ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL DECRETO NÚMERO 24, EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA, POR EL QUE SE SUPRIMEN PLAZAS ADMINISTRATIVAS DE LOS EMPLEADOS DE BASE, PUBLICADO EN EL EXTRA DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2024.
QUEJA 34/2025. 6 DE FEBRERO DE 2025. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JAIME ALLIER CAMPUZANO. SECRETARIO: CÉSAR DAVID HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.
CONSIDERANDO:
OCTAVO. Estudio. El análisis de las constancias de autos del acuerdo impugnado y de los agravios expresados en su contra, permite establecer lo siguiente:
En el preámbulo de sus agravios, el recurrente alega que el auto reclamado es totalmente infundado, injustificado y violatorio de sus derechos humanos y garantías consagradas en la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, causándole agravios de difícil reparación.
En el primer agravio, el recurrente aduce que la Jueza de Distrito fijó el acto reclamado de manera errónea, arbitraria, incongruente e injustificada.
Sigue diciendo que la Jueza de Distrito incumplió con su obligación que le imponen los artículos 74 fracción I, 76 y 78 de la Ley de Amparo, toda vez que omitió fijar de manera clara y precisa los actos efectivamente reclamados por el quejoso, pues nunca refirió que el Decreto 24 aprobado por el Congreso del Estado el once de diciembre de dos mil veinticuatro, concluye la relación laboral, contrario a ello, reclamó la inconstitucionalidad del mismo, así como la del artículo 59, fracción XXXVIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y la del artículo 39, fracción V, inciso j), de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca, cuyo primer acto de aplicación en perjuicio del quejoso se materializó precisamente en dicho Decreto número 24.
Señala que en sus conceptos de violación argumentó que dichas normas son inconstitucionales, porque son contradictorias del artículo 123 apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos, al vulnerar sus derechos fundamentales al trabajo digno y a la estabilidad en el empleo.
Lo que afirma es así, toda vez de que las legislaciones estatales omiten establecer los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Federal, en razón de que la supresión de plazas, obligatoriamente, no implica la terminación de la relación laboral, ya que la norma fundamental privilegia la estabilidad en el empleo; por tanto, es el trabajador quien decide si continua al servicio del Estado en otra plaza equivalente a la suprimida o no.
Que el ejercicio de ese derecho por parte del trabajador no está sujeto a restricción o condición alguna, como se aprecia de la exposición de motivos de la iniciativa de ley que dio lugar a la adición del apartado B, del artículo 123 constitucional, cuyo fin fue precisamente el de preconizar los derechos mínimos a favor de los trabajadores de Estado, como lo es el derecho a la estabilidad en el empleo. Sin embargo, el Decreto 24 y las legislaciones estatales impugnadas omiten establecer esos derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna; por tanto, debe estudiarse su inconstitucionalidad.
Continúa alegando que reclamó de las responsables pertenecientes al Poder Ejecutivo, el cumplimiento que pretenden dar a dicho Decreto; y la subsecuente aplicación que en su perjuicio pretenden hacer del artículo 39, fracción V, inciso j), de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca, en razón de que en el Decreto 24, surgió el primer acto de aplicación de dicha norma, y que lo coloca en el supuesto señalado en el citado precepto legal, por ende, su aplicación subsecuente es evidente que la realizará el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, a través de las dependencias señaladas como responsables.
Que el acto reclamado nunca consistió en la conclusión de su relación laboral ni en la pérdida de prestaciones laborales, pues hasta este momento las responsables no le han notificado personalmente el decreto, ni algún acto de ejecución del mismo, ni la revocación de su nombramiento como empleado de base, ni la subsecuente aplicación del artículo 39, fracción V, inciso j), de la Ley del Servicio Civil reclamada.
Refiere que solicitó la suspensión provisional y, en su oportunidad, la definitiva de los actos reclamados, a fin de que se ordene a todas las autoridades responsables se abstengan de ejecutar o cumplimentar el Decreto número 24; así como para que cese el acto reclamado y se ordene a las autoridades responsables: Gobernador del Estado de Oaxaca, Consejero Jurídico, Secretario de Gobierno, Secretario de Administración, Director de Recursos Humanos y Secretario de Finanzas, todos del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, no apliquen o se abstengan de aplicar en perjuicio del quejoso el artículo 39, fracción V, inciso j), de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca.
