las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando:
• Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda;
• Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley;
• No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente;
• No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y,
• No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda.
Como segundo tópico, este órgano colegiado estima pertinente realizar diversos apuntamientos en torno al derecho humano a la tutela judicial efectiva.
La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial.
Esto es, garantiza al particular el acceso ante la autoridad jurisdiccional con atribuciones legales para resolver una cuestión concreta prevista en el sistema legal, sin más condición que las formalidades necesarias, razonables y proporcionales al caso, para lograr su trámite y resolución.
De igual forma, ante la previsión de requisitos y formalidades esenciales para el desarrollo del proceso, los órganos encargados de administrar justicia deben asumir una actitud de facilitadores del acceso a la jurisdicción.
Así pues, la tutela judicial efectiva impone una interpretación justa y beneficiosa en el análisis de los requisitos de admisión a la justicia, al punto que por el principio pro actione hay que extremar las posibilidades de interpretación en el sentido más favorable al acceso a la jurisdicción, por lo que el Juez debe buscar en cada caso la interpretación más favorable al ejercicio de la acción.
En suma, la tutela judicial efectiva, en su vertiente de recurso efectivo, relacionado con el principio pro actione, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que al interpretar los requisitos y formalidades procesales legalmente previstos, debe tenerse presente la ratio de la norma con el fin de evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto.
Premisas que se nutren de las tesis aisladas 1a. CCXCIV/2014 (10a.) y 1a. CCXCI/2014 (10a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal, cuyos textos son:
"TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL LEGISLADOR NO DEBE ESTABLECER NORMAS QUE, POR SU RIGORISMO O FORMALISMO EXCESIVO, REVELEN UNA DESPROPORCIÓN ENTRE LOS FINES DE LAS FORMALIDADES Y LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY PARA PRESERVAR LA CORRECTA Y FUNCIONAL ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Si bien es cierto que los Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos gozan de un margen de apreciación para articular la tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también lo es que los requisitos y las formalidades establecidos en sede legislativa deben ser proporcionales al fin u objetivo perseguido, esto es, no deben lesionar la sustancia de ese derecho. Así, en el acceso a la jurisdicción se prohíbe al legislador no sólo la arbitrariedad e irrazonabilidad, sino también el establecimiento de normas que, por su rigorismo, formalismo excesivo o cualquier otra razón, revelen una desproporción entre los fines que aquellas formalidades y requisitos previstos en la ley preservan para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, frente a los intereses que sacrifican."(4)
"TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. Por tanto, los requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos intentados, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados."(5)
Dicho lo anterior, para un mayor entendimiento del presente asunto, resulta indispensable precisar los antecedentes del auto combatido:
a. Mediante escrito presentado el quince de febrero de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México con residencia en Nezahualcóyotl, **********, ********** y ********** promovieron juicio de amparo indirecto contra los actos atribuidos a la Universidad Autónoma Chapingo, Contraloría General Interna (sic). De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que, más allá de los calificativos dados a los actos reclamados, los peticionarios impugnan:
• La legalidad del emplazamiento y todo lo actuado en el procedimiento administrativo **********, sustanciado por la Contraloría General Interna de la Universidad Autónoma Chapingo contra los ahora peticionarios.(6)
Asimismo, es de destacarse que en el escrito inicial de demanda se dio cumplimiento a lo ordenado en la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, es decir, los quejosos narraron los antecedentes del acto reclamado.(7)
b. Luego, el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, el Juez Sexto de Distrito ordenó registrar la demanda con el número de expediente **********; empero, requirió a los quejosos manifestar bajo protesta de decir verdad:
1) Señalar de forma clara y destacada el acto que reclama a cada autoridad;
2) Narrar los antecedentes del acto reclamado bajo protesta de decir verdad;
3) Transcribir o exhibir copia certificada del citatorio reclamado; y,
4) Informar si promovieron algún recurso ordinario o extraordinario contra la materia reclamada.
c. Ante lo cual, el veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, los quejosos presentaron escrito aclaratorio al que anexaron copia simple del citatorio dirigido al quejoso **********;(8) asimismo, manifestaron la imposibilidad de exhibir testimonio del expediente **********, en razón de que la autoridad responsable no atendió la solicitud de los quejosos para obtener copias de dicho expediente; al efecto exhibieron copia simple de esa solicitud presentada el doce de febrero de dos mil dieciséis.(9)
d. No obstante, el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, el Juez de Distrito requirió a los quejosos ratificar el contenido y las firmas del escrito de desahogo de prevención, con el apercibimiento de tener por no presentada la demanda de amparo en caso de no ratificar esa promoción.
