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DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LA DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 210 DE LA LEY DE AMPARO, NO EXCLUYE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO SE ACTUALIZA DE MANERA MANIFIESTA E INDUDABLE LA CAUSA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE FUNDA EN NORMAS GENERALES RESPECTO DE LAS CUALES LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HAYA EMITIDO DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO VI DEL TÍTULO CUARTO DE LA LEY REFERIDA, O EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DE APLICACIÓN FUNDADOS EN NORMAS GENERALES RESPECTO DE LOS CUALES SE HUBIESE DICTADO UNA DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO VI DEL TÍTULO CUARTO DE LA LEY DE AMPARO, O EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL NO PREVERLOS EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2020. · Registro digital (IUS): 29567
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2020-11-27
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER, EL SEGUNDO, EL TERCER Y EL CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo II, Pág. 1315.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER, EL SEGUNDO, EL TERCER Y EL CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 27 DE OCTUBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS GUILLERMO TAFOYA HERNÁNDEZ, YOLANDA ISLAS HERNÁNDEZ, CARLOS MANUEL APONTE SOSA Y DAVID PÉREZ CHÁVEZ. PONENTE: GUILLERMO TAFOYA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: IVÁN RAMOS ORTIZ.

Aguascalientes, Aguascalientes. Resolución del Pleno del Trigésimo Circuito, dictada en la sesión ordinaria virtual correspondiente al veintisiete de octubre de dos mil veinte.

VISTO, para resolver, el contenido de la denuncia de contradicción de tesis 1/2020; y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Denuncia de la posible contradicción de tesis. Mediante oficio presentado el siete de febrero de dos mil veinte en el Pleno del Trigésimo Circuito, el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado de ese Circuito denunció la posible contradicción de criterios existente entre el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en el recurso de queja administrativo 129/2019 de su consecutivo y el sustentado por el citado Tercer Tribunal Colegiado, al fallar el recurso de queja en materia administrativa 129/2019 de su índice, ambos del Trigésimo Circuito fallados, respectivamente, en sesiones de veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve y diecisiete de enero de dos mil veinte.

2. SEGUNDO.—Trámite del asunto ante el Pleno del Trigésimo Circuito. Por auto de diez de febrero de dos mil veinte, el presidente del Pleno del Trigésimo Circuito ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente contradicción de tesis, la cual admitió a trámite, ordenó dar aviso de ello, por oficio y vía electrónica a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme al artículo 6, fracción VI, del Acuerdo General Número 17/2019, de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, del Pleno del Alto Tribunal.

3. Precisó que el tema de contradicción de tesis es: "Determinar si es procedente el juicio de amparo indirecto cuando se reclama el cobro del derecho de alumbrado público, ante la existencia de la resolución de la acción de inconstitucionalidad 15/2019, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se declaró la invalidez de diversos artículos de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes y de las Leyes de Ingresos de los Municipios de Aguascalientes, Asientos, Calvillo, El Llano, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, San José de Gracia y Tepezalá, todos del Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2019, o si se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VIII, en relación con el diverso 210, ambos de la Ley de Amparo."

4. Además, solicitó a los presidentes de los Tribunales Colegiados contendientes que remitieran copias certificadas y en formato PDF –vía electrónica– de las ejecutorias dictadas en los recursos de queja en materia administrativa 129/2019 de sus respectivos índices y les pidió que informaran si el criterio en el asunto materia de la denuncia de contradicción de tesis se encontraba o no vigente, o bien, de ser el caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado.

5. En el mismo auto, en virtud de que son cuatro Tribunales Colegiados los que integran este Circuito, se solicitó a los presidentes del Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados del Trigésimo Circuito, que manifestaran si en sus respectivos órganos jurisdiccionales había pronunciamiento sobre el tema de la denuncia para incorporarlos a la misma y tener conocimiento de las posturas adoptadas en el Circuito, que de ser así, remitieran copias certificadas de la ejecutoria respectiva y en formato PDF, vía electrónica.