Que también solicitó la suspensión a fin de que se ordene a las responsables omitan dar cumplimiento al decreto antes señalado y, por tanto, se abstengan de realizar cualquier acto o trámite administrativo y revocación del nombramiento como empleado de base del quejoso, identificado con el N.U.P. (Número Único de Plaza): ********** (**********), y N.U.E. (Número Único de Empleado): ********** (**********), para que además se abstengan de realizar cualquier acto de notificación relacionado con el cumplimiento del Decreto 24. Lo anterior, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo.
Indica que cuando el amparo se pide contra leyes, como lo es en el presente caso, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, específicamente de su artículo 59, fracción XXXVIII y la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca, específicamente de su artículo 39, fracción V, inciso j), cuya sola vigencia no trae un principio inmediato de ejecución, sino hasta que causen agravio determinado al quejoso, que en el presente caso aconteció con la emisión del Decreto número 24, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el doce de diciembre de dos mil veinticuatro.
Por tanto, es el momento preciso en que surge la oportunidad para pedir el amparo contra leyes heteroaplicativas, cuya procedencia está marcada por la existencia de dicho agravio, por haber sido en dicho Decreto número 24 en el que las responsables aplicaron por primera vez en su perjuicio dichas normas; por ello, señaló como acto reclamado, tanto la Constitución Estatal como la Ley del Servicio Civil invocada, señalando además como responsables a las autoridades que las expidieron, promulgaron y publicaron, en razón de que la oportunidad de reclamar esas normas o leyes heteroaplicativas es precisamente en el momento en que surja el primer acto de aplicación en perjuicio del quejoso, que ya aconteció en el Decreto 24 aprobado por el Congreso del Estado de Oaxaca el once de diciembre de dos mil veinticuatro, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado al día siguiente, y su subsecuente acto de aplicación en perjuicio del quejoso.
Lo pretenden realizar las demás autoridades responsables pertenecientes al Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, al pretender cumplimentar dicho decreto, en razón de que el mismo lo coloca en la hipótesis prevista en el artículo 39, fracción V, inciso j), de la Ley del Servicio Civil invocada, la cual es totalmente inconstitucional y violatoria del artículo 123, apartado B, fracción IX, de la Constitución Federal, por vulnerar sus derechos fundamentales al trabajo y a la estabilidad en el empleo, por ello, reclamó la subsecuente aplicación de dicha norma que en su perjuicio pretenden hacer las autoridades responsables pertenecientes al Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, pues de no haber promovido su demanda de amparo dentro del plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, expiraría su derecho para ello.
Al efecto invoca los siguientes criterios:
- Jurisprudencia P./J. 55/97 emitida por el Pleno del Alto Tribunal, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA."
- Tesis IV.2o.A.33 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES HETEROAPLICATIVAS. LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR CONTRA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN COMPRENDEN TAMBIÉN A LOS ULTERIORES."
- Tesis emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, de rubro: "AMPARO CONTRA LAS LEYES."
En el segundo agravio, el recurrente alega que el razonamiento de la Jueza de Distrito es totalmente injustificado y arbitrario, toda vez de ninguna manera se actualiza causal alguna de improcedencia del juicio de amparo, en razón de que los actos reclamados sí provienen de actos de autoridad.
Lo que afirma es así, en razón de que los actos reclamados, consistentes en: el Decreto número 24, como la Constitución Política del Estado de Oaxaca y la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca, son discutidas y aprobadas por el Congreso del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Constitución Federal.
Por tanto, sí estamos ante actos de autoridad, por tener dicho Congreso la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del quejoso, sin requerir de la voluntad del afectado.
Considerando además que se reúnen los elementos necesarios para la conformación del acto de autoridad, pues el emisor como lo es el Congreso del Estado, tiene características de órgano público con facultades establecidas en una norma general; por tanto, las normas jurídicas le otorgan potestad para actuar y, esos actos unilaterales que emitió y que reclamó en su demanda de amparo afectan la esfera jurídica del quejoso.
Por lo anterior, los actos reclamados sí revisten las características de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en virtud de que tanto la Constitución Política del Estado de Oaxaca, en su artículo 59, fracción XXXVIII, como la Ley del Servicio Civil reclamada, en su artículo 39, fracción V, inciso j), son leyes heteroaplicativas, cuyo primer acto de aplicación se materializó precisamente en el Decreto número 24, aprobado por el Congreso del Estado el once de diciembre de dos mil veinticuatro; por tanto, la Jueza de Distrito debió dar trámite a su demanda de amparo.