e. Así, el veintinueve de febrero siguiente, los quejosos se presentaron en el Juzgado de Distrito a ratificar el contenido y firma del escrito de aclaración de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis. Al día siguiente, el Juez de Distrito determinó que los impetrantes no desahogaron la prevención en los términos solicitados y volvió a requerirles:
1) Señalar de forma clara y destacada el acto que reclaman a cada autoridad; e,
2) Informar si promovieron algún recurso ordinario o extraordinario contra la materia reclamada.
f. Mediante escrito de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, los peticionarios informaron haber sido inhabilitados por seis meses para ocupar puesto, cargo o comisión en la Universidad Autónoma Chapingo y, asimismo, señalaron no haber interpuesto medio de defensa alguno contra los actos reclamados.(10)
g. Finalmente, el siete de marzo de dos mil dieciséis, el a quo tuvo por no presentada la demanda de amparo, por considerar que los impetrantes no desahogaron la prevención del uno de marzo de dos mil dieciséis.
Bajo ese contexto, este órgano jurisdiccional considera que asiste razón a los quejosos recurrentes pues, contrariamente a lo sostenido por el Juez de Distrito en el auto recurrido, con lo expresado en los escritos aclaratorios e, incluso, desde el escrito inicial de demanda, los peticionarios dieron cumplimiento a las prevenciones formuladas en el proveído de uno de marzo pasado; de ahí que no se encuentra ajustada a derecho la determinación de tener por no presentada la demanda de amparo.
Cabe recordar que en el auto recurrido el Juez de Distrito tuvo por no presentada la demanda de amparo al considerar que los quejosos fueron omisos en:
1) Señalar de forma clara y destacada el acto que reclaman a cada autoridad; e,
2) Informar si promovieron algún recurso ordinario o extraordinario contra la materia reclamada.
Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado en jurisprudencia que la autoridad de amparo está constreñida a estudiar la demanda de forma integral a efecto de determinar cuáles son los actos reclamados, más allá de que éstos no estén contenidos en el capítulo respectivo. Así se advierte en la jurisprudencia 2a./J. 55/98, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal, de texto:
"ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.-Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo."(11)
Sobre esa base jurisprudencial se advierte, de inicio, que es ocioso el requerimiento formulado por el Juez de Distrito e identificado con el número 1), es decir, no existe razón jurídica para exigir a los peticionarios que aclaren cuál es la materia reclamada pues, como se apuntó en párrafos precedentes, de la lectura íntegra y simple de la demanda de amparo, más allá de cualquier rigorismo injustificado, se advierte que los quejosos reclaman el emplazamiento y todo lo actuado en el procedimiento administrativo **********, sustanciado por la Contraloría Interna de la Universidad Autónoma Chapingo con motivo de actos atribuidos a los quejosos con motivo de su desempeño como docentes investigadores de esa institución educativa.
Motivo por el cual, la actuación del Juez de Distrito no se encuentra ajustada a derecho pues, se insiste, no existe razón jurídica para que el a quo requiera a los quejosos aclarar los actos reclamados por haber sido precisados en el escrito inicial de demanda.
Es más, el juzgador de amparo obvia que en el escrito aclaratorio de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, los quejosos señalaron también como acto reclamado la inhabilitación para ocupar puesto, cargo o comisión dentro de la Universidad Autónoma Chapingo durante seis meses. Véase:
"...Ah, pero eso sí, ya perjudicaron y exhibieron a los quejosos públicamente para que queden inhabilitados para ocupar un puesto, cargo o comisión dentro de la Universidad Autónoma Chapingo, en un periodo de seis meses mínimamente; y no conforme, los acusadores pasarán el asunto al Departamento Jurídico de la Universidad; decisiones de la autoridad administrativa que genera agravio en la persona de los suscritos, así como los actos de molestia..."
Por esa razón, también debe tenerse como acto reclamado el señalado en el escrito de desahogo de prevención de cuatro de marzo del presente año: inhabilitación para ocupar puesto, cargo o comisión dentro de la Universidad Autónoma Chapingo por seis meses.
