DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO DE LA DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 210 DE LA LEY DE AMPARO. NO CONSTITUYE UN MEDIO QUE EXCLUYA LA POSIBILIDAD DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, RESPECTO DE LA PERSONA QUE RESIENTE AFECTACIÓN CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA INVALIDADA, CUANDO FUE AJENA A LA CONTROVERSIA EN LA QUE SE EMITIÓ LA DECLARATORIA.
QUEJA 119/2019. CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDINES DEL LAGO, A.C. 5 DE DICIEMBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: DAVID PÉREZ CHÁVEZ. SECRETARIO: NILTON GERMÁN MORALES MATEOS.
CONSIDERANDO:
VI.—Decisión y su justificación.
28. Los planteamientos formulados en agravio serán abordados desde la perspectiva de la suplencia de la queja deficiente, pues en el caso concreto, este órgano colegiado estima que la recurrente se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, al vedarse el acceso a la jurisdicción federal vía juicio de amparo indirecto.
29. Así lo prevé y autoriza la jurisprudencia P./J. 34/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 62, Tomo I, enero de 2019, página 9 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 11 de enero de 2019 a las 10:12 horas», con número de registro digital: 2018980, de título, subtítulo y texto siguientes:
"SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS AGRAVIOS. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO, PROCEDE EN UN RECURSO DE QUEJA CUANDO EL ÓRGANO REVISOR ADVIERTE EL DESECHAMIENTO INDEBIDO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, POR NO ACTUALIZARSE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El precepto citado faculta al órgano jurisdiccional a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios cuando advierta que ha habido en contra del quejoso o del recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o. de la Ley de Amparo. Ahora bien, la suplencia referida procede en un recurso de queja cuando se combate la resolución que desechó la demanda de amparo indirecto por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia, siempre y cuando se advierta: i) la existencia de una violación manifiesta de la ley; y, ii) que dicha violación haya dejado sin defensa al quejoso. Lo anterior es así, pues al analizar la resolución recurrida, el órgano jurisdiccional debe verificar en primer lugar si se violó de manera evidente la ley, esto es, si se transgredió el artículo 113 de la Ley de Amparo y, en segundo lugar, si dicha transgresión dejó al quejoso sin defensa, lo cual debe entenderse como una afectación sustancial dentro del procedimiento y que se actualiza al negar el acceso a la acción de amparo con un desechamiento que no se apega al marco jurídico aplicable."
30. Corolario de lo anterior, los argumentos devienen fundados, aunque suplidos en su deficiencia.
31. El Juez Tercero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, para considerar actualizada la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción VIII,(3) la relacionó con el diverso numeral 210(4) de la Ley de Amparo, así como con el precepto 47(5) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, fundamentalmente, externó lo siguiente:
• El artículo 61, fracción VIII, de la Ley de Amparo prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando se impugnen normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad, entendiéndose como la determinación del Alto Tribunal de que una norma no superó un test a la luz de los preceptos constitucionales, por lo que se declara su invalidez.
• Las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad tienen en común el análisis abstracto de la norma y su expulsión del sistema jurídico mexicano, al contravenir principios y valores consagrados en la Carta Magna; con dicha expulsión de la norma, el juicio de amparo se torna improcedente desde el momento en que se emite la declaratoria de inconstitucionalidad.
• La fracción VIII del artículo 61 de la Ley de Amparo debe interpretarse sistemáticamente con el numeral 210 de esa propia legislación, haciéndolo improcedente también contra los actos de aplicación de las normas invalidadas, pues en tales medios de control constitucional se realiza un análisis abstracto de la regularidad constitucional de la norma, no así de sus actos de aplicación, resultando ilógica una interpretación literal de la disposición apuntada, pues no existiría congruencia del sistema normativo y se transgrediría el principio de seguridad jurídica en agravio de los gobernados; por tanto, se tenía que realizar una interpretación teleológica y sistemática de ese numeral con el diverso 210, concluyendo que la restricción para promover el juicio de amparo incluía también los actos de aplicación de aquellas normas que previamente fueron declaradas inconstitucionales de manera general por el Alto Tribunal, por lo que ese juzgador estaba técnica y jurídicamente impedido para analizar el acto de aplicación que tuvo su fundamento en una norma que ya fue materia de declaratoria general de inconstitucionalidad.