6. TERCERO.—Recepción de información del Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito. En proveído de diecisiete de febrero de dos mil veinte, la Presidencia de este Pleno de Circuito tuvo por recibida la ejecutoria dictada por el mencionado Tercer Tribunal Colegiado en el toca de queja 129/2019, además, se le tuvo informando lo relativo a la prevalencia del criterio ahí sustentado.

7. CUARTO.—Recepción de información del Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito. Luego, mediante acuerdo de veinte de febrero de dos mil veinte, el presidente de este Pleno de Circuito recibió –entre otros– el fallo dictado por el citado órgano jurisdiccional en el recurso de queja administrativo 3/2020 de su estadística, ordenándose agregar únicamente esa ejecutoria al presente expediente, dado que la temática de las diversas resoluciones remitidas, se sustentaron en idénticas consideraciones, además, se le tuvo haciendo del conocimiento lo atinente a si el criterio adoptado se encontraba vigente o no, informando que éste seguía rigiendo.

8. QUINTO.—Recepción de información del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito. Luego, mediante acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veinte, el presidente de este Pleno de Circuito tuvo por recibidas las ejecutorias dictadas por el mencionado órgano colegiado en el recurso de queja administrativo 132/2019 de su índice, ordenándose agregar únicamente copia de ese fallo a este toca, dado que la temática de las diversas resoluciones que también se adjuntaron, contenían las mismas bases jurídicas, asimismo, se le tuvo informando lo conducente en cuanto a la vigencia del criterio ahí determinado, mencionando que éste subsistía.

9. SEXTO.—Recepción de información del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito. Luego, mediante acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veinte, el presidente de este Pleno de Circuito recibió la ejecutoria dictada por el aludido órgano de control constitucional en el recurso de queja administrativo 129/2019 de su consecutivo, también se le tuvo informando lo tocante en cuanto a la prevalencia del criterio ahí adoptado, esto es, que la totalidad de los juicios de amparo indirecto en que se reclame el cobro del derecho de alumbrado público por concepto de energía eléctrica serán improcedentes, dado que se sustentan en normas generales respecto de las que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una declaratoria general de inconstitucionalidad, como enseguida se expondrá.

10. SÉPTIMO.—Información de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y turno a ponencia. En auto dictado el diecisiete de marzo de dos mil veinte, por una parte, se tuvo por recibido el oficio DGCCST/X/119/03/2020 del director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este último con copia simple del diverso oficio SGA/GVP/107/2020, suscrito por el secretario general de Acuerdos del Alto Tribunal, mediante los cuales se informó que en los anteriores seis meses en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se encuentra radicado asunto que tenga relación con el tema a dilucidarse en esta contradicción de criterios.

11. Por otro lado, el presidente del Pleno del Trigésimo Circuito determinó que en virtud de que ya se encontraba debidamente integrado el toca de la presente denuncia de contradicción de tesis, se turnaran los autos a la ponencia a su cargo, para que formulara el proyecto de resolución correspondiente, dentro de los quince días hábiles siguientes a que se refiere el artículo 28 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

12. OCTAVO.—Consideración administrativa. Finalmente, en auto de tres de agosto de dos mil veinte, se determinó que al no haber corrido plazos y términos procesales en el periodo comprendido entre el dieciocho de marzo y el treinta y uno de julio del mismo año, de conformidad con los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, y tomando en cuenta los diversos Acuerdos Generales 21/2020 y 22/2020 del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a los cuales se reanudaron los plazos y términos procesales, entonces, lo procedente era reanudar el trámite de esta contradicción de tesis.

13. Y en ese proveído se estableció que en vista de que tres de los cuatro integrantes del Pleno de este Circuito, con posterioridad a la reanudación de los plazos y términos procesales, gozarán de sus periodos vacacionales de forma escalonada conforme al Acuerdo General 16/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y a la circular SECNO/13/2020, así como en atención al artículo 19 de la Ley de Amparo, entonces, serían inhábiles para la tramitación y resolución de este asunto el ocho, nueve y quince de agosto, así como del dieciséis al treinta y uno de ese mes, al igual que el cinco, seis, doce, trece y catorce de septiembre, y del dieciséis al treinta y uno de este último mes, todos de dos mil veinte.