Que al reclamar la inconstitucionalidad de la Ley del Servicio Civil, lógico resulta que le agravia dicha norma y, por tanto, no acepta ni consiente los supuestos previstos en el artículo 39, fracción V, inciso j), reclamado, pues solicitó el amparo de la Justicia Federal, precisamente para efectos de que se declare inconstitucional dicha norma, por consecuencia, se deje sin efecto el primer acto de aplicación y no se aplique en lo subsecuente al quejoso la misma.
Sin embargo, la Jueza de Distrito, de manera arbitraria e injustificada, lejos de cumplir con su obligación de proteger los derechos consagrados en la Constitución Federal, alega que si bien es un acto emitido por el Congreso estatal, materialmente se trata de un acto de naturaleza laboral, en la medida en que constituye el instrumento por el cual el empleador concluye la relación laboral que lo une con sus empleados.
Razonamiento que es totalmente injustificado, pues es precisamente la inconstitucionalidad de dicha norma lo que reclama, por ser contradictoria del artículo 123, apartado B, fracción IX, de la Constitución Federal, en razón de que vulnera sus derechos fundamentales al trabajo y a la estabilidad en el empleo consagrado en el precepto constitucional invocado.
Siendo precisamente con la emisión del Decreto número 24 en que surge el primer acto de aplicación de dicha ley y de la Constitución Estatal, por consecuencia, es el momento en que se activa su derecho para reclamar su inconstitucionalidad a través del juicio de amparo.
Toda vez que si bien el Decreto número 24 no es general, sino aplicado únicamente a determinado número de empleados y en el caso al quejoso, también cierto es, que dicho decreto emana o tiene su origen en el inconstitucional artículo 59, fracción XXXVIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que confiere facultades al Congreso del Estado de suprimir empleos públicos del Estado y en el artículo 39, fracción V, inciso j) de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado, que señala los casos en que el nombramiento de los empleados dejará de surtir efectos y que ello corresponde a la declaratoria de supresión de plazas que realice el Congreso, por tanto, en el Decreto 24, surge el primer acto de aplicación de dichas normas, que son contradictorias del artículo 123, apartado B, fracción IX, de la Constitución Federal.
Para lo cual cita los criterios siguientes:
- Jurisprudencia emitida por el Pleno del Máximo Tribunal, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN."
- Tesis 2a. IV/98 emitida por la Segunda Sala del Supremo Tribunal, de rubro: "LEYES HETEROAPLLCATLVAS. EL PLAZO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, ES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DEMUESTRE LA NOTIFICACIÓN DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, SI AQUELLA NO SE DESVIRTÚA."
Sigue diciendo que el auto inicial de trámite de la demanda de amparo indirecto, no es la actuación procesal oportuna para determinar si el acto reclamado proviene de una autoridad, pues tampoco se advierte en forma patente y absolutamente clara, pues tampoco tuvo la certeza y plena convicción de que es operante, considerando además que el A quo, no precisó ni analizó los actos reclamados.
En apoyo invoca la tesis III.5o.A. J/6 (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA DETERMINAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE DESECHARLA, ARGUMENTANDO QUE SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, SALVO QUE ÉSTA SE ADVIERTA EN FORMA PATENTE Y ABSOLUTAMENTE CLARA, Y SE TENGA LA CERTEZA Y PLENA CONVICCIÓN DE QUE ES OPERANTE."
Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado, reclamados, sí revisten las características de ser generales, impersonales y abstractas, cuyo primer acto de aplicación se materializó en perjuicio del quejoso, en sus preceptos reclamados, precisamente en el Decreto número 24, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado el doce de diciembre de dos mil veinticuatro. Por tanto, contra dichas normas y decreto es procedente el juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo.
Agrega que dichas normas reúnen el requisito de generalidad, ya que su vigencia jurídica subsiste aún después de aplicarse al caso concreto para regular casos posteriores, por tanto, la Jueza de Distrito tenía la obligación de dar trámite a su demanda de amparo, al ser el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad de los actos emitidos con motivo del ejercicio de poder previsto por el ordenamiento jurídico mexicano, el cual tiene por objetivo proteger los derechos humanos y derechos fundamentales establecidos en la Constitución, así como en los Tratados Internacionales de los que México es parte, cuando estos son violados por normas generales, actos u omisiones de autoridad o incluso de particulares señalados en la ley.