• En el caso particular, el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 15/2019, en la que declaró la invalidez de diversos artículos de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes y de las Leyes de Ingresos de los Municipios de Jesús María, Rincón de Romos, San José de Gracia, Aguascalientes, Asientos, Calvillo, El Llano, Pabellón de Arteaga, San Francisco de los Romo y Tepezalá, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, relativa a los preceptos que regulaban el derecho de alumbrado y su cobro con base en el consumo de energía eléctrica; con la declaratoria de invalidez, se ordenó que la sentencia surtiría efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso del Estado de Aguascalientes, ordenándose también dar vista a los Municipios sobre los cuales se declaró la invalidez de sus disposiciones respectivas.
• Que al haber declarado la Suprema Corte de Justicia de la Nación la invalidez de los artículos de todos los Municipios del Estado de Aguascalientes, dichas normas ya fueron expulsadas del sistema jurídico desde el día en que se notificaron los puntos resolutivos al Congreso del Estado y a los Municipios, lo que sucedió desde el tres de octubre del presente año, ya que el Congreso del Estado así lo informó en el juicio de amparo indirecto número 1444/2019-IV-4 de su índice, aspecto que invocó como hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.
• Por tanto, de las documentales que anexó la quejosa a su demanda de amparo se desprendía que se hizo sabedora de la aplicación de la norma tildada de inconstitucional, con posterioridad a la notificación de los puntos resolutivos de la acción de inconstitucionalidad 15/2019; por ende, al tratarse de un acto de aplicación derivado de una norma sobre la que la Suprema Corte declaró su invalidez, el juicio de amparo indirecto resultaba improcedente.
• Justificó que tal determinación no dejaba en estado de indefensión a la parte quejosa, pues tenía a su alcance el procedimiento establecido en los artículos 210 de la Ley de Amparo y 47 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procedimiento que salvaguarda los derechos del gobernado para combatir los actos de aplicación de una norma que fue invalidada por una declaratoria general de inconstitucionalidad, constituyendo la denuncia un medio sencillo y ágil a su alcance que le permite respetar su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
• Que la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas reclamadas, así como su desaplicación lograda a través de la denuncia correspondiente ante el Juzgado de Distrito, constituían por sí un remedio previsto por la Ley de Amparo que implicaba una garantía de no repetición, toda vez que su desaplicación implicaba que el acto legislativo no volvería a aplicarse en casos futuros, con efectos generales, obteniéndose así un grado amplísimo de protección, cumpliéndose con la finalidad subyacente de la declaratoria general señalada.
• Expuso que para ese juzgador no existía duda respecto a la actualización de la causa de improcedencia, ya que su situación atendía a una situación de derecho y no de hecho, pues con independencia de la sustanciación que pudiera darse al juicio, no cambiaría la procedencia del juicio, ya que no existía medio de convicción alguno que revirtiera tal circunstancia.
32. Las consideraciones anteriores no son compartidas por este Tribunal Colegiado.
33. El artículo 210 de la Ley de Amparo contempla la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad, sea emitida ésta en el juicio de amparo en revisión, como lo establece el título cuarto, capítulo VI, de la citada ley, o bien, que el procedimiento derive de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
34. Así, la denuncia que se presente con motivo de una declaratoria general de inconstitucionalidad que derive de la resolución emitida en una acción de inconstitucionalidad, se encuentra regulada por el artículo 72, párrafo segundo,(6) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no así por el numeral 47, pues si bien las acciones de inconstitucionalidad no cuentan con un apartado relativo a la ejecución de las sentencias, por lo que sería aplicable lo dispuesto por el diverso numeral 59(7) de la ley reglamentaria en mención, lo cierto es que esa remisión –posibilidad de denunciar– se encuentra contenida en el capítulo de las sentencias referente a las acciones de inconstitucionalidad.
35. Empero, para dilucidar si la denuncia que establece el párrafo segundo del artículo 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en favor de las personas que no han sido parte dentro del procedimiento en la acción de inconstitucionalidad (o bien, referente a la controversia constitucional, facultad contenida en el artículo 47, párrafo tercero, de la citada ley reglamentaria), conlleva estimar excluida la posibilidad de promover el juicio de amparo en contra de un acto concreto de autoridad que tenga como fundamento una disposición contenida en la norma invalidada; no basta realizar la interpretación armónica y sistemática de la estructura jurídica procesal de las acciones de inconstitucionalidad de que se trata, pues debe atenderse, además, a la circunstancia relativa a la forma en que surten sus efectos las resoluciones de invalidez que en las mismas se pronuncia.