CONSIDERANDO:

14. PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Trigésimo Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo;(1) 41-Bis(2) y 41-Ter, fracción I,(3) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, toda vez que se trata de una contradicción de tesis sustentada entre criterios de los Tribunales Colegiados de este Circuito pertenecientes a la circunscripción territorial en que este Pleno ejerce jurisdicción.

15. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en tanto que fue formulada por el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito.

16. TERCERO.—Criterios del Circuito no denunciados. Ahora bien, recordemos que en el acuerdo admisorio de diez de febrero de dos mil veinte, la Presidencia de este Pleno de Circuito pidió que si a bien lo tenían los presidentes del Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados del Trigésimo Circuito, informaran si en el órgano jurisdiccional de su adscripción, existían radicados asuntos que versaran sobre el tema a dilucidar en la presente contradicción, ello con el fin de conocer las diversas posturas existentes en este Trigésimo Circuito, y de esa manera enriquecer la resolución de esta contradicción, con independencia de que sus posturas no fueran denunciadas como integrantes de este conflicto.

–Criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito–

17. En torno al tema a dilucidar en el presente toca, el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito informó que al resolver el toca de queja 132/2019 de su índice, en sesión de treinta de enero de dos mil veinte, los Magistrados integrantes, por unanimidad de votos, determinaron revocar el auto impugnado, en esencia, por los razonamientos siguientes:

• Que en términos de lo definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se está ante la presencia de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia cuando aquél está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y clara de la lectura de la demanda, y que aun sustanciándose el juicio de amparo, pese a los elementos que pudiesen allegar las partes, no podría arribarse a una conclusión distinta –la procedencia de la acción constitucional–.

• Que el acto reclamado en el juicio de amparo fue el cobro del derecho de alumbrado público, efectuado por la Secretaría de Finanzas del Municipio de Aguascalientes.

• Que el a quo desechó la demanda de amparo, al considerar esencialmente que los actos de aplicación que tienen sustento en una norma general respecto de la cual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya emitió una declaratoria general, no son susceptibles de sujetarse a control constitucional, por lo que, en el particular, estimó actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VIII, en relación con el numeral 210, ambos de la Ley de Amparo, así como del artículo 47 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Que –el Tribunal Colegiado– no compartía ese razonamiento, ya que la etapa inicial del juicio constitucional no es el momento procesal en el que se pueda determinar, con absoluta certeza y seguridad jurídica, lo razonado por el a quo, ya que para ello, debía realizarse un estudio más profundo sobre la posibilidad de hacer extensiva la fracción VIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, a un acto concreto de aplicación de una norma general declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

• Que es así –aseveró el órgano revisor– ya que en el caso en particular, la disidente no controvirtió la constitucionalidad de las normas generales que sustentan el cobro del derecho de alumbrado público, sino que únicamente reclamó un acto concreto de aplicación de tales normas, lo que de suyo colocó al disidente en el procedimiento abreviado a que se refiere el artículo 118 de la Ley de Amparo, por tanto, estimó que el ejercicio interpretativo realizado por el a quo, no actualiza la hipótesis prevista en el artículo 113 de dicha norma.

• El Tribunal Colegiado de Circuito sostuvo que lo anterior encontró sustento en lo definido por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, en el sentido de que las causas de improcedencia deben interpretarse de manera estricta, lo que denota, al menos en el auto de radicación, la imposibilidad que tienen los juzgadores de amparo para hacer una interpretación de una causa de improcedencia para hacerla extensiva a una hipótesis no prevista en la Ley de Amparo.