Por tanto, solicita se declare procedente y fundada la presente queja y se ordene dar inmediato trámite a su demanda de amparo, por ser el único instrumento legal eficaz que tiene el quejoso para la protección de sus derechos humanos, pues insiste, la Constitución Política del Estado de Oaxaca, en su artículo 59, fracción XXXVIII y la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado, en su Artículo 39, fracción V, inciso j), son inconstitucionales y violatorias del artículo 123, apartado B, fracción IX, de nuestra Constitución Federal, y por consecuencia, debe quedar sin efecto el Decreto número 24, reclamado.
Al respecto cita la tesis 2a./J. 100/2008, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. PARA IMPUGNARLAS COMO SISTEMA NORMATIVO ES NECESARIO QUE CONSTITUYAN UNA VERDADERA UNIDAD."
En el tercer agravio, el recurrente alega que es errónea la interpretación que realiza la Jueza de Distrito en torno al artículo 40 de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado, en razón de que dicha legislación no prevé que en caso de supresión de plaza, el trabajador tendrá derecho a que se le otorgue otra equivalente a la suprimida o la indemnización de ley.
Por ello, reclamó la inconstitucionalidad del artículo 39, fracción V, inciso j), de la citada ley burocrática, pues en caso de supresión de plazas, omite establecer ese derecho fundamental a que se le otorgue otra equivalente a la suprimida, a fin de garantizar su derecho a la estabilidad en el empleo, que le corresponde como trabajador de base y que consagra el artículo 123, apartado B, fracción IX, de la Constitución Federal, como se advierte además de la exposición de motivos que dio origen a la adición del apartado B, del artículo 123 constitucional, derecho que tampoco establece la Constitución Estatal ni el Decreto 24 impugnados.
Que los actos reclamados no emanan de un ente de gobierno actuando como patrón, como erróneamente lo aduce la Jueza, ya que tampoco reclamó una controversia que sea propia de estudiarse ante las autoridades del trabajo.
Indica que el acto reclamado emana del Congreso del Estado y no del ente de gobierno actuando como patrón, en razón de que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado y el Decreto número 24, provienen del Congreso del Estado, por ser los facultados para expedir leyes de conformidad con los artículos 73 y 116 de la Constitución Federal.
Reitera que el acto reclamado consistió en el Decreto número 24, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 12 de diciembre de 2024, en el que se materializó el primer acto de aplicación del artículo 59, fracción XXXVIII, de la Constitución Política del Estado de Oaxaca y del artículo 39, fracción V, inciso j), de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado, por ello, reclamó la inconstitucionalidad de dichas normas, a partir de su primer acto de aplicación. Constitucionalidad que no puede ser estudiada por la Junta de Arbitraje, como erróneamente lo refiere la Jueza de Distrito, pues la supresión de plazas aterrizada en el Decreto 24, no implica obligatoriamente la terminación de la relación laboral, pues debe otorgarse al quejoso otra equivalente a la suprimida y, al no haberse plasmado ese derecho fundamental en el Decreto 24 y en las normas reclamadas, deben tildarse de inconstitucionales, como así lo adujo en sus conceptos de violación.
Manifiesta que nunca reclamó prestaciones laborales, en razón de que las responsables ejecutoras hasta este momento no han dado cumplimiento al referido Decreto 24, así como tampoco han realizado el subsecuente acto de aplicación en su perjuicio del artículo 39, fracción V, inciso j) de la Ley del Servicio Civil invocada; por tanto, el acto reclamado no es propio de una controversia laboral, que deba ventilarse ante las autoridades del trabajo, lo que hace injustificado e ilegal el auto que se combate.
Alega que el razonamiento de la Jueza de Distrito es totalmente injustificado, toda vez que si bien señaló como responsables al Gobernador del Estado de Oaxaca, Consejero jurídico, Secretario de Gobierno, fue precisamente porque fueron las autoridades que promulgaron y publicaron las normas y el decreto reclamado. Que de igual manera señaló como responsables al Secretario de Administración, Director de Recursos Humanos y Secretario de Finanzas, todos del Poder Ejecutivo, en razón de que estas autoridades son las que pretenden ejecutar los actos reclamados, es decir, pretenden ejecutar en su perjuicio el Decreto número 24 y realizar una subsecuente aplicación en su perjuicio del artículo 39, fracción V, inciso j), de la ley burocrática estatal impugnada, en razón de que su primer acto de aplicación se materializó en el decreto 24, emitido por el Congreso del Estado.