36. Es decir, debe advertirse que, de conformidad con el artículo 45(8) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de una sentencia de invalidez suscitados en la acción de inconstitucionalidad se producen a partir de la fecha en que lo determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
37. De esta manera, cuando alguien que no ha sido parte dentro de la contienda se ve afectado por un acto en el cual se aplica un precepto que por sentencia emitida en una acción de inconstitucionalidad se ha declarado invalidado, es necesario tener en cuenta que no es por sí el pronunciamiento de tal determinación, ni su publicación en el Semanario Judicial de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano oficial en que tales normas se hubiesen publicado –como lo mandata el numeral 44(9) de la multicitada ley reglamentaria, en tratándose de la invalidez de normas generales–, lo que hará que, por sí, la norma jurídica no sea válida en el sistema legal y, por tanto, inaplicable.
38. En el caso concreto, el Juez de Distrito refiere que la fecha de notificación al Congreso del Estado de Aguascalientes de la resolución que recayó a la acción de inconstitucionalidad 15/2019 –tres de octubre de dos mil diecinueve–, representa un hecho que le es notorio, siendo tal fecha de notificación la que fue señalada en la resolución por el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el momento a partir del cual surtiría sus efectos.
39. No obstante, ese hecho notorio lo es para el juzgador, en la medida en que fue él quien tramitó el procedimiento relativo al juicio de amparo indirecto 1444/2019-IV-4, a través del cual arribó a ese conocimiento; sin embargo, cuando el artículo 47, párrafo tercero, así como el numeral 72, párrafo segundo, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aluden a la posibilidad de que la persona que sin ser parte en la controversia constitucional o en la acción de inconstitucionalidad, que se vea afectada con la aplicación de la norma general que fue invalidada, pueda denunciar dicho acto de conformidad con el procedimiento previsto para tal efecto en la Ley de Amparo, no debe soslayarse que dicha hipótesis jurídica contempla a quienes no han sido partícipes dentro del procedimiento y, por ende, no tomarán conocimiento directo (por virtud de algún acto acaecido en el propio proceso que invalidó la norma) del momento en que fue practicada la notificación respectiva, que actualizó o produjo los efectos jurídicos determinados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
40. En concordancia con lo anterior, la circunstancia de que se prevea la posibilidad de denunciar la aplicación de la norma, en tanto se emplea el vocablo "podrá" para una persona ajena al procedimiento, no estriba en el deber de denunciar su incumplimiento, sino en la elección de poder acudir o no a este medio –denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad– como un mecanismo adicional para salvaguardar el derecho que se ve conculcado, pues ello responde a un esfuerzo agregado para lograr la efectiva protección del derecho afectado con motivo de la aplicación de la norma general invalidada.
41. Ahora, este Tribunal Colegiado no desconoce la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 148/2007,(10) en el sentido de que si la ley que regula el acto reclamado permite recurrirlo a través de un determinado medio de impugnación utilizando en su redacción el vocablo "podrá", ello no implica que sea de libre elección agotarlo antes de acudir al juicio de amparo, sino que estriba en la posibilidad de elegir entre recurrir o no la resolución respectiva; empero, en el caso concreto, no estamos frente a procedimientos del orden común que imponen la obligación a las partes contendientes de observar los medios ordinarios de defensa concedidos a su favor por la ley que regula el acto reclamado, es decir, no encuadra en la hipótesis de partes contendientes que tuvieron acceso a cada fase del procedimiento, o bien, la injerencia en el que les permitiera conocer la situación en que se encuentra el asunto, sino que estamos ante el supuesto de partes que no figuraron dentro de la discusión, respecto de las cuales, se debe permitir el acceso a los instrumentos de carácter procesal que permitan lograr la operatividad de las normas fundamentales cuando existe una violación de cualquier tipo en relación con ellas, pues en esto último gravita la defensa constitucional que cada medio de control regula y autoriza.
42. Estimar lo contrario implicaría que, eventualmente, alguien denunciara el incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad, sin conocer a partir de qué momento se surten los efectos de la declaración de invalidez, cuando dichos alcances fueron fijados en la sentencia, de conformidad con la fracción IV del artículo 41(11) de la ley reglamentaria aludida, que en el caso específico fue la notificación de los puntos resolutivos al Congreso del Estado de Aguascalientes, como la condicionante para que surtiera efectos la sentencia de invalidez normativa, respecto de la cual, su notificación no era del conocimiento directo de la inconforme en el juicio de amparo, por no ser ésta parte dentro de la acción de inconstitucionalidad.
43. Por tanto, al ser las normas jurídicas generales, abstractas e impersonales, en atención a sus características, se estableció en el párrafo primero del artículo 45 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el instante en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación instituirá a partir de qué momento surtirán sus efectos; tal condición crea la posibilidad abierta de que esa hipótesis se suscite en un momento aleatorio que sea ajeno a la emisión de la resolución o a su publicación y, en esa medida, como ha sido señalado, puede conllevar que producido un acto concreto de aplicación de la norma invalidada, la sentencia que la anuló aún no origine consecuencias jurídicas.