• Señaló que en suma a lo expuesto, tampoco se reveló la actualización de la causa de improcedencia advertida por el Juez de Distrito, por el hecho de que el artículo 210 de la Ley de Amparo prevea el supuesto de la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad de una norma general, ya que la locución "podrá" contenida en dicho arábigo, podría tener diversas interpretaciones, por ejemplo: i) el derecho subjetivo del afectado a formular la denuncia por la aplicación de una norma general declarada inconstitucional, en contraposición a ser omiso en ejercer ese derecho; ii) la alternativa del gobernado de formular la citada denuncia o promover el juicio de amparo contra el acto de aplicación de una norma general declarada inconstitucional; más cuando en relación con esta última hipótesis no hay una causal de improcedencia del juicio de amparo específica; iii) o bien, que la tramitación de la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad es un medio excluyente del juicio de amparo, lo que a priori, se consideraba como un obstáculo no previsto en la ley de la materia que colocó al gobernado en una situación desfavorable que le impidió acceder a la tutela jurisdiccional vía juicio de amparo.

• Que por las razones expuestas y sólo para efectos de la resolución del recurso, no se actualizó de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia advertida por el Juez de Distrito, ya que los razonamientos que la sustentan podrían ser materia de análisis al dictarse la sentencia, dado que en ese momento el juzgador estaría en condiciones de determinar más a profundidad acerca del motivo de inejercitabilidad advertido, consideraciones que condujeron a revocar el auto impugnado.

–Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito–

18. En torno al tópico materia de contradicción, el Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el toca de queja administrativo 3/2020 de su índice, por unanimidad de votos de los Magistrados integrantes, en sesión de veintitrés de enero de dos mil veinte, declaró fundado el medio de impugnación hecho valer, esencialmente, por las siguientes razones:

• Que el Juez de Distrito para considerar actualizada la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción VIII, de la Ley de Amparo, la relacionó con el diverso numeral 210 de dicha norma, así como con el precepto 47 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, externando medularmente:

• Que la fracción VIII del artículo 61 de la Ley de Amparo prevé la improcedencia del juicio de derechos fundamentales, cuando se impugnen normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria de inconstitucionalidad.

• Que esa porción normativa debe interpretarse sistemática y teleológicamente con el numeral 210 de la propia legislación, cuyo ejercicio hermenéutico refleja que la acción constitucional es improcedente contra los actos de aplicación de las normas invalidadas.

• Que el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 15/2019, en la que declaró la invalidez de diversos artículos de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes y de las leyes de ingresos de diversos Municipios de la mencionada entidad federativa, relativas a los preceptos que regulan el derecho de alumbrado público y su cobro con base en el consumo de energía eléctrica, con cuya declaración de invalidez, se ordenó que la sentencia surtiría efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso del Estado de Aguascalientes.

• Que al haberse declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación la invalidez de las normas que contemplan el cobro del derecho de alumbrado público por concepto de energía eléctrica, éstas fueron expulsadas del sistema jurídico desde el día en que se notificaron los puntos resolutivos al Congreso del Estado de Aguascalientes –lo que ocurrió el tres de octubre de dos mil diecinueve, según se desprende de lo previsto en el juicio de amparo indirecto 1444/2019 de su índice, por constituir un hecho notorio–.

• Que como la quejosa se hizo sabedora de la aplicación de una norma declarada inconstitucional con posterioridad a la notificación de los puntos resolutivos de la acción de inconstitucionalidad 15/2019 y, por ende, al tratarse de un acto de aplicación derivado de una norma sobre la que la Suprema Corte declaró su invalidez, el juicio de amparo indirecto devenía improcedente.

• Que no se dejaba en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que tenía a su alcance el procedimiento establecido en el artículo (sic) 210 de la Ley de Amparo y 47 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Numeral (sic) 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procedimiento que salvaguarda los derechos del gobernado para combatir los actos de aplicación de una norma que fue invalidada por una declaratoria general de inconstitucionalidad, constituyendo la denuncia un medio sencillo y ágil a su alcance que salvaguarda el derecho fundamental de tutela judicial efectiva.

• Que virtud de lo anterior –dijo el Juez federal–, no existía duda respecto a la actualización de la causa de improcedencia, ya que su situación atendía a un aspecto de derecho y no de hecho, pues con independencia de la sustanciación que pudiera darse al juicio, no cambiaría lo atinente a la procedencia, ya que no existía medio de convicción que revirtiera tal circunstancia.