Por tanto, procede en su contra el amparo indirecto, por colocarlo el Decreto 24, en el supuesto previsto en la citada norma, porque son estas autoridades las que tienen intervención para hacer cumplir esa disposición que reclama de inconstitucional, siendo precisamente el juicio de amparo indirecto el único medio legal eficaz que tiene a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales de estabilidad en el empleo consagrados en el artículo 123, apartado B, fracción IX, de la Constitución, en relación con el artículo 133 de la Carta Magna, a fin de que prevalezca la Constitución Federal sobre las leyes estatales reclamadas de inconstitucionales.
Al efecto invoca la jurisprudencia 2a./J. 128/2002 emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES HETEROAPLICATIVAS. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES EJECUTORAS NO HUBIEREN APLICADO LA NORMA COMBATIDA, NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA INTERPUESTA EN CONTRA DE LOS ACTOS DE EJECUCIÓN QUE SE LES IMPUTEN."
Que de confirmarse el desechamiento de su demanda de amparo, se le dejaría en completo estado de indefensión, pues es el amparo indirecto el único medio legal que tiene el quejoso para impugnar leyes heteroaplicativas. Considerando que el primer acto de aplicación en su perjuicio de las normas impugnadas se materializó en el Decreto número 24, publicado el 12 de diciembre de 2024, mediante el cual el Congreso decretó la supresión de la plaza de base del quejoso, colocándolo en el supuesto previsto en el artículo 39, fracción V, inciso j), de la Ley del Servicio Civil reclamada, por tanto, sí se afecta gravemente su esfera jurídica, pues derivado de ello, en cualquier momento las responsables ejecutoras pueden revocar el nombramiento de base del quejoso y pueden aplicar en su perjuicio de manera subsecuente el artículo 39, fracción V, inciso j), de la ley impugnada.
En apoyo cita la tesis 2a. CLXXV/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS EN AMPARO ES AQUÉL QUE TRASCIENDE A LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO, CAUSÁNDOLE UN PERJUICIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN SEA O NO CORRECTA."
Sigue diciendo que resulta injustificado el argumento de la Jueza de Distrito donde aduce que constituye un hecho notorio que el Gobierno del Estado y el sindicato mayoritario acordaron instalación de mesas para revisar la supresión de plazas y que ello le permite vislumbrar que el instrumento legal reclamado no causa perjuicio con su sola emisión, y que desconoce si será revocado su nombramiento.
Lo que afirma es así, en razón de que el Decreto número 24, la Constitución Estatal y la Ley del Servicio Civil, reclamadas por ser inconstitucionales en sus preceptos invocados, son actos emitidos por el Congreso del Estado, que se encuentran publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, por tanto, son actos firmes que desde luego no pueden ser revocados por las mesas o acuerdos que emita el Gobierno del Estado con el sindicato mayoritario.
Por ende, dichos actos reclamados sí causan perjuicio al quejoso, pues en el Decreto 24 se materializó en su perjuicio con el primer acto de aplicación de las normas reclamadas, colocándolo en el supuesto previsto en el artículo 39, fracción V, inciso j), de la Ley burocrática Estatal, por lo que es evidente que en cualquier momento las responsables ejecutoras cumplimenten dicho Decreto y apliquen en su perjuicio de manera subsecuente el artículo 39, fracción V, inciso j), de la Ley del Servicio Civil reclamada de inconstitucional.
De modo que, de ninguna manera se actualiza de forma manifiesta e indudable causal de improcedencia alguna, ni la prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXII, en relación con el 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, a que alude la Jueza de Distrito, por tanto, es injustificado, ilegal y arbitrario el auto que se combate, por el que determinó desechar de plano la demanda de amparo del quejoso.
Reitera que de subsistir el desechamiento de su demanda de amparo, se le dejaría en completo estado de indefensión, pues la autoridad laboral (Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado) no es el órgano competente para conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de las normas impugnadas y del Decreto número 24 en el que se materializó el primer acto de aplicación de las mismas, de conformidad con los artículos 103, fracción I, de Nuestra Constitución Federal y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con artículo 81, fracción I, de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca.