Asimismo, contrariamente a lo determinado por el Juez de Distrito, los quejosos recurrentes sí dieron cumplimiento a la prevención señalada con el número 2). Así es, pues en el escrito aclaratorio presentado el cuatro de marzo de dos mil dieciséis, desahogaron el requerimiento del a quo e informaron que: "bajo protesta de decir verdad, es la primera vez que nos apoyamos en el recurso de amparo como medio de defensa, y que hasta este momento únicamente al exterior de la Universidad es conocido por esta autoridad federal".
De la interpretación de la afirmación de los quejosos, dejando de lado rigorismos técnicos que no son propios de la época actual del Poder Judicial de la Federación, se advierte que sí dieron respuesta a la pregunta planteada por el Juez Sexto, al manifestar no haber interpuesto algún otro juicio de amparo o medio ordinario de defensa contra los actos reclamados.
Es más, a juicio de este órgano colegiado, este último requerimiento formulado a los disconformes resulta innecesario, pues en lo ordenado en el artículo 108 de la ley de la materia, no se advierte que exista obligación de los quejosos de informar a la autoridad de amparo si agotaron algún recurso ordinario o extraordinario en contra de los actos reclamados, ya que esa situación podrá ser corroborada por el Juez de Distrito en el momento procesal oportuno, esto es, al analizar los informes justificados.
Sobre esas bases, si se atiende a que el derecho humano a la tutela jurisdiccional efectiva y acceso a la justicia, es preeminente a cualquier formalidad ociosa sin sustento en la ley, desde luego que el incumplimiento de prevenciones ociosas o trabas procesales innecesarias no son razón constitucional para no admitir la demanda de amparo sin razón legal, a la luz de lo ordenado en los artículos 1o. y 17 de la Constitución Federal.
Desde esta perspectiva constitucional, no está ajustado a derecho tener por no interpuesta la demanda de amparo so pretexto de que los ahora recurrentes no desahogaron las prevenciones impuestas, pues -se insiste- el propósito procesal de esas prevenciones se colmó, incluso, desde el propio escrito inicial de demanda y con el escrito aclaratorio de cuatro de marzo del presente año, donde se puede advertir cuál es la materia reclamada en el juicio de derechos fundamentales y, asimismo, que los quejosos no han agotado algún medio ordinario de defensa en contra de los actos reclamados.
En esos términos, al estar satisfechos los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar fundada la queja a efecto de que el Juez de Distrito provea lo legalmente conducente sobre la admisión de la demanda.
Se cita en apoyo la jurisprudencia 2a./J. 73/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto:
"RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO. DE SER FUNDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO A EFECTO DE QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA ADMISIÓN Y, EN SU CASO, SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR. El artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo establece que procede el recurso de queja en amparo indirecto contra las resoluciones que desechen una demanda de amparo. Por su parte, el diverso 103 del mismo ordenamiento prevé que, en caso de resultar fundado el recurso, se dictará la resolución que corresponda sin necesidad de reenvío, salvo que ésta implique la reposición del procedimiento. Así, del análisis relacionado de esas disposiciones, tomando en consideración la naturaleza del recurso de queja en el que no existe devolución de jurisdicción, cuando un Tribunal Colegiado de Circuito declare fundado el recurso de queja contra el desechamiento de una demanda de amparo, éste dictará la resolución que corresponda, ordenando al Juez de Distrito proveer lo conducente en relación con la admisión, en términos de los artículos 112 a 115 del propio ordenamiento, lo que implica que no puede asumir la jurisdicción que a éste corresponde."(12)
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.-Es fundado el recurso de queja.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, así como en la noticia estadística y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, integrado por los Magistrados Jorge Arturo Sánchez Jiménez, presidente, Fernando Alberto Casasola Mendoza y Miguel Enrique Sánchez Frías, siendo ponente el segundo de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
_________________
4. Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Tomo I, agosto de 2014, página 535 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de agosto de 2014 a las 8:05 horas».
5. Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Tomo I, agosto de 2014, página 536 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de agosto de 2014 a las 8:05 horas».
6. Foja 16, primer párrafo y foja 20, primer párrafo, ambas del presente toca.
7. Ibid, foja 16.
8. Ibídem, foja 39.
9. Ibídem, foja 33.
10. Ibíd. Fojas 54 y 55.
11. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, agosto de 1998, página 227, con número de registro digital: 195745.
12. Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Tomo II, agosto de 2014, página 901, con número de registro digital: 2007069 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de agosto de 2014 a las 8:05 horas».
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26410-f0872cd6/recurso-de-queja-contra-el-auto-que-tiene · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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