• Dijo el Tribunal Colegiado de Circuito que no compartía esas consideraciones.

• Razonó que el artículo 210 de la Ley de Amparo contempla la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad, sea emitida ésta en juicio de derechos fundamentales, o bien, que el procedimiento derive de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Consideró –el órgano colegiado– que la denuncia que se presente con motivo de una declaratoria general de inconstitucionalidad que derive de la resolución emitida en una acción de inconstitucionalidad, se encuentra regulada por el artículo 72, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no así por el numeral 47.

• Que para dilucidar si la denuncia que establece el párrafo segundo del artículo 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en favor de las personas que no han sido parte dentro del procedimiento en la acción de inconstitucionalidad, conlleva estimar excluida la posibilidad de promover un juicio de amparo en contra de un acto concreto de autoridad que tenga como fundamento una disposición contenida en la norma invalidada, no es suficiente realizar la interpretación armónica y sistemática de la estructura jurídica procesal de las acciones de inconstitucionalidad de que se trata, pues debe atenderse a la forma en que surten efectos las resoluciones de invalidez que en éstas se pronuncian, esto es, a partir de la fecha en que lo determine el Alto Tribunal del País.

• Aseveró que cuando alguien que no ha sido parte dentro de la contienda, se ve afectado por un acto en el cual se aplica un precepto que por sentencia emitida en una acción de inconstitucionalidad se ha declarado inválido, no es por sí el pronunciamiento de la determinación ni su publicación en el Semanario Judicial de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano oficial en que tales normas se hubiesen publicado, lo que hará que, por sí, la norma jurídica no sea válida en el sistema legal y, por tanto, inaplicable.

• Que en el asunto particular, el a quo refirió que la notificación al Congreso del Estado de Aguascalientes de la resolución que recayó a la acción de inconstitucionalidad 15/2019 –tres de octubre de dos mil diecinueve–, representó un hecho notorio, siendo tal fecha de notificación, la que fue señalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el momento a partir del cual surtiría sus efectos, ello con motivo de que el juzgador tramitó el juicio de amparo indirecto 1444/2019-IV-4.

• Que cuando el artículo 47, en su párrafo tercero, así como el numeral 72, párrafo segundo, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aluden a la posibilidad de que la persona que sin ser parte en la controversia constitucional o en la acción de inconstitucionalidad, se vea afectada con la aplicación de la norma general que fue invalidada, pueda denunciar dicho acto, de conformidad con el procedimiento previsto para tal efecto en la Ley de Amparo, no debía soslayarse que dicha hipótesis jurídica contempla a quienes no han sido partícipes del procedimiento y, por ende, no tendrían conocimiento directo del momento en que fue practicada la notificación respectiva, que actualizó o produjo los efectos jurídicos determinados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

• Que en suma a lo expuesto, la circunstancia de que se prevea la posibilidad de denunciar la aplicación de la norma, en tanto se emplea el vocablo "podrá" para una persona ajena al procedimiento, no estriba en el deber de denunciar su incumplimiento, sino en la elección de acudir o no a la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad, como un mecanismo adicional para salvaguardar el derecho que se ve conculcado, pues ello responde a un esfuerzo agregado para lograr la efectiva protección del derecho afectado con motivo de la aplicación de la norma general invalidada.

• Que –el Tribunal Colegiado de Circuito– no desconoce la interpretación realizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 148/2007, en el sentido de que si la ley que regula el acto reclamado permite recurrirlo a través de un determinado medio de impugnación utilizando en su redacción el vocablo "podrá", ello no implica que sea de libre elección agotarlo antes de acudir al juicio de amparo, sino que estriba en la posibilidad de elegir entre recurrir o no la resolución respectiva; empero, consideró que en el caso en particular, no se está frente a procedimientos del orden común que imponen a las partes la obligación de observar los medios ordinarios de defensa concedidos a su favor por la ley que regula el acto reclamado, es decir, no encuadra en la hipótesis de partes contendientes que tuvieron acceso a cada fase del procedimiento, o bien, la injerencia en él que les permitiera conocer la situación en que se encuentra el asunto, sino que se estaba ante el supuesto de partes que no figuraron dentro de la discusión, respecto de las cuales se debe permitir el acceso a los instrumentos de carácter procesal que permitan lograr la operatividad de las Normas Fundamentales cuando exista una violación de cualquier tipo en relación con ellas.