44. En tal conjetura, la persona ajena a la controversia que promueva una denuncia en términos del párrafo tercero del precepto 47, o bien, del segundo párrafo del numeral 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concomitancia con el artículo 210 de la Ley de Amparo, obtendría una determinación de su improcedencia y, ello, eventualmente podría conducir a que, al pretender encauzar por la vía del juicio de amparo su pretensión, ésta se torne extemporánea por no controvertir dentro del plazo establecido el acto concreto de aplicación, vedándose su derecho fundamental de acceso a la jurisdicción.
45. Lo anterior, en modo alguno puede ser permitido bajo el argumento relativo a la reducción o simplificación en su tramitación –denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad–, pues dicha denuncia no debe ser entendida como un medio que excluya la posibilidad de promover el juicio de amparo, ya que esa interpretación constituye un obstáculo no previsto en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ineludiblemente coloca a la persona afectada en una situación desfavorable que le impide acceder a la tutela jurisdiccional vía juicio de amparo, exégesis que, con base en lo expuesto, se tornan excesivas y desproporcionadas respecto de los fines constitucionalmente permitidos.
46. Finalmente, cuando se trata de actos concretos de aplicación de normas generales declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Ley de Amparo, en su artículo 118, prevé la tramitación de un procedimiento sencillo y rápido del juicio para dirimir la controversia; sumario en el que, en todo caso, el juzgador deberá otorgar la suplencia de la queja deficiente, derivado de que la disposición aplicada a la parte quejosa fue declarada inconstitucional por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
47. Consecuentemente, procede declarar fundado el recurso de queja y revocar el proveído de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, para el efecto de que el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Aguascalientes provea lo conducente en relación con la admisión de la demanda de amparo.
48. De igual manera, es pertinente señalar que no compete a este Tribunal Colegiado pronunciarse sobre la admisión de la demanda, no obstante que, en términos de lo dispuesto en el artículo 103(12) de la Ley de Amparo, no existe el reenvío en tratándose del recurso de queja, salvo que la resolución implique la reposición del procedimiento; empero, el artículo 113(13) del cuerpo legal mencionado establece que la facultad de analizar la demanda de amparo corresponde de manera exclusiva al órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto.
49. En esos términos, la disposición consistente en que no existe reenvío tratándose del auto por el que se desechó la demanda de amparo, debe entenderse en el sentido de que el Tribunal Colegiado de Circuito debe dictar la resolución que corresponda, pero en estricta sujeción a la litis planteada, es decir, únicamente en relación con la causa de improcedencia invocada en el auto impugnado, de conformidad con los agravios planteados en su contra; sin que pueda tener el alcance de que se pronuncie respecto de alguna causa de improcedencia diversa, en razón de que ello necesariamente implica el análisis integral de la demanda, a fin de verificar si existe alguna que se actualice de manera manifiesta e indudable, facultad que le ha sido reservada al órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo indirecto, en el artículo 113 de la Ley de Amparo.
50. Así lo señaló la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 73/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Tomo II, agosto de 2014, página 901 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de agosto de 2014 a las 8:05 horas», con número de registro digital: 2007069, de título, subtítulo y texto siguientes:
"RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO. DE SER FUNDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO A EFECTO DE QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA ADMISIÓN Y, EN SU CASO, SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR. El artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo establece que procede el recurso de queja en amparo indirecto contra las resoluciones que desechen una demanda de amparo. Por su parte, el diverso 103 del mismo ordenamiento prevé que, en caso de resultar fundado el recurso, se dictará la resolución que corresponda sin necesidad de reenvío, salvo que ésta implique la reposición del procedimiento. Así, del análisis relacionado de esas disposiciones, tomando en consideración la naturaleza del recurso de queja en el que no existe devolución de jurisdicción, cuando un Tribunal Colegiado de Circuito declare fundado el recurso de queja contra el desechamiento de una demanda de amparo, éste dictará la resolución que corresponda, ordenando al Juez de Distrito proveer lo conducente en relación con la admisión, en términos de los artículos 112 a 115 del propio ordenamiento, lo que implica que no puede asumir la jurisdicción que a éste corresponde."
51. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), 103 y 188 de la Ley de Amparo, así como 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se
Resuelve:
ÚNICO.—Es fundado el recurso de queja, en los términos del último considerando.
Notifíquese; engrósese el fallo dentro del término legal; anótese en el libro de registro correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; devuélvanse los autos a su lugar de origen; remítase testimonio de esta resolución a la autoridad responsable y, en su oportunidad, archívese este expediente como total y definitivamente concluido.