Por lo que concluye que no existe causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, por tanto, la Jueza debió admitir y dar trámite a su demanda y no desecharla de plano como injustificadamente lo hizo.
En el cuarto agravio, el recurrente alega que es injustificado el razonamiento que hace la Jueza en el auto que se combate, al interpretar incorrectamente la jurisprudencia que invoca, pues arbitrariamente desvinculó el estudio de la disposición impugnada, como lo es, la Constitución Política del Estado de Oaxaca, en su artículo 59, fracción XXXVIII, y la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado, en su artículo 39, fracción V, inciso j), de su primer acto de aplicación que se materializó en el Decreto número 24, como lo justificó con el "DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE LA LXVI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, DECRETA LA SUPRESIÓN DE PLAZAS ADMINISTRATIVAS, PRECISADAS EN EL LISTADO REMITIDO AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA, POR EL MAESTRO **********, CONSEJERO JURÍDICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN REPRESENTACIÓN DEL INGENIERO SALOMÓN JARA CRUZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, Y CONFORME A LAS CONSIDERACIONES VERTIDAS EN EL DICTAMEN DEL EXPEDIENTE NÚMERO O1 DEL ÍNDICE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA LEGISLATURA EN FUNCIONES.", aprobado con fecha once de diciembre de dos mil veinticuatro, en cuyo listado se encuentra con el número progresivo **********, el NÚMERO ÚNICO DE PLAZA (NUP) ********** Y NÚMERO ÚNICO DE EMPLEADO (NUE) **********, que corresponden al hoy quejoso, dictamen que anexó a su demanda de amparo, consultable en el enlace: https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs66.congresooaxaca.gob.mx/gaceta/20241211ext2/1 1.pdf.
Continúa diciendo que del contenido del dictamen se advierte claramente en su considerando segundo, cuarto y quinto párrafo, que el Congreso del Estado realizó la aplicación en mi perjuicio del artículo 59, fracción XXXVIII, de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, y del artículo 39, fracción V, inciso j), de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado, en su artículo 39, fracción V, inciso j).
Por tanto, es en dicho decreto en el que se materializó el primer acto de aplicación en su perjuicio de dichas normas, las cuales como lo señaló deben ser tildadas de inconstitucionales, porque derivado de esas normas se decretó la supresión de su plaza de base, sin establecer su derecho a que se le otorgue otra equivalente a la suprimida, lo que afecta gravemente su esfera jurídica, por ser violatorio del artículo 123, apartado B, inciso IX, de la Constitución Federal, por vulnerar su derecho al trabajo digno y a la estabilidad en el empleo.
De ahí que, la Jueza de Distrito estaba obligada a dar trámite a su demanda de amparo y analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas impugnadas y su primer acto de aplicación que se materializó en el Decreto número 24 reclamado, el cual además lo colocó en la hipótesis prevista en el artículo 39, fracción V, inciso j), de la Ley del Servicio Civil invocada, por tanto, en cualquier momento las autoridades responsables ejecutoras van a aplicar en su perjuicio de manera subsecuente el precepto invocado, en razón de que su primer acto de aplicación se materializó en el Decreto 24 impugnado.
Que por ello, reclamó las disposiciones legales que guardan íntima relación entre sí, como lo es la Constitución Estatal, que en su artículo 59, fracción XXXVIII, faculta al Congreso del Estado, suprimir empleos públicos y la Ley del Servicio Civil invocada, cuyo acto de aplicación se acreditó con el Decreto 24 y su dictamen con proyecto de decreto que anexó a su demanda de amparo. Lo que omitió analizar la Jueza de Distrito, por ende, injustificado y arbitrario el auto que se combate, solicitando se revoque el mismo y se ordene dar trámite a su demanda de amparo.
Invoca la jurisprudencia 2a./J. 100/2008 emitida por la Segunda Sala del Supremo Tribunal, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. PARA IMPUGNARLAS COMO SISTEMA NORMATIVO ES NECESARIO QUE CONSTITUYAN UNA VERDADERA UNIDAD."
Que de subsistir el desechamiento de su demanda de amparo, se le dejaría en completo estado de indefensión, pues la autoridad laboral (Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado) no es el órgano competente para conocer y resolver sobre la violación a su derecho de petición, de conformidad con los artículos 103, fracción I, de nuestra Constitución Federal y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con artículo 81, fracción I, de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33108-358d960c/acto-de-autoridad-para-efectos-del-amparo-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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