• Que estimar lo contrario implicaría que alguien denunciara el incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad, sin conocer a partir de qué momento se surten los efectos de la declaración de invalidez, cuando dichos alcances fueron fijados en la sentencia de conformidad con la fracción IV del artículo 41 de la ley reglamentaria aludida, que en el caso particular fue la notificación de los puntos resolutivos al Congreso del Estado de Aguascalientes, como la condicionante para que surtiera efectos la sentencia de invalidez normativa, respecto de la cual su notificación no era del conocimiento directo de la inconforme en el juicio de amparo, por no ser ésta parte dentro de la acción de inconstitucionalidad.

• Que partiendo de las características de las normas, se estableció en el párrafo primero del artículo 45 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el instante en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación instituirá a partir de qué momento surtirán sus efectos, por lo que estimó el Tribunal Colegiado de Circuito que tal condición crea la posibilidad de que esa hipótesis se suscite en un momento aleatorio que sea ajeno a la emisión de la resolución o su publicación y, en esa medida, como se ha señalado, puede conllevar a que producido un acto concreto de aplicación de la norma invalidada, la sentencia que la anuló aún no origine consecuencias jurídicas.

• Que la persona ajena a la controversia que promueva una denuncia en términos del párrafo tercero del artículo 47, o bien, del segundo párrafo del numeral 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el numeral 210 de la Ley de Amparo, obtendría una determinación de su improcedencia y ello, eventualmente, podría conducir a que al pretender encauzar por la vía del juicio de derechos fundamentales su pretensión, ésta se torne extemporánea por no controvertir dentro del plazo establecido el acto concreto de aplicación, vedándose su derecho fundamental de acceso a la jurisdicción.

• Que la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad, no debe ser entendida como un medio que excluya la posibilidad de promover el juicio de amparo, ya que esa interpretación constituye un obstáculo no previsto en la Ley de Amparo, que ineludiblemente coloca a la persona afectada en una situación desfavorable que le impida acceder a la tutela jurisdiccional vía juicio de amparo, exégesis que, con base en lo expuesto, se torna excesiva y desproporcionada respecto de los fines constitucionalmente permitidos.

• Que cuando se trata de actos concretos de aplicación de normas generales declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Ley de Amparo en su artículo 118 prevé la tramitación de un procedimiento sencillo y rápido para dirimir la controversia, sumario en el que, en todo caso, el juzgador deberá otorgar la suplencia de la queja deficiente, derivado de que la disposición aplicada a la parte quejosa fue declarada inconstitucional por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

19. CUARTO.—Cuestión previa. De las consideraciones antes expuestas, se advierte que el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados del Trigésimo Circuito, aun y cuando no figuraron como tribunales contendientes en el escrito de denuncia de contradicción de criterios, del informe solicitado en el auto en que se admitió a trámite la citada denuncia y de las constancias adjuntadas, se desprende que en las ejecutorias remitidas analizaron lo notorio y manifiesto de la causa de improcedencia que advirtieron oficiosamente los Jueces de Distrito, así como la procedencia o no del juicio constitucional cuando se reclama el cobro del derecho de alumbrado público como acto de aplicación de una norma general respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una declaratoria general de inconstitucionalidad, a la luz de la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 61, en relación con el diverso 210, ambos de la Ley de Amparo, así como con lo dispuesto por los numerales 47 y 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

20. Virtud de ello, al encontrarse en choque esas posturas con la sustentada por uno de los tribunales contendientes, es dable sumar esos criterios como discrepantes, a fin de que este P

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29567-88a940d8/denuncia-por-incumplimiento-a-la-declaratoria-general-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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