Así lo resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados David Pérez Chávez (presidente y relator), Roberto Lara Hernández y Germán Ramírez Luquín.
________________
3. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"VIII. Contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto por el capítulo VI del título cuarto de esta ley, o en términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
4. "Artículo 210. Si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria general de inconstitucionalidad, se aplica la norma general inconstitucional, el afectado podrá denunciar dicho acto:
"I. La denuncia se hará ante el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.
"Si el acto denunciado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, el trámite se llevará ante el Juez de Distrito que primero admita la denuncia; en su defecto, aquel que dicte acuerdo sobre ella o, en su caso, el que primero la haya recibido.
"Cuando el acto denunciado no requiera ejecución material se tramitará ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el denunciante.
"El Juez de Distrito dará vista a las partes para que en un plazo de tres días expongan lo que a su derecho convenga.
"Transcurrido este plazo, dictará resolución dentro de los tres días siguientes. Si fuere en el sentido de que se aplicó la norma general inconstitucional, ordenará a la autoridad aplicadora que deje sin efectos el acto denunciado y de no hacerlo en tres días se estará a lo que disponen los artículos 192 al 198 de esta ley en lo conducente. Si fuere en el sentido de que no se aplicó, la resolución podrá impugnarse mediante el recurso de inconformidad;
"II. Si con posterioridad la autoridad aplicadora o en su caso la sustituta incurrieran de nueva cuenta en aplicar la norma general declarada inconstitucional, el denunciante podrá combatir dicho acto a través del procedimiento de denuncia de repetición del acto reclamado previsto por el capítulo II del título tercero de esta ley.
"El procedimiento establecido en el presente artículo será aplicable a los casos en que la declaratoria general de inconstitucionalidad derive de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
5. "Artículo 47. Cuando cualquiera autoridad aplique una norma general o acto declarado inválido, cualquiera de las partes podrá denunciar el hecho ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien dará vista a la autoridad señalada como responsable, para que en el plazo de quince días deje sin efectos el acto que se le reclame, o para que alegue lo que conforme a derecho corresponda.
"Si en los casos previstos anteriormente, las autoridades no dejan sin efectos los actos de que se trate, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación turnará el asunto al Ministro Ponente para que a la vista de los alegatos, si los hubiere, someta al Tribunal Pleno la resolución respectiva a esta cuestión. Si el Pleno declara que efectivamente hay una repetición o aplicación indebida de una norma general o acto declarado inválido, mandará que se cumpla con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"La persona que sin ser parte en la controversia constitucional respectiva, y que con posterioridad a que surtan los efectos de la declaración de invalidez de una norma general, se vea afectada con su aplicación, podrá denunciar dicho acto de conformidad con el procedimiento previsto para tal efecto en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
6. "Artículo 72. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, si fueren aprobadas por cuando menos ocho votos. Si no se aprobaran por la mayoría indicada, el Tribunal Pleno desestimará la acción ejercitada y ordenará el archivo del asunto.
"Si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria se aplicara la norma general declarada inválida, el afectado podrá denunciar dicho acto de conformidad con el procedimiento previsto para tal efecto en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
7. "Artículo 59. En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello que no se encuentre previsto en este título, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el título II."
8. "Artículo 45. Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"La declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia."
9. "Artículo 44. Dictada la sentencia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará notificarla a las partes, y mandará publicarla de manera íntegra en el Semanario Judicial de la Federación, conjuntamente con los votos particulares que se formulen.
"Cuando en la sentencia se declare la invalidez de normas generales, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará, además, su inserción en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano oficial en que tales normas se hubieren publicado."
10. "RECURSOS ORDINARIOS. EL EMPLEO DEL VOCABLO ‘PODRÁ’ EN LA LEGISLACIÓN NO IMPLICA QUE SEA POTESTATIVO PARA LOS GOBERNADOS AGOTARLOS ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. Si la ley que regula el acto reclamado permite recurrirlo a través de un determinado medio de impugnación utilizando en su redacción el vocablo ‘podrá’, ello no implica que sea potestativo para los gobernados agotarlo antes de acudir al juicio de amparo, pues dicho término no se refiere a la opción de escoger entre un medio de defensa u otro, sino la posibilidad de elegir entre recurrir o no la resolución respectiva, supuesto este último que traería consigo el consentimiento tácito." «Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, enero de 2008, página 355, con número de registro digital: 170455».
11. "Artículo 41. Las sentencias deberán contener:
"...
"IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso, los órga
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29707-34b5aad7/denuncia-por-incumplimiento-de-la-declaratoria-general